José Prudencio Padilla

Un pescador de Riohacha en la Marina Real

Padilla nació hacia 1784 en Riohacha, entonces una población costera apartada y pobre en el extremo norte del virreinato. Era hijo de un pescador humilde y de condición mulata, o parda, en el lenguaje colonial: una categoría que, más que un color, describía una posición social inferior a la de la élite blanca de origen europeo. Creció sin abolengos, con una educación formal precaria y habituado desde niño a los oficios manuales. A los catorce años se embarcó en una nave de la Marina Real Española, y de allí en adelante su formación fue la cubierta: la navegación aprendida a la brava, la disciplina del combate y el conocimiento minucioso de los bajos, los vientos y las bocas del Caribe que más tarde le darían la victoria.

Ese origen —Riohacha, el padre pescador, la piel parda, el escalafón subalterno de la marina imperial— es indispensable para entender lo que vino después. Padilla no se hizo militar en las tertulias criollas de Caracas o Santa Fe; se hizo marino en las bodegas de los buques españoles, y llegó a la causa patriota como un profesional del mar con oficio propio, no como un letrado con espada. Esa autonomía técnica fue su fuerza y, al final, su condena: la República le debía demasiado y le concedía demasiado poco.

La guerra en el mar: del Magdalena a Maracaibo

En diciembre de 1819, tras Boyacá, Bolívar organizó la campaña del litoral con tres objetivos entrelazados: recuperar Cartagena, someter Santa Marta y liberar Maracaibo, pieza clave para la reconquista de Venezuela. Mariano Montilla recibió el mando de la ofensiva sobre Riohacha y Santa Marta, con el apoyo naval del almirante Luis Brión. Padilla, formado ya en las flotillas patriotas, sirvió en esa campaña bajo el general José María Carreño. El 10 de noviembre de 1820, en el encarnizado combate de la Ciénaga —antesala de la caída de Santa Marta al día siguiente—, Padilla y su compañero Maza hicieron prodigios de valor.

Once días más tarde, el armisticio de Trujillo, firmado entre Bolívar y Morillo el 21 de noviembre de 1820, suspendió por más de cuatro meses las operaciones sobre Cartagena. La plaza terminó capitulando tras un sitio que se prolongó por más de catorce meses, hito que el propio Bolívar reconoció por escrito al general Montilla. Pacificado el Caribe granadino, la mirada estratégica se desplazó al oriente: Maracaibo, todavía en manos del brigadier Francisco Tomás Morales, era la última llave realista del litoral.

A finales de 1822 Montilla organizó desde Riohacha la expedición decisiva. Morales, en un movimiento audaz, alcanzó a ocupar Coro y las provincias andinas de Mérida y Trujillo, y por unas semanas los patriotas conocieron el pánico; pero los levantamientos que él esperaba no se produjeron, y debió replegarse a Maracaibo. Los patriotas recuperaron Coro y cerraron el cerco terrestre. Faltaba el mar.

En mayo de 1823, Padilla condujo una escuadra de veleros de bajo calado —imprescindibles para maniobrar en las aguas someras del lago— por la barra y adentro. Dos meses después, hacia julio, embistió a los navíos realistas al mando del comodoro Ángel Laborde y los derrotó. Es la batalla del Lago de Maracaibo, uno de los pocos combates navales decisivos de la independencia hispanoamericana y, con toda propiedad, el que cerró la guerra en el Caribe. Sin flota que lo sostuviera y cercado por tierra, Morales no tuvo otra salida que rendirse; se le permitió partir a Cuba con algunos cientos de soldados. La victoria de Padilla puso fin a la resistencia realista en Venezuela occidental y fue el paso decisivo hacia la expulsión definitiva de España del continente. De ese combate, y no de un despacho político, salió el almirante.

Cartagena, 1828: el marino se hace político

A partir de 1826, la República por la que Padilla había peleado empezó a dividirse. La Constitución centralista de Cúcuta, aprobada en 1821, había gobernado sin bandos definidos hasta que Bolívar promovió el proyecto de una nueva constitución —la boliviana— con presidencia vitalicia y poderes casi monárquicos. La ruptura con Francisco de Paula Santander, garante de la legalidad de 1821, fue rápida y profunda. Se formaron dos bloques: los bolivarianos, partidarios de un ejecutivo fuerte, y los santanderistas, aferrados al texto vigente. La Convención de Ocaña, reunida entre abril y junio de 1828 para reformar la carta, se disolvió sin acuerdo cuando los bolivarianos se retiraron.

En Cartagena, esa fractura nacional tuvo cara y nombre. El gobernador Mariano Montilla, hombre de la coalición bolivariana, encarnaba el poder militar central. Enfrente, Padilla se convirtió en el campeón local del bando santanderista, se declaró público constante en mis principios liberales y amparó a los oficiales que se negaban a firmar la exposición en defensa del ejército bolivariano, protegiéndolos de la persecución del comandante general. El 5 de marzo de 1828, en el cuartel de artillería, el comandante Joaquín M. Tatis vitoreó a Bolívar y condenó a muerte a Santander durante la lista de las seis de la mañana; a las once, Padilla informaba del incidente al comandante Montes con una frase que resume su estado de ánimo: ya esto no se puede aguantar.

Aquí la biografía se vuelve espesa. Padilla no era una víctima pasiva de la estructura racial: era un actor político deliberado, ambicioso, con base popular en Cartagena, que había decidido enfrentarse al aparato militar bolivariano en su propio terreno. Y Montilla, que necesitaba neutralizarlo, encontró en la raza el arma perfecta. La acusación de guerra de razas —el fantasma que recorría todas las sociedades esclavistas del Caribe— fue desplegada sistemáticamente contra Padilla para asociarlo con el peligro social antes que con la disidencia legítima. Un panfleto anónimo firmado por un paterfamilias lo atacó por su separación de la esposa adúltera y su convivencia con Anita Romero, hija del artesano pardo Pedro Romero, presentándolo como un hombre fuera del cuerpo de ciudadanos respetables sin necesidad de mencionar explícitamente el color. Cuando Anita fue excluida de un baile en casa del rico comerciante Juan de Francisco bajo el pretexto de la ilegitimidad religiosa de su unión, Padilla denunció en público la hipocresía del argumento y señaló el verdadero motivo. El activismo político y el estigma racial se enredaron hasta ser una misma acusación.

El paredón de octubre

La noche del 25 de septiembre de 1828, en el Palacio de San Carlos de Bogotá, un grupo encabezado por el joven oficial venezolano Pedro Carujo, con Ramón Guerra y Luis Vargas Tejada entre otros, intentó asesinar a Bolívar. El Libertador escapó saltando por una ventana mientras Manuela Sáenz entretenía a los conspiradores. El general Rafael Urdaneta, encargado de la represión, ordenó en la madrugada del 26 la detención de unas sesenta personas, entre ellas Santander.

Padilla no había participado en la conspiración. Se le juzgó de todos modos. Daniel F. O'Leary había advertido antes que juzgarlo en Cartagena era contraproducente: aunque el pueblo y el ejército lo habían abandonado cuando sus acciones eran ilegales, podría despertar simpatía si se lo convertía en víctima. En Bogotá, lejos de su base costeña, esa preocupación se desvaneció. Fue el primero en ser fusilado. Catorce condenados más siguieron unos días después. Santander, en cambio, no había participado directamente y fue salvado por el Consejo de Ministros, que insistió en conmutarle la pena de muerte por destierro; Bolívar aceptó a regañadientes.

La secuencia importa. El almirante pardo, sin abolengo y sin defensores en el gabinete, fue el sacrificio visible; el general criollo, con red política dentro del propio poder, se salvó. No es que la República ejecutara a Padilla a pesar de ser mulato: en parte lo ejecutó precisamente porque lo era, porque su desafío se dejaba criminalizar con más facilidad y su eliminación se justificaba con menos costo.

Después de la muerte

Cuando la Gran Colombia se desintegró y la reacción antibolivariana llegó al poder, el presidente Domingo Caicedo rehabilitó los grados y honores de Santander y la memoria del almirante Padilla y de los demás condenados de octubre de 1828, medida ratificada por la Convención de 1831. La decisión despertó airadas protestas de varios sectores. Fue una restitución política —los santanderistas devolviendo a los suyos al panteón— antes que un ajuste de cuentas con el racismo republicano, tema que la clase dirigente no estaba dispuesta a abrir.

Padilla quedó desde entonces en un lugar incómodo de la memoria nacional: héroe naval indiscutido de la independencia, víctima judicial de la conspiración septembrina, mártir póstumo de una república que necesitó a los pardos para ganar la guerra en el mar y reprodujo después las jerarquías coloniales al distribuir el poder. Su rehabilitación fue oficial, no reparadora; su nombre volvió a los honores, pero la pregunta que su ejecución dejaba planteada —qué lugar tenía en la ciudadanía nueva un hombre de origen humilde y piel oscura que además pensaba por sí mismo— quedó sin respuesta, y aún hoy, en la historiografía costeña que lo reclama como suyo, sigue teniendo la fuerza de un asunto pendiente.