Antropología nacional

La antropología nacional en la República Liberal

Entre 1930 y 1946, mientras el liberalismo desmontaba los andamios de la hegemonía conservadora, la antropología dejó de ser en Colombia un pasatiempo de eruditos provinciales para convertirse en una disciplina con institutos, revistas, cátedras y un lugar reconocible en el aparato del Estado. Ese tránsito —de los aficionados al Instituto Etnológico Nacional— no fue un fenómeno académico aislado: se produjo dentro del proyecto modernizador de la República Liberal, se nutrió del exilio europeo huido del nazismo y del franquismo, y le proporcionó al país una gramática nueva para pensarse a sí mismo desde lo indígena, lo mestizo y lo popular. Comprender esa fundación exige seguir simultáneamente tres hilos: las reformas liberales que abrieron el espacio institucional, la llegada de una generación de científicos europeos que trajo consigo el rigor de las mejores tradiciones académicas del viejo continente, y la formación de los primeros antropólogos colombianos profesionales, discípulos de aquellos maestros y protagonistas de un campo disciplinar que nacía junto con una idea nueva de nación.

De los aficionados a la disciplina

Antes de la República Liberal, la antropología colombiana era un oficio de aficionados. La arqueología, la etnología y la lingüística estaban en manos de hombres cultos que, en sus ratos libres y sin bagaje académico apropiado, se hacían antropólogos e historiadores por afición y por lectura. Esa figura del erudito autodidacta se remontaba a los grandes naturalistas y viajeros ilustrados —Mutis, Humboldt, Codazzi—, que habían recorrido el territorio anotando cuanto veían y difundiendo las ideas de la Ilustración. Sus cuadernos, mezcla de botánica, geografía, mineralogía y descripciones humanas, fueron durante más de un siglo el mejor archivo disponible sobre los pueblos y los paisajes del país, y de ellos derivó una tradición amateur que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX en los estudios de sociedades y academias regionales.

En la segunda mitad del siglo XIX, al calor del Liberalismo Radical y de la filosofía positivista, el país se incorporó al movimiento científico moderno, y de ese impulso salieron los primeros trabajos con inquietud propiamente antropológica. Pero fue a comienzos del siglo XX cuando llegaron los etnólogos y arqueólogos alemanes —Konrad Theodor Preuss, Theodor Koch-Grünberg, Alfred Jahn— y con ellos una metodología distinta: la constatación empírica basada en observaciones directas durante largos períodos de convivencia con portadores de culturas e idiomas distintos. La etnografía como oficio, no como afición. Preuss, en particular, dejó entre los koguis y entre los uitotos una manera de trabajar —libreta, fonógrafo, transcripción minuciosa, atención al detalle ritual— que se convertiría en modelo para las siguientes generaciones y que años después reencontrarían en las aulas de la Escuela Normal Superior los primeros estudiantes colombianos formados en la disciplina.

A ese linaje pertenece también John Alden Mason, quien en 1923, bajo los auspicios del Field Museum de Chicago, realizó excavaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta y describió por primera vez de modo sistemático la arquitectura monumental de los taironas en Pueblito, incorporando técnicas de excavación y medición cronológica sustentadas en procedimientos geológicos, físicos y químicos. Cuando los intelectuales liberales de los años treinta empezaron a hablar de profesionalizar el conocimiento del pueblo colombiano, ya existía un antecedente extranjero que mostraba lo que la disciplina podía llegar a ser. Faltaba el marco político que la instalara en el país.

La Revolución en Marcha y su educación

Ese marco lo abrió Alfonso López Pumarejo. La llamada Revolución en Marcha, programa de reformas liberales anunciado desde su posesión en 1934, se propuso superar el atraso del país en múltiples ámbitos, y su diagnóstico más severo recayó sobre la educación. En su discurso inaugural, López señaló la ausencia de verdaderos maestros en la enseñanza primaria y secundaria, la desconexión de las universidades respecto a los problemas colombianos y la falta de atención del Estado para dotar al país de docentes capacitados. La educación —esa fue la apuesta— tenía que dejar de ser un asunto eclesiástico y provincial y convertirse en política de Estado.

La Ley 12 de 1934, presentada por el ministro Luis López de Mesa, reorganizó administrativamente el Ministerio de Educación Nacional y creó la Campaña de Cultura Aldeana y Rural. Al año siguiente, la reforma universitaria de 1935 —el estatuto orgánico— abrió la universidad colombiana a corrientes de pensamiento antes vedadas por conservadurismo y rutina: el marxismo, el psicoanálisis, la filosofía fenomenológica y existencial, las nuevas doctrinas del derecho público francés y alemán. La reforma constitucional de 1936 completó el ajuste, desmontando privilegios del orden anterior y provocando la reacción airada de los sectores tradicionales, que acusaron al gobierno de comunista y marxista.

En términos institucionales, la Universidad Nacional recibió el impacto más visible: nuevas facultades —química, arquitectura, veterinaria, agronomía, economía, administración, filosofía—, institutos de investigación, laboratorios, ejercicio libre de cátedra, extensión cultural, bienestar estudiantil, un campus integrado y moderno. Entre 1932 y 1935 se unificaron nacionalmente los programas de primaria, secundaria y educación normalista; los inspectores locales cedieron su lugar a directores departamentales ligados al Estado central; y desde 1938 comenzó la nacionalización de colegios municipales y departamentales.

Jorge Zalamea, intelectual liberal y hombre de confianza del proyecto, se desempeñó como secretario general del Ministerio de Educación —encargado del despacho durante dieciocho meses— y como director de la Comisión de Cultura Aldeana, defendiendo la reforma ante la Cámara y el Senado. Fue en ese cruce entre política educativa y voluntad modernizadora donde nació la Escuela Normal Superior, la incubadora de la antropología colombiana.

La Escuela Normal Superior

La Escuela Normal Superior fue el espacio donde se formó, por primera vez en el país, una comunidad académica incipiente en ciencias sociales. Su programa familiarizaba a los estudiantes con las teorías dominantes en las universidades europeas y marcó el tránsito desde el saber aficionado hacia una formación más rigurosa en etnología, geografía, lingüística e historia. Su cuerpo docente reunía a algunos de los intelectuales europeos que empezaban a llegar a Colombia: el etnólogo francés Paul Rivet, el geógrafo alemán Ernesto Guhl, el geógrafo español Pablo Vila, el filólogo español Pedro Urbano González de la Calle, el historiador alemán Gerhard Masur. En sus aulas convivían, a la vez, el francés académico de París, el alemán heredero de la geografía humana de Ratzel y de la etnología de Preuss, y el español universitario formado en las cátedras de Madrid y Barcelona anteriores a la Guerra Civil.

Esa presencia extranjera no era un adorno. Era el mecanismo mismo por el cual la ciencia se profesionalizaba: la Normal Superior formó una comunidad que, superando el saber de aficionados, sentó las bases para el desarrollo de la historia, la antropología y la filología modernas en Colombia. Fue allí donde una primera camada de colombianos aprendió que el pasado indígena y el presente popular podían estudiarse con las mismas herramientas con que se estudiaban las sociedades europeas: trabajo de campo, comparación sistemática, análisis lingüístico, arqueología estratigráfica. La institución operó, en la práctica, como puente entre dos mundos que hasta entonces habían estado incomunicados: el de la erudición europea de posguerra y el de la curiosidad americana por su propio suelo.

Los exiliados europeos

La conjunción de la política liberal y del talento europeo tuvo un motor que ninguno de los reformistas colombianos había previsto: la catástrofe europea. La persecución nazi y la Guerra Civil española arrojaron sobre América Latina a decenas de intelectuales de primer nivel, y Colombia, gobernada entonces por liberales dispuestos a acogerlos, se convirtió en refugio y en lugar de trabajo. La llegada de esos exiliados no fue diseñada por el Estado colombiano: fue una contingencia geopolítica de la que la República Liberal supo sacar provecho.

De los territorios bajo dominio nazi llegó, en 1938, Justus Wolfram Schottelius, intelectual alemán de tendencia socialista, alumno de Preuss, que moriría apenas tres años después. Con él o tras él arribaron Rudolf Hommes, Kurt Freudenthal, Gerard Mazur, Ernesto Guhl y Juan Friede. Guhl, geógrafo alemán, se había autoexiliado por sus ideas democráticas y había permanecido en países escandinavos desde 1937 antes de recalar en Colombia al estallar la Segunda Guerra Mundial. Friede, por su parte, habría de convertirse con los años en el gran historiador de la conquista y de los indígenas del sur andino, prolongando desde el archivo lo que otros hacían desde la etnografía.

De la España franquista llegó en 1940, durante la presidencia de Eduardo Santos, un contingente igualmente denso. Encabezaban la lista Luis de Zulueta, antiguo ministro de la República; Pablo Vila, que traía la geografía catalana a las aulas bogotanas; Urbano González de la Calle, filólogo formado en la escuela de Menéndez Pidal; y José María Ots Capdequí, especialista en derecho indiano cuya obra reformuló la comprensión jurídica del período colonial americano. Detrás vino una nómina complementaria de catedráticos, científicos y humanistas —José Rayo Gómez, Francisco Cirre, José de Recasens, Francisco de Abrisgueta, Miguel Usano, Francisco Vera— que en cualquier universidad europea habrían ocupado puestos de referencia y que en Bogotá encontraron, además del refugio, un país que necesitaba lo que ellos sabían hacer. El exilio español convirtió a Colombia, casi de un día para otro, en heredera involuntaria de una porción sustantiva de la mejor tradición universitaria peninsular.

En el caso específico de la antropología, el nombre decisivo es el de Paul Rivet. Etnólogo francés de reputación internacional, Rivet residía en Bogotá desde 1941 en condición de exiliado bajo el auspicio oficial del gobierno liberal. Su llegada coincidió con la necesidad colombiana de dotar a la naciente disciplina de una figura tutelar de estatura mundial. Rivet no era un académico cualquiera: había formulado la más ambiciosa teoría de contactos transoceánicos entre América y las civilizaciones malayo-melanesio-polinésicas, sustentada en una extensa lista de similitudes materiales, tecnológicas y morfológicas sistematizadas a partir de la etnografía comparada. Su presencia en Bogotá le dio al proyecto liberal una legitimidad científica que ninguna institución local podía producir por sí sola.

La fundación del Instituto Etnológico Nacional

En 1941, en pleno auge de esas convergencias, se constituyó el Instituto Etnológico Nacional, la institución en torno a la cual la antropología colombiana se profesionalizó de modo definitivo. El IEN funcionó articulado a un Museo Arqueológico y Etnográfico, siguiendo el modelo francés que Rivet conocía por su vínculo con el Musée de l'Homme de París. Esa arquitectura —un instituto de investigación acoplado a un museo público— era el patrón continental de la disciplina, y su trasplante a Bogotá obedeció a una decisión deliberada.

Rivet dirigió inicialmente el Instituto y también su publicación oficial, la Revista del Instituto Etnológico Nacional, cuyo primer número apareció en 1942. Entre los primeros colaboradores figuró Gerardo Reichel-Dolmatoff, cuyo artículo Apuntes arqueológicos de Soacha inauguró en ese número la producción arqueológica del IEN. Entre 1943 y 1946 se sumaron a la revista dos publicaciones más, el Boletín del Museo Arqueológico y el Boletín de Arqueología, que editaban el Instituto y el Servicio de Arqueología y recogían informes de campo y estudios sobre culturas indígenas. La disciplina contaba, por primera vez en el país, con un aparato editorial propio.

El IEN adoptó desde el comienzo una orientación doble: por una parte, la arqueología de los pueblos prehispánicos —Tierradentro, San Agustín, la Sierra Nevada, los cementerios del Cauca y del Magdalena—; por otra, la etnografía de las comunidades indígenas contemporáneas, entendidas ya no como reliquias del pasado sino como sociedades vivas con lógicas propias. Esa combinación —pasado material y presente cultural— era el sello de la etnología francesa, y en Colombia se convirtió en el patrón fundacional de la disciplina.

La influencia karib y la etnología comparada

El manifiesto intelectual de esos años lleva la firma de Rivet: La influencia Karib en Colombia, aparecido en 1943, se convirtió en obra de referencia de la investigación etnológica colombiana durante la década larga que siguió. En ella, Rivet caracterizó la influencia karib mediante las ligaduras deformadoras de pantorrilla y brazos —visibles en figurillas de barro y en tapas de urnas funerarias— y rastreó su distribución por el territorio colombiano, particularmente por las hoyas del Magdalena y del Cauca.

Lo importante no era solo el hallazgo empírico. Era el método: comparar rasgos materiales precisos, cartografiarlos, deducir de esa cartografía movimientos migratorios y contactos culturales antiguos. Era la etnología como disciplina propiamente comparativa, que asumía como legítimo el problema de dónde venían las poblaciones americanas, cómo se habían distribuido, qué relaciones habían mantenido con otras culturas. Rivet, con su teoría transoceánica sobre poblamiento americano, ofrecía además a los antropólogos colombianos un horizonte planetario para pensar el pasado indígena del país: los antepasados de los muiscas y los taironas no eran una curiosidad local sino piezas de una gran historia humana.

Ese cambio de escala era una operación política. Al inscribir el pasado indígena colombiano en una geografía comparada de alcance mundial, la antropología liberal lo elevaba a la categoría de objeto científico serio, digno del mismo tipo de estudio que las civilizaciones del Mediterráneo o del Pacífico. Contra el desprecio criollo tradicional por lo indígena —que aún dominaba los museos, donde los objetos precolombinos figuraban como curiosidades y se pensaban al margen del tiempo, mientras la subdivisión de monumentos históricos y objetos notables reunía piezas de conquistadores, virreyes y héroes de la Independencia—, la etnología rivetiana instalaba una jerarquía nueva: el pasado indígena importaba tanto como el pasado hispánico, y merecía instituciones a su altura.

Reichel-Dolmatoff y la etnografía de campo

Si Rivet fue el arquitecto teórico, Gerardo Reichel-Dolmatoff (1912-1994) fue el etnógrafo de terreno. Discípulo austriaco de Rivet, formado en la tradición vienesa, llegó a Colombia y su maestro lo envió, en 1941, a trabajar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese envío inauguró una vocación regional que definiría toda su obra: la Sierra Nevada, con sus koguis, ijkas y wiwas, se convertiría durante décadas en el laboratorio etnográfico más productivo del país.

Junto con su esposa Alicia Dussán, Reichel-Dolmatoff realizó investigaciones conjuntas —entre ellas el estudio en Atanquez sobre la transformación de indígenas en campesinos por efecto de la colonización, aparecido en inglés como The People of Aritama— y consolidó una práctica etnológica que integraba trabajo de archivo, observación prolongada, análisis de mitos y descripción minuciosa de la vida material. Esa manera de trabajar, que combinaba el rigor filológico heredado de Viena con la larga permanencia en el campo aprendida de Preuss y afinada bajo Rivet, definió durante décadas el estilo mismo de la etnografía colombiana y educó, por imitación y por contraste, a las promociones sucesivas de antropólogos que se formaron en el país.

Desde los años cincuenta, Reichel formuló la tesis que se convirtió en su aporte más discutido: la continuidad histórica entre los actuales indígenas de la Sierra Nevada y los antiguos taironas. Contra la idea de que la Conquista había liquidado las sociedades prehispánicas, sostuvo que los taironas no habían sido exterminados; que sus descendientes —koguis, ijkas y wiwas— habían mantenido viva la tradición de sus antepasados, preservando elementos centrales como la organización social en torno a los templos y ciertos valores religiosos, a pesar de las rupturas históricas de la Conquista. La crítica posterior ha cuestionado si su enfoque consideraba suficientemente las transformaciones ocurridas durante el período colonial, pero la fuerza fundacional de la tesis en la antropología colombiana permanece intacta.

Gregorio Hernández de Alba

En paralelo a los extranjeros, se formaron los primeros antropólogos colombianos profesionales. Entre ellos ocupa un lugar central Gregorio Hernández de Alba, cuya trayectoria condensa las tensiones y las virtudes del período. Ya en 1938 había publicado el Compendio arqueológico de Colombia, obra que propuso una división del territorio en áreas arqueológicas y que la historiografía posterior siguió citando como referencia. En algún momento no del todo precisado desempeñó el cargo de jefe de servicio en el aparato arqueológico estatal, y actuó como figura de enlace institucional entre el IEN, el trabajo de campo y la administración pública.

Hernández de Alba viajó a los Estados Unidos, donde escribió estudios sobre etnología y arqueología del sur de los Andes colombianos para el Smithsonian Institute y la Universidad de Yale, y donde estudió la organización de museos e instituciones de investigación. Esa experiencia estadounidense complementó la formación francesa dominante en el IEN: las relaciones internacionales de la antropología colombiana no se limitaron al eje París-Bogotá, sino que se extendieron también hacia el norte, hacia las grandes instituciones norteamericanas que, en esos mismos años, estaban redefiniendo la disciplina.

En 1946 publicó un trabajo sobre arqueología colombiana que la literatura especializada seguiría citando durante décadas. Y en 1949 coautoró con Tumiñá un estudio sobre los guambianos, caracterizándolos como un grupo indígena en estado de transición cultural o transculturación, cuyo conocimiento era clave para explicar fenómenos sociales de la región. La fórmula —transición, transculturación— condensaba la mirada del indigenismo oficial de la época: los pueblos indígenas aparecían como sociedades en tránsito hacia una integración nacional inevitable, y la antropología, al describirlos, colaboraba con esa integración. Más tarde, Gonzalo Hernández de Alba ejercería como director científico de la enciclopedia Historia de Colombia de Salvat Editores, prolongando hasta finales de los años ochenta la presencia del apellido en la definición del canon nacional.

Indigenismo, Estado y frontera

La antropología liberal no fue una disciplina de gabinete. Nació enredada con la política indigenista y con la voluntad estatal de expandir su presencia sobre territorios indígenas y de frontera. En abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro, México, el Primer Congreso Indigenista Interamericano, del cual salió el Instituto Indigenista Interamericano. Colombia estuvo representada por Antonio García Nossa y Gerardo Cabrera Moreno, y su presencia allí selló el ingreso del país en el circuito continental de la política indigenista.

En ese circuito, el indigenismo y el mestizaje fueron las dos ideologías que sustentaron los proyectos de construcción nacional en Colombia y en gran parte de América Latina durante los siglos XIX y XX, apuntando a la transformación radical de los pueblos indígenas —integración, alfabetización, castellanización, incorporación al trabajo asalariado— hasta la llegada del multiculturalismo. La antropología del IEN operó dentro de ese marco: describía a los guambianos como grupo en transición porque el horizonte político era, precisamente, esa transición.

Simultáneamente, el gobierno de López Pumarejo buscó expandir la presencia del Estado en los territorios indígenas y de frontera a través del Departamento de Intendencias y Comisarías, la colonización dirigida y la ampliación de la misión del ejército, en un contexto en que se denunciaba la explotación inhumana y la disminución demográfica de la población indígena. La antropología nacional, sin proponérselo del todo, se convirtió en herramienta de ese proyecto: producir conocimiento sobre los pueblos indígenas era también producir información útil para el Estado que quería alcanzarlos, censarlos y transformarlos.

Los etnólogos del IEN hacían trabajo genuinamente científico, con estándares comparables a los europeos, y ese mismo trabajo servía a un proyecto estatal que buscaba integrar los territorios y las poblaciones marginales. Las dos cosas ocurrían a la vez, y toda lectura que las separe traiciona la textura real del período. La mentalidad indigenista oficial en Colombia solo comenzaría a cambiar a finales de la década de 1960, en un proceso que culminaría con la Constitución de 1991 y su consagración del pluralismo étnico.

Museos, patrimonio y una nación en disputa

Entre finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta se fijaron representaciones estables del patrimonio arqueológico que alimentaron el imaginario nacional colombiano durante las décadas siguientes. Esas representaciones tomaron cuerpo en museos, en publicaciones oficiales, en libros escolares y en la iconografía pública, y su núcleo se elaboró en el IEN y en las instituciones que giraban en torno a él.

La fijación no fue neutral. Detrás de cada vitrina se libraba una disputa por el significado del pasado colombiano. Los museos heredados del siglo XIX habían catalogado los objetos indígenas como curiosidades y los habían pensado al margen del tiempo, mientras la sección de monumentos históricos y objetos notables reunía piezas asociadas a conquistadores, virreyes y héroes de la Independencia. La jerarquización era transparente: la herencia hispánica y criolla constituía la historia; lo indígena, decorado exótico. La antropología liberal quiso invertir esa jerarquía, o al menos matizarla, dándole al pasado prehispánico dignidad científica e importancia nacional.

El escenario donde esa disputa se libró de modo más literal fue el patrimonio mismo. Un antecedente doloroso lo ilustra: el Tesoro Quimbaya, colección de 122 piezas orfebres prehispánicas procedentes de dos sepulturas en el municipio de Finlandia, que Carlos Holguín, siendo presidente, había entregado en 1892 a la Reina María Cristina de España con ocasión del IV Centenario en Sevilla, en reconocimiento a su labor arbitral en la delimitación de fronteras colombianas. Esas 122 piezas —hoy en el Museo de las Américas en Madrid— constituyen una pérdida irreversible para el patrimonio arqueológico colombiano y muestran hasta qué punto, en la mentalidad decimonónica, lo prehispánico resultaba intercambiable, regalable, disponible para la diplomacia: una cultura entera cabía en un gesto cortesano hacia una reina extranjera, y el Estado que hacía el gesto no sentía que estuviera desprendiéndose de nada suyo.

Contra esa herencia trabajaron, sin decirlo abiertamente, los hombres del IEN. Cada excavación en San Agustín, cada libreta llenada entre los koguis, cada urna funeraria clasificada en el Museo Arqueológico contribuía a fijar la idea de que el pasado prehispánico pertenecía al país, no a la corona extranjera ni al gabinete de curiosidades. La operación museográfica de los años cuarenta —vitrinas ordenadas por cronología y por región, cédulas con contexto arqueológico, láminas de tipología cerámica— desplazó, sin proclamarlo, aquel imaginario decimonónico en el que las culturas americanas figuraban como ornamento diplomático. La antropología liberal fue también, en ese frente, una política patrimonial.

Balance de una fundación

Al finalizar el segundo mandato de López Pumarejo y con la llegada del republicanismo conservador en 1946, la antropología colombiana ya no era lo que había sido quince años antes. Existía una institución central —el IEN—, articulada a un museo, con una revista propia y con boletines regulares. Existía una publicación fundacional —La influencia Karib en Colombia— y un cuerpo de artículos que constituía la primera masa crítica de literatura antropológica producida en el país por profesionales.

Existía, además, una comunidad. Rivet había abierto camino y otros europeos —Reichel-Dolmatoff, Guhl, Vila, González de la Calle, Recasens, Friede— tejieron, desde el IEN y desde la Escuela Normal Superior, un espacio académico compartido con los primeros colombianos formados en el oficio: Hernández de Alba, Luis Duque Gómez, Blanca Ochoa de Molina, Milcíades Chaves, Alicia Dussán —quien, junto a Reichel, se convirtió en pieza fundamental de la etnología de la Sierra Nevada—. Ese grupo, pequeño e incipiente, hizo aportes valiosos en muchas áreas y sentó las bases para lo que vendría después.

La fundación tuvo, sin embargo, sus límites. La comunidad era numéricamente frágil, dependía de un puñado de figuras y de un puñado de instituciones, y su relación con las universidades del país seguía siendo lateral: la antropología entraba por la puerta de la Escuela Normal Superior y del IEN, no por la de las facultades tradicionales. La caída de la Normal Superior a comienzos de los años cincuenta, con la reacción conservadora contra el legado liberal, dejaría por un tiempo huérfana a la disciplina, que tardaría casi una generación en encontrar en las universidades el hogar estable que la Normal le había ofrecido durante quince años. La fundación había sido real, pero también precaria; sus instituciones sobrevivieron, pero maltrechas, y el hilo tuvo que ser reanudado por los discípulos de los discípulos en un país que ya no era el de la Revolución en Marcha.

Persistía, además, una fractura que el período liberal no logró cerrar y que sigue vigente. Aún subsisten en Colombia dos aproximaciones separadas a la historia nacional: los historiadores tienden a investigar el pasado colonial y republicano, mientras los antropólogos se orientan hacia el pasado indígena o las sociedades indígenas contemporáneas. Esa división ha dificultado el desarrollo de una antropología científica capaz de tejer en un solo relato la larga duración del territorio y sus poblaciones, articulando los muiscas con los criollos, los taironas con los encomenderos, los guambianos actuales con la República del siglo XIX. La República Liberal fundó la disciplina, pero no logró unificar del todo el relato: la historia siguió siendo, en gran medida, la de los criollos y los mestizos; la antropología, la de los indígenas y las regiones marginales.

De esa fractura interna, sin embargo, no se sigue una condena. La antropología nacional, en el corazón de la Revolución en Marcha, empezó a ensanchar el país por dentro, y aunque no logró recomponer el relato en una sola trama, sí introdujo en él una segunda voz que antes no existía. De esa siembra tardía —el asilo colombiano a Paul Rivet, la Ley 12 de 1934, las primeras expediciones de Reichel-Dolmatoff a la Sierra Nevada, las vitrinas nuevas del Museo Arqueológico— habría de nutrirse, medio siglo después, el pluralismo étnico consagrado por la Constitución de 1991. Lo que empezó como una operación de exiliados y de discípulos en las aulas de una escuela normal terminó, con el tiempo largo de las ideas, filtrándose hasta el articulado de la carta constitucional.