Prohibición bolivariana de Bentham y guerra cultural sobre el currículo (1828)

La prohibición bolivariana de Bentham y la guerra cultural sobre el currículo, 1826-1828

El 12 de marzo de 1828, Simón Bolívar firmó en Bogotá un decreto de apariencia técnica y consecuencias sísmicas: los Tratados de Legislación de Jeremy Bentham quedaban excluidos de todas las universidades de Colombia, y sus cursos serían reemplazados, entre otras materias, por el latín, el derecho romano y canónico, y la religión católica romana y su historia. Una sola disposición reformaba el artículo 168 del Plan general de estudios expedido dieciocho meses antes por el vicepresidente Francisco de Paula Santander, satisfacía una campaña clerical que llevaba años arreciando contra el utilitarismo, y golpeaba la base doctrinaria de la formación jurídica que las élites republicanas venían construyendo desde la Independencia. El decreto no inventó la disputa —Bentham llevaba años siendo asunto de púlpito y de periódico— pero la elevó al rango de política de Estado, y con ello convirtió el aula universitaria en el primer campo de batalla explícito entre dos proyectos de república. Antes de marzo de 1828, el desacuerdo era polémica; después, era frontera.

El aula como proyecto: el Plan de 1826 y el ingreso oficial de Bentham

La reforma educativa que hizo posible la disputa fue promulgada el 3 de octubre de 1826. Ese día, bajo el gobierno de Santander y con la colaboración muy estrecha del ministro del Interior José Manuel Restrepo, se expidió el Plan general de estudios que reorganizaba escuelas, colegios y universidades de la República. La preparación había recaído en la Dirección General de Instrucción Pública, integrada por Félix de Restrepo, Vicente Azuero y Estanislao Vergara —tres nombres que resumen la voluntad ilustrada del santanderismo. Restrepo, el viejo maestro antioqueño; Azuero, jurista polémico y beligerante; Vergara, hombre de gabinete. Los tres respondían a una misma idea: la formación de los nuevos ciudadanos exigía romper con los contenidos coloniales y organizar la instrucción como una arquitectura racional, jerarquizada y controlada desde el centro.

El Plan revirtió la política descentralizadora ensayada por la legislación de 1821 y retornó a un esquema de control centralizado que, paradójicamente, se asemejaba más al orden colonial que al liberalismo original de la República. Los estudios profesionales se concentraron en las tres universidades principales del país —Bogotá, Caracas y Quito—, con los colegios provinciales funcionando como instituciones preparatorias. Cada una de las tres universidades debía sostener un observatorio astronómico, un museo de historia natural y jardín botánico, instrumentos de física y un laboratorio de química, el ideal enciclopédico ilustrado en forma de gabinete. La Dirección General, órgano de tres miembros, quedó encargada de velar por los estándares de todo el sistema.

En ese andamiaje, la cátedra de Legislación recibió como texto obligatorio los Tratados de Legislación de Jeremy Bentham, entonces el filósofo vivo más célebre del utilitarismo europeo. Fue la primera filosofía política sistemática enseñada oficialmente en la Nueva Granada. La elección tenía lógica interna y lógica geopolítica. Internamente, respondía al deseo de las élites republicanas de sustituir la escolástica y el derecho indiano por un pensamiento que redefiniera la ley desde la utilidad social y no desde la tradición o la revelación. Externamente, se inscribía en el clima de admiración por Gran Bretaña que dominaba a la generación de la Independencia: potencia protectora, prestamista, industriosa, portadora de capitales, ideas y modelos. Frente al resto de Hispanoamérica, donde predominaban las influencias francesas de Constant, Guizot o el eclecticismo, Colombia se distinguió por una orientación británica que hacía de Bentham figura natural.

El instrumento institucional para vigilar esa formación jurídica ya estaba en marcha. El 3 de enero de 1827 se instaló en Bogotá la Academia de Derecho Práctico, con veinte de los abogados más prestigiosos de la capital y con Francisco Pereira Martínez como primer director. Sus funciones eran aclarar puntos difíciles de la jurisprudencia, velar por la instrucción de los aspirantes y examinar a quienes quisieran recibirse de abogados conforme a la Ley de tribunales. La Academia era, en la práctica, el eslabón entre la formación universitaria y el ejercicio profesional, el lugar donde se decidía qué era un jurista republicano.

En 1826 y 1827, la República tenía ya montado su dispositivo. Un plan de estudios centralizado, una dirección general vigilante, un texto benthamiano en la cátedra de Legislación, una academia examinadora en la capital. Todo apuntaba a formar una casta letrada moderna, jurídicamente utilitaria y culturalmente anglófila. Faltaba solo que el país estuviera de acuerdo.

El púlpito contra la cátedra: Margallo, Azuero y la resistencia clerical

No lo estuvo. Desde muy temprano, el ingreso de Bentham a las aulas provocó una respuesta orgánica desde el clero, que percibió en el utilitarismo una amenaza contra la moral, la religión y el orden público. La figura central de esa reacción fue el presbítero Francisco Margallo, párroco de la iglesia de La Tercera, en Bogotá. Margallo emprendió una campaña violenta y sostenida contra el benthamismo por dos frentes: los sermones dominicales, que le daban acceso semanal al público más numeroso de la ciudad, y los artículos publicados en el periódico El Gallo de San Pedro. Los ataques no se limitaban a la doctrina; apuntaban directamente contra Vicente Azuero, su más beligerante defensor.

La virulencia de Margallo puso al gobierno santanderista en una posición incómoda. La autoridad social de un párroco activo era, sencillamente, mayor que la de un decreto oficial. En un país donde obispos y curas contaban con una autoridad casi universalmente aceptada, y donde la población percibía a los nuevos gobernantes republicanos con distancia, dejar el púlpito libre equivalía a perder la batalla antes de darla. Santander consideró la campaña excesiva y peligrosa, y solicitó la intervención del arzobispo de Bogotá, Fernando Caycedo y Flórez. La gestión resultó parcialmente exitosa. Margallo fue sancionado con días de reclusión en el convento de San Diego. Pero, cumplida su penitencia, el párroco salió del claustro y continuó combatiendo el utilitarismo hasta su muerte, en 1837. La sanción había sido un gesto, no una clausura.

En el otro extremo, Azuero defendía a Bentham con argumentos que buscaban desactivar la acusación de anticristianismo. Buscar la felicidad como fin del hombre, sostenía, no era inmoral; la doctrina no atacaba a la religión sino que redefinía racionalmente los criterios de la ley. Sus opositores, sin embargo, no discutían filología benthamiana. Denunciaban que la doctrina contenía principios contrarios a la religión, la moral y el orden público, y la consideraban peligrosa para la formación de las nuevas generaciones. La discusión era, en el fondo, sobre quién tenía derecho a formar a los jóvenes de la República. Si el Estado ilustrado, con sus catedráticos y sus manuales ingleses, o la Iglesia, con su autoridad milenaria sobre las conciencias.

El desequilibrio de fuerzas era estructural. El Estado republicano heredó el patronato sobre una institución eclesiástica cuyo peso económico, social y político era enorme, mientras las arcas fiscales eran pobres y la legitimidad del gobierno republicano frágil. Un sector de las élites políticas veía en ese poderío eclesiástico un peligro que había que controlar, limitar y reducir, especialmente en sus aspectos económicos y políticos. Pero controlarlo por decreto era una cosa, y enfrentarlo culturalmente desde una cátedra universitaria, otra muy distinta. La disputa por Bentham no era, entonces, un asunto académico. Era el primer ensayo real del conflicto entre las dos potestades que dominaría el siglo XIX colombiano.

La ruptura política de fondo: Bolívar, Santander y el camino a Ocaña

Mientras el pleito por Bentham hervía en púlpitos y periódicos, la política grande se descomponía en otro plano. Las diferencias entre Bolívar y Santander, apenas insinuadas al principio, se profundizaron desde 1826, cuando el Libertador promovió la adopción en Colombia de la Constitución boliviana, que establecía un presidente vitalicio con facultad de designar sucesor. Santander, defensor de la Constitución de Cúcuta de 1821, encabezó el sector que desconfió del proyecto. A ese desacuerdo constitucional se sumó, ese mismo año, la rebelión del general José Antonio Páez en Venezuela. Santander quería someterlo a la ley y enviar tropas; Bolívar viajó en 1827 a tratar de lograr su obediencia sin condenar la rebeldía. La actitud disgustó profundamente al vicepresidente.

La ruptura personal quedó formalizada en la carta que Bolívar dirigió a Santander el 19 de marzo de 1827, en la que le pidió que se abstuviera de escribirle. De ahí en adelante, la política colombiana fue el pulso entre dos hombres que ya no se hablaban. Ese pulso desembocó en la Convención de Ocaña, en 1828, convocada para reformar la constitución. Los bolivarianos defendían un ejecutivo fuerte y centralizado; los santanderistas se declaraban sujetos a la Constitución de 1821. Cuando la aritmética de la convención dejó de favorecer a los primeros, los delegados bolivarianos optaron por retirarse, forzando la disolución del cuerpo sin acuerdo alguno. El fracaso fue tan estrepitoso como calculado.

El decreto contra Bentham se firmó en medio de ese proceso, cuando Ocaña aún sesionaba pero su fracaso se anticipaba, y meses antes de que Bolívar asumiera el poder supremo mediante el Decreto Orgánico de la Dictadura, el 1 de agosto de 1828. La cronología no es incidental. La prohibición de Bentham no llegó en una fase estable de la República. Llegó en el momento exacto en que el proyecto grancolombiano se agrietaba y las facciones se preparaban para una prueba de fuerza más amplia. Golpear el manual utilitarista era, entre otras cosas, golpear la doctrina de quienes se declararían fieles a la Constitución de 1821.

Bolívar había preparado el terreno también hacia el otro flanco. El 23 de enero de 1828 invitó a cenar en palacio al arzobispo Caycedo y Flórez y a los nuevos obispos de Santa Marta, Antioquia y Guayana —José María Estévez, fray Mariano Garnica y Mariano Talavera—, recién confirmados por el papa León XII. En presencia del cuerpo diplomático, el gabinete y altos funcionarios, brindó por "el bien de la Iglesia", complacido con el reciente acercamiento del Vaticano a Colombia. Entre esa cena de enero y el decreto de marzo mediaban menos de dos meses. La política eclesiástica del Libertador y su política universitaria se movían en la misma dirección, y quien leyera atento la secuencia de gestos podía anticipar lo que venía.

El decreto del 12 de marzo de 1828: texto y contexto

La disposición firmada el 12 de marzo de 1828 fue jurídicamente sobria y políticamente inequívoca. Reformó el artículo 168 del Plan general de estudios estableciendo que en ninguna universidad de Colombia podrían enseñarse los Tratados de Legislación de Jeremy Bentham. Fue más allá: autorizó a la Dirección General de Estudios a modificar los demás libros elementales en uso, previo informe de las juntas de gobierno universitarias. Y propuso reemplazar los cursos benthamianos por el estudio del latín, del derecho romano y canónico, y de la religión católica romana y su historia.

Bajo esa sobriedad, el decreto operaba en varios registros a la vez. La sustitución no era doctrinariamente neutra, porque al lugar del utilitarismo entraban precisamente los saberes contra los que el proyecto ilustrado de 1826 se había construido: el latín como cifra de la vieja formación humanista, el derecho canónico como reafirmación de la jurisdicción eclesiástica, la religión católica y su historia como asignatura de Estado. Al mismo tiempo, la reforma abría la puerta a una revisión más amplia del cuerpo bibliográfico, porque no solo Bentham quedaba tocado sino todo el ecosistema textual que la Dirección General podía en adelante modificar. El decreto respetó, además, las formas del Plan de 1826 —lo reformó, no lo derogó— y así preservó la ficción de continuidad institucional mientras alteraba su núcleo doctrinario. Y, quizá lo más revelador, la medida no se justificó por argumentos filosóficos sino por el efecto moral supuesto sobre los estudiantes.

Esa justificación era, examinada de cerca, difícil de sostener. En las obras de Bentham no había nada que justificara un asesinato político, ni ataques abiertos a las instituciones básicas de la sociedad. Otros autores ilustrados —Voltaire, Rousseau— circulaban también entre los jóvenes de las familias liberales de Bogotá sin que se hubiera decretado su expulsión. La selección de Bentham como influencia perniciosa resultaba opaca incluso para los contemporáneos. Lo que hacía a Bentham vulnerable no era su contenido sino su posición: era el texto oficial impuesto por el santanderismo, el símbolo más visible del proyecto educativo del vicepresidente, y la bandera intelectual de la facción con la que Bolívar rompía. Prohibirlo era, al mismo tiempo, satisfacer al clero, marcar territorio doctrinario y despojar al enemigo político de su libro.

Esta última dimensión se volvería más nítida después. Tras el atentado del 25 de septiembre de 1828 contra la vida del Libertador —organizado por conspiradores vinculados al santanderismo—, los libros de Bentham fueron proscritos con mayor amplitud de la enseñanza pública, bajo el argumento de que contenían ideas hostiles a la religión, la moral y el orden público. La conexión causal entre la lectura de un manual jurídico y el intento de magnicidio era, otra vez, inexplicable en términos estrictos. Pero para entonces la lógica ya no era la del argumento sino la de la sospecha. Quien había leído a Bentham era, por asociación, un enemigo potencial.

Causas: presión clerical, oportunismo político, geopolítica cultural

La prohibición fue producto de la superposición de fuerzas de escalas distintas, y ninguna basta por sí sola para explicarla. Debajo de la firma del 12 de marzo se cruzaban cuatro planos que conviene desenredar sin fingir que actuaban por separado.

Estaba, primero, el confesionalismo del Estado, ese piso sobre el que se apoyaba todo lo demás. Desde la Constitución de 1821, la República se había definido como católica, y ese carácter se prolongaría en las cartas de 1832 y 1843, reforzando cada vez más el vínculo Iglesia-Estado. La intolerancia al culto público de otras religiones era el reverso normativo de una realidad social más elemental. La Iglesia era la institución con mayor autoridad moral sobre la mayoría de la población, y su alianza o su hostilidad podían decidir la suerte de cualquier gobierno. Sobre ese piso, cualquier ministro republicano sabía lo mismo que Bolívar sabía en 1828: legislar contra la sensibilidad católica era caro, legislar a favor de ella, barato.

Estaba también el clero movilizado, que había hecho durante dos años el trabajo previo. La campaña de Margallo desde La Tercera y El Gallo de San Pedro, respaldada por libelos y sermones a lo largo del país, había construido entre 1826 y 1827 un clima de opinión hostil al benthamismo que el gobierno santanderista no logró neutralizar. El clero no era una fuerza monolítica, pero en su ala más combativa vio en el utilitarismo la punta de lanza de una modernidad secular que había que frenar. Ese trabajo de zapa —sostenido, capilar, dominical— fue la condición de posibilidad del decreto de marzo. Cuando Bolívar firmó, estaba ratificando una batalla que otros llevaban años librando desde el púlpito y la imprenta. La legitimidad social del gesto ya estaba producida; al Libertador le quedaba solo la formalidad de convertirla en ley.

Estaba, encima, el cálculo político del momento. En marzo de 1828, la Convención de Ocaña avanzaba hacia el fracaso, la ruptura con Santander era total, y Bolívar preparaba el terreno para una concentración de poder que llegaría en agosto. En ese momento, aliarse tácitamente con la Iglesia le proporcionaba una base social que las bayonetas no podían darle. El brindis de enero por "el bien de la Iglesia" y el decreto de marzo contra Bentham forman una misma secuencia de gestos. No una estrategia confesional articulada —el Decreto Orgánico posterior no reprodujo un programa clerical detallado— sino una operación de alineamiento que aprovechaba una oportunidad ya cocinada por otros.

Y estaba, finalmente, la tensión de fondo entre dos proyectos de modernización que competían por definir cómo debía formarse la élite dirigente. El santanderista era anglófilo, utilitarista, jurídicamente racionalista, orientado a construir un Estado de leyes claras y funcionarios ilustrados según el molde británico. El que Bolívar adoptó en 1828 —más por táctica que por convicción íntima, si se atiende a su trayectoria filosófica previa— era hispanista en las formas, confesional en la moral pública, autoritario en la estructura. Ninguno de los dos era popular en un sentido moderno. Ambos pertenecían a la misma élite letrada y compartían el objetivo de excluir al pueblo del diseño institucional. La disputa era intraelitaria, y por eso mismo intensa. Se peleaba por el monopolio de la formación de los futuros dirigentes en un país donde esos dirigentes cabían, todos juntos, en el salón de una casa bogotana.

Consecuencias inmediatas: la fractura de la élite letrada

El efecto más visible del decreto en el corto plazo fue polarizar a la élite letrada de una manera que hasta entonces no se había producido con esa claridad. Antes de marzo de 1828, la polémica sobre Bentham enfrentaba a defensores de la modernidad ilustrada con miembros del clero e intelectuales tradicionalistas, pero sin traducción directa en un mapa de facciones políticas. Después de marzo, y sobre todo después del atentado de septiembre, la posición sobre Bentham empezó a funcionar como marcador de identidad política. Estar por Bentham era estar por Santander; estar contra Bentham era estar por Bolívar y por la Iglesia. La cátedra dejó de ser un lugar de formación técnica y pasó a ser un lugar de adscripción.

En julio de 1830, durante su visita a Londres tras la caída del régimen bolivariano, Santander cenó con el propio Bentham —entonces de 82 años— y sostuvo correspondencia con él. El gesto no era anecdótico. Era la reafirmación pública de un vínculo doctrinario que la persecución había convertido en marca de identidad. El santanderismo se radicalizaba en su vocación anglófila y utilitarista precisamente porque había sido combatido por serlo.

Al mismo tiempo, en la generación siguiente, un discípulo directo del filósofo inglés recogía la antorcha en Colombia. Ezequiel Rojas, que había sido alumno personal de Bentham en Inglaterra y mantenía relaciones epistolares con él, desarrolló a partir de esos años una ética y una teoría general del derecho público basadas en el principio del mayor placer para el mayor número. Sus obras filosóficas alcanzarían un peso considerable en la formación del liberalismo colombiano de mediados de siglo. El proyecto que el decreto de 1828 había querido clausurar sobrevivió en las aulas de manera clandestina, en las bibliotecas privadas y en la memoria de una generación que se sentía perseguida por su lectura.

En el bando opuesto, figuras que serían centrales del conservatismo empezaron a articular en clave doctrinaria su oposición al utilitarismo. En 1842, José Eusebio Caro publicó artículos antiutilitaristas, y Mariano Ospina Rodríguez cuestionó la benevolencia de la doctrina de Bentham, señalando que contenía principios contrarios a la religión, la moral y la paz. Estos argumentos alimentarían nuevas medidas restrictivas sobre la enseñanza del utilitarismo en los años siguientes. La línea abierta en 1828 no se cerró: se profundizó.

Consecuencias de largo plazo: la polémica de los textos escolares

El decreto del 12 de marzo de 1828 inauguró en Colombia una polémica que duraría todo el siglo XIX: la disputa recurrente sobre qué libros podían usarse en la educación pública, que dividió a liberales y conservadores durante décadas. No era un asunto pedagógico marginal, sino la forma específica que adoptó en Colombia el conflicto entre Iglesia y Estado en materia educativa. En una sociedad donde la letra era escasa y el acceso a ella un privilegio, controlar los textos era controlar la reproducción de las élites; y controlar la reproducción de las élites era controlar el futuro del régimen.

Cuarenta y dos años después de la firma bolivariana, la escena se repetía casi calcada. En 1870, un Congreso de mayorías radicales aprobó un proyecto que recomendaba al ejecutivo hacer obligatorio el uso de las obras de Bentham para la cátedra de Legislación y de Destutt de Tracy para la de Lógica en la Escuela Universitaria. La medida provocó una impugnación en el Consejo Universitario y precipitó la renuncia del rector Manuel Ancízar. Desde las páginas de El Tradicionalista, Miguel Antonio Caro cargó contra la imposición estatal de textos liberales con una prosa densamente doctrinaria que anunciaba ya al futuro artífice de la Regeneración. Aníbal Galindo respondió en el flanco contrario, defendiendo sin eufemismos que la universidad debía enseñar doctrinas liberales para formar liberales, y resumiendo la disputa en una frase que quedaría: "Balmes y Bentham no pueden darse la mano en las aulas universitarias". Lo notable no era la agudeza de la sentencia sino su fecha. Medio siglo después de que Bolívar tachara el manual inglés del programa, los actores habían cambiado de nombre, la República se llamaba de otra manera, y la línea de combate era, sin embargo, exactamente la misma.

La forma partidista que adquirió la disputa —liberales por Bentham, conservadores contra él— hizo del utilitarismo británico algo que Bentham mismo probablemente no habría reconocido: un símbolo de identidad política nacional. En algún momento del último tercio del siglo, el entusiasmo por Bentham, Tracy y Rojas comenzó a ceder ante el agotamiento de la lucha dogmática entre sistemas antagónicos. Pero la estructura de la polémica —Estado laicizante contra Iglesia confesionalizante, con el currículo como campo de batalla— se mantuvo bajo otras banderas doctrinarias, y volvería a aflorar cada vez que una reforma escolar quisiera tocar la enseñanza religiosa o la selección de autores.

Coda: la política de un manual

El decreto del 12 de marzo de 1828 se estudia poco en las escuelas y aparece raramente en las cronologías populares de la Independencia, dominadas por batallas y constituciones. Pero en la historia intelectual del país pesa mucho más de lo que su brevedad sugiere. Estableció, por primera vez y con claridad, que en Colombia el currículo universitario era un asunto de Estado en el sentido más beligerante del término. Qué se enseñaba a los futuros abogados, jueces y ministros no era una cuestión técnica ni pedagógica, sino una decisión política de primer orden.

Mostró también algo más incómodo. En una sociedad letrada minoritaria, capturar la formación de la élite equivalía a capturar el país. La disputa por Bentham no fue entre la República y el pueblo —el pueblo no leía a Bentham ni sabía quién era—, sino dentro de la élite por el monopolio de su propia reproducción. Se peleaba por el canon con el resto de la sociedad como espectador desigualmente convocado.

Conviene, con todo, no leer 1828 desde 1849 ni desde 1870. En marzo de aquel año, Santander no era todavía el jefe de un partido liberal que aún no existía con ese nombre, y Bolívar no fundaba un conservatismo del que jamás se supo miembro. Los dos hombres eran, cada uno a su modo, herederos de la misma Ilustración hispanoamericana, y la disputa por un manual inglés los enfrentaba por razones que ellos mismos habrían tenido dificultad para separar de lo personal, lo táctico y lo doctrinario. Santander introdujo a Bentham porque creía en el utilitarismo, y también porque lo necesitaba como cemento doctrinario de su facción. Bolívar lo prohibió porque el clero lo pedía, y también porque el manual era la bandera del enemigo. En ambos gestos, la idea filosófica funcionó como instrumento de una política más grande, sin que ninguno de los protagonistas supiera todavía que estaba fundando bandos que durarían un siglo.

Lo aprenderían los que vinieron después. Cuando Caro escribiera en El Tradicionalista y Galindo le respondiera desde la orilla contraria, la aritmética estaría ya hecha: quien perdía el aula perdía, más tarde o más temprano, los jueces del año siguiente, los ministros de la década siguiente, la doctrina jurídica del medio siglo por venir. En marzo de 1828, en un decreto de pocas líneas firmado en Bogotá, Colombia había aprendido —sin saberlo aún del todo— que se peleaba también por los libros.