La cuestión agraria como sustrato del conflicto colombiano

La cuestión agraria como sustrato del conflicto colombiano

En Colombia, entre 1985 y el presente, cerca del noventa por ciento de las víctimas del conflicto armado han sido civiles, y de ellas una proporción abrumadora corresponde a población rural: campesinos, indígenas, afrodescendientes. Ese dato solo, sostenido a lo largo de gobiernos, actores armados y ciclos económicos distintos, obliga a formular una pregunta que la narrativa oficial esquiva: ¿es esa violencia continuada la manifestación reciente de una estructura agraria excluyente que se remonta a la formación republicana, o es una ruptura cualitativa producida por el narcotráfico y la apertura económica de los años noventa? La respuesta no es simétrica: hay continuidad estructural de larga duración, y el narcotráfico opera como acelerador y coartada narrativa, no como causa originaria. Esa continuidad no es inercial: se reprodujo mediante decisiones políticas deliberadas —el Pacto de Chicoral en 1973, el exterminio de la Unión Patriótica entre 1984 y 2000, la connivencia estatal con el paramilitarismo— que hicieron del bloqueo a la redistribución un acto de gobierno tanto como un legado heredado.

Lo que se juega en la pregunta

Responder si el destierro contemporáneo es continuidad o ruptura no es un debate de historiadores. Define qué políticas se consideran adecuadas para cerrar el ciclo. Si el conflicto es una anomalía producida por el narcotráfico y por la irrupción neoliberal en los noventa, la solución es securitaria y coyuntural: erradicación, desmovilización, orden público, quizá subsidios focalizados a comunidades desplazadas. Si, en cambio, es la forma reciente de una guerra prolongada contra el campesinado —cuyo motor es la concentración de la tierra y la exclusión política del mundo rural—, ninguna paz será estable sin transformación agraria. La primera lectura ha sido la dominante desde los años ochenta y ha justificado la Ley 4 de 1973, la fumigación aérea, la lucha antinarcóticos, el Plan Colombia. La segunda emerge cuando se leen juntas las cifras de concentración, los mapas del despojo y las biografías del exterminio.

Hay algo menos visible pero decisivo: la periodización. Fijar el 9 de abril de 1948 —el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el Bogotazo— como punto cero del conflicto contemporáneo produce un efecto de olvido verificable. Recorta la historia justo donde comienza a doler y deja fuera del cuadro la Guerra de los Mil Días, la masacre de las bananeras de diciembre de 1928, la Ley Heroica de octubre de ese mismo año que prohibía la organización sindical, y el largo despliegue legislativo del siglo XIX que hizo de los baldíos un mecanismo de acumulación para las élites regionales. La periodización corta convierte en episodio lo que es estructura.

El debate y sus posiciones

Dos lecturas se disputan el fondo del problema. Una sostiene que el desarrollo rural colombiano requiere una distribución más igualitaria de la tierra, y que sin ella cualquier política agraria naufraga. La otra —defendida por James Robinson en 2014— replica que la redistribución es a la vez impracticable y contraproducente: genera falsas expectativas y aplaza decisiones más efectivas, entre ellas mejorar el acceso a la educación. La discrepancia no es técnica: refleja dos maneras de leer la historia colombiana. La primera ve una estructura concentradora que se autoperpetúa y bloquea el desarrollo; la segunda, un problema de capital humano y de instituciones que puede resolverse sin tocar la propiedad rural.

Hay una tercera posición, más silenciosa pero políticamente dominante, que asume que el problema del campo colombiano es sobre todo un problema de narcotráfico y de grupos armados ilegales. En esa lectura, resolver la seguridad —desmovilizar, erradicar, sustituir— basta para que el orden rural se restablezca. Es la lectura que ha estructurado la política pública desde los años ochenta y que encontró en el uribismo su formulación más nítida: el conflicto es una amenaza terrorista y criminal, no un síntoma agrario.

Los datos sobre concentración de la propiedad se acomodan mal a esa tercera lectura. El coeficiente Gini de propiedad rural en Colombia —sin contar territorios étnicos— pasó de 0,86 en 1970 a 0,905 en 2014, mientras los predios mayores de mil hectáreas duplicaron su peso en el área rural total (del 30,4% al 61,2%) y todas las categorías menores retrocedieron. En las cuatro décadas que la narrativa oficial identifica con el auge del conflicto por narcotráfico, la tierra se concentró más, no menos. Y esa concentración se produjo, en parte sustancial, mediante violencia contra la población rural.

La estructura de larga duración

El material legislativo del siglo XIX ya contenía el patrón. La ley de baldíos de 1868 impuso costos elevados para deslindar propiedades, y el Código Fiscal de 1873 exigió pagar la tierra pública con bonos territoriales, un mecanismo que la volvía prácticamente inaccesible al campesinado pobre. Los baldíos estaban formalmente disponibles, pero quedaban reservados a quienes disponían de capital y de conexiones para maniobrar dentro del laberinto administrativo. El patrón de adjudicación vinculaba la titulación a la ocupación previa, lo que premió a quienes ya tenían mano de obra y capacidad de imponer hechos sobre el terreno.

Ese diseño produjo una geografía específica: las mejores tierras planas se concentraron en manos de élites regionales, y el campesinado sin tierra fue empujado hacia las fronteras —selvas, piedemontes, márgenes cordilleranos— donde el Estado no tenía presencia. La colonización espontánea se volvió, ante la ausencia de política redistributiva, el mecanismo predominante de acceso a la tierra. El campesino que abría monte lo hacía por su cuenta, sin infraestructura vial, sin escuela, sin justicia, y con la certeza de que si su parcela se valorizaba llegarían pronto los abogados y los pistoleros de un propietario con títulos superiores.

Los intentos del siglo XX de romper ese patrón fracasaron sistemáticamente, no por defectos técnicos sino por bloqueo político. La Ley 200 de 1936, impulsada por Alfonso López Pumarejo, y la Ley 1.ª de 1968, promovida por Carlos Lleras Restrepo, establecieron que el aparcero o arrendatario podía adquirir la propiedad de la tierra que trabajaba tras diez años de ocupación efectiva. La Ley 135 de 1961 creó el marco para expropiar y redistribuir latifundios improductivos. Los resultados fueron irrisorios: en 1971, menos del 1% de las tierras sujetas a expropiación bajo la Ley 135 se había efectivamente distribuido, y la mayor parte de ese magro porcentaje correspondía a baldíos, no a latifundios privados. Los grandes propietarios sortearon las normas mediante subdivisiones ficticias, títulos preventivos y presión sobre jueces y sobre el propio Congreso.

El bloqueo culminó en 1972 con la reunión de Chicoral y su traducción legal en la Ley 4 de 1973, bajo la presidencia de Misael Pastrana. El pacto reunió al gobierno conservador con sectores del liberalismo y con los gremios de la producción rural. Redefinió el concepto de baldío para presumir que todo fundo poseído por particulares es propiedad privada, redujo los requisitos para calificar una tierra como "adecuadamente explotada" —y por tanto no expropiable— y frenó la adjudicación de baldíos, único mecanismo modestamente activo de la reforma. Dio por terminado el proceso reformista iniciado once años antes. El efecto duradero fue doble: dejar intacta la concentración en las zonas agrícolas centrales y desplazar la presión campesina hacia la colonización de fronteras y hacia los barrios subnormales de las grandes ciudades.

La geografía del despojo

Lo que ocurrió después de Chicoral no fue estabilidad: fue una nueva vuelta de tuerca de la concentración, esta vez por vías violentas y con actores nuevos. Los capitales del narcotráfico comenzaron a comprar tierra desde finales de los setenta, primero en el Magdalena Medio y en Córdoba, luego en Urabá, en el sur del Cesar, en los Llanos. La ganadería extensiva se volvió el destino privilegiado de esas compras, por su compatibilidad con el lavado de activos y por la baja densidad de mano de obra que requería —y, por tanto, la baja presencia de trabajadores que pudieran organizarse.

Cuando el narcotráfico se articuló con el paramilitarismo a lo largo de los ochenta y noventa, la compra se transformó en despojo. El fenómeno paramilitar articuló tres intereses convergentes: élites económicas rurales que buscaban defender su patrimonio de la extorsión guerrillera, narcotraficantes que buscaban proteger sus negocios y expandir su base territorial, y actores contrainsurgentes que veían en la organización campesina una amenaza subversiva. ACDEGAM, en Puerto Boyacá, fue el laboratorio temprano de esa articulación. Las ACCU de los hermanos Castaño, en el sur de Córdoba y el norte de Urabá, la llevaron a escala regional. Los paramilitares no solo desplazaron: adquirieron, como despojadores, participación directa en el sistema político —no mediada por partidos ni por representación campesina— y eso los convirtió en actores con voz sobre el orden rural en su conjunto.

El desplazamiento forzado siguió las rutas de esa reconfiguración. Se concentró primero, en la primera mitad de los noventa, en el sur de Córdoba, en Urabá y en el Magdalena Medio, y se expandió desde la segunda mitad de esa década hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, el Catatumbo, el oriente antioqueño, el Perijá. En Tibú y en el conjunto del Catatumbo, entre 2000 y 2006, se registraron los mayores niveles de abandono de tierras del país, en un territorio simultáneamente marcado por la expansión cocalera y por la presencia paramilitar.

Despojo no equivale a abandono forzado. Se puede abandonar sin ser despojado —si la tierra vuelve luego al ocupante— y se puede ser despojado sin haber sido nunca desplazado en sentido estricto, mediante fraudes notariales, presiones, compras a precios irrisorios. El reconocimiento institucional del despojo como categoría registrable solo comenzó con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor el 1 de enero de 2012. Antes, la institucionalidad registraba desplazamiento pero no despojo, lo que produjo un subregistro histórico cuya extensión probablemente nunca conoceremos.

La violencia como técnica agraria

Lo que distingue al caso colombiano no es la existencia de conflicto por la tierra —eso lo tuvieron todos los países latinoamericanos— sino la persistencia y la sofisticación de la violencia como técnica para producir orden agrario. El sistema político "cafetero-ganadero" que operó durante la primera mitad del siglo XX desplegó repertorios de despojo que la versión "cocalera-minera-ganadera" de finales del siglo XX y comienzos del XXI reelaboró con recursos nuevos —narcotráfico, minería informal, ganadería extensiva a gran escala— pero con lógicas reconocibles.

El caso más nítido de esa continuidad es la violencia contra el trabajo organizado en enclaves exportadores. En diciembre de 1928, en Ciénaga, Magdalena, el Ejército disparó contra los trabajadores en huelga de la zona bananera de la United Fruit Company. La represión ocurrió bajo el amparo de la llamada Ley Heroica, aprobada en octubre de ese mismo año, que prohibía la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición e impedía la difusión de ideas socialistas. La jerarquía católica celebró la ley. Setenta años después, en el mismo Urabá bananero y en las plantaciones de palma que reemplazaron parcialmente a las de banano, las ACCU emprendieron un proceso deliberado de exterminio contra sindicatos y asociaciones campesinas. En el Alto Nordeste Antioqueño, entre 1982 y 1997, de 347 civiles muertos en el conflicto armado, 103 eran gestores de movilización social y política: líderes comunitarios, sindicalistas, autoridades políticas locales, defensores de derechos humanos y militantes de partidos de izquierda, muchos de ellos de la Unión Patriótica.

La Unión Patriótica es el caso arquetípico. Surgió en el marco de los diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en los años ochenta y obtuvo representación electoral significativa. Fue sometida a una campaña de exterminio sistemático adelantada por narcoparamilitares con complicidad de agentes del Estado. Entre 1984 y 2000, al menos 4.153 personas de la UP fueron asesinadas o desaparecidas. En diciembre de 2012, en el proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza —alias "HH"—, los jueces reconocieron que ese exterminio constituye un genocidio político. En septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado. El patrón es claro: cada vez que la organización campesina o cívica alcanzó umbrales de representación política que amenazaban con traducirse en cambios estructurales, respondió una violencia dirigida, geográficamente concentrada, con participación directa o pasiva del Estado.

El Paro Cívico del Nororiente de 1987, en el Cesar, movilizó a miles de campesinos, fue estigmatizado por élites locales —ganaderos, políticos, empresarios mineros— como infiltración guerrillera, y desencadenó la violencia de grupos de seguridad privada sobre líderes campesinos. En el Alto Sinú, paramilitares ordenaron a representantes campesinos destruir bajo amenaza de muerte los estatutos de las asociaciones y los listados de parcelas, un acto simultáneamente material y simbólico: se destruía el papel que documentaba la organización y con él la organización misma.

El narcotráfico: acelerador, no origen

Reconocer la centralidad de la cuestión agraria no obliga a minimizar el narcotráfico. Sus efectos sobre la estructura rural colombiana han sido enormes y en algunos aspectos cualitativamente novedosos. Colombia se convirtió en 1997 en el primer productor mundial de hoja de coca, tras la interdicción exitosa de los cultivos en Perú y Bolivia. La expansión cocalera se concentró en territorios de colonización periférica —Guaviare, Caquetá, Putumayo— que recibieron miles de inmigrantes durante los ochenta y noventa, atraídos por una alternativa económica que en muchos casos era la única viable. La apertura económica de comienzos de los noventa, al abaratar las importaciones agrícolas, hundió la rentabilidad de los cultivos tradicionales campesinos: el café perdió peso desde 1986, los cultivos transitorios se contrajeron, la infraestructura vial deficiente hacía inviable competir con productos importados. La coca se expandió también hacia zonas de agricultura consolidada como el Catatumbo, La Gabarra y Tibú.

Pero el narcotráfico no creó la estructura sobre la que operó: la encontró y la reforzó. Los esmeralderos que desde los años sesenta habían comprado tierras en el Guaviare, el sur de Casanare, Puerto López y el alto Ariari para legalizar fortunas ya habían montado laboratorios y pistas aéreas que sirvieron luego al negocio de la coca. La división del trabajo en el narcotráfico ubicó al campesino cocalero en la fase inicial —el eslabón peor pagado y más expuesto—, mientras la transformación, la exportación y el lavado de activos se concentraron en fases sucesivas con mayor valor agregado y menor visibilidad. El narcotráfico reprodujo en su interior la misma estructura de captura de renta por élites urbanas y financieras que caracterizaba la economía legal. El campesino cocalero es al narcotraficante lo que el aparcero era al terrateniente cafetero: proveedor de trabajo mal remunerado en la base de una cadena cuya rentabilidad se realiza arriba.

Presentar el conflicto colombiano como problema de narcotráfico —como han hecho, con matices distintos, la política antinarcóticos estadounidense, el Plan Colombia y la seguridad democrática— cumple una función política precisa: eludir la discusión sobre la estructura agraria y sobre la responsabilidad estatal en su preservación. Convierte lo que es una guerra sobre la tierra y contra la organización rural en un problema de mercancía ilícita y de crimen organizado. Redefine al campesino cocalero como criminal —susceptible de fumigación, judicialización o erradicación forzada— y al latifundista despojador como víctima de la extorsión guerrillera o como productor legítimo defendiéndose. El discurso narco-céntrico ha operado como mampara: no negó el problema rural, lo reencuadró como problema de seguridad.

La respuesta

La violencia contemporánea contra el campesinado y los pueblos étnicos en Colombia es, en su sustrato profundo, la continuación de una guerra estructural cuyo motor es la cuestión agraria irresuelta desde la formación republicana. La concentración de la tierra se agravó, no se atenuó, durante las décadas del auge narco; la geografía del despojo coincide con las zonas de expansión de la ganadería extensiva y de las economías extractivas más que con la de los cultivos ilícitos; el patrón de exterminio de líderes cívicos, sindicales y comunitarios reaparece con formatos distintos —masacre de las bananeras, La Violencia bipartidista, exterminio de la UP, asesinato de firmantes del Acuerdo del Teatro Colón— pero con función idéntica: eliminar la posibilidad de que la organización popular rural se traduzca en representación política capaz de transformar la estructura.

La ruptura que introdujo el narcotráfico es real, pero de segundo orden: aceleró procesos, aportó recursos violentos inéditos, reconfiguró alianzas entre élites tradicionales y capitales ilegales, y ofreció al Estado y a las élites una coartada narrativa poderosa. No creó el desplazamiento, cuya matriz es más antigua, pero lo multiplicó y le añadió escala industrial. No inventó la violencia contra el trabajo organizado, cuya cronología va de 1928 al presente, pero le dio recursos y aliados nuevos.

Sostener que la continuidad es estructural no equivale a decir que es pasiva. El Pacto de Chicoral no fue un accidente: fue un acto de gobierno. El exterminio de la Unión Patriótica no fue una desviación: fue una operación con participación estatal reconocida. La no aprobación del proyecto de reforma agraria de Gaitán por el Congreso de mayoría liberal en los años cuarenta no fue omisión: fue bloqueo interno del propio partido que la promovía. La estructura se sostiene sobre agencia política reiterada, y cada intento de cierre negociado —de la amnistía de Rojas Pinilla y los pactos del Frente Nacional hasta el Caguán y La Habana— se enfrentó a la misma pregunta —qué hacer con la tierra— y encontró vías para diferir la respuesta. Que la reforma rural integral haya sido el primer punto acordado en La Habana el 26 de mayo de 2013 marca una novedad importante, y que se haya firmado el Acuerdo en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, aún más. Pero el asesinato de más de trescientos excombatientes de las FARC-EP en los años posteriores a la firma, sumado a la persistencia del asesinato de líderes sociales, indica que las fuerzas opuestas a la transformación estructural siguen operativas y siguen contando con espacios de impunidad.

El propio Programa Agrario de las FARC, proclamado el 20 de julio de 1964 en Marquetalia y ampliado en la Octava Conferencia de 1993, declaraba explícitamente venir "de 1948", inscribiendo la insurgencia en la continuidad de La Violencia bipartidista. Esa autoinscripción es reveladora en dos sentidos. Confirma que los propios actores armados leyeron su lucha como respuesta a una cuestión agraria irresuelta. Y muestra, a la vez, que ellos también operaron dentro de la periodización corta que toma 1948 como origen, dejando fuera del cuadro las décadas anteriores donde ya estaba operando la matriz del despojo. Manuel Marulanda Vélez, colono desplazado del sur del Tolima en los años cincuenta, es tan producto de la estructura agraria de Chicoral por venir como Guadalupe Salcedo, líder guerrillero liberal de los Llanos, lo había sido de la estructura agraria del Frente Nacional por instalarse.

Quedan flancos abiertos que la respuesta central no cierra: la ponderación fina entre inercia estructural y decisión política concreta, que probablemente opera como bucle recursivo —la estructura habilita la violencia, la violencia reproduce la estructura— y exige trabajo empírico regional aún en curso; y la especificidad de los pueblos étnicos, cuya lógica territorial —resguardo, cabildo, ancestralidad, tal como la nombró Manuel Quintín Lame en la primera mitad del siglo XX— es irreducible a la del minifundio mestizo, y cuya exclusión del cálculo del Gini rural sugiere que la magnitud real de la concentración es todavía mayor que la registrada. Estos flancos complican la respuesta en el sentido correcto: obligan a leer el conflicto colombiano no como anomalía del siglo XX tardío ni como efecto del narcotráfico, sino como el desenlace previsible de una manera de fundar un país sobre una estructura agraria que nunca se resolvió.

Los sucesivos procesos de paz han buscado clausurar ese ciclo sin abrir el catastro. El próximo tendrá que hacerlo con nombres, escrituras y linderos, o repetirá el ciclo con otra sigla armada y otra generación de muertos.