Reconocimiento diplomático

El reconocimiento diplomático de la Independencia

El reconocimiento diplomático es la figura del derecho de gentes por la cual un Estado admite la existencia jurídica de otro y consiente en tratarlo como par en el concierto internacional. Para la Colombia que emergió de la guerra contra España, esa admisión no fue un trámite protocolario sino la segunda de sus independencias: sin ella, la soberanía arrancada en Boyacá y sellada en Ayacucho carecía de existencia legal fuera de sus fronteras, no daba acceso al crédito de las plazas financieras, ni permitía firmar tratados de comercio, nombrar cónsules, defender navíos o cobrar deudas. Entre 1810 y 1836 —de las juntas americanas al acta pontificia—, la República libró una segunda guerra, esta vez con papel sellado y credenciales, ante Londres, Washington, Roma, La Haya, Madrid, y ante los propios vecinos americanos. Aquella campaña, escalonada y desigual, definió la textura de la política exterior colombiana durante el resto del siglo XIX.

Reconocer a un Estado, en el vocabulario de las cancillerías del siglo XIX, era admitir tres cosas a la vez: que ejercía autoridad efectiva sobre un territorio, que ya no había vínculo válido de soberanía con la antigua metrópoli, y que podía obligarse por tratado con la potencia que lo reconocía. De ahí que el reconocimiento tuviese siempre dos rostros: uno declarativo, meramente constatativo del hecho consumado, y otro constitutivo, que abría al reconocido un lugar en el sistema. Para la Gran Colombia, esos dos rostros no coincidieron en el tiempo. Militarmente, la Independencia estaba ganada en 1822; jurídicamente, seguía en litigio. Reino Unido tomaría hasta 1825 para el reconocimiento formal; Estados Unidos había abierto la puerta en 1822 con la mira puesta en Florida; el Vaticano se demoraría hasta 1835, y la propia España solo aceptaría lo consumado décadas más tarde. En el intervalo, cada gestión diplomática colombiana debió operar en la penumbra de una soberanía a medias: reconocida por unos, tolerada por otros, negada por los más conservadores, y siempre condicionada al juego mayor de las potencias europeas después de Waterloo.

Esa asimetría define la institución en su versión hispanoamericana. No fue un intercambio entre iguales sino la incorporación de nuevos sujetos a un sistema construido sin ellos, en el que el precio de la admisión —tratados de comercio ventajosos para los reconocedores, empréstitos onerosos, apertura de mercados a las manufacturas europeas— quedó fijado desde el primer acto.

El derecho a ser reconocido nació antes que la voluntad de romper con España. Cuando la invasión napoleónica de la península en 1808 y el secuestro de Fernando VII vaciaron el trono, la doctrina de la retroversión de la soberanía —según la cual, ausente el rey, el poder regresaba a su fuente original, el pueblo— circuló con fuerza inusitada en la América española. Camilo Torres la formularía sin ambages en carta a su tío Ignacio Tenorio, oidor de Quito, el 29 de mayo de 1810: los americanos eran hombres, ciudadanos, pueblo soberano, y "todo el poder, toda la autoridad ha regresado a su fuente original, que es el pueblo".

El argumento tenía un doble filo. Servía para constituir juntas locales sin romper formalmente con la Corona —Fernando VII seguiría siendo rey, incluso en el Acta del 20 de julio de 1810 en Santafé, cuando José Acevedo y Gómez escribió "Somos libres" al caer la tarde del 21—, y servía también para reclamar, ante la Junta Suprema Central española, una representación americana en pie de igualdad. Aquí se abrió la primera brecha: la Junta decretó que cada reino y capitanía de ultramar mandara un solo diputado a las Cortes, prolongando la lógica antigua de representación por reinos frente a la nueva de representación por ciudadanos. Momentáneamente, mientras Cádiz necesitaba la lealtad criolla contra los franceses, se sostuvo que las Indias no eran colonias y sus habitantes tenían los mismos derechos que los peninsulares. En la práctica, especialmente después de 1814, ese reconocimiento se revirtió.

Las juntas americanas de 1810 —Caracas, Santafé, Quito, Buenos Aires— nacieron con esta ambigüedad congénita. Todas juraron fidelidad a Fernando VII; todas empezaron a comportarse, sin decirlo, como sujetos internacionales. La Constitución de Cundinamarca, promulgada el 4 de abril de 1811, disolvió la Junta Suprema del 20 de julio y estableció una monarquía constitucional bajo un Fernando VII cuyos poderes quedaban acotados por la ley: la fórmula de la fidelidad convivía ya con el vaciamiento del soberano. En Caracas, la junta estaba dividida entre conservadores que gobernaban en nombre del rey cautivo, autonomistas que aspiraban al autogobierno dentro de la monarquía e independentistas de ruptura total. De esa misma junta salió, muy pronto, la primera misión al exterior: Simón Bolívar, coronel y diputado, junto a Luis López Méndez y Andrés Bello, enviados a gestionar apoyo en Europa. Aquella comisión inauguró la diplomacia hispanoamericana antes de que existieran Estados que la sustentaran. Fue un reconocimiento buscado antes de ser posible: la República tocaba las puertas de las cancillerías sin credenciales que ninguna cancillería estuviera dispuesta a aceptar todavía.

Con la victoria militar consolidada, la gestión pasó del gesto simbólico al aparato: hacía falta una cancillería y hombres dispuestos a instalarse durante años en las capitales del mundo. Después de Boyacá (1819) y del Congreso de Cúcuta (1821), la nueva República necesitaba un aparato capaz de conducir simultáneamente varias campañas diplomáticas. Ese aparato lo montó Pedro Gual como secretario de Relaciones Exteriores, siguiendo el reglamento dado por el general Francisco de Paula Santander en 1822. El texto le atribuyó tres funciones nucleares: conducir todas las relaciones diplomáticas con otros Estados, nombrar a los enviados colombianos y cuidar las gestiones de los agentes extranjeros ante el gobierno de Bogotá.

Nada en ese reglamento era trivial. Colombia se dotaba, en plena guerra, de una cancillería moderna con vocación de servicio exterior estable, en un continente donde la mayoría de las repúblicas seguían improvisando embajadas con militares en disponibilidad. Gual organizó desde allí un despliegue simultáneo: misiones a las principales capitales europeas, agentes ante los nuevos Estados americanos, un enviado a la Santa Sede y la convocatoria de la gran Asamblea Internacional de Panamá que Bolívar concebía como el corazón anfictiónico del continente. Los primeros diplomáticos colombianos hicieron mucho más que negociar. Precisaron informaciones sobre el territorio, describieron recursos, animaron a comerciantes y colonos, y en varios casos redactaron manifiestos y memorias que sirvieron a la vez de propaganda republicana y de prospecto de inversión. La diplomacia fue, en esos años iniciales, un ejercicio de existencia: consistía en hacer visible al Estado que se aspiraba a ser reconocido.

Ninguna capital importaba tanto como Londres. Desde 1820, Colombia sostuvo un esfuerzo continuo ante el Foreign Office, primero con Francisco Antonio Zea —antiguo director del Jardín Botánico de Madrid entre 1805 y 1808, vicepresidente de la República—, luego con José Rafael Revenga tras la muerte de Zea en Europa en 1822, en el ejercicio mismo de su misión. La política británica hacia Hispanoamérica había oscilado desde el fin de las guerras napoleónicas. Lord Castlereagh consideraba que aquellas nuevas repúblicas tenían "extraordinaria importancia política" para Gran Bretaña, como contrapeso a las potencias continentales en Europa y frente a la creciente presencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, pero prefería moverse en concierto con las cortes europeas. George Canning, que tomó el Foreign Office en 1822, no compartía esa fe en la acción conjunta: aceleró el desacople británico de la Santa Alianza y preparó un avance hacia el reconocimiento comercial elaborando una lista de destinos consulares y argumentando la necesidad de cooperar con los gobiernos independientes para eliminar la piratería y los embargos ilegales en el Caribe.

El motor no era ideológico. Gran Bretaña tenía un excedente de capital inactivo, sus manufacturas necesitaban mercados más amplios que el propio, y la crisis de 1818 había reforzado la urgencia de abrir Latinoamérica al comercio inglés. Zea capitalizó ese ambiente: en julio de 1822 fue centro de una recepción en Londres en la que empresarios e intelectuales brindaron por la independencia colombiana, con la presencia del duque de Somerset y del abolicionista William Wilberforce. La escena era exacta: la City ratificaba comercialmente lo que Whitehall aún no reconocía jurídicamente.

En 1823, el gobierno británico dio el paso intermedio de nombrar agentes confidenciales ante el gobierno de Colombia —una fórmula deliberadamente ambigua, ni cónsules plenos ni embajadores, pero ya funcionarios oficiales—, en reciprocidad a los esfuerzos colombianos. El reconocimiento formal llegaría en 1825, y con él, muy pronto, un tratado de comercio negociado en condiciones que la parte colombiana consideró desventajosas. Bogotá había intentado sin éxito modificar los términos propuestos por los plenipotenciarios de Su Majestad Británica; terminó aceptándolos porque no aceptarlos significaba renunciar al reconocimiento mismo.

En Estados Unidos, el cálculo fue distinto y más lento. Ya en 1811, Washington había declarado que no podía ver sin inquietud que la Florida española pasara a manos de una potencia extranjera; la fragilidad ibérica bajo Napoleón abría oportunidades territoriales que un reconocimiento precipitado de las repúblicas insurgentes podía comprometer. Para no hostilizar a Madrid mientras se cerraba la cuestión de Florida, Washington demoró el reconocimiento de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, aguardando la evolución de la situación española. El Tratado Adams-Onís, negociado por John Quincy Adams y ratificado en 1821, resolvió al fin la cesión de Florida y despejó el obstáculo diplomático que había mantenido en suspenso la decisión.

Cuando se decidió, en 1822, lo hizo con ventaja de cronología sobre Europa. Manuel Torres, agente colombiano en Washington, fue recibido por el presidente James Monroe el 19 de junio de ese año, en un acto que abrió formalmente las relaciones y que se produjo cuando el diplomático agonizaba: moriría pocas semanas después, sin alcanzar a ver plenamente el fruto de su gestión. En diciembre de 1823, Monroe proclamó lo que quedaría fijado como Doctrina Monroe: una advertencia contra futuros intentos europeos de recolonización en América, sintetizada en la fórmula "América para los americanos". El gesto tuvo acogida entusiasta en Bogotá; la Gaceta de Colombia de febrero de 1824 publicó sus principales párrafos precedidos de un artículo atribuido al general Santander.

La lectura crítica llegaría pronto y desde arriba. La doctrina rechazaba en principio toda intervención política y militar europea, pero era más aspiración que principio de derecho público reconocido universalmente: desde Monroe en adelante, ningún presidente estadounidense la formuló sin que Inglaterra —y en muchos casos otras cortes europeas— protestaran o la rebatieran. Cuando en 1824 y 1825 el canciller Pedro Gual sondeó a Washington sobre la posibilidad de convertir la declaración en alianza defensiva efectiva contra una eventual intervención de la Santa Alianza, la respuesta fue el retroceso: el secretario Henry Clay dejó claro que la doctrina era una posición unilateral, no un compromiso vinculante. La lección quedó registrada, y no tardó en cristalizar en un juicio de Bolívar mismo. En carta de 1829, mirando ya con distancia crítica el entusiasmo continental que había saludado a Monroe, el Libertador advirtió con desconfianza que "los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar América de tormentos en nombre de la libertad". La ambivalencia no era caprichosa: Bolívar sospechaba que el respaldo republicano estadounidense debilitaba los diseños monárquicos que él consideraba viables para la región, y que la potencia con influencia real en Hispanoamérica durante el siglo XIX no sería Washington sino Londres. Tenía razón en el orden de magnitudes. Durante la mayor parte de esa centuria, Gran Bretaña fue la potencia occidental con mayor peso económico y diplomático en América Latina, incluida Colombia, superando en ese terreno a Estados Unidos.

El acto de reconocimiento más denso simbólicamente no vino de Londres ni de Washington. Vino de España, y llegó en la forma menos esperada: como un armisticio militar. En noviembre de 1820, Bolívar y Pablo Morillo firmaron en Trujillo el Tratado de Regularización de la Guerra y un armisticio de seis meses. Los contratantes eran, literalmente, "el gobierno de España y el gobierno de Colombia". El tratado estipulaba que "la guerra entre España y Colombia se hará como la hacen los países civilizados". La fórmula era un reconocimiento en la práctica. Al aceptar tratar a Colombia como parte contratante y aplicar entre ambos las reglas del derecho de gentes, España dejaba de considerar el conflicto una rebelión interna y lo trataba como guerra entre naciones. La sede del acto agregaba la carga: Trujillo era el mismo lugar donde Bolívar había proclamado, años antes, la guerra a muerte. Ahora, en el mismo suelo, se pactaba humanizarla, y con esa humanización se admitía tácitamente que había dos Estados en pugna, no un imperio y sus súbditos rebeldes. Ningún acto diplomático posterior tendría un peso jurídico interno equivalente. El reconocimiento formal español, en cambio, tardaría todavía largas décadas.

Si en Trujillo el adversario militar cedió tratando a Colombia como par, en Roma faltaba todavía la más lenta de las gestiones: convencer a la autoridad espiritual que había sancionado durante tres siglos el vínculo entre la Corona y las Indias. La Santa Sede era una jurisdicción particular en el sistema. No solo era un Estado que reconoce; era también la autoridad espiritual que designa obispos, autoriza la creación de diócesis y valida —o niega— el patronato eclesiástico que la Corona española había ejercido en América. Reconocer a Colombia implicaba, para Roma, deshacer ese vínculo secular con Madrid.

El gobierno colombiano envió una misión ante la Santa Sede desde temprano, con Ignacio Sánchez de Tejada como agente principal. La diplomacia romana avanzó por vías indirectas y contradictorias. El nuncio en Madrid obtuvo el beneplácito español para que el Vaticano pudiera recibir a los diplomáticos americanos, pero únicamente en calidad de agentes privados con fines eclesiásticos, sin que ello supusiera reconocimiento de la independencia. Era la fórmula perfecta del compromiso: hablarles sin admitirlos. Aun así, la maquinaria eclesiástica se movió. El papa León XII nombró los primeros obispos para Colombia, y los designados coincidieron con la lista propuesta por Bogotá, encabezada por Fernando Caycedo y Flórez como arzobispo. Con León XII y luego Pío VIII, se autorizó la creación de un episcopado nacional independiente de las disposiciones de la Corona española. Era una revolución silenciosa: el Estado colombiano ganaba, de facto, prerrogativas de patronato antes reservadas al monarca peninsular, aunque el Vaticano se mantuvo reacio a aceptar formalmente la legislación colombiana en la materia. El reconocimiento pleno tomó once años. El 26 de noviembre de 1835, ya extinta la Gran Colombia y bajo el nombre de Nueva Granada, el Estado Pontificio reconoció la independencia y designó el primer internuncio. Con esa acta se abrieron relaciones diplomáticas formales que, dada la centralidad del catolicismo en la vida pública colombiana, tendrían durante el siglo siguiente un peso interior desproporcionado respecto de su tamaño protocolario.

Un episodio menos conocido, pero revelador de la dinámica europea, se desplegó en torno a los Países Bajos. Francisco Antonio Zea entregó al embajador holandés en París, Robert Fagel, un ejemplar de su manifiesto sobre Colombia, que Fagel calificó de "singular" al remitirlo a La Haya. Allí, el rey Guillermo I comenzaba a cuestionar hasta qué punto debía seguir respetando los escrúpulos de la Alianza continental. Un Real Decreto del 9 de julio de 1822 anunció que los barcos colombianos serían bienvenidos en Willemstad, la capital de Curazao. La medida era estrictamente comercial, pero Pedro Gual la leyó como lo que empezaba a ser: una grieta en el frente conservador europeo. Agradeció la disposición y anunció que Colombia nombraría un enviado a Holanda una vez formalizado el reconocimiento, expresando "fervientes sentimientos de amistad" hacia el monarca de los Países Bajos. El episodio ilustra la mecánica del reconocimiento en su forma más discreta: el interés comercial de un puerto caribeño abrió, antes que ningún principio jurídico, la disposición de una monarquía europea a tratar con la nueva república.

Cerrado el frente bilateral con las potencias, quedaba el otro tablero, más ambicioso y más frágil: el continental. Allí el desafío era distinto: no se trataba de arrancar reconocimiento a potencias reticentes, sino de tejer entre repúblicas hermanas un sistema colectivo que las protegiera a todas frente a la eventual reconquista europea. Colombia buscaba tratados de alianza, de comercio y de defensa mutua que Bolívar concebía como una Anfictionía americana a imitación de las ligas griegas. Miguel Santamaría fue enviado a México y, una vez organizado allí un gobierno representativo tras la caída del imperio de Iturbide, logró concertar el tratado de alianza colombo-mexicano firmado en octubre de 1823 y asegurar la asistencia mexicana a la reunión de Panamá. El tratado de comercio que negoció con el secretario Arrillaga, en cambio, no logró ser ratificado por Colombia: incluso entre repúblicas hermanas, la negociación real era ardua, porque los intereses de los puertos, los aranceles y las jerarquías comerciales entraban en tensión con la retórica fraternal. Tratados semejantes se firmaron con Perú, Chile y la Confederación Centroamericana, dibujando una red bilateral que debía servir de andamio a la asamblea continental.

El Congreso Anfictiónico de Panamá, reunido entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en la sala capitular del convento de San Francisco, fue el momento más alto de la ambición diplomática grancolombiana y su desengaño más elocuente. Bolívar lo concibió como confederación que uniera al menos a Perú, México, la Confederación Centroamericana, Bolivia y la Gran Colombia, sin mayor entusiasmo por incluir a Chile, Buenos Aires ni Estados Unidos, cuyas simpatías republicanas le parecían una amenaza más que un respaldo. Escribía a Santander quejándose de las demoras y del clima insalubre del istmo, y llegó incluso a considerar trasladar la sede a Quito para garantizar mejor ambiente y comodidades a los delegados. Solo acudieron plenipotenciarios de cuatro Estados —Gran Colombia, Perú, México y Centroamérica—; los enviados estadounidenses que Adams había designado a regañadientes no llegaron a tiempo, y Chile, Argentina y Brasil declinaron. Se firmaron cuatro instrumentos, entre ellos un Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua que preveía un ejército común, contingentes cuantificados por cada república y una asamblea permanente que se trasladaría a Tacubaya. Ninguno de esos tratados fue finalmente ratificado por las repúblicas convocantes salvo la propia Gran Colombia. Y sin embargo, aquellos actos fueron precursores del reconocimiento de una organización internacional permanente en el hemisferio, un precedente al que el siglo XX regresaría con otros nombres.

El reconocimiento tuvo protagonistas y tuvo escenarios. Pedro Gual, cerebro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, articuló desde Bogotá el mapa entero: agradeció a los holandeses, gestionó Panamá, envió a los emisarios. Francisco Antonio Zea llevó el peso simbólico y político de la primera legación en Londres; su muerte en Europa en 1822, en plena misión, dejó un vacío que Revenga alcanzó a cubrir con pragmatismo pero sin el aura fundacional de su antecesor. Ignacio Sánchez de Tejada persistió en Roma contra la inercia de la Santa Alianza. Del lado de los reconocedores, la cadena se nombra con facilidad. Castlereagh y Canning encarnan las dos posturas británicas —concertación europea frente a autonomía comercial—, y termina imponiéndose la segunda porque responde mejor a los intereses estructurales del capitalismo inglés. Monroe y su secretario John Quincy Adams formulan la doctrina que Bogotá aplaude y que la práctica desmentiría. León XII y Pío VIII abren, en Roma, las puertas eclesiásticas antes que las diplomáticas.

Las plazas dibujan el sistema. Londres es el centro económico y jurídico; Washington, el prometedor incierto; Roma, la conciencia católica; Madrid, el adversario que va cediendo por agotamiento. París hace de pivote europeo, y desde allí Zea desplegó buena parte de su acción sobre Holanda y el continente. La Haya y Willemstad funcionan como puerta comercial secundaria; Panamá, como sueño anfictiónico frustrado. Del lado colombiano, Angostura, Cúcuta, Trujillo y Bogotá son las capitales sucesivas del gesto reconocido. También las ideas forman red. La retroversión de la soberanía justificó las juntas de 1810. La igualdad jurídica de los Estados sostuvo la exigencia colombiana ante Madrid y ante las Cortes de Cádiz. El librecambismo británico impulsó, mucho más que cualquier principio republicano, la voluntad reconocedora de Canning. La Doctrina Monroe suministró un lenguaje continental para articular una autonomía americana que en la práctica no siempre coincidió con los intereses locales. La anfictionía bolivariana pretendió sintetizar todo lo anterior en una arquitectura permanente, y no lo logró.

El reconocimiento diplomático tuvo consecuencias concretas y duraderas, y algunas de ellas contradicen la retórica con que se celebró. La primera fue el acceso al crédito. Desde el comienzo mismo de la guerra —Bolívar y Méndez viajaron a Inglaterra en 1810 para gestionarlo—, la República buscó empréstitos en las plazas europeas. Cuando Londres reconoció formalmente a Colombia, se abrió una avalancha de préstamos ingleses a la nueva república, encuadrados en la lógica más amplia de la exportación de capital británico hacia América Latina. Los términos no siempre fueron favorables al deudor; el mecanismo ligó por décadas la solvencia colombiana a las plazas de la City.

La segunda consecuencia fue comercial y estructural. Gran Bretaña se convirtió en el principal socio de Colombia en importaciones durante las décadas posteriores a la independencia, superando ampliamente a Francia, Estados Unidos y otras naciones. Sus líneas de navegación regulares, la naturaleza de sus exportaciones —manufacturas de consumo inmediato— y los términos del tratado bilateral firmado tras el reconocimiento consolidaron una hegemonía que, medio siglo después, en 1880, seguía generando quejas de Washington: los ingleses poseían con Colombia un tratado de amistad y comercio ventajoso que los norteamericanos consideraban un obstáculo a su propia expansión.

La tercera consecuencia fue política y menos tangible. Los tratados firmados con las potencias reconocedoras arrastraban obligaciones subsidiarias —deudas particulares de súbditos extranjeros, reclamaciones consulares, controversias sobre navegación— que se convirtieron, con el tiempo, en el grueso ordinario de la relación bilateral. La deuda con el súbdito británico James Mackintosh ocupó a varias administraciones colombianas y llegó a condicionar la agenda con Londres durante buena parte de las décadas centrales del siglo. En 1857, en pleno esfuerzo por cerrar el expediente, el gobierno acreditó una misión plenipotenciaria ante la Reina Victoria con ese objetivo declarado. Colombia dependía de Gran Bretaña en su comercio exterior, y esa dependencia condicionaba negociaciones que, en otro contexto, habrían sido asunto menor de cancillería.

Ahora bien, leer todo esto como sumisión colonial o imperio informal cerrado sería excesivo. La influencia británica efectiva en Colombia fue más limitada de lo que sugiere el volumen del comercio. Londres era, para asuntos generales, indiferente a los acontecimientos internos de Bogotá; la región grancolombiana no encajó plenamente en el modelo de imperio informal cuyas manifestaciones más nítidas se dieron entre 1870 y 1940 en Argentina y Brasil. La asimetría fue real, la dependencia comercial también, pero el control político directo no se instaló nunca. El precio del reconocimiento fue una inserción desigual, no una tutela.

El reconocimiento diplomático de Colombia fue, sobre todas las cosas, obra de la agencia criolla. Desde las juntas de 1810 que reclamaban soberanía en nombre de un rey ausente, pasando por la arquitectura institucional de Gual en 1822 y las misiones simultáneas a Londres, Washington, Roma, La Haya y las capitales americanas, hasta el golpe jurídico de Trujillo que arrancó al adversario mismo el reconocimiento implícito, la República construyó activamente su lugar en el sistema internacional. Cada gestión precedió al reconocimiento, no al revés. Y sin embargo, las potencias no reconocieron por convicción republicana ni por simpatía con la causa americana, sino por convergencia con sus propios intereses: el capital británico buscando mercados, los Estados Unidos asegurando su flanco meridional y Florida, Roma protegiendo su autoridad espiritual frente al patronato regio, Holanda abriendo un puerto caribeño. El reconocimiento fue así, simultáneamente, victoria diplomática colombiana y condicionamiento estructural para las décadas siguientes.

La República obtuvo, tras dieciséis años de gestiones que fueron desde el manifiesto entregado a un embajador holandés en París hasta la firma de un internuncio en 1835, la existencia jurídica internacional que sus ejércitos habían ganado en el campo. Pagó por ella el precio de tratados desventajosos, empréstitos onerosos y una hegemonía comercial británica en las importaciones. Ganó, a cambio, el derecho a firmar, a demandar, a comerciar, a nombrar embajadores, a reclamar ante cortes extranjeras, a existir: la admisión al club de quienes pueden obligarse. Colombia fue admitida por Londres en 1825 y por Roma en 1835, y ejerció desde entonces esa condición de sujeto internacional bajo los términos, siempre desiguales, en que la había obtenido.