El Instituto Etnológico Nacional y la ciencia de la República Liberal

¿Qué clase de ciencia social nació en la República Liberal, y por qué nació así?

En 1941, en un país que apenas contaba con dos millones y medio de habitantes urbanos y donde la Iglesia católica seguía administrando la escuela y la conciencia en buena parte del territorio, se fundó en Bogotá el Instituto Etnológico Nacional. Lo dirigió inicialmente Paul Rivet, etnólogo francés y director del Museo del Hombre de París, exiliado del régimen de Vichy. Aquel gesto —un instituto científico laico, articulado a un museo, especializado en el estudio del indígena— condensa la pregunta que atraviesa toda la República Liberal: ¿qué clase de saber sobre el territorio y sus poblaciones podía producir un Estado que aspiraba a modernizarse sin poder desmontar el orden concordatario de 1887, y qué consecuencias tuvo, para el siglo que venía, que ese saber tomara la forma que tomó?

La respuesta usual oscila entre dos polos igualmente insuficientes. Uno atribuye la antropología, la geografía y las ciencias tropicales colombianas de esos años a la voluntad modernizadora de Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha: un dispositivo estatal de gobierno de la diferencia. El otro las lee como importación europea, trasplante de refugiados antinazis y antifranquistas que encontraron en Bogotá refugio y cátedra. Ambas lecturas son parcialmente verdaderas y, tomadas por separado, mutilan el objeto. La institucionalización de las ciencias sociales entre 1934 y 1946 fue el producto de un cruce frágil —no de una estrategia coherente— entre un Estado liberal que no podía romper el Concordato, una diáspora rivetiana que trajo el modelo del Museo del Hombre sin la base agraria que lo hubiera hecho gamiano, y una comunidad académica naciente que reprodujo jerarquías raciales que su propio maestro combatía. De ahí las exclusiones fundacionales —el afrodescendiente ausente, el indígena delegado a los misioneros, la cuestión agraria sin marco disciplinar— y la precariedad institucional que arrastraría el edificio hasta la Violencia.

Lo que se juega

Preguntar por la naturaleza de la ciencia colombiana en la República Liberal no es un ejercicio genealógico ni una disputa por prioridades intelectuales. Es preguntar por la matriz misma con la que Colombia empezó a pensarse como objeto de conocimiento moderno: qué categorías organizaron el mapa de sus poblaciones, qué se hizo visible y qué quedó fuera del foco, y con qué herramientas cognitivas se enfrentaría, en la segunda mitad del siglo, la explosión de la cuestión agraria, la violencia bipartidista y la marginación de las periferias. La opción disciplinar de los años treinta y cuarenta —etnología museo-céntrica antes que indigenismo aplicado, geografía física antes que antropología agraria, medicina tropical antes que salud pública territorial— no fue neutral respecto al desarrollo posterior. Predeterminó, en buena medida, qué preguntas se podían formular con autoridad científica desde el Estado y cuáles quedaban confinadas al panfleto, al liderazgo político o al ensayo sin institución.

En 1930 el país no tenía antropología profesional, ni geografía académica autónoma, ni epidemiología tropical propia. En 1946 tenía las tres, con instituciones, revistas, generaciones formadas y agendas de investigación. El salto es real y pocas veces se subraya con la claridad que merece. Pero fue un salto asimétrico: se construyeron ciencias del indio y del territorio físico, no del campesino ni del negro; se produjo un saber sobre el pasado prehispánico y las lenguas aborígenes, no sobre las relaciones de tenencia ni sobre las rutas migratorias del trabajo. Esa asimetría no es un detalle: es la marca de nacimiento.

Los términos del debate

Una primera lectura —la más difundida en la memoria disciplinar— presenta la antropología colombiana como una empresa esencialmente importada, cuyo motor fue el exilio europeo. La lista es contundente: Paul Rivet, francés; Justus Wolfram Schottelius, alemán socialista alumno de Preuss, llegado en 1938; Gerhard Masur, historiador alemán; el geógrafo Ernesto Guhl; los españoles Pablo Vila (geógrafo), Pedro Urbano González de la Calle (filólogo), José María Ots Capdequí (historiador del derecho indiano), Luis de Zulueta, Francisco Vera. Sin ellos, no habría habido Escuela Normal Superior ni Instituto Etnológico Nacional. La modernización científica colombiana sería, en rigor, la sombra proyectada del Museo del Hombre de París y de la Institución Libre de Enseñanza española sobre una capital periférica que supo aprovechar la coyuntura del nazismo y del franquismo.

Una segunda lectura invierte el énfasis. La ciencia de esos años sería ante todo un dispositivo del proyecto modernizador liberal: la Revolución en Marcha necesitaba saber sobre las poblaciones que quería incorporar al mercado nacional y al ciudadano moderno, y para ello reclutó a los exiliados disponibles. La fundación del Instituto Etnológico Nacional en 1941 —bajo el gobierno de Eduardo Santos, que en 1940 había acogido explícitamente a refugiados españoles— sería el complemento científico de la reforma constitucional de 1936, de la reforma universitaria de 1935, de la Ley 12 de 1934 que formalizó la Campaña de Cultura Aldeana y Rural, y del envío de delegados colombianos —Antonio García Nossa y Gerardo Cabrera Moreno— al Primer Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro en abril de 1940. Los europeos habrían sido, aquí, insumos calificados para una agenda estatal previa.

Una tercera lectura, más reciente, desplaza el eje del Estado y del exilio hacia las redes científicas transnacionales. La expedición etnobotánica de Richard Evans Schultes al Vaupés y al Putumayo desde 1941, financiada en el marco del esfuerzo bélico estadounidense por asegurar caucho amazónico frente al bloqueo japonés del Sudeste Asiático; el trabajo epidemiológico sobre la fiebre amarilla del médico colombiano Jorge Boshell Manrique en articulación con la Fundación Rockefeller; la donación del Tesoro Quimbaya a la reina María Cristina de España en 1892 y su exhibición en el IV Centenario de Sevilla como precedente de un flujo mucho más largo de piezas y saberes entre Colombia, Europa y Estados Unidos: todo indica que Bogotá era menos un centro receptor pasivo que un nodo periférico en circuitos globales que operaban con lógicas propias. La antropología colombiana, en esta óptica, sería una articulación local de flujos científicos, financieros e imperiales cuya cabeza no estaba en el Palacio de San Carlos.

Cada una atrapa una dimensión del fenómeno. Ninguna, por sí sola, da cuenta del conjunto.

La evidencia

El giro estatal de 1934-1936. Bajo el primer gobierno de López Pumarejo se produjo un rediseño institucional cuya intención pedagógica y cultural es inseparable del proyecto de ciencia. La reforma universitaria de 1935 reorganizó la Universidad Nacional y creó las condiciones para que en ella se alojaran, en la década siguiente, tanto el Instituto Etnológico Nacional como el reorganizado Instituto de Ciencias Naturales, consolidado hacia 1945 en torno a Enrique Pérez Arbeláez y a una primera generación de la que formaron parte Jesús M. Idrobo y María Teresa Murillo. La reforma constitucional de 1936 eliminó los artículos 38 a 41 de la Constitución de 1886 —los que hacían del catolicismo religión de Estado y entregaban la educación pública al control eclesiástico— y consagró en su lugar la libertad de conciencia y de enseñanza bajo supervisión estatal. La Ley 12 de 1934, por su parte, formalizó la Campaña de Cultura Aldeana y Rural, que en su versión más ambiciosa pretendía llevar hasta el campo un programa cívico, sanitario y cultural. Todo esto sucede antes de la gran llegada de exiliados: la infraestructura estatal para recibirlos estaba siendo construida por razones internas.

La diáspora y sus instituciones. La Escuela Normal Superior, formadora de la primera comunidad académica moderna del país, contó como profesores a Rivet, Guhl, Vila, González de la Calle, Masur y Ots Capdequí. La Revista de las Indias fue creada en 1939. El IEN se fundó en 1941 con Rivet a la cabeza, articulado al Museo Arqueológico y Etnográfico, publicando la Revista del Instituto Etnológico Nacional: el modelo era literalmente el del Museo del Hombre parisino, un ensamblaje museo-instituto-revista donde la investigación etnográfica se sostenía en la colección material y en la difusión editorial. Gregorio Hernández de Alba, que había contribuido a crear un Servicio de Arqueología en 1938, se formó como etnólogo en París entre 1939 y 1941 bajo la tutela directa de Rivet. Cuando el maestro regresó a Francia, la dirección del IEN cambió, pero la impronta del modelo francés quedó estructuralmente inscrita en la institución.

Los circuitos globales. Schultes fue el primer no indígena en dejar anotaciones de campo sobre la importancia botánica de la Serranía de Chiribiquete y denunció en 1943 la existencia de pinturas rupestres en ella. Su trabajo se desarrolló en un vacío estatal: Colombia carecía de instituciones que pudieran capitalizar el saber etnobotánico que él acumulaba sobre plantas medicinales, alucinógenas y caucheras, en un territorio donde la geopolítica del caucho durante la Segunda Guerra Mundial estaba en juego. Décadas después, cuando la Serranía de Chiribiquete fue declarada Patrimonio Mixto Natural y Cultural de la Humanidad en 2018, el conocimiento fundacional seguía siendo el suyo. Boshell Manrique, por su parte, trabajó sobre la fiebre amarilla apoyado en las redes internacionales de medicina tropical que la Rockefeller había desplegado desde principios del siglo. Lo hizo en una región —la provincia de Cúcuta— donde la enfermedad había hecho estragos entre 1883 y 1884 y luego entre 1890 y 1894, con el ferrocarril como principal vector. Hacia mediados de los años treinta el gobierno reconoció que los problemas sanitarios eran especialmente agudos en las intendencias y comisarías tropicales —Meta, Amazonas, Chocó— y adoptó medidas, pero la producción científica sobre esos territorios dependía críticamente de flujos externos.

La producción del IEN y sus contradicciones. La influencia Karib en Colombia, que Rivet publicó en 1943, se convirtió en manifiesto de la investigación etnológica de la década. Allí caracterizaba la presencia karib mediante rasgos culturales precisos —las ligaduras deformadoras de pantorrilla y brazo representadas en figurillas de barro, la iconografía de las tapas de urnas funerarias— y trazaba su distribución por las hoyas del Magdalena y del Cauca. Era etnología difusionista clásica: reconstrucción de migraciones prehispánicas a partir de rasgos materiales, en la tradición del Museo del Hombre. Rivet había desarrollado, además, una teoría sobre los orígenes americanos que identificaba concordancias culturales entre América y los mundos malayo, melanesio y polinesio. Su antirracismo, forjado en la lucha contra el nazismo, era explícito. Pero —y aquí una de las paradojas más reveladoras del período— sus propios discípulos en el IEN no lo asimilaron uniformemente: persistieron entre ellos búsquedas de "pureza racial" en los pueblos indígenas, naturalizaciones de la diferencia social como diferencia biológica que contradicen la lectura, hoy común, según la cual Rivet habría formado una generación culturalista antirracista sin fisuras.

El indígena como categoría, el afrodescendiente como ausencia. Hernández de Alba, en su trabajo de 1946 sobre las tribus andinas del sur de Colombia, trató conjuntamente a guambianos y paeces bajo una misma categoría cultural, borrando diferencias lingüísticas y culturales fundamentales que hoy resultan evidentes. La antropología del IEN reprodujo, en el mismo movimiento en que profesionalizaba el estudio del indígena, una taxonomía gruesa que dificultaba pensar la especificidad. Y en toda la producción del período la población afrodescendiente —del Chocó, del Pacífico, del Caribe, de los valles del Cauca y del Magdalena— es sencillamente inexistente como sujeto antropológico autónomo. El antirracismo rivetiano, traducido al contexto colombiano, no se articuló como reconocimiento de la pluralidad afrocolombiana sino como celebración del mestizaje ancestral entre lo indio y lo hispánico: una mestizofilia tácita, más ambiental que doctrinal, que dejó fuera del horizonte disciplinar a la tercera raíz.

El límite concordatario. La reforma constitucional de 1936, con toda su ambición, no alteró el papel dominante de la Iglesia católica en los territorios nacionales, que seguían rigiéndose por el Concordato de 1887 y por la Convención de Misiones firmada en 1902 y renovada sin cambios en 1928. Capuchinos, franciscanos y consolatas mantuvieron el monopolio evangelizador y "civilizador" sobre Caquetá, Putumayo, Vaupés, Amazonas y buena parte de los territorios donde vivía la mayoría de la población indígena del país. El nuevo Concordato, negociado por Darío Echandía con el cardenal Luigi Maglione y firmado el 22 de abril de 1942 bajo el gobierno de Santos, nunca entró en vigor: el conservatismo impidió el canje de notas de ratificación. El arzobispo de Bogotá Ismael Perdomo intervino formalmente contra las tesis evolucionistas expuestas por Luis López de Mesa en la inauguración de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. La Iglesia, lejos de replegarse, reorientó su acción: creó Acción Católica en 1933, fundó FANAL en 1946 en el mundo agrario y respaldó la UTC como central sindical alterna a la CTC. El campo indígena, en la práctica, quedó fuera del alcance del IEN.

El desencuentro con Pátzcuaro. García Nossa y Cabrera Moreno viajaron a México en abril de 1940 y participaron en la fundación del Instituto Indigenista Interamericano. En Colombia, el Instituto Indigenista tuvo una vida institucional pálida frente a la potencia del modelo mexicano, donde el indigenismo cardenista tenía detrás la Reforma Agraria, el ejido, un aparato estatal robusto y una figura como Manuel Gamio. Colombia envió delegados y firmó, pero no construyó una infraestructura equivalente. El IEN, nacido apenas un año después, no se orientó al modelo gamiano de antropología aplicada al desarrollo agrario, sino al modelo rivetiano de etnología museística. La diferencia importa: el indigenismo mexicano pensaba al indio como sujeto de política agraria; la etnología colombiana lo pensaba como objeto de reconstrucción cultural.

La Comisión de Cultura Aldeana. La Ley 12 de 1934 formalizó una empresa de conocimiento del campo que, en algunos de sus tramos, prefiguraba metodologías de investigación social participativa que solo décadas después, con la investigación-acción participativa de Orlando Fals Borda, serían recuperadas. Fue interrumpida por el viraje de la política nacional después de 1946 y no cristalizó como tradición disciplinar.

La lucha por la tierra que la ciencia no vio. Mientras el IEN clasificaba culturas prehispánicas por sus iconografías, el movimiento indígena liderado por Manuel Quintín Lame se movilizaba en el sur de Huila y Tolima entre 1920 y 1940. Los paeces y pijaos del sur del Tolima y norte del Cauca disputaban tierras que, según el mecanismo legal heredado del siglo XIX, podían declararse baldías si los resguardos —creados por la Corona en la segunda mitad del siglo XVI para protegerlos del trato esclavista de los encomenderos y obligarlos a tributar— no exhibían titulación notarial. El censo de 1951 registraría 350.000 indígenas —2,18% de la población—, distribuidos entre territorios nacionales, resguardos de Cauca, Nariño, Caldas y Magdalena, y comunidades civiles insertas en departamentos. La antropología del IEN produjo etnografías estimables sobre estos pueblos, pero no un marco disciplinar para pensar la cuestión de la tierra como cuestión antropológica y política simultáneamente. Ese marco lo intentaría, tardíamente, el Programa del Colón de Jorge Eliécer Gaitán en 1945, con su propuesta de límite de 1.000 hectáreas y reversión al Estado de tierras tituladas no explotadas.

Una respuesta

De este cuerpo de evidencia se desprende una posición: la institucionalización de las ciencias sociales en la República Liberal no fue ni una captura estatal deliberada de la diáspora europea, ni una importación pura del modelo francés, ni una simple articulación pasiva a redes globales. Fue el encuentro contingente de tres carencias, y en esa contingencia se encuentran tanto sus logros —reales, considerables— como sus exclusiones fundacionales.

La primera carencia fue la del Estado liberal. Aspiraba a modernizar pero no podía romper el orden concordatario: la reforma de 1936 no desmontó la Convención de Misiones, el Concordato de 1942 nunca se ratificó, la reforma agraria fue vetada por élites regionales y frenada en el gobierno siguiente, la Campaña de Cultura Aldeana se apagó con el viraje conservador. Un Estado con esa incoherencia hegemónica no podía "capturar" un proyecto científico al modo cardenista; podía alojarlo, financiarlo modestamente, dotarlo de local y de nombramientos, pero no dirigirlo estratégicamente.

La segunda carencia fue la de la diáspora rivetiana. Trajo a Colombia un modelo poderoso —el del Museo del Hombre—, pero era el modelo de una metrópoli imperial con museo etnográfico universal, no el de un Estado nacional con cuestión agraria. Que fuera Rivet, y no Gamio, quien modelara la primera antropología profesional colombiana fue en buena medida una contingencia biográfica: fue París, no México, el destino inicial del joven Hernández de Alba, y fue Rivet, no Gamio, quien terminó exiliado en Bogotá. Esa contingencia tuvo efectos estructurales de treinta años.

La tercera carencia fue la de la comunidad académica naciente. Los discípulos de Rivet reprodujeron búsquedas de pureza racial que contradecían el antirracismo del maestro; agruparon pueblos distintos bajo categorías gruesas; no vieron al afrodescendiente; no articularon una antropología de la tierra pese a que la disputa por la tierra atravesaba el país. No por incapacidad individual —de esas aulas salió una generación robusta— sino porque el marco disciplinar heredado no ofrecía las herramientas y el marco político no las demandaba con la fuerza que las hubiera vuelto necesarias.

En ese cruce hay que situar cada una de las tesis en tensión. La geografía moderna colombiana fue efectivamente conjunción de apertura estatal y diáspora antifascista: Guhl y Vila no habrían formado a la generación que formaron sin la Escuela Normal Superior, y la Escuela Normal Superior no habría existido sin la reforma de 1935. Schultes acumuló en Vaupés y Putumayo un saber etnobotánico que el Estado colombiano nunca capitalizó, no por desidia sino porque carecía de las instituciones que lo hubieran podido absorber. La celebración del mestizaje ancestral entre lo indio y lo hispánico ocupó el lugar que un antirracismo más amplio habría reservado al reconocimiento de la pluralidad afrocolombiana. La adopción del modelo francés en lugar del mexicano cerró, por décadas, la posibilidad de una antropología comprometida con lo agrario. La delegación misional en los territorios nacionales bloqueó la emergencia de un indigenismo estatal laico comparable al peruano o al mexicano. La investigación tropical de Boshell y de la red Rockefeller fue producción periférica de saber epidemiológico, no mera aplicación. Y la Comisión de Cultura Aldeana de 1935 fue una vanguardia metodológica que, abortada por la coyuntura política posterior a 1946, solo sería recuperada mucho más tarde por la investigación-acción participativa de Fals Borda: una medida del costo intelectual de la Violencia para las tradiciones reformistas civiles.

Ninguna de esas tesis captura el todo si no se sitúa en el marco del cruce frágil aquí descrito. La antropología, la geografía y las ciencias tropicales colombianas de los años treinta y cuarenta fueron modernas, fueron reales, fueron consecuentes; y fueron, al mismo tiempo, insuficientes para pensar el país que se les venía encima. El 9 de abril de 1948 encontró a la antropología profesional colombiana antes de que hubiera tenido ocasión de reorientarse hacia una agenda agraria e indigenista. La que salió de los años cincuenta tuvo que reconstruir, sobre las ruinas de ese corte, aquello que la República Liberal había apenas empezado a levantar, y lo hizo cargando con las mismas exclusiones fundacionales que la institución había inscrito en su acta de nacimiento.