Cooperativas de Trabajo Asociado y desmantelamiento del sindicalismo palmero (1995–2005)

Cooperativas de Trabajo Asociado y desmantelamiento del sindicalismo palmero (1995–2005)

Entre mediados de los años noventa y 2005, las grandes palmicultoras del Magdalena Medio —Indupalma en San Alberto (Cesar) y las empresas de Puerto Wilches (Santander), entre ellas Palmas Oleaginosas Bucarelia, Oleaginosas Las Brisas y Palmas Monterrey— sustituyeron el contrato laboral directo por Cooperativas de Trabajo Asociado. Bajo la carcasa jurídica de la Ley 79 de 1988 y, sobre todo, de la flexibilización laboral de la Ley 50 de 1990, el obrero sindicalizado dejó de ser asalariado para convertirse en "socio cooperado" que aportaba sus propias cesantías como capital de trabajo. La operación corrió en paralelo a la consolidación del Bloque Central Bolívar y de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en la región, y produjo un resultado inédito: la liquidación de la negociación colectiva sin necesidad de derogar formalmente el derecho de asociación sindical. La palma africana del piedemonte oriental se convirtió, en menos de una década, en el laboratorio donde reforma laboral y coerción armada se fundieron en una sola operación.

El mundo del que brota el arreglo

La palma africana llegó tarde al agro colombiano. No se cultivó a escala comercial sino a partir de 1950, y su lógica productiva impuso desde el comienzo una estructura empresarial rígida: es un cultivo permanente que solo empieza a dar frutos entre el tercer y cuarto año, la extracción del aceite exige procesar el racimo en las primeras doce horas tras la recolección —lo que obliga a montar plantas extractoras junto a los cultivos— y, según Fedepalma, la rentabilidad mínima solo aparece por encima de las 3.000 hectáreas en producción. Escala grande, tiempos largos, ventana de proceso corta: el negocio nació capital-intensivo y territorial, atado a la tierra.

Indupalma, instalada en San Alberto, fue durante los años setenta el emblema de ese modelo empresarial y también de sus tensiones. El 16 de agosto de 1977, los trabajadores agrupados en SINTRAINDUPALMA iniciaron una huelga en la que denunciaron —según lo relató luego Jaime Bateman Cayón— la invasión con tractores de los predios sindicales y la violación de la ley laboral en materia de derechos y prestaciones. El M-19 secuestró al gerente Hugo Ferreira Neira para presionar a favor del pliego, y su liberación se hizo coincidir con el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. Bateman se atribuyó después el resultado: el ciento por ciento de las peticiones obtenidas sin víctimas mortales. Aquella huelga fijó el molde del conflicto palmero: un sindicato fuerte, una empresa dispuesta a golpear y un Estado que llegaba tarde.

Trece años después, ese equilibrio se rompió por dos vías simultáneas. La primera fue la apertura económica impulsada por César Gaviria Trujillo. La Ley 50 de 1990 flexibilizó la contratación y habilitó la sustitución del vínculo asalariado por formas triangulares y precarias, aunque ampliara derechos de maternidad, vacaciones y primas. La Ley 100 de 1993 completó el giro con la privatización de la seguridad social. En el agro, la apertura fue devastadora: el sector agropecuario creció apenas 2,52% en promedio entre 1990 y 1994 y llegó a −2,0% en 1992, mientras el PIB se recostaba en el consumo suntuario, la construcción y el sector financiero. Entre 1990 y 1994 entraron en receso o fueron liquidados cerca de 514 sindicatos con unos 95.229 afiliados. La tasa de sindicalización se hundió hasta rondar el 6% de la población económicamente activa.

La segunda vía fue la violencia. Desde comienzos de los ochenta, el Magdalena Medio era terreno del proyecto narco-paramilitar que integró a grandes empresarios, ganaderos y hacendados agrupados en la ACDEGAM, junto con las Autodefensas de Puerto Boyacá, el MAS y otras estructuras como Los Tiznados, con auspicio y participación de la fuerza pública. Las Autodefensas de Puerto Boyacá se reorganizarían después como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio bajo el mando de Ramón Isaza. En Santander, otro modelo paramilitar echó raíces desde 1981 en Santa Helena del Opón —creado por el inspector de policía Isidro Carreño Lizarazo— y a partir de 1988 se expandió a El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y Bajo Simacota bajo el mando de Isidro Carreño Estévez. En los años noventa se consolidó a partir de ahí el Bloque Central Bolívar, que disputaría con las guerrillas el sur del Cesar y las tierras palmeras de Puerto Wilches.

A ese doble telón —reforma legal y coerción territorial— le faltaba la pieza jurídica que permitiera fundir ambas capas: la figura cooperativa.

El armazón jurídico: cooperativas, Convivir y la delgada línea de la legalidad

La Cooperativa de Trabajo Asociado no era, en sí misma, una invención de los años noventa. La Ley 79 de 1988 había regulado el sector cooperativo y la Ley 50 de 1990 le añadió el marco de flexibilización. Lo nuevo fue el uso empresarial masivo de la figura para desmontar la relación laboral directa. En la CTA, el trabajador se afiliaba como "asociado" y aportaba trabajo y —crucialmente— su liquidación de cesantías como capital social. Perdía así la condición de asalariado: sin empleador formal, sin patrón contra el que negociar colectivamente, sin sindicato con contraparte reconocible. La CTA se contrataba con la empresa palmicultora como proveedora de servicios; los antiguos obreros de plantación pasaban a ser socios de una entidad que, formalmente, se autoempleaba a sí misma en las mismas fincas de siempre.

El diseño trasladaba al trabajador cargas que antes asumía la empresa: aportes a seguridad social, provisiones, riesgos laborales. Encajaba con precisión en la definición internacional de trabajo precario —ausencia de protección social, salario bajo, contratos de corta duración, relaciones triangulares o encubiertas, posibilidad limitada o nula de afiliación sindical—, y respondía a la lógica de una industria que necesita procesar fruta fresca en doce horas pero prefiere no responder por quienes la cortan.

Al armazón cooperativo se le sumó, entre 1994 y 1997, un segundo componente institucional: las Convivir. El Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, expedido durante el gobierno de César Gaviria como Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, estableció el marco normativo para las cooperativas de vigilancia. La Resolución 368 del 27 de abril de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya bajo el gobierno de Ernesto Samper Pizano, unificó bajo el nombre "Convivir" los servicios especiales y comunitarios de vigilancia. Una sentencia posterior de la Sala de Justicia y Paz reconocería que esa normativa dio marco legal a la defensa armada de campesinos, permitiéndoles portar armas de uso privativo de las fuerzas armadas; en la práctica, algunas Convivir accedieron a armamento más allá del de defensa personal. Álvaro Uribe Vélez, como gobernador de Antioquia desde 1995, defendió la figura y autorizó la creación de 67 cooperativas en su departamento.

La supervisión estatal fue deliberadamente mínima, y las cifras dibujan el tamaño de la omisión: de las más de 400 Convivir que llegaron a existir en el país, apenas se registraron 15 visitas de verificación, ninguna solicitud de armas fue rechazada y solo al 9% de sus integrantes se les revisaron antecedentes penales. No hubo sanciones. Cuando la Corte Constitucional restringió la figura en 1997, ninguna de las que llevaban más de dos años de funcionamiento estaba al día con sus permisos. En Urabá, las Convivir fueron uno de los cuatro factores organizacionales del despegue paramilitar, junto con los Comandos Populares, las escuelas de formación y —el dato importa aquí— la "domesticación violenta de la actividad sindical". En el Magdalena Medio palmero, la cobertura legal cumplió una función equivalente: proveer el paraguas institucional bajo el cual los grupos armados podían operar sobre fincas, cascos urbanos y organizaciones obreras.

Entre 1988 y 1995 quedaron dispuestas, así, dos figuras jurídicas paralelas: una cooperativa de trabajo que permitía transformar al obrero en socio, y una cooperativa de vigilancia que permitía transformar al paramilitar en agente autorizado. Ambas sostendrían el ciclo 1995–2005.

La reconstrucción del ciclo: San Alberto, Puerto Wilches, Barrancabermeja

Antes de que la CTA se generalizara, el sindicato palmero fue golpeado por la violencia directa. El 6 de marzo de 1990, los trabajadores de Indupalma pararon en protesta por el asesinato de los sindicalistas Álvaro Mora y Pablo Emilio Cárdenas. Diez días después, trabajadores de Palmas de la Costa e Indupalma cesaron actividades en respuesta al asesinato de José Augusto Maldonado y Gonzalo Blanco, también miembros de SINTRAINDUPALMA. El 18 de julio de 1990, un paro coordinado detuvo Palmas Oleaginosas Bucarelia, Indupalma, Oleaginosas Las Brisas y Palmas Monterrey, en medio de una serie de protestas por asesinatos de sindicalistas en la región palmera. Para entonces, el patrón era claro: en el sur del Cesar —San Martín, San Alberto, Aguachica— los paramilitares se tomaron los cascos urbanos e iniciaron una arremetida dirigida contra dirigentes sindicales de la zona palmera. Las reclamaciones laborales cedieron ante las exigencias de respeto a la vida. Los pliegos dejaron de hablar de salarios y de horas extras; empezaron a hablar de sobrevivir.

Ese desplazamiento del pliego —de las condiciones laborales al derecho a existir— fue la primera condición del mecanismo. Un sindicato que negocia sobre su propia supervivencia física no negocia sobre modelos de contratación. Cuando las empresas plantearon la reconversión hacia CTA, encontraron un interlocutor debilitado, atemorizado y sin capacidad para leer la propuesta como lo que era: la conversión definitiva del asalariado en socio de su propia precarización.

Los casos documentados de asesinato de dirigentes muestran cómo operaba el efecto disciplinante. La desaparición y posterior asesinato de Manuel Ávila —cuyo cuerpo presentaba señales de tortura, quemaduras con ácido, golpes y mutilaciones, y habría sido arrastrado por una camioneta en la vía Puerto Wilches–Sabana de Torres— tuvo el efecto explícito de atemorizar a la directiva sindical, obligar al sindicato a abandonar su acción política y dispersar a la base de trabajadores. No fue un asesinato aislado ni un exceso local: fue una operación con función pedagógica sobre el resto del cuerpo sindical.

La escala nacional daba la medida. En el año 2000, de los 140 sindicalistas víctimas de asesinato o desaparición forzada registrados en el mundo, Colombia concentraba 76 casos —aproximadamente el 54%—, a los que se sumaban 676 amenazas, 13 intentos de asesinato, 22 secuestros y 28 exilios forzosos. El sindicalista colombiano era, por márgenes amplios, el trabajador más asesinado del planeta.

En ese terreno pudo desplegarse con relativa fluidez la reingeniería contractual. Los antiguos obreros directos de Indupalma —que hasta 1977 habían protagonizado una huelga capaz de detener la empresa y forzar la intervención del M-19— aceptaron, dos décadas después, ingresar como "asociados" a cooperativas que los devolvían a las mismas plantaciones bajo condiciones sustancialmente inferiores. La empresa, bajo la dirección de Rubén Darío Lizarralde, se reorganizó como modelo de contratación externalizada y celebró el resultado como un caso de innovación social. La verdad estructural era otra: el vínculo laboral directo había desaparecido, y con él la figura del empleador contra el que podía dirigirse un pliego.

En Puerto Wilches, la mecánica fue similar. Las palmicultoras del corredor entre el río Magdalena y Sabana de Torres —Bucarelia, Las Brisas, Monterrey, Palmas de la Costa— aplicaron el mismo diseño en un contexto de disputa territorial entre el Bloque Central Bolívar, comandado por figuras como Iván Roberto Duque (Ernesto Báez) y con Roberto Prada Gamarra operando en el sur del Cesar, y las guerrillas del ELN y las FARC. Los paramilitares tomaron control de Barrancabermeja hacia finales del año 2000, tras un intenso plan de asesinatos selectivos, y consolidaron su dominio en 2001; las masacres de 1998 y 1999 habían golpeado duramente a las organizaciones sociales de la ciudad, reduciendo su capacidad de oposición. Cuando el Bloque Central Bolívar dominó Barrancabermeja, quedó dominada también la retaguardia urbana del sindicalismo palmero regional: las oficinas, las asambleas, las bases de solidaridad y los canales de denuncia.

Hacia 2005, cuando arrancó el proceso de desmovilización de las AUC, el paisaje laboral del Magdalena Medio palmero era irreconocible frente al de 1990. Donde había existido un sindicato de industria capaz de convocar paros coordinados en cuatro empresas, había ahora un mosaico de cooperativas de asociados sin contraparte patronal clara. Donde antes se negociaba una convención colectiva, se firmaban contratos de prestación de servicios entre personas jurídicas. La CTA había reemplazado al empleador por una ficción y al sindicato por su ausencia.

Por qué funcionó: economía, ley y coerción

Tres capas se reforzaron mutuamente y produjeron un resultado que ninguna por separado habría bastado a garantizar.

La primera capa fue el marco macroeconómico. La Ley 50 de 1990 flexibilizó la contratación; la Ley 100 de 1993 privatizó pensiones y salud. Ambas, hijas del gobierno Gaviria, giraron a la vez el derecho laboral y la seguridad social. El sector agropecuario, castigado por la apertura, entró en contracción y las empresas buscaron reducir costos laborales por cualquier vía disponible. La caída de la sindicalización nacional a niveles cercanos al 6% de la población económicamente activa no fue un efecto local: fue el marco continental sobre el que se recortó el caso palmero.

La segunda capa fue la lógica productiva del cultivo. El requerimiento de escala mínima —3.000 hectáreas para rentabilidad—, la necesidad de procesar el fruto en doce horas y el modelo de alianzas entre grandes compañías y pequeños cultivadores, que traslada a estos últimos los costos de los primeros tres años sin ingresos, dibujaban un negocio que empujaba de manera natural hacia la externalización de riesgos. En casos documentados como el de La Floresta en San Pablo, las empresas extractoras pignoraron la fruta —es decir, la ofrecieron como garantía ante los bancos— y fijaron el precio de compra, trasladando parte del riesgo económico al productor. La CTA fue, en el eslabón laboral, la aplicación exacta de esa misma lógica: sacar el riesgo del centro empresarial y colocarlo en la periferia.

La tercera capa —la que resolvió lo que economía y ley no podían resolver por sí solas— fue la coerción paramilitar. Un sindicato palmero fuerte —el que había forzado la huelga de 1977 y el que había parado cuatro empresas en 1990— habría convertido cada reconversión hacia CTA en un pliego, un tribunal de arbitramento, una intervención del Ministerio de Trabajo. La toma de los cascos urbanos de San Martín, San Alberto y Aguachica, la arremetida sistemática contra dirigentes, el efecto documentado del caso Manuel Ávila sobre la directiva y la base de SINTRAINDUPALMA y la consolidación del Bloque Central Bolívar en Barrancabermeja hicieron irreversible una transformación que, por vía puramente económico-legal, habría enfrentado resistencia organizada. La violencia sistemática, al desplazar las demandas hacia el respeto a la vida, canceló ese frente.

Las Convivir cerraron el círculo. La cobertura legal que ofrecieron —con supervisión mínima, sin sanciones y sin rechazos de solicitudes de armas— proveyó el puente institucional entre la seguridad privada legal y las estructuras paramilitares. En Urabá esa articulación fue explícita; en el Magdalena Medio operó con lógica similar, produciendo condiciones propicias para que actores armados vinculados al Bloque Central Bolívar y a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio funcionaran bajo una capa de aparente formalidad.

Leída así, la CTA no fue una captura del Estado por actores privados sino un proyecto de ingeniería institucional donde cada actor aportó su parte: el Estado —vía Ley 50, Decreto 356, Resolución 368 y omisiones sistemáticas de supervisión— proveyó los marcos jurídicos; las empresas palmicultoras aportaron la lógica de negocio y el diseño operativo; y las estructuras paramilitares suministraron la coerción territorial que hizo del rediseño un resultado prácticamente inevitable para los trabajadores.

Consecuencias inmediatas: la CTA como forma consumada del trabajo precario

El efecto directo sobre los trabajadores fue la conversión en cooperados de sí mismos. Al aportar sus cesantías como capital social, los antiguos obreros directos transfirieron a la lógica empresarial una suma que, bajo el régimen anterior, era un derecho individual acumulado. Perdieron la protección social propia del vínculo asalariado, quedaron atados a relaciones triangulares donde el empleador jurídico dejaba de existir y accedieron, apenas, a salarios bajos y a la posibilidad limitada o nula de afiliación sindical.

El sindicalismo palmero, como interlocutor, quedó estructuralmente descabezado. La violencia no solo eliminó físicamente a dirigentes; produjo tres efectos acumulativos: aceleró el recambio de directivas hacia liderazgos sin experiencia, generó daños psicológicos graves en los dirigentes supervivientes y debilitó la capacidad organizativa de base. Sin cuadros formados, sin memoria negociadora acumulada y sin base movilizable, el sindicato que sobrevivió lo hizo como cascarón. A principios de 1998, el Ministerio de Trabajo sancionó a 50 empresas por omitir la afiliación y los aportes al Instituto de Seguros Sociales y por remunerar a trabajadores con sumas inferiores al salario mínimo; el dato mide el tamaño de la irregularidad tolerada en el mercado laboral colombiano de la época.

Los sindicalistas fueron, además, sistemáticamente estigmatizados: grupos económicos y empresariales, sectores del Estado y actores armados los consideraban un obstáculo para el desarrollo, y esa etiqueta —difundida en discursos públicos y en pactos privados— se convirtió en justificación implícita de la persecución.

La reconversión productiva del Magdalena Medio quedó anclada sobre esa base. Las palmicultoras operaron con costos laborales sustancialmente inferiores, sin la carga de las convenciones colectivas heredadas de los años setenta, y pudieron sostener la expansión del cultivo hacia el modelo de alianzas con pequeños cultivadores que hoy define la geografía de la palma colombiana.

El patrón regional: Urabá, Bajo Atrato, Magdalena, sur del Cesar

El caso del Magdalena Medio no fue único; fue el más nítidamente documentado de un patrón que se repitió en las zonas palmeras del país con variaciones significativas. En Urabá, la violencia paramilitar destruyó primero el sindicalismo bananero —la Unión Patriótica y el EPL sucumbieron al terror, los disidentes del EPL fueron aniquilados en combate y las FARC se retiraron— y dejó a SINTRAINAGRO aceptando contratos sin concesiones frente a Augura. La represión sindical en el sector bananero, ya desde 1979, había combinado militarización directa de plantaciones, imposición de pactos colectivos por parte de los empleadores y asesinato de dirigentes.

En el Bajo Atrato, el énfasis se desplazó del control del trabajo al control de la tierra. Vicente Castaño Gil declaró haber conseguido personalmente empresarios para invertir en cultivos de palma en Urabá, con la idea explícita de llevar a los ricos a distintas zonas del país para atraer también la presencia del Estado. La empresa de referencia fue Urapalma, que articuló a otras firmas y familias empresariales del conglomerado palmero, y su avance descansó en una mecánica muy específica de despojo. Para acceder a los Incentivos de Capitalización Rural otorgados por Finagro a través del Banco Agrario, el conglomerado constituyó asociaciones de pequeños palmicultores que también sirvieron para dar posesión efectiva sobre tierras usurpadas. Las licencias ambientales las obtuvo cooptando las corporaciones autónomas Codechocó y Corpourabá; los títulos de propiedad, falsificándolos en notarías. El proyecto proyectaba expandir el cultivo a entre 70.000 y 100.000 hectáreas en el marco de un modelo empresarial a negociar en acuerdos de posconflicto.

En el departamento del Magdalena, la expansión del Bloque Norte coincidió geográfica y temporalmente con los cultivos de palma en Ciénaga, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera. El Bloque Norte identificó tres focos de colaboración —forzada y voluntaria— con la palma de aceite: norte del Cesar en El Copey, norte del Magdalena, y Atlántico como nodo financiero articulador. La integración industrial atravesaba fronteras departamentales: Cl. El Roble S.A., domiciliada en Santa Marta y creada en 1997, tenía integrantes directivos que se solapaban con los de Urapalma, Extractora Bajirá y Palmura.

La comparación revela un continuo. En Urabá bananero, el modelo fue la destrucción del sindicalismo y la imposición de pactos colectivos empresariales. En el Bajo Atrato palmero, el énfasis estuvo en el despojo territorial y la construcción del cultivo sobre tierras usurpadas. En el Magdalena Medio, el eje fue la reconversión contractual mediante CTA sobre un sindicalismo debilitado por la violencia. Tres formas distintas de una misma convergencia entre proyecto empresarial palmero y estructuras armadas, con el Estado proveyendo los marcos jurídicos.

Consecuencias de largo plazo

Hacia 2005, el ciclo había producido tres transformaciones duraderas. El trabajo palmero de campo —corte de racimo, cosecha, mantenimiento— quedó estabilizado bajo formas cooperativas y de subcontratación. La expansión posterior del cultivo bajo la política de biocombustibles impulsada por el Conpes 3510 de 2008, que llevó a que más del 40% de la producción se destinara a biocombustibles, se hizo sobre esa base contractual: no hubo, en la nueva ola expansiva, retorno al vínculo laboral directo de los años setenta.

En paralelo, la derrota del sindicalismo agroindustrial se consumó. SINTRAINDUPALMA, que en 1977 había sido capaz de forzar la negociación de un pliego completo con intervención del M-19, quedó reducido a una sombra de sí mismo. El fenómeno no fue exclusivo de la palma: el desarrollo histórico de las organizaciones sindicales agrarias en Colombia —cafetaleras desde la segunda década del siglo XX, luego bananeras, cañeras y palmeras— sufrió en el ciclo 1990–2005 una regresión que en algunos sectores fue irreversible. El sindicalismo agrario colombiano llegó a la segunda década del siglo XXI convertido en un actor marginal frente a lo que había sido tres décadas antes.

El tercer sedimento fue territorial. El sur del Cesar y el corredor de Puerto Wilches se consolidaron como plataformas exportadoras de aceite, con extractoras conectadas a plantas de refinación y a la incipiente industria de biocombustibles, en un tejido económico que integró palma, seguridad privada legal y estructuras paramilitares. La violencia dejó como sedimento un mapa productivo: fincas grandes, cooperativas de trabajo, alianzas con pequeños cultivadores endeudados y comunidades rurales sin capacidad organizativa para renegociar los términos del arreglo.

La reforma cooperativa posterior —cristalizada en la Ley 1233 de 2008, que buscó regular las CTA y exigir que garantizaran a los trabajadores derechos comparables a los del régimen laboral— llegó cuando la reconversión ya estaba consumada. Las sentencias posteriores de la Corte Constitucional y las decisiones administrativas que limitaron el uso de CTA para el suministro de trabajadores en actividades misionales permanentes moderaron la figura sin revertir el paisaje: los sindicatos destruidos entre 1990 y 2005 no reaparecieron con la reforma legal.

Coda

En San Alberto y en Puerto Wilches, el paisaje agrícola sigue siendo el mismo desde el aire: filas ordenadas de palma, extractoras conectadas por carreteras, camiones de fruta cruzando la vía a Sabana de Torres. Debajo de ese paisaje, un cambio silencioso de figura jurídica —de asalariado a cooperado— y una violencia dirigida transformaron entre 1995 y 2005 la relación entre trabajo y capital en la agroindustria más pujante del piedemonte oriental. Entre la huelga de 1977 y el terror que le siguió se juega ese cambio. Los muertos tienen nombre; los expedientes de SINTRAINDUPALMA los guardan.