Auto 092 de 2008: reconocimiento judicial del impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres

Auto 092 de 2008

El 14 de abril de 2008, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, expidió el Auto 092 en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. La decisión constató que el desplazamiento forzado interno afectaba de manera desproporcionada a las mujeres colombianas, ordenó al Gobierno crear trece programas específicos para atenderlas y remitió a la Fiscalía General de la Nación un anexo reservado con 183 casos de violencia sexual atribuidos al conflicto armado. Fue la primera vez que un tribunal colombiano tradujo el desarraigo forzado en una gramática de género, elevando a categoría jurídica lo que hasta entonces habían documentado organizaciones de mujeres, académicas feministas y agencias humanitarias. El auto no cerró la brecha entre la orden judicial y la respuesta estatal: los avances en los 183 casos remitidos a la Fiscalía seguirían siendo objeto de requerimientos años después. Instaló, eso sí, un andamiaje conceptual y probatorio que heredarían la Ley 1448 de 2011 y, más tarde, la Jurisdicción Especial para la Paz. Su fuerza no fue administrativa sino jurisprudencial: fijó un enfoque diferencial de género en el derecho colombiano del desplazamiento.

El mundo del que brota la decisión

Cuatro años antes, el 22 de enero de 2004, la misma Corte había proferido la Sentencia T-025, también con ponencia de Cepeda Espinosa. Aquella sentencia declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado: una figura de creación jurisprudencial que reconocía la existencia de una vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales, no atribuible a la negligencia de una sola entidad ni resoluble mediante acciones aisladas, sino producto de fallas estructurales que exigían la intervención coordinada del conjunto del Estado. La T-025 recordó, en un giro conceptual decisivo, que la condición de desplazado interno no depende de aspectos formales ni de reconocimientos administrativos, sino de una realidad objetiva: el retiro forzado del lugar natural y la ubicación no deseada en otro.

La declaratoria abrió un proceso de seguimiento inédito. La Corte no se limitó a dictar la sentencia y archivar el expediente: retuvo la competencia, ordenó informes periódicos y comenzó a expedir autos de seguimiento cada vez más específicos. De los lineamientos generales sobre política pública pasó a diagnósticos focalizados y a órdenes concretas para grupos particularmente vulnerables. Entre 2008 y 2009, el recorrido produjo una serie articulada de decisiones: el Auto 092 sobre mujeres; el Auto 251 del 6 de octubre de 2008 sobre niños, niñas y adolescentes desplazados; el Auto 004 del 26 de enero de 2009 sobre pueblos indígenas —que abarcó 34 pueblos y ordenó planes específicos de salvaguarda—; el Auto 005 sobre comunidades afrocolombianas; el Auto 006 del mismo mes sobre personas con discapacidad; y el Auto 008 del 26 de enero de 2009, que hizo balance general y constató la persistencia del Estado de Cosas Inconstitucional, especialmente en política de tierras y reparación.

El Auto 092 pertenece a esa progresión: el momento en el que la Corte, tras cuatro años de seguimiento, reconoce que el enfoque agregado del desplazamiento —hablar de "los desplazados" como categoría única— oculta impactos diferenciales que la política pública nunca abordó. Detrás de la constatación había una acumulación empírica y política considerable. Desde principios del siglo XXI, las cifras habían empezado a inclinar el desplazamiento hacia el lado femenino: a partir de 2001, el número de mujeres desplazadas superó al de los hombres en distintas regiones del país. En Carmen de Bolívar, en los Montes de María, entre 2001 y 2002 se documentó el desplazamiento de 2.595 mujeres jefas de hogar o esposas frente a 2.165 hombres en categorías equivalentes. Lo que allí se observaba en escala municipal se confirmaba en la escala nacional: 4.025.910 mujeres afectadas por desplazamiento forzado, el 50,1% del total.

Detrás de las cifras había un patrón estructural. Las mujeres se desplazaban en mayor número porque los hombres de sus familias habían sido asesinados, reclutados o desaparecidos. La jefatura femenina del hogar en el desarraigo no era una elección sino un vacío impuesto por la violencia. Y una vez desplazadas, las mujeres —muchas campesinas, indígenas o afrocolombianas dedicadas antes a actividades domésticas y agrícolas secundarias— quedaban a cargo de sostener económicamente hogares enteros en las ciudades, en condiciones de precariedad urbana, sin redes de cuidado y con la carga añadida de la estigmatización social. Aceptaban empleos en el servicio doméstico mientras los hombres, cuando los había, encontraban mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral urbano.

Al impacto material se sumaba un patrón menos visible en las estadísticas oficiales pero central en la memoria de las víctimas: la violencia sexual, ejercida tanto como causa del desplazamiento como consecuencia de él. En años posteriores se documentaría el testimonio de 562 mujeres que afirmaron haber sido desplazadas tras ser víctimas de violencia sexual, de las cuales 129 eran niñas o adolescentes en el momento de los hechos. Esa violencia había sido ejercida por todos los actores armados —guerrillas, paramilitares, fuerza pública y otros agentes estatales— con distintas frecuencias y modalidades, pero como parte de sus repertorios habituales.

La reconstrucción del auto

El Auto 092 no fue una decisión aislada sino la síntesis de un diagnóstico acumulado. Su punto de partida conceptual fue el reconocimiento de que las mujeres desplazadas enfrentaban riesgos específicos derivados de su condición de género en el marco del conflicto armado. La Corte identificó diez factores de vulnerabilidad diferencial que operaban sobre ellas antes, durante y después del desplazamiento. Entre ellos, el auto señaló el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto, y el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles impuestos por los actores armados. Los diez riesgos configuraban, en el razonamiento de la Corte, no una suma de vulnerabilidades individuales sino una estructura de sometimiento con lógica propia.

Sobre esa base diagnóstica, el auto ordenó al Gobierno la creación de trece programas específicos para suplir los vacíos de la política pública frente a mujeres, jóvenes y niñas desplazadas. Seis de esos trece programas estaban directamente relacionados con la condición de las mujeres desplazadas como víctimas de delitos derivados de violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos humanos, y buscaban hacer efectivos los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Entre las órdenes concretas figuraban un programa de facilitación del acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres desplazadas y protección de sus derechos, y un programa de prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas.

El razonamiento que sostenía las órdenes tenía una fuerza propia. La Corte identificó, entre las razones de la grave vulneración de derechos de las mujeres desplazadas, el "desconocimiento frontal" de sus derechos como víctimas del conflicto a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Y precisó que ese desconocimiento no se refería únicamente a los crímenes de violencia sexual, sino a todos los actos criminales que precedieron y causaron el desplazamiento forzado, así como a los delitos cometidos después del desarraigo. El auto se rehusó a compartimentar la violencia sexual como un capítulo aparte del desplazamiento, y la ubicó como una dimensión transversal de la victimización de las mujeres a lo largo de toda la trayectoria del desarraigo.

La pieza más singular del auto fue, sin embargo, el anexo reservado con 183 casos de violencia sexual, remitidos formalmente a la Fiscalía General de la Nación para su investigación. Los casos, cuya identidad quedaba protegida por la reserva, materializaban una decisión doble: confirmaban que la Corte no razonaba en abstracto sino sobre un universo empírico documentado, y forzaban a la Fiscalía a iniciar un proceso de judicialización con lista en mano, cerrando la puerta a la excusa de la ausencia de denuncias formales. En un país donde menos del 20% de las mujeres en zonas con presencia armada denunciaban la violencia sexual, la lista de 183 casos operaba como un acto de traducción: convertía en expediente lo que hasta entonces había circulado como testimonio silenciado.

Las causas del giro jurisprudencial

La expedición del Auto 092 obedeció a la convergencia de tres fuerzas: una lógica interna del propio seguimiento judicial, una realidad estadística abrumadora y una presión política sostenida por parte del movimiento de mujeres.

La lógica interna es la más visible. Desde 2004, el seguimiento a la T-025 había ido profundizando su especificidad, estrechando el foco desde la política pública general hasta grupos poblacionales concretos. La trayectoria era casi ineludible: asumido que el desplazamiento afectaba desproporcionadamente a determinados grupos, el enfoque diferencial se imponía como consecuencia jurídica. Las mujeres constituían más de la mitad de la población desplazada; era estructuralmente inevitable que la Corte llegara a ellas.

La lógica institucional, sin embargo, no explica por sí sola el contenido específico ni el rigor del Auto 092. Ahí opera la segunda fuerza: la realidad estadística y territorial, documentada con precisión en mapas concretos del país. En la macrorregión de Urabá, entre 1994 y 2006, se reportaron 645 casos de delitos contra la integridad sexual atribuidos a actores armados; de las víctimas, 555 —aproximadamente el 86%— eran mujeres. En el Cauca, entre 2002 y 2009, se registraron 1.434 casos de violencia sexual física contra mujeres, con una media mensual entre 18 y 23. En el Chocó, la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto se había convertido en práctica habitual, extendida, sistemática y casi naturalizada; Los Rastrojos y Los Urabeños figuraban como principales responsables en los municipios del Baudó, donde la usaban como retaliación por vínculos sentimentales con miembros del grupo armado contrario.

A los patrones regionales se sumaban episodios de gravedad singular. El 18 de abril de 2004, en Bahía Portete, La Guajira, los paramilitares emplearon violación, tortura sexual y asesinato contra mujeres, niños, jóvenes y ancianos Wayuu con tres fines instrumentales: aterrorizar a la población, castigar públicamente a las lideresas indígenas y provocar el desplazamiento forzado. En Astrea, Cesar, se documentaron casos de mujeres raptadas, violadas y asesinadas por actores armados uniformados, prácticas destinadas a generar terror comunitario. En Medellín, el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas cometieron violencia sexual contra mujeres como castigo por no ceder a las pretensiones sexuales de comandantes o por considerarlas colaboradoras del enemigo, y en ocasiones lo hicieron con tolerancia o colaboración de miembros de la Policía Nacional. En Urabá, el dominio paramilitar había fraguado mecanismos de control sobre los cuerpos de las mujeres —incluyendo castigos por adulterio con ejecución pública— como forma de imponer un orden social nuevo en los territorios.

La acumulación de evidencia hacía inviable seguir tratando la violencia sexual como un daño colateral. El cuerpo de las mujeres había sido convertido en botín de guerra y en escenario de control, castigo y batalla, ejercido por distintos actores con el propósito de destruir, poseer y transformar el cuerpo como forma de dominación territorial. La violencia sexual afectaba principalmente a mujeres y a personas con identidades y expresiones de género diversas, y había sido uno de los repertorios más invisibilizados del conflicto.

La tercera fuerza operó en otro registro. Entre 1991 y 2004, las organizaciones feministas y de mujeres tomaron mayor fuerza en Colombia e incorporaron entre sus propósitos acciones contra distintos tipos de violencia de género relacionados con el conflicto armado. La Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas se definía como un movimiento pacifista, antimilitarista y contrario a la guerra, que enfocaba sus acciones en fortalecer la resistencia de las mujeres y en propuestas feministas no violentas orientadas a una solución negociada del conflicto, la desmilitarización y la recuperación de la vida civil. El movimiento abogó de forma sostenida por la introducción de una perspectiva de género en las políticas públicas de atención al desplazamiento, articulando razones jurídicas y políticas sobre la desproporción del impacto del desarraigo en la vida de las mujeres. Ese trabajo se pagó con el cuerpo: al menos una activista de la Ruta Pacífica, psicóloga que acompañaba a víctimas de violencia sexual orientándolas sobre rutas y protocolos para acceder a la justicia ante la Fiscalía, debió salir al exilio en un contexto de amenazas contra defensoras de derechos humanos. Mientras la Corte razonaba en Bogotá sobre categorías jurídicas, quienes las traducían en acompañamiento concreto a las víctimas trabajaban bajo riesgo directo, y en ocasiones desde el extranjero. La distancia entre ambas escenas —el estrado y la casa segura— es parte del auto tanto como sus considerandos.

Las consecuencias inmediatas y de largo plazo

El impacto del Auto 092 se despliega en varios planos.

En el plano jurisprudencial, el auto instaló el enfoque diferencial de género como categoría estructurante del derecho colombiano del desplazamiento. A partir de 2008, la Corte ya no podía razonar sobre "los desplazados" como bloque homogéneo: había admitido oficialmente que el desarraigo operaba con lógicas de género que exigían respuestas específicas. La admisión se articuló con los autos hermanos sobre indígenas, afrocolombianos, menores de edad y personas con discapacidad, produciendo un mosaico diferencial que quedó incorporado al lenguaje constitucional. El Auto 219 del 13 de octubre de 2011, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, y el Auto 099 de 2013 sobre el componente de ayuda humanitaria, continuaron el seguimiento sobre esa base.

En el plano probatorio, el anexo reservado con los 183 casos obligó a la Fiscalía General de la Nación a construir una respuesta institucional específica. El 28 de mayo de 2012, la Fiscalía remitió a la Corte Constitucional un oficio con los avances reportados sobre los casos, y adoptó la Directiva 001 de 2012 en el marco del seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional. Los avances sustantivos quedaron sujetos a tensiones estructurales del sistema. Las víctimas desconfiaban de las instituciones por temor a que la información llegara a manos de actores armados. El miedo a las represalias y a ser delatadas operaba como barrera persistente para la denuncia. La vergüenza, la culpa y el miedo al señalamiento comunitario instalaban la responsabilidad de los hechos en las propias víctimas. Algunas instituciones estatales seguían tratando la violencia sexual como asunto de derecho familiar y privado. Y las violencias sexuales contra mujeres negras y afrocolombianas tendían a quedar ocultas en las estadísticas institucionales por la ausencia de la variable étnico-diferencial en los registros: un balance de Medicina Legal reportaba 20.149 exámenes de delito sexual practicados a niñas menores de 18 años sin desagregación étnico-racial.

En el plano legislativo, el Auto 092 preparó el terreno para dos normas centrales. La Ley 1257 de 2008, sobre no violencia contra las mujeres, se expidió el mismo año. La Ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, amplió el reconocimiento del derecho a la reparación a las víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves de derechos humanos ocurridas desde el 1 de enero de 1985 en el marco del conflicto armado interno, incluyendo a los desplazados. La Ley 1448 recogió el enfoque diferencial que el auto había instalado tres años antes, y lo articuló con la definición de reparación —restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición— que la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz había introducido en el derecho colombiano.

En el plano de la justicia transicional, el Auto 092 opera como antecedente directo de la judicialización de la violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz. La solicitud de apertura de un caso nacional sobre violencia sexual y de género cometida en el conflicto armado, dirigida a la JEP con el objetivo de garantizar sanciones a los perpetradores, mecanismos de verdad y justicia, y reparaciones a las víctimas, se apoyó en el acervo que el auto había producido casi una década antes. La recomendación a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de convertir en política de obligatorio cumplimiento la realización de audiencias cerradas y temáticas con presencia exclusiva de mujeres para tratar crímenes de violencia sexual, así como la incorporación de una perspectiva sensible al género en los funcionarios, prolonga la misma continuidad.

En el plano internacional, el auto se articuló con marcos normativos globales. El artículo 7 del Estatuto de Roma tipifica como crímenes de lesa humanidad los actos de violencia sexual y de género —violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otros abusos de gravedad comparable— cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. El Auto 092 permitió que ese lenguaje internacional se acomodara con precisión al derecho interno colombiano, y ofreció una plataforma para que categorías como acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y acto sexual violento —presentes en los registros judiciales de la Fiscalía, incluidos casos atribuidos a miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional— pudieran leerse como piezas de un mismo cuadro sistemático.

Los límites del auto, sin embargo, quedaron rápidamente a la vista. Casi cinco años después del Auto 004 de 2009, la situación de violencia contra las comunidades indígenas continuaba, señal de avances insuficientes en la implementación de los planes de salvaguarda. El patrón se repitió con el Auto 092: los trece programas ordenados chocaron con las lógicas administrativas del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que presentó en abril de 2012 un informe de avance en el cumplimiento de los autos de enfoque diferencial. Los 183 casos remitidos a la Fiscalía siguieron siendo objeto de requerimientos judiciales años después. El auto había cambiado el derecho antes que la realidad: fue, a la vez, su alcance y su límite.

Por qué sigue importando

El Auto 092 de 2008 marca el momento en el que el Estado colombiano —a través de su tribunal constitucional— admite oficialmente que la guerra no fue igual para las mujeres. La admisión, hecha en el lenguaje sobrio de un auto de seguimiento a otra sentencia, tiene un peso que rebasa su propio articulado.

Antes del 14 de abril de 2008, la violencia contra las mujeres en el conflicto armado colombiano existía como testimonio, como denuncia, como investigación académica, como memoria oral, como archivo de organizaciones no gubernamentales. Después existió también como categoría jurisprudencial autónoma, con consecuencias jurídicas propias: una lista de 183 casos, trece programas gubernamentales, diez factores de vulnerabilidad diferencial, seis programas específicos sobre verdad, justicia y reparación. El testimonio, que durante décadas había circulado por los márgenes del expediente, entró por la puerta principal del derecho.

Hay, además, una dimensión que las secciones anteriores solo han rozado: la del tiempo procesal. El Auto 092 introdujo en el derecho colombiano una temporalidad distinta de la del pleito ordinario. La T-025 y sus autos de seguimiento operan como un proceso abierto, sin fecha de clausura, en el que el juez constitucional vigila durante años el comportamiento de la administración. Aplicado al enfoque de género, el diseño significó que el reconocimiento de las mujeres desplazadas como sujetos jurídicos diferenciados dejó de depender de la voluntad política del gobierno de turno. Cada nuevo auto, cada requerimiento a la Fiscalía, cada informe periódico reactivó la exigencia. El enfoque quedó cosido a la estructura del expediente, no al humor del ejecutivo.

El auto no resolvió la realidad que puso al descubierto. Le dio nombre jurídico, expediente y ruta procesal. En un país donde la violencia contra las mujeres había circulado durante décadas sin traducción institucional, convertir el desarraigo con enfoque de género en materia de sentencia constitucional fue, por sí mismo, un acontecimiento de la historia colombiana reciente.