La quintinada: insurgencia indígena por los resguardos (1910–1922)

La quintinada: insurgencia indígena por los resguardos (1910–1922)

Entre los últimos años de la hegemonía conservadora y el arranque de los años veinte, los pueblos paeces del Cauca y los pijaos del sur del Tolima protagonizaron el más elaborado ciclo de resistencia indígena que Colombia hubiera visto desde la Independencia. Se lo conoce por el nombre de su estratega principal, Manuel Quintín Lame Chantre: la quintinada. No fue una revuelta espontánea ni un motín campesino, sino una insurgencia jurídico-territorial que combinó litigios en juzgado, ocupaciones de haciendas, proclamaciones de gobierno propio y una doctrina escrita, y que giró alrededor de una paradoja fundacional: los indígenas usaron la Ley 89 de 1890 —promulgada por el propio régimen regenerador para "gobernar salvajes"— como palanca para desmontar el despojo que ese mismo régimen había consentido. Entre las primeras acciones caucanas de comienzos de la década de 1910 y el repliegue de Lame al Tolima en 1922, la quintinada instaló en el mapa colombiano una verdad incómoda: la Regeneración no fue solo un pacto de élites; fue también un proyecto de despojo activamente resistido desde abajo.

El país que hicieron los resguardos partidos

Para entender la quintinada hay que mirar primero lo que quedaba de los resguardos hacia 1910. Desde el siglo XVIII, la voracidad latifundista, la presión de mestizos y colonos y un Estado de criterio fiscalista habían reducido la propiedad colectiva indígena a su mínima expresión. La legislación republicana del siglo XIX, con una frecuencia que atravesó fronteras partidistas, apiló leyes y decretos orientados a extinguir y repartir los resguardos. El proceso culminó, en lo grueso, a mediados de ese siglo, y arrojó a sus habitantes a las haciendas como peones o aparceros.

En medio de esa marea, la Ley 89 de 1890, sancionada el 25 de noviembre por el presidente encargado Carlos Holguín y el ministro de gobierno encargado Antonio Roldán, funcionó como una excepción parcial. Su título es hoy un espejo del racismo estructurante del régimen: "por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada". La aprobaron los conservadores en el poder, y se inscribió en el clima del Concordato de 1887, dentro de un conjunto de disposiciones que buscaban la "civilización" de los indígenas mediante proyectos evangelizadores. Pero al reconocer el estatus oficial de los resguardos, la ley frenó —sin revertir— la disolución de la propiedad colectiva. Muchos resguardos, sobre todo los del Cauca, sobrevivieron gracias a ella.

Alrededor de esa sobrevida se organizaba un sistema que no dejaba salida. Las tierras arrancadas a los resguardos habían pasado a integrar haciendas cuyos propietarios impusieron el terraje: los antiguos comuneros, ahora desposeídos, debían pagar una renta —normalmente en especie— por habitar tierras que hasta poco antes habían sido suyas. El sistema aseguraba mano de obra cautiva, ahorraba salarios, trasladaba al terrajero todos los riesgos de la producción y les agregaba a los hacendados un poder político local que se ejercía a través de jueces, alcaldes y comisarios. El incumplimiento del pago se sancionaba con el despojo, y el despojo podía llegar hasta el derribo de las casas de los terrajeros resistentes, siguiendo instrucciones que las propias administraciones de hacienda registraban sin pudor. Los terrajeros ubicados en los bordes de las haciendas cumplían, además, una función de fuerza de choque frente a las comunidades vecinas: el latifundio no solo cercaba la tierra, cercaba también los cuerpos que la habitaban.

A esa arquitectura se sumaba un truco jurídico letal. Cuando los títulos de un resguardo no aparecían en las notarías, el Estado declaraba las tierras baldías y a los indígenas simples ocupantes o colonos susceptibles de desalojo. Fue lo que ocurriría poco después con resguardos caucanos como La Cruz, Los Milagros y El Carmen, repartidos durante el siglo XIX; con El Rosal, extinguido en fecha indeterminada tras 1892; con el resguardo de Santiago, repartido en 1927; con Río Blanco, Guachicono, Pancitará, Caqueona, San Sebastián y San Juan, empujados al borde de la extinción por vecinos blancos que combinaban medios legales e ilegales. En Nariño, la erosión de los resguardos entre 1940 y 1951 modificaría a fondo la estructura social —Anganoy fue extinguido en 1948 bajo amenaza de expropiación si los indígenas no aceptaban la parcelación—, y las leyes 104 de 1919 y 19 de 1927 prolongarían, ya bien avanzado el siglo XX, la política de disolución.

De esa doble prensa —terraje adentro, desamortización afuera— nació una condición identitaria peculiar: algunos indígenas llegaron a reconocerse como peones de sus patrones. La quintinada apuntó, precisamente, a romper esa identificación.

Un país neutral, un régimen parroquial

Los años en que Lame comenzó a organizar comunidades fueron los de una Colombia encogida sobre sí misma. Los gobiernos de José Vicente Concha y Marco Fidel Suárez administraron el ámbito público de manera parroquial, y vieron en las tendencias modernizantes de la época un atentado contra la moral y las buenas costumbres. El país mantuvo la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, más por inercia localista que por vocación internacional. La guerra, sin embargo, alcanzó a la economía por vía indirecta: la supresión de exportaciones redujo la capacidad de compra exterior, los mercados quedaron escasos de mercancías, las prohibiciones comerciales con los beligerantes europeos intensificaron la pobreza fiscal y las protestas políticas y sociales se multiplicaron.

En ese fondo emergieron los primeros organizadores del movimiento obrero moderno. Raúl Eduardo Mahecha trabajó con los braceros del Magdalena —río que durante casi dos siglos había sido la columna vertebral del país— y con los trabajadores bananeros, a los que acompañaría hasta la masacre de 1928. Ignacio Torres Giraldo se movió en el centro de los movimientos ferroviarios del Pacífico. María Cano recorrió el país predicando socialismo. Alrededor de la construcción de carreteras y ferrocarriles se estaba haciendo, por primera vez, una clase obrera colombiana. Y en zonas cafeteras como Tequendama y Sumapaz, las protestas campesinas surgían del intento de los propietarios por impedir a los aparceros sembrar café y de los pleitos entre hacendados y colonos sobre tierras aparentemente sin dueño, con el apoyo de ligas agrarias, un efímero Partido Agrario, disidencias liberales y, más tarde, el Partido Socialista Revolucionario.

La movilización indígena que Lame encabezaba desde el Cauca corría, al principio, por un carril paralelo. Con el tiempo, en el Tolima, esos carriles se cruzarían.

Lame y el arma jurídica

Manuel Quintín Lame Chantre venía del pueblo paez, había sido terrajero en el Cauca y aprendió derecho por su cuenta. Estudió los códigos como quien estudia un arma. Actuó siempre como su propio defensor ante los tribunales. Por su propio recuento, fue encarcelado 108 veces solo en el Tolima; otras cuentas de la época hablan de cerca de setenta. Cualquiera de las dos cifras dibuja el mismo mapa: un litigante que entraba y salía de las cárceles como quien atraviesa una plaza pública.

Lo que Lame descubrió, y que hizo de la quintinada algo distinto de una rebelión campesina, fue que la Ley 89 de 1890 podía volverse contra el orden que la había producido. Concebida bajo concepciones racistas para tutelar la reducción de los indígenas a la vida civilizada, la ley reconocía sin embargo el estatus oficial de los resguardos. Podía invocarse. Podía litigarse. Podía citarse ante alcaldes, jueces y comisarios que hasta entonces habían operado como brazo largo de los hacendados. Y podía combinarse con la acción directa: la ocupación de tierras, la restitución por la fuerza de las que habían sido despojadas, la proclamación de un gobierno indígena propio en los territorios recuperados.

Ese doble registro —litigio y hecho— definió la estrategia. Lame recorrió los departamentos del Cauca, Huila, Tolima y Nariño reuniendo indígenas, difundiendo las leyes que los amparaban, exigiendo la restitución de tierras y organizando la resistencia contra el terraje. Su prédica articulaba un programa que, con los años, sería reconocible: recuperar las tierras de los resguardos y ampliarlas, fortalecer los cabildos como institución de gobierno propio, no pagar terrajes, dar a conocer las leyes sobre indígenas. Ese programa no era, en aquel momento, un manifiesto escrito; era una gramática que se transmitía en las asambleas, en los tribunales y en los caminos.

La respuesta del poder fue proporcional a la amenaza. El representante Guillermo Valencia pidió ante la Cámara de Representantes que Lame fuera desterrado de Colombia. El presidente de la Cámara ordenó que, para confirmar el destierro, se consultara al ministro de Gobierno, Miguel Abadía Méndez. La causa inmediata de la persecución era su actividad de reunir y movilizar a indígenas en Nariño, Cauca, Huila y Tolima. La represión incluyó una primera cárcel de nueve meses, persecuciones prolongadas, atentados, arrestos sucesivos y, en un tramo posterior, cuatro años con los pies en el cepo. La República liberal-conservadora que gobernaba desde Bogotá entendía muy bien que un indígena leyendo códigos era más peligroso que uno alzado en armas.

Tierradentro y el "Gobierno chiquito"

El pulso caucano alcanzó su punto más alto en noviembre de 1916, en Tierradentro. La ocupación de Inzá fue el momento en que la quintinada dejó de ser litigio prolongado y se convirtió, brevemente, en soberanía. Los indígenas ocuparon el pueblo, saquearon el comercio local y proclamaron el Gobierno chiquito de Tierradentro: una autoridad indígena paralela sobre un territorio propio, arrancado por las armas al orden regenerador. El nombre —"chiquito"— cifraba con precisión su ambición: no reemplazar la República, sino recortar en su interior un espacio de gobierno indígena legítimo, delimitado y autónomo. Una pequeña república de indios frente a la gran república de los blancos.

La ocupación no se produjo, sin embargo, en un frente unificado. Una columna de indígenas antiquintinistas, al mando de Pío Collo, se enfrentó a los ocupantes; el choque dejó seis muertos. El detalle importa: la quintinada no fue jamás la voz unánime de las comunidades. Dentro de los propios pueblos paeces hubo facciones enfrentadas, algunas alineadas con los poderes locales que Lame combatía. La insurgencia jurídico-territorial se libró tanto contra los hacendados y el Estado como contra los indígenas que preferían pactar con ellos.

El desenlace fue rápido. El 10 de mayo de 1917, Lame fue detenido en el puente El Cofre, cerca de Popayán, donde había concertado una cita con dirigentes liberales. La aritmética de esa cita revela otra dimensión del movimiento: la quintinada, aunque su líder era conservador, ensayaba conversaciones con el liberalismo regional, en un juego de alianzas partidistas que ni Lame controlaba del todo ni podía prescindir. La captura interrumpió, aunque no clausuró, la fase caucana.

Del pleito a la reconquista: Ortega y Chaparral

Con la fase caucana desgastada por la represión, Lame desplazó su centro de operaciones al sur del Tolima. Allí, por su propio testimonio, comenzó en abril de 1922 la reconquista del gran resguardo de Ortega y parte del Chaparral, disuelto por la presión de los latifundistas del sur del departamento. El sur del Tolima —Natagaima, Coyaima, Ortega, Purificación— correspondía a territorios históricamente indígenas, ahora rodeados de grandes latifundios sobre el río Magdalena y de explotaciones de café, plátano y cacao en las estribaciones de la Cordillera Central. El café, en particular, había traído colonos de otras regiones —antioqueños, cundinamarqueses, boyacenses— y transformado la geografía social de Chaparral. Las tierras aledañas a haciendas y resguardos vivieron un proceso intenso de colonización en las décadas posteriores a la Guerra de los Mil Días. Sobre ese tejido conflictivo se desplegó la segunda quintinada.

La estrategia mantuvo el doble registro. Lame litigaba en los tribunales y, al mismo tiempo, organizaba a las comunidades para ocupar y trabajar tierras. En 1924, junto con dos líderes tolimenses, fundó un nuevo organismo político: Manuel Quintín Lame, José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté formaron el Consejo Supremo Indígena, conocido también como Supreme Indian Council. A través de esa estructura fundaron el pueblo de San José de Indias y emprendieron la reconstitución de los resguardos de Natagaima, Velú, Yaguará y Coyaima. Por el recuento del propio Lame, la reconquista de Ortega y parte del Chaparral culminó el 31 de diciembre de 1938, y en 1939 entró como gobernador oficial acompañado de un cabildo de doce hombres indígenas.

Ese resultado, sin embargo, se cocinó en un contexto político que estaba a punto de romperse.

La fractura interna: conservadores, socialistas, comunistas

En la segunda mitad de los años veinte, la lucha indígena del Tolima se cruzó con la irrupción del socialismo colombiano. Sánchez y algunos líderes de las comunidades tolimenses entraron en contacto con el recién creado Partido Socialista Revolucionario, fundado en 1926, y luego con el Partido Comunista, fundado en 1930. El acercamiento radicalizó la lucha y le dio mayor resonancia nacional. Pero también fracturó al núcleo original de la quintinada.

Sánchez y Timoté se vincularon activamente al movimiento comunista; Lame permaneció conservador. La discordia política interna rompió la colaboración que había sostenido al Consejo Supremo Indígena. Sánchez, surgido del movimiento indígena, se integró al movimiento campesino más amplio y en 1936 y 1937 participaría como delegado en la Conferencia de Yaguará y en la constitución de la Federación Regional Indígena del Sur del Tolima. Fue reconocido como uno de los grandes luchadores de su época, junto a María Cano y a Torres Giraldo. Su tránsito al comunismo, sin embargo, tuvo un costo: pocos indígenas estaban dispuestos a hacerse comunistas. En las elecciones locales de 1937 en el Tolima, el Partido Comunista obtuvo apenas el 0,7% de los votos a nivel departamental. Sánchez y Timoté quedaron, en la lectura de la época, como líderes sin seguidores.

Lame, entretanto, había pagado caro el precio contrario. La victoria liberal de 1930 —el fin de la hegemonía conservadora que había durado desde 1886— le retiró la protección política que había amortiguado, dentro de la propia represión, sus movilizaciones. Los terratenientes blancos, ahora respaldados por un régimen que ya no tenía ningún interés en tolerar al indígena conservador, arreciaron los ataques. La identificación partidista, que en algún momento le había servido de escudo, se convirtió en una desventaja estructural.

La quintinada, vista en su arco largo, revela así una fractura que nunca se sanó: la línea autonomista-conservadora encarnada por Lame y la línea clasista-socialista encarnada por Sánchez y Timoté no pudieron construir un frente indígena unificado. Esa fractura, más aún que la represión estatal externa, explica buena parte del repliegue del movimiento.

Los usos de una ley de doble filo

La quintinada obliga a mirar la Ley 89 de 1890 con la ambigüedad que se merece. Fue promulgada por un régimen que la concibió como instrumento tutelar sobre "salvajes", pero al reconocer los resguardos les dio un asidero jurídico que otras leyes republicanas habían buscado disolver. Fue construida bajo concepciones racistas y, al mismo tiempo, fue usada como herramienta de resistencia. En la Costa Caribe, se la interpretó localmente como reivindicación popular contra los abusos de latifundistas sobre los resguardos de Jegua y Guazo. En el Cauca y en el Tolima, Lame la convirtió en el eje de una plataforma litigiosa que exigía la restitución de tierras y la vigencia del cabildo. La ley no cambió; cambió el uso que sus destinatarios pretendidos le dieron.

Esa reapropiación jurídica es lo que da a la quintinada su carácter singular. No fue una revuelta que reclamara al Estado una legislación nueva: fue una insurgencia que le exigió al Estado cumplir la ley que ya había expedido. La táctica invertía la lógica del régimen. Si la Regeneración pretendía "civilizar" a los indígenas mediante una legislación tutelar, la quintinada les tomó la palabra y usó esa misma legislación para desafiar la civilización del despojo. Bajo ese giro late una comprensión política de primer orden: el derecho no es neutro, pero tampoco es propiedad exclusiva de quien lo redacta.

Los límites del arma jurídica, con todo, quedaron a la vista. La ley frenó pero no revirtió la disolución de los resguardos. La reconquista de Ortega y Chaparral fue una excepción arrancada a golpe de litigio, ocupación y cárcel; en Nariño y en amplias zonas del Cauca, los resguardos siguieron cayendo. Lame mismo, por su propio conteo, entró a la cárcel 108 veces solo en el Tolima. La eficacia de la insurgencia jurídico-territorial estuvo estructuralmente subordinada al poder terrateniente y al respaldo político partidista; sin protección conservadora, se derrumbaba, como ocurrió después de 1930.

Doctrina escrita: el manifiesto y la pequeña república

Hacia 1922, y a lo largo de la década siguiente, Lame terminó de articular la doctrina que había venido predicando en asambleas y tribunales. Sus escritos, compuestos en 1939, no serían publicados hasta 1971, cuando la Fundación La Rosca los editó bajo el título En defensa de mi raza, en un esfuerzo —según Orlando Fals Borda— por rescatar del olvido a los grandes líderes populares y dar una lección a la izquierda colombiana. En ese texto y en las prédicas que lo precedieron, el proyecto de Lame ha sido leído como la defensa de una "pequeña república" de indios contrapuesta a la "gran república" de los blancos: una noción de autonomía indígena que reclamaba territorio, gobierno propio, cabildo y ley.

Los puntos son concretos. Recuperar las tierras de los resguardos y ampliarlas. Fortalecer los cabildos indígenas como institución de gobierno propio. No pagar terrajes. Dar a conocer las leyes sobre indígenas. Cada uno apuntaba, con precisión quirúrgica, a un pilar del régimen de despojo: el latifundio, la autoridad local blanca, la extracción de renta a través del terraje, la opacidad jurídica que dejaba a las comunidades sin instrumentos para defenderse. Juntos, componían un programa que anticipaba, con casi medio siglo de antelación, las reivindicaciones que a partir de 1971 asumiría el Consejo Regional Indígena del Cauca. El propio CRIC reconocería después que, al momento de su surgimiento, "casi nada quedaba a nivel organizativo de las experiencias desarrolladas por Sánchez y Lame". La continuidad fue doctrinaria, no organizativa: las ideas sobrevivieron; las estructuras habían sido barridas.

Esa discontinuidad es reveladora. Al momento de morir Lame, y todavía en 1971, sus ideas parecían olvidadas. Y sin embargo, cuando el movimiento indígena moderno se reorganizó, encontró en su plataforma un lenguaje ya elaborado: recuperación de tierras, cabildos, no pago de terrajes, defensa de la historia, la lengua y las costumbres. La quintinada dejó de ser un episodio derrotado y volvió, décadas después, como matriz. En 1991, la Constitución que reconoció por primera vez a Colombia como nación pluriétnica y multicultural, y la Ley 21 de ese año que ratificó el Convenio 169 de la OIT, recogieron —con nombres distintos y lenguaje contemporáneo— buena parte de lo que Lame había litigado a comienzos de siglo. El Movimiento Armado Quintín Lame, que combatió en las décadas finales del siglo XX antes de desmovilizarse, tomó el nombre por algo.

Lo que la quintinada dejó en pie

Vista desde 1922, la quintinada podría parecer una insurgencia derrotada. Lame estaba preso o perseguido con regularidad; el Consejo Supremo Indígena estaba a punto de fracturarse por la deriva comunista de Sánchez y Timoté; la protección conservadora se resquebrajaría con el cambio de régimen; la mayoría de los resguardos amenazados seguirían cayendo en las décadas siguientes.

Y sin embargo, algo se había fijado. La quintinada demostró que la resistencia indígena en Colombia no era un residuo del pasado colonial ni una reacción defensiva sin proyecto: era una estrategia política sofisticada, con doctrina, con repertorios legales y de acción directa, con capacidad de proclamar gobierno propio en un territorio y con una lectura fina de las contradicciones internas del Estado. Le mostró al régimen regenerador que sus víctimas indígenas sabían leer las leyes que él mismo había escrito. Instaló, en el sur del Tolima y el norte del Cauca, un núcleo territorial de conflictividad que persistiría a lo largo del siglo XX: la misma región que fue cuna del movimiento indígena moderno sería, años después, cuna de las FARC, y ambos fenómenos se explican por dos litigios entrelazados —la lucha indígena por la tierra y la lucha campesina por derechos políticos— que la Regeneración dejó sin resolver.

La lección más profunda de la quintinada es política, y sigue siendo incómoda. La Regeneración se ha contado durante mucho tiempo como pacto de élites entre conservadores e Iglesia, como restauración del orden centralista, como fundación de la Colombia moderna. Vista desde Tierradentro en noviembre de 1916, o desde Ortega en abril de 1922, la Regeneración fue otra cosa: un proyecto de despojo activamente resistido por comunidades indígenas organizadas, que le exigieron cumplir la ley que ella misma había expedido para tutelarlas. Lame, autodidacta jurídico, terrajero convertido en litigante, preso 108 veces por su propio conteo, cifró en un solo movimiento la contradicción entera del régimen: se puede promulgar una ley para dominar; no se controla el uso que hagan de ella los dominados.

Un siglo después, la Ley 89 de 1890 seguía siendo invocada en Colombia para defender derechos esenciales de los indígenas. Ese es el resultado más duradero de la quintinada: haber convertido, con paciencia de litigante y coraje de ocupante, un instrumento del despojo en un instrumento de resistencia. La pequeña república de indios que Lame imaginó no llegó a existir como quería. Pero la idea de que existía —y de que podía exigirse ante la ley y sostenerse en el territorio— quedó puesta sobre la mesa de la República grande, y ya no se pudo retirar.