El exterminio del sindicalismo colombiano (1986-2010)

¿Fue el exterminio del sindicalismo colombiano (1986-2010) daño colateral de la guerra o pieza funcional del modelo aperturista?

Entre 1986 y 2010, Colombia fue el país más letal del mundo para el trabajo organizado. Más de 2.500 sindicalistas asesinados en las dos décadas del pico paramilitar, y en el año 2000 el país concentró por sí solo el 54% de los homicidios y desapariciones forzadas de sindicalistas registrados en el planeta: 76 casos de 140. En los primeros diez meses de 2002, la cifra local trepó a 146. Esa concentración anómala coincidió, en su arranque cronológico, con el desmonte del modelo proteccionista y la instalación del régimen aperturista: la Ley 50 de 1990 flexibilizó la contratación, la Ley 100 de 1993 abrió la seguridad social al capital privado, y entre 1990 y 1994 cerca de 514 sindicatos entraron en receso o fueron liquidados, con pérdida de unos 95.229 afiliados. ¿Fue esa simultaneidad coincidencia trágica, trabajo organizado atrapado en una guerra ajena, o la violencia antisindical operó como pieza funcional del nuevo régimen de acumulación, con arquitectura probada de alianzas entre patronato regional, transnacionales, fuerza pública y paramilitarismo, en continuidad con un dispositivo represivo cuya matriz fue fijada en 1928?

¿Qué se juega en la pregunta?

La respuesta no es un ejercicio académico. Determina si el Estado colombiano y las empresas beneficiadas por la reestructuración de los noventa fueron víctimas pasivas de la violencia paramilitar que degolló al sindicalismo, o si fueron, en distintos grados de dolo, tolerancia y complicidad, cocontratantes de esa violencia. La tesis del daño colateral, que fue la respuesta oficial colombiana ante la OIT y la CIDH en los años noventa, atribuyó los asesinatos a un "clima generalizado de violencia" con múltiples actores —narcotráfico, guerrilla, paramilitares, delincuencia común— y sugirió que ciertos sindicalistas mantenían vínculos con la insurgencia. Esa retórica no solo explicaba: descargaba responsabilidad. La tesis contraria sostiene que la letalidad colombiana careció de paralelo regional precisamente porque no se explicaba por la guerra —Perú y Guatemala también tuvieron conflictos armados sin cifras comparables de sindicalistas muertos—, sino por un dispositivo específico en el que la violencia paramilitar sirvió intereses económicos concretos en sectores concretos: banano, carbón, palma, servicios públicos, alimentos.

Se decide, así, la naturaleza del régimen que se instaló en Colombia con la apertura: si fue un modelo económico que operó sobre una violencia preexistente y la padeció, o si esa violencia le fue constitutiva. La distinción tiene consecuencias jurídicas sobre la responsabilidad de empresas y agentes estatales, memoriales sobre cómo se nombra a las víctimas, y políticas sobre qué reparación es debida a un movimiento social que fue reducido de una tasa de sindicalización del 16% de la población económicamente activa en 1980 a mínimos históricos en los años dos mil.

¿Cuáles son los términos del debate?

La lectura del daño colateral tiene, entre sus mejores argumentos, la constatación de que la violencia paramilitar victimizó a muchos otros colectivos: militantes de la Unión Patriótica, excombatientes desmovilizados, campesinos, defensores de derechos humanos. El período de mayor violencia antisindical, iniciado hacia 1986, coincide con el exterminio de la UP y con la persecución a quienes habían firmado acuerdos de paz. Desde esta óptica, el sindicalismo cayó en la lógica más amplia de exterminio de la izquierda legal y de la oposición social, en un ciclo que, de manera anómala, coincidió con la democratización del sistema político. La violencia habría sido, entonces, contrainsurgente en un sentido ampliado: eliminar la "base social" real o presunta de la guerrilla, dentro de la cual paramilitares y agentes estatales incluyeron sindicalistas, docentes y estudiantes.

La lectura opuesta señala que esta explicación no da cuenta de la geografía patronal de las víctimas. El Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh-ENS) registra 4.703 hechos violentos en Antioquia, cifra cercana a la suma de Valle, Santander y Cesar. Antioquia no fue el departamento más peligroso por casualidad: allí se concentraban las plantaciones bananeras de Urabá, la industria antioqueña y el sindicalismo docente de Adida, cuyos dirigentes Orlando Alberto Gutiérrez Zapata (1999), Sergio Uribe Zuluaga (2000) y Bernardo Vergara Gómez (2000) fueron asesinados en la ciudad donde, entre 1995 y 2007, murieron 96 sindicalistas. Cesar concentró la violencia en el corredor carbonífero de La Loma; Barrancabermeja y el Magdalena Medio, la violencia contra el sindicalismo petrolero. La correspondencia entre sectores estratégicos de la economía exportadora y letalidad antisindical es demasiado precisa para ser azarosa.

Entre ambas lecturas se juega la pregunta más incómoda: ¿fueron las alianzas documentadas en casos específicos —Chiquita Brands, Drummond, Ingenio San Carlos— excepciones que confirman una regla general de contrainsurgencia, o el vestigio judicial de una práctica sistémica que la impunidad impidió esclarecer en su magnitud real?

¿Qué arquitectura empresarial quedó documentada?

El caso Chiquita Brands es el más contundente. En 2007, la compañía, la antigua United Fruit Company rebautizada en 1990, confesó ante una corte federal de Washington haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004 a través de su filial Banadex. Los pagos, legales en Colombia, cayeron bajo la legislación antiterrorista estadounidense a partir de la designación de las AUC como organización terrorista en 2001. En 2002, la Junta Directiva ordenó una auditoría externa; consultados sus abogados, la empresa optó por revelar los pagos y negociar un acuerdo con el Departamento de Justicia. El argumento central de las demandas civiles presentadas por las víctimas colombianas es que Chiquita no habría pagado por extorsión sino a cambio de seguridad y de un "ambiente laboral favorable", lo que en la práctica significó la intimidación, expulsión y asesinato de líderes sindicales en Urabá. Los tribunales aún no se han pronunciado sobre la responsabilidad de la empresa frente a las víctimas.

Ese "ambiente laboral favorable" tuvo formas concretas. Carlos Castaño organizó el Bloque Bananero bajo la dirección de un empresario del sector, con el propósito explícito de coordinar la relación entre paramilitares y la agroindustria bananera. En la Zona Bananera del Magdalena y en Urabá, trabajadores sindicalizados y directivos de Sintrainagro fueron asesinados selectivamente bajo la acusación de vínculos guerrilleros, en connivencia con propietarios de fincas. Testimonios recogidos por el CNMH documentan órdenes patronales para suprimir la organización sindical bajo esa retórica.

El caso Drummond ofrece la segunda pieza. En procesos ante la Corte del Distrito Norte de Alabama y en audiencias del Congreso de Estados Unidos, la minera del carbón fue acusada de financiar operaciones paramilitares en el Cesar y de proporcionar apoyo logístico a las AUC. El excontratista Alberto Blanco Maya declaró haber pagado cerca de 900.000 dólares a las AUC entre 1997 y mediados de 2001, y señaló que el departamento de seguridad de la empresa consideraba que eliminar a los líderes sindicales beneficiaba indirectamente a la compañía. Los homicidios de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, dirigentes de Sintramienergética, aparecen en el corazón del expediente. El exparamilitar Edwin Manuel Guzmán declaró ante el Congreso estadounidense que Drummond entregó motocicletas y camiones a los paramilitares para patrullar el área de sus instalaciones. Drummond ha negado sistemáticamente cualquier vínculo; su presidente José Linares ha sostenido que la directriz de la empresa era trabajar únicamente con autoridades gubernamentales. Las acusaciones no se han traducido en condenas firmes, pero el volumen probatorio acumulado en sede judicial estadounidense es sustancial.

El tercer caso, Coca-Cola a través de sus embotelladoras en Colombia, llegó a tribunales de Florida por demanda de Sinaltrainal, que organizó tribunales internacionales contra la empresa por violaciones a derechos humanos. El asesinato del sindicalista Isidro Segundo Gil en Carepa en 1996 se convirtió en el emblema del litigio. En paralelo, Nestlé Colombia enfrentó el caso de Luciano Romero, dirigente de Sinaltrainal y exempleado de la empresa despedido en octubre de 2002, asesinado antes de poder testificar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en Berna sobre las políticas sindicales de la multinacional en Colombia.

A estos casos hay que sumar la única condena penal firme por vínculos empresa-paramilitares en el litigio antisindical colombiano: la de Ramiro Rengifo Rodríguez, exjefe de seguridad del Ingenio San Carlos, por entregar información al Bloque Calima sobre supuestos colaboradores de la guerrilla, entre ellos Fredy Ocoró Otero, fiscal del sindicato de trabajadores de Bugalagrande, quienes fueron amenazados o asesinados como resultado. La sentencia contra Rengifo no es una anécdota: es la excepción que ilumina la regla. En el resto de los casos, la connivencia patronal quedó en el terreno de la denuncia, el testimonio y la demanda civil, sin cierre judicial.

Junto a la arquitectura patronal, la fuerza pública dejó su firma. Adán Alberto Pacheco, fiscal de Sintraelecol, fue asesinado el 2 de mayo de 2005 tras aparecer en listas que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) proporcionó al Bloque Norte de las AUC. La Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional fue señalada por la persecución a líderes sindicales en Barrancabermeja durante una primera fase paramilitar. La Corte Suprema de Justicia estableció que el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte desplegó un discurso antisubversivo para dar sustento ideológico a la persecución de civiles dedicados a la reivindicación de derechos sociales; su jefe alias 'Don Antonio' reconoció haber ordenado asesinatos de sindicalistas, docentes y estudiantes bajo el pretexto de vínculos guerrilleros.

¿Por qué importa 1928 como matriz?

Reducir la pregunta al arco 1986-2010 desconoce que Colombia ya había resuelto la relación entre organización obrera exportadora y violencia estatal-patronal más de medio siglo antes. En octubre de 1928, el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez aprobó la Ley Heroica o Ley de Defensa Social, que prohibía la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición, impedía la difusión de "ideas socialistas" y estableció mecanismos de condena rápida. La jerarquía católica la celebró con telegramas de felicitación a los congresistas. Semanas después, el general Carlos Cortés Vargas ordenó disparar contra la multitud de trabajadores bananeros reunida en la plaza de Ciénaga, en la Masacre de las Bananeras. Los huelguistas habían presentado un pliego de nueve puntos que exigía, entre otras cosas, la abolición del pago en vales canjeables únicamente en los comisariatos de la United Fruit Company, la eliminación del sistema de contratistas intermediarios mediante el cual la empresa evadía el seguro colectivo, y el cumplimiento de la legislación laboral colombiana vigente. Un observador contemporáneo describió el enclave de la UFCO, dueña en 1921 del 59% de la tierra productiva e improductiva de la región, como "un verdadero Estado dentro del Estado colombiano".

La continuidad no es metafórica. La misma United Fruit Company, rebautizada Chiquita Brands en 1990, confesó en 2007 su financiación paramilitar en el mismo país, en un contexto de violencia contra el mismo tipo de trabajadores. Entre 1928 y 2007 median 79 años, tres guerras internas y una apertura económica, pero la estructura básica —transnacional bananera, enclave exportador, trabajadores organizados perseguidos con la anuencia o la acción de la fuerza pública— se repite con precisión desconcertante. La estigmatización del sindicalismo como amenaza subversiva, hoy nombrada bajo la ecuación guerrilla-sindicato, fue formulada legalmente en 1928 bajo la ecuación socialismo-desorden. El mecanismo discursivo cambió de vocabulario; la función represiva permaneció.

Esta larga duración importa porque desmiente la lectura que atribuye la letalidad antisindical exclusivamente a la coyuntura paramilitar de los años ochenta y noventa. El paramilitarismo fue el ejecutor moderno de un dispositivo cuya arquitectura —marco legal represivo, complicidad patronal, tolerancia estatal, retórica de estigmatización— venía funcionando desde antes. La apertura económica no inventó ese dispositivo: lo reactivó y lo intensificó en un momento en el que el trabajo organizado representaba un obstáculo específico para la reestructuración en curso.

¿Fue funcional al modelo, aunque descentralizada?

El material acumulado permite sostener una posición precisa, que evita tanto el reduccionismo del daño colateral como la exageración de la conspiración sistémica: la violencia antisindical colombiana fue estructuralmente funcional al régimen aperturista.

Tres evidencias convergen. La primera, la coincidencia cronológica: el arranque del pico letal en 1986, su aceleración con la Ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993, y su cúspide entre 2001 y 2002 trazan un arco paralelo al de la implementación aperturista. La liquidación de 514 sindicatos entre 1990 y 1994 no ocurrió a pesar de la apertura; ocurrió dentro de ella y por ella, con la quiebra documentada de al menos 25.000 fábricas por las reducciones arancelarias. La segunda, la geografía patronal de las víctimas: bananeras de Urabá y del Magdalena, carbón del Cesar, servicios públicos, alimentos, palma, sector eléctrico. Los sectores exportadores y los privatizados, los dos ejes del nuevo modelo, concentraron la violencia. La tercera, los pagos documentados: Chiquita, Drummond y el patrón que sugieren los casos de Coca-Cola y Nestlé permiten afirmar que hubo transferencia de recursos empresariales a las estructuras que ejercieron la violencia letal contra los trabajadores organizados de esas mismas empresas.

Pero la arquitectura no operó como conspiración centralizada. Operó mediante alianzas locales entre patronos, comandantes paramilitares con jurisdicción territorial y agentes estatales de la región —jefes de inteligencia militar, funcionarios del DAS, oficiales de policía— dispuestos a compartir listas, tolerar operaciones o ejecutar directamente. Cada frente paramilitar tuvo su ecosistema patronal. El Bloque Bananero se acopló a la agroindustria de Urabá. El Bloque Norte, a la minería del carbón y al sector eléctrico del Cesar. El Bloque Calima, al sector azucarero del Valle. El Frente José Pablo Díaz, a distintos sectores del Caribe. La ausencia de una condena por asociación coordinada a escala nacional no significa ausencia de coordinación local: significa que la coordinación operó en escalas territoriales y sectoriales, no en una sala de directorio única.

Esta precisión no exculpa; agudiza el diagnóstico. La violencia antisindical colombiana fue el precio que el modelo aperturista descargó sobre el trabajo organizado, ejecutado por actores paramilitares en alianza con patronos y agentes estatales que compartían un mismo interés objetivo: eliminar el obstáculo sindical a la flexibilización, la privatización y la reducción de costos laborales. Que ese interés no requiriera una directiva centralizada para materializarse es, si acaso, la prueba más eficaz de su funcionalidad al modelo: cada actor local pudo actuar por su cuenta porque sabía que su acción encajaba en la lógica general.

La caída de la tasa de sindicalización, del 16% en 1980 a mínimos históricos dos décadas después, no se explica solo por los asesinatos. La combinación de flexibilización laboral, liquidación de sindicatos, estigmatización mediática —el término "oligarquía del overol" acuñado por la prensa de los noventa para desprestigiar a los trabajadores sindicalizados—, sustitución de convenciones colectivas por pactos suscritos con trabajadores no sindicalizados, y desplazamiento constituyó un régimen de destrucción cuya eficacia no dependía de la bala. Y sin embargo, la focalización en los asesinatos —3.264 en el período 1973-2019, según el Sinderh-ENS— tiende a oscurecer que la violación más frecuente contra sindicalistas fue la amenaza, con 7.433 casos, seguida del desplazamiento forzado, con 1.951, y la detención arbitraria, con 768. Se puede matar un sindicalismo sin matar sindicalistas, y en Colombia se hicieron las dos cosas a la vez.

La comparación regional confirma la anomalía. En 1999, América Latina registró 90 muertes de sindicalistas y el 70% de las detenciones globales; para 2000, Colombia concentraba 76 de 140 asesinatos y desapariciones mundiales. La violencia antisindical fue un patrón latinoamericano, pero la magnitud colombiana careció de paralelo, y esa desproporción exige explicación institucional, no meramente coyuntural. Argentina, Chile y Brasil vivieron dictaduras que cooptaron o desmantelaron el sindicalismo por vías institucionales; México lo integró al régimen priísta mediante corporativismo. Colombia siguió otra ruta: economía exportadora con capital transnacional intensivo, fuerza de trabajo organizada en enclaves, paramilitarismo con financiamiento diversificado y Estado con capacidad selectivamente delegada. De esa combinación resultó un régimen de exterminio, no de cooptación. La diferencia no es de grado; es de naturaleza institucional.

¿Qué queda abierto?

La posición sostenida no cierra tres flancos que la evidencia disponible deja pendientes.

El primero es probatorio. Más allá de Chiquita, que confesó ante una corte estadounidense pero no ha sido responsabilizada por sus víctimas colombianas; del expediente Drummond, abierto en Alabama sin condena firme; y de la sentencia contra Ramiro Rengifo en el Valle, la connivencia empresa-paramilitares-fuerza pública en la violencia antisindical no ha sido esclarecida judicialmente en Colombia con la sistematicidad que la magnitud del fenómeno exigiría. La impunidad, constatada incluso después de que los homicidios cayeran aproximadamente un 70% según la ENS y más del 80% según cifras gubernamentales hacia 2010, impide elevar la funcionalidad documentada en casos concretos a una demostración de política patronal-estatal deliberada a escala nacional. El nudo probatorio sigue abierto no porque la evidencia sugiera inocencia sino porque el sistema judicial colombiano no procesó, a pesar de tener elementos, la responsabilidad de conjunto.

El segundo es la agencia autónoma del paramilitarismo. Los grupos paramilitares no fueron meros instrumentos del capital: tuvieron agenda territorial propia, financiamiento diversificado en narcotráfico, extorsión y apropiación de tierras, y una lógica de control social que desbordó cualquier cálculo empresarial. Parte sustancial de la violencia antisindical respondió a su proyecto de dominación regional antes que a demandas patronales específicas. La estigmatización guerrilla-sindicato, aunque útil a intereses empresariales, operó con dinámica propia: el alias 'Don Antonio' del Frente José Pablo Díaz o los comandantes del Bloque Norte y del Bloque Bananero persiguieron sindicalistas también cuando ningún patrono lo había solicitado, porque la eliminación del liderazgo social era parte de su proyecto de reordenamiento territorial. Reducir el paramilitarismo a agente del capital simplifica una realidad más compleja: fue agente del capital en ciertas coyunturas, y agente de sí mismo en otras.

El tercero es la pregunta que la evidencia ya no puede responder sola: ¿cuánto de lo ocurrido volverá a ser nombrado como violencia funcional al modelo, y cuánto quedará archivado como violencia genérica de una guerra? El disciplinamiento del trabajo bajo la apertura colombiana fue un proceso multiforme cuyo saldo letal no tiene paralelo en América Latina y cuya continuidad con la Masacre de las Bananeras de 1928 sugiere que Colombia perfeccionó, más que inventó, un dispositivo represivo cuyas víctimas siguen esperando la verdad judicial que las cifras, por sí solas, no bastan a producir.