Conspiración Septembrina de 1828

La Conspiración Septembrina de 1828

En la noche del 25 de septiembre de 1828, un grupo de oficiales del ejército, estudiantes y civiles santanderistas asaltó el Palacio de San Carlos, en Bogotá, con la intención de asesinar a Simón Bolívar. El Libertador escapó saltando por una ventana mientras Manuela Sáenz entretenía a los conjurados en la antesala. Al amanecer, catorce de los asaltantes estaban capturados o en fuga, Bolívar recorría las calles con una escolta improvisada y la ciudad despertaba bajo estado de excepción. En los días siguientes, cuarenta y seis personas serían condenadas a muerte, el almirante José Prudencio Padilla —que no había participado en el atentado— sería el primero en ser fusilado, y Francisco de Paula Santander, el hombre que había gobernado Colombia como vicepresidente durante los años de las campañas del sur, sería sentenciado a muerte, indultado a regañadientes y desterrado. El episodio, conocido después como la Conspiración Septembrina o la Noche Septembrina, fue el momento en que la fractura política entre el proyecto autoritario bolivariano y el legalismo civil santanderista dejó de ser un debate constitucional para volverse un asunto de cuerpos, sangre y símbolos: la matriz sobre la que la memoria política colombiana construiría, décadas más tarde, la genealogía del bipartidismo.

De Ocaña al Decreto Orgánico: el terreno del atentado

El atentado no cayó sobre una república en calma. Venía precedido por dos años de deterioro institucional acelerado. En 1826, mientras Bolívar operaba en el sur culminando la independencia de Perú y organizando Bolivia, el general José Antonio Páez se había alzado en Venezuela en un movimiento —la Cosiata— que Santander, como vicepresidente encargado del ejecutivo en Bogotá, quiso someter por vía legal o por la fuerza. Bolívar decidió lo contrario: viajó a Venezuela en 1827, se reconcilió con Páez y evitó cualquier condena formal. Para Santander, formado en el culto a la Constitución de Cúcuta de 1821, aquella indulgencia del Libertador hacia un subordinado rebelde equivalía a socavar la legalidad que él mismo había construido durante años de administración civil. La ruptura personal fue explícita: el 19 de marzo de 1827, Bolívar escribió a Santander una carta en la que le retiraba la amistad y le pedía abstenerse de escribirle. Santander respondió el 29 de abril con pesar, aunque sin sorpresa. La correspondencia entre los dos hombres, que había sido durante casi una década el hilo administrativo de Colombia, se cortó.

Sobre ese fondo se preparó la Convención de Ocaña, convocada para reformar la Constitución de 1821 y decidir el rumbo institucional de la república. Los delegados se reunieron entre abril y junio de 1828. Bolívar quería un régimen presidencialista fuerte, inspirado en la Constitución boliviana que él mismo había redactado en 1826: un presidente vitalicio con derecho a designar sucesor, un ejecutivo de dimensiones casi monárquicas. Santander y sus partidarios defendían la letra de Cúcuta y se oponían al proyecto vitalicio. La convención fracasó cuando los delegados bolivarianos se retiraron; los santanderistas quedaron declarándose sujetos a la Constitución de 1821, sin poder aprobar reforma alguna.

El vacío institucional lo llenó Bolívar por decreto. El 27 de agosto de 1828, mediante el llamado Decreto Orgánico, asumió poderes extraordinarios, suprimió la vicepresidencia —el cargo que Santander había ocupado— y concentró en su persona amplias facultades ejecutivas. La república nacida de Cúcuta quedaba, en la práctica, suspendida. Es a partir de ese momento —o, con más precisión, desde junio de 1828— cuando puede hablarse propiamente de la dictadura de Bolívar, que se extendería hasta enero de 1830.

Para el sector que veía en Santander al garante de la legalidad republicana, el Decreto Orgánico no era una medida excepcional: era la anulación de la Constitución. Y la anulación de la Constitución tenía, en la cultura política del momento, una consecuencia lógica que algunos jóvenes oficiales y estudiantes de Bogotá extrajeron con crudeza: si el gobernante ha roto el pacto, el uso de la fuerza contra él vuelve a ser lícito. La sombra de Julio César y del tiranicidio clásico, familiar a cualquier lector de los liceos neogranadinos, empezó a proyectarse sobre el Palacio de San Carlos.

Los conjurados: la Sociedad Filológica y el mundo de la joven república

Los hombres que planearon el asalto no eran veteranos de las campañas de independencia ni representantes de una facción política articulada con líneas de mando claras. Eran, en su mayoría, jóvenes para quienes 1810 era ya historia pasada y Bolívar un hombre que —a sus ojos— no había sabido evolucionar del caudillo militar al gobernante republicano. Se reunían en una tertulia llamada la Sociedad Filológica, donde civiles y militares discutían literatura, política y filosofía en el mismo aliento, y donde el vocabulario del liberalismo europeo circulaba con la naturalidad de una moda intelectual reciente.

El líder era Pedro Carujo, oficial venezolano del estado mayor, de veintiséis años, con aspiraciones literarias y un temperamento resuelto. A su lado, Ramón Guerra, jefe del estado mayor en Bogotá, aportaba peso militar interno: era él quien podía, en principio, coordinar el movimiento de tropas dentro de la guarnición. En el ala civil figuraban el poeta y político Luis Vargas Tejada, el jurista Vicente Azuero, Florentino González y el joven Mariano Ospina Rodríguez —futuro presidente conservador, ironía que el episodio deposita sin comentario en la historia colombiana—. La mayoría se autodefinía como liberal y compartía la convicción de que la dictadura de agosto había roto el pacto republicano.

Los conjurados sondearon a Santander. La conversación —o las conversaciones, pues la secuencia es imprecisa— tuvo un resultado ambiguo que marcaría para siempre la figura del general: Santander coincidió en calificar de criminal la conducta de Bolívar, pero se negó a participar en la violencia y expresó su desaprobación cuando fue sondeado directamente. No descartó, sin embargo, una futura colaboración en un movimiento pacífico. Es decir: supo, no participó, no denunció. Esa triple condición —el conocimiento sin adhesión, la crítica sin acción, el silencio sin delación— sería después el eje de su condena y, retrospectivamente, la piedra sobre la que se construiría su martirologio cívico.

El plan tenía dos objetivos simultáneos: tomar el cuartel de artillería y asaltar el Palacio de San Carlos, residencia y sede del ejecutivo, donde Bolívar dormía. La fecha elegida fue la noche del 25 de septiembre de 1828.

La noche del 25 de septiembre

Poco antes de la medianoche, un grupo de conjurados —oficiales, algunos estudiantes armados, un puñado de soldados ganados para la causa— convergió sobre el Palacio de San Carlos. Los asaltantes irrumpieron y comenzaron a subir hacia las habitaciones de Bolívar. Manuela Sáenz, su compañera, salió a enfrentarlos en la antesala. Con una mezcla de audacia y presencia de ánimo, los entretuvo el tiempo suficiente para que el Libertador, alertado, abriera una ventana y saltara a la calle. El detalle exacto —cómo despertó, quién lo ayudó a vestirse, si saltó descalzo— pertenece más a la leyenda posterior que a la crónica verificable; lo que queda firme es que Bolívar escapó por una ventana y que Manuela Sáenz fue determinante en su supervivencia.

Mientras tanto, Carujo y sus hombres recorrían las estancias del palacio y descubrían la fuga. Hubo choques con los guardias leales, disparos, un herido grave —el coronel Ferguson, edecán del Libertador, cayó muerto— y una confusión que se prolongó hasta el amanecer. La operación paralela contra el cuartel de artillería no prosperó: la guarnición no se sumó y los oficiales leales, entre ellos Rafael Urdaneta, recuperaron rápidamente el control de la ciudad. Al alba, Bolívar reaparecía en las calles de Bogotá, escoltado, físicamente ileso, y con la certeza inmediata de que la respuesta debía ser ejemplar.

La imagen del Libertador saltando por una ventana en camisa de dormir, salvado por su amante quiteña, y la del atentado nocturno que no llega a consumar el magnicidio se han convertido en uno de los cuadros más reproducidos de la iconografía nacional. Manuela Sáenz recibiría por ello, décadas después de su muerte, el título póstumo de libertadora del Libertador. En el instante mismo, sin embargo, lo que se abría era otra cosa: una represión.

La represión: sesenta detenidos, cuarenta y seis condenas, el caso Padilla

Rafael Urdaneta, hombre de confianza militar de Bolívar, asumió la conducción del proceso. En los días siguientes al atentado ordenó la detención de alrededor de sesenta personas vinculadas o sospechosas de vinculación con la conspiración. Los tribunales trabajaron con celeridad y sin las garantías que la Constitución de 1821 habría exigido: el decreto de conspiradores, aplicado con energía, equivalía en la práctica a una jurisdicción sumaria. Carujo, que había huido a los alrededores de Bogotá, fue capturado por una batida de campesinos y confesó los hechos con detalle. Su testimonio sirvió para trazar la red completa de implicados.

El tribunal condenó a muerte a cuarenta y seis personas. Bolívar conmutó la mayoría de las sentencias, pero autorizó ejecuciones ejemplares. Catorce conjurados fueron fusilados. Otros, entre ellos Mariano Ospina Rodríguez, lograron escapar. Vargas Tejada huyó hacia los Llanos, donde moriría poco después en circunstancias oscuras, ahogado en un río durante la fuga.

El primer ejecutado, sin embargo, no fue un conjurado. Fue el almirante José Prudencio Padilla, héroe de la batalla naval del Lago de Maracaibo, hombre pardo, cartagenero, prisionero en Bogotá desde antes del atentado. Padilla no había participado en la conspiración del 25 de septiembre; no supo lo que ocurría hasta que su celda fue invadida y se le hizo comparecer. Estaba encarcelado por otro asunto: los sucesos de Cartagena de marzo de 1828, en los que había llevado la voz cantante en disputas políticas locales contra la influencia del ejército bolivariano y en torno a las elecciones. Aquellos disturbios —imprudencias y simples conatos, según la crítica historiográfica más aguda— habían sido interpretados por el general Mariano Montilla, comandante en Cartagena, como el inicio de un levantamiento racial de pardos contra blancos. Montilla había cultivado durante años esa imagen amenazante, y Bolívar, cuyas cartas privadas revelan un miedo persistente a la acción política de los afrodescendientes, había ordenado juzgar a Padilla conforme al decreto de conspiradores incluso antes de septiembre.

El atentado contra el Libertador ofreció el pretexto para acelerar el desenlace. Padilla fue procesado sumariamente en el marco de la represión septembrina, condenado y fusilado como primer ejecutado del episodio, aunque su vinculación con los conjurados de Bogotá fuera inexistente. Su ejecución operó como acto de disciplinamiento racial: un mensaje de que la disidencia política de los pardos, mezclada en el imaginario oficial con la amenaza de una guerra de razas, sería castigada con especial dureza. En el tejido de la Conspiración Septembrina, el caso Padilla constituye una anomalía reveladora: la represión no fue solo una operación contra los enemigos políticos del régimen, sino también una operación de miedo social, dirigida contra un tipo de sujeto —el militar afrodescendiente con capital político propio— cuya sola existencia inquietaba al proyecto bolivariano.

Santander ante el tribunal: la farsa y la clemencia

Santander fue detenido y sometido a juicio. Las pruebas de su participación directa en la conspiración no aparecieron: no había planeado el atentado, no había dado órdenes, no había participado en las reuniones operativas de la Sociedad Filológica. Lo que sí se estableció —y él mismo, en privado, nunca lo negó— es que había sido consultado, había conocido los planes y no los había denunciado. Sobre esa base, el tribunal lo condenó a muerte.

El paso siguiente ha quedado en la memoria como el gesto que definió la relación entre Bolívar y Santander hasta el final de sus vidas. Según una versión, fue el propio Bolívar quien decidió conmutar la sentencia por el destierro; según otra, fue el Consejo de Ministros el que insistió en la conmutación y Bolívar la aceptó a regañadientes. Las dos versiones coinciden en lo esencial: Santander no fue fusilado y salió del país rumbo al exilio.

Él nunca aceptó la clemencia como tal. En sus escritos posteriores, en particular en las Memorias sobre el origen, causas y progreso de las desavenencias con Bolívar, calificó todo el episodio de farsa: acusaciones falsas, pruebas inventadas, un proceso amañado y, al final, una muestra melodramática de compasión bolivariana que buscaba humillarlo más que salvarlo. La conmutación, para Santander, no era un acto de generosidad sino la exhibición pública de una arbitrariedad: primero se le condenaba sin pruebas y luego se le indultaba sin justicia, dejando en manos del dictador el reparto de vidas.

Esta lectura marcó su actitud durante el exilio y su retorno. Salió de Colombia convencido de que Bolívar era irredimible, y volvería después —tras la muerte del Libertador en 1830— con una autoridad moral construida precisamente sobre el hecho de haber sobrevivido a la dictadura sin haberse plegado. El destierro, más que castigarlo, lo consagró.

El destierro y el eco inmediato del atentado

Santander partió al exilio por una ruta que no se deja reconstruir con precisión geográfica completa, aunque figuran Hamburgo entre sus destinos europeos y, más tarde, Nueva York, donde el 12 de mayo de 1832 recibiría las comunicaciones oficiales de su elección como presidente de la Nueva Granada. La firma de esas comunicaciones, en las que aparecían nombres como el del general José María Obando y el del vicepresidente José Ignacio de Márquez, cerraba de manera elocuente el arco iniciado en septiembre de 1828: el hombre desterrado como enemigo de la república volvía al poder por elección popular, en una república nueva construida sobre las ruinas del proyecto bolivariano.

La reacción al atentado no se agotó en la represión bogotana. Poco después de las ejecuciones, José María Obando y José Hilario López se alzaron en el sur, en Popayán, en una rebelión que estaba en comunicación con los santanderistas de Bogotá. Bolívar, tal como había hecho dos años antes con Páez en Venezuela, salió personalmente hacia la zona rebelde para imponer el orden. El paralelismo es visible: el mismo Bolívar que había perdonado a Páez para conservar Venezuela intentaba ahora, tras haber ejecutado a catorce conjurados en Bogotá, apaciguar a Obando en el sur mediante la negociación. La dictadura, en la práctica, se veía obligada a alternar la ferocidad y la conciliación según el mapa.

Al mismo tiempo, la Gran Colombia sufría sacudidas en sus fronteras. Perú había invadido Bolivia en la primavera de 1828, obligando a Antonio José de Sucre —presidente de Bolivia en nombre de Bolívar— a dimitir, y los peruanos habían ocupado el puerto de Guayaquil, que consideraban suyo. La tensión desembocaría en una guerra abierta entre Perú y Colombia. Venezuela, mientras tanto, operaba cada vez más como un estado dentro del estado; en 1830 se formalizaría su separación mediante el Acta de Caracas, en la que Páez declararía la independencia venezolana amenazando con la guerra a cualquier impugnador.

Sobre este fondo, el atentado septembrino aparece menos como causa y más como síntoma agudo: la Gran Colombia se desintegraba por presiones estructurales —geográficas, económicas, políticas, militares— que ninguna dictadura podía revertir. Bolívar renunció a la presidencia en 1830. No obtuvo un solo voto en las elecciones que siguieron, fue expulsado de la Nueva Granada y declarado fuera de la ley en Venezuela. Murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, en la costa caribeña, agobiado por la decepción y el fracaso.

Causas: la fractura estructural y sus detonantes

Reducir la Conspiración Septembrina a un ajuste de cuentas entre Bolívar y Santander es empobrecerla. La conspiración fue el punto de condensación de fuerzas que venían acumulándose desde años antes.

En el plano estructural, el proyecto bolivariano de un ejecutivo vitalicio con poderes casi monárquicos, inspirado en la Constitución boliviana de 1826, chocaba con la cultura política civilista que Santander había construido durante los años de la administración de Cúcuta: una república de leyes, contabilidad ordenada, educación pública, tratados internacionales, congreso deliberante. La Constitución boliviana, con su presidente vitalicio y su facultad de designar sucesor, era, para esa cultura, una monarquía disfrazada. La Gran Colombia, república inmensa y frágil que abarcaba desde el Caribe hasta los Andes bolivianos, no cabía en ningún molde institucional único: las tensiones entre el centro caraqueño, el centro bogotano, el sur quiteño y las regiones periféricas se expresaban a través del debate constitucional pero no se agotaban en él.

En el plano coyuntural, tres detonantes actuaron en cadena. Primero, la rebelión de Páez en 1826 y la reconciliación bolivariana con el rebelde, que rompió la confianza de Santander en el Libertador como garante de la legalidad. Segundo, el fracaso de la Convención de Ocaña en 1828, que cerró la vía institucional para dirimir la pugna. Tercero, el Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828, que suprimió la vicepresidencia, concentró poderes y —a los ojos de los jóvenes reunidos en la Sociedad Filológica— legitimó el recurso al tiranicidio. Sin dictadura no habría habido atentado; sin ruptura Bolívar-Santander no habría habido el clima moral que lo hizo pensable; sin la desintegración estructural de la Gran Colombia, ninguna de las dos cosas habría bastado.

Hay una causa más que el caso Padilla obliga a integrar: el miedo del régimen bolivariano a la movilización política afrodescendiente. La represión septembrina no fue solo el castigo de una conspiración concreta; fue también el momento en que ese miedo encontró una víctima ejemplar. La conspiración de los letrados bogotanos y la disidencia política de los pardos cartageneros fueron cosidas en un mismo proceso, y esa costura reveló que el proyecto bolivariano —al menos en su última fase— reprimía dos tipos de desafío simultáneamente: el desafío constitucional de las élites civilistas y el desafío social de los subalternos racializados.

Consecuencias: del cadalso al mito bipartidista

Las consecuencias inmediatas son verificables y contadas: catorce fusilados tras la ejecución de Padilla; cuarenta y seis condenados a muerte con la mayoría de las penas conmutadas; Santander desterrado; la dictadura bolivariana consolidada como régimen abiertamente extraconstitucional entre septiembre de 1828 y enero de 1830; la rebelión de Obando en el sur; el deterioro acelerado de la Gran Colombia; y la muerte de Bolívar en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830.

Las consecuencias de largo plazo son más difíciles de fijar y, por ello mismo, más importantes. En 1832, con Santander electo presidente de la Nueva Granada, la nueva república se dio una Constitución —la de 1832— que en muchos aspectos volvía a la letra de Cúcuta y clausuraba el experimento vitalicio bolivariano. El proyecto de la Gran Colombia había muerto, y con él la posibilidad de una república continental. Lo que quedó fue una república andina de tamaño manejable, gobernada por el hombre que había sobrevivido al atentado sin haberlo cometido.

La consecuencia más duradera fue simbólica. La Conspiración Septembrina y su represión fabricaron dos figuras que la memoria política colombiana necesitaba y que serían recicladas a lo largo del siglo XIX: el mártir civil de la legalidad, Santander, condenado a muerte por un tirano militar y salvado por la clemencia teatral del propio tirano; y el dictador militar, Bolívar, cuya grandeza como Libertador quedaba matizada por el episodio final de un régimen que había fusilado sin garantías y desterrado sin pruebas. La historia oficial santanderista lo consagraría como el Hombre de las Leyes; la historia bolivariana, más incómoda con el episodio, tendería a subrayar la generosidad de la conmutación y la ingratitud de los conjurados.

Ninguna de las dos figuras es exacta. Santander no fue un mártir puro: había conocido la conspiración, no la había denunciado, y su estilo político tras el regreso del destierro sería sectario y altamente partidista, aunque cuidara de no violar los derechos políticos de sus opositores. Bolívar no fue un tirano lineal: había gobernado con formas legales durante años, había vacilado antes de firmar el Decreto Orgánico y había aceptado la conmutación de la pena de Santander, aunque a regañadientes. La conspiración misma no fue el brazo armado de un proyecto santanderista articulado, sino la explosión de agravios dispersos de una generación joven que leía el tiranicidio clásico y encontraba en Bolívar un blanco reconocible.

La memoria política, sin embargo, no opera con matices sino con figuras. La fractura entre legalismo civil y autoritarismo militar, entre república de leyes y república de armas, entre poder ejecutivo controlado y poder personal expansivo, quedó cristalizada en septiembre de 1828 con nombres, sangre y episodios narrables. Esa fractura, más tarde alimentada por debates sobre centralismo, federalismo, papel de la Iglesia y modelos económicos, sería una de las matrices —no la única, ni siquiera directamente traducible— en que se formarían, hacia mediados del siglo XIX, los partidos Liberal y Conservador. La correspondencia entre las facciones de 1828 y los partidos tradicionales no es simple ni directa: Mariano Ospina Rodríguez, conjurado del 25 de septiembre, sería después figura conservadora, y muchos bolivarianos militaristas terminarían en el bando liberal. La herencia opera a otro nivel: la conspiración fijó los términos del duelo político colombiano —Ley contra Espada, Civil contra Militar, Bogotá letrada contra caudillo militar— y los depositó como imágenes disponibles para cualquier disputa posterior.

Por qué el 25 de septiembre sigue importando

La Conspiración Septembrina interesa por tres razones que sobreviven al episodio. La primera es que fija la primera derrota política de la vía violenta contra el poder en la historia republicana colombiana: los conjurados fallaron en su objetivo inmediato y provocaron, en cambio, el endurecimiento del régimen que querían derribar. La lección —el tiranicidio como recurso que empeora aquello que pretende curar— quedaría archivada en la memoria política del país como una advertencia recurrente, aunque ni siempre atendida ni siempre lúcida.

La segunda es que revela la ambigüedad estructural del santanderismo como cultura política. Santander supo del atentado y no lo denunció; fue condenado sin pruebas y desterrado; volvió como presidente electo por la vía constitucional. Su figura encarna, en un mismo trayecto, el legalismo estricto y el compromiso con la conspiración por omisión. Esa ambigüedad —el republicano que respeta las formas pero conoce, calla y espera— es una de las claves de la tradición civilista colombiana, y explica por qué el país ha podido construir instituciones legales elaboradas mientras convivía con violencias políticas persistentes.

La tercera razón es el caso Padilla. La ejecución del almirante afrodescendiente como primer fusilado de una conspiración en la que no había participado revela una capa del episodio que la narrativa bipartidista posterior tendió a eclipsar: la represión septembrina fue también, y de modo constitutivo, un acto de disciplinamiento racial. Recuperar esa dimensión permite ver que la fractura política de 1828 no operaba solo entre dos élites letradas —bolivarianos y santanderistas—, sino también, y quizás sobre todo, entre esas élites y los sujetos subalternos cuya movilización política ambas facciones, en distintos momentos y con distinta intensidad, aprendieron a temer.

La noche del 25 de septiembre de 1828 en el Palacio de San Carlos, con Bolívar saltando por una ventana y Manuela Sáenz enfrentando a los conjurados en la antesala, tiene por eso la textura de una escena fundacional: no porque haya fundado sola nada —la Gran Colombia se disolvía por causas mayores— sino porque en ella se depositaron, con eficacia simbólica duradera, los personajes, los gestos y las líneas de fractura con que Colombia aprendería a narrar su propia política.