Campañas del Sur: Pasto, Quito y Ayacucho (1822–1824)

Campañas del Sur: Pasto, Quito y Ayacucho (1822–1824)

Entre abril de 1822 y diciembre de 1824, los ejércitos de la República de Colombia libraron sobre el eje andino que va de Popayán a los altiplanos del Alto Perú la fase final de la guerra de independencia sudamericana. Fueron tres años en los que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre cerraron militarmente el ciclo abierto en 1810: tomaron Quito, ocuparon Guayaquil, cruzaron los Andes peruanos y destruyeron en Ayacucho el último gran ejército realista del continente. Pero esas mismas campañas —victoriosas hasta la culminación— dejaron dos heridas que la joven república no supo suturar: la incorporación de Pasto por conquista sobre una población tenazmente realista, y la anexión de las provincias de la antigua Presidencia de Quito como territorio militarmente ganado, sin voz efectiva de sus dirigentes en el gobierno de Bogotá. Cuando la Gran Colombia se disgregó tras la muerte de Bolívar en diciembre de 1830, buena parte de sus fracturas ya estaban trazadas en los caminos por donde marcharon aquellas tropas.

El sur antes de la marcha: un mapa de lealtades

Para 1821, cuando el ejército bolivariano se recomponía tras Boyacá y Carabobo y se preparaba para descender hacia el sur, la geografía política del actual suroccidente colombiano y del Ecuador estaba lejos de ser una tierra pasiva a la espera de ser liberada. Los gobiernos de Pasto y Popayán se habían declarado realistas desde los primeros momentos de la crisis de independencia, alineados con Panamá, Santa Marta, Riohacha, las sabanas del Sinú, la costa sur del Pacífico y el valle de Cúcuta. No era una decisión de élites aisladas: se sostenía sobre un tejido social denso.

En Pasto y su provincia, el clero desempeñó un papel articulador. El obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Encizo, había predicado con insistencia la unidad estrecha entre Monarquía y Religión, combatido los principios ilustrados y defendido la necesidad de mantener el orden colonial. En la provincia de Pasto, el clero se dividió, pero varios curas —Manuel José Troyano como vicario castrense, Gabriel Santacruz, Pedro José Sañudo— se unieron abiertamente a los sublevados realistas, aportando legitimidad sagrada a la resistencia armada. A esto se sumaba una porción de la población indígena que se sentía vinculada a la figura del rey como padre y protector, sensibilidad que España supo cultivar otorgando algunos beneficios a los indios que combatían del lado realista. Otros sectores indígenas, en cambio, se mantuvieron al margen de los dos bandos, negándose a hacer suya una guerra que percibían ajena.

En el valle del Patía, entre Popayán y Pasto, operaba una red guerrillera de fuerte arraigo local que llevaba años hostigando a las tropas patriotas. Esas guerrillas patianas, junto con la disposición combativa de la campiña pastusa, hicieron del corredor Popayán–Pasto–Quito un territorio de tránsito extraordinariamente hostil para cualquier ejército que se moviera de norte a sur, sin importar sus banderas.

El antecedente militar inmediato era desalentador. El 2 de febrero de 1821, el coronel realista Basilio García —designado jefe de operaciones en Pasto por el mariscal de campo Melchor de Aymerich, comandante del ejército realista en Quito— había derrotado al general patriota Manuel Valdés en Genoy, obligándolo a repasar el río Juanambú y a replegarse en El Trapiche. Cuando García asumió el mando, la división patriota se había reducido a 586 hombres y 314 fusiles. Sobre ese escenario, y con esos precedentes, se preparó la campaña que Bolívar dirigiría personalmente.

Bomboná: la victoria que no abrió el camino

El 7 de abril de 1822, Bolívar libró en las estribaciones del volcán Galeras, en el paraje de Bomboná, uno de los combates más costosos de toda su trayectoria militar. El terreno —una ladera empinada, cruzada por quebradas y cubierta de matorrales— anulaba la superioridad de caballería y obligaba a un asalto frontal contra posiciones realistas bien elegidas. Al terminar el día, los republicanos habían sufrido aproximadamente 1.055 bajas, cifra que rozaba el aniquilamiento de la fuerza empeñada. Las bajas realistas también fueron considerables, aunque menores. El propio comandante español reconoció la bravura de los soldados de Bolívar; el reconocimiento no cambió el hecho de que el ejército libertador quedó imposibilitado de continuar la marcha.

Bolívar intentó entonces la vía diplomática. Buscó negociar con el jefe realista para acordar la entrada a Pasto y evitar más sangre. La respuesta fue seca: considerándose en superioridad de condiciones, el español sólo aceptó que las tropas republicanas regresaran a sus posiciones de origen. No había capitulación posible por ese camino. Bolívar se replegó a El Peñol y desde allí quedó esperando los auxilios que debían llegar desde Popayán —refuerzos, víveres, munición— para reanudar la ofensiva.

La espera fue infructuosa. Las guerrillas patianas cortaron las comunicaciones y bloquearon el tránsito de los refuerzos, dejando al ejército libertador suspendido en un limbo logístico que ninguna victoria táctica podía resolver. Fue una lección amarga: el orden militar convencional no bastaba contra una guerra popular que operaba fuera de sus reglas. Bolívar terminó por repasar él mismo el Juanambú, situándose en El Trapiche —el mismo paraje donde los patriotas se habían replegado tras la derrota de Genoy un año antes—, y sólo allí, en ese punto de retaguardia, comenzaron a llegar los apoyos esperados.

Bomboná, técnicamente una victoria, se resolvió como algo muy próximo a una parálisis. Lo que finalmente destrabaría el frente del sur no vendría de Pasto sino de más al sur, desde el eje que ya estaba abriendo Sucre.

Pichincha: la puerta que sí se abrió

Mientras Bolívar se desangraba en las laderas del Galeras, Antonio José de Sucre avanzaba por el flanco meridional del teatro de operaciones. Su columna, compuesta por tropas colombianas apoyadas por el batallón Albion —una unidad extranjera integrada por veteranos británicos que combatían por la causa republicana desde años atrás—, y en coordinación con contingentes venidos del sur, remontaba los Andes ecuatorianos hacia la capital de la antigua Presidencia de Quito.

El 24 de mayo de 1822, Sucre libró en las faldas del volcán Pichincha, sobre la meseta que domina la ciudad de Quito, la batalla que decidiría el destino inmediato del sur. El combate se resolvió con una nitidez que contrastaba con el desangre de Bomboná: cerca de 200 muertos patriotas frente a 400 realistas, más de 2.000 prisioneros capturados y la rendición del general Melchor de Aymerich, comandante realista del ejército del sur. Sucre entró en Quito y fue aclamado por la ciudad; el pueblo, o al menos la parte visible de sus élites urbanas, recibió al vencedor con una acogida que en el momento debió parecer inequívoca.

Pichincha se contó como la tercera gran victoria de la revolución del norte, en la misma escala simbólica que Carabobo y Bomboná. Su efecto operativo fue, sin embargo, mayor: al eliminar el núcleo del ejército realista de Quito y capturar a su comandante, dejó a Pasto aislada, sin retaguardia estratégica, sin posibilidad de recibir refuerzos desde el sur. La resistencia pastusa perdía, de golpe, su horizonte imperial.

Bolívar, entretanto, negociaba la capitulación de Pasto. La aceptación de esa capitulación —simultánea a la entrada triunfal de Sucre en Quito— cerró, en el papel, la primera fase de la campaña. Pero la palabra "capitulación" prometía en Pasto mucho más de lo que podía cumplir.

Guayaquil y Quito: una anexión sin conversación

Con Quito tomada, quedaba pendiente la definición política del sur. Guayaquil había declarado individualmente su independencia con anterioridad y se comportaba como una entidad soberana, con puerto propio, comercio autónomo y una élite que había sopesado sus alianzas con el Perú de San Martín y con la Colombia de Bolívar. La incorporación de Guayaquil a la República fue decidida, en la práctica, por dos generales victoriosos —Bolívar y Sucre— sin que los grupos dirigentes ecuatorianos tuvieran participación prácticamente alguna en los círculos decisorios del gobierno nacional que se consolidaba en Bogotá bajo la Constitución del Congreso de Cúcuta.

Lo mismo ocurrió con Quito y con Cuenca. Las tres provincias de la extinta Presidencia fueron incorporadas como una simple anexión de territorio militarmente conquistado. No hubo un pacto de asociación negociado. No hubo asamblea representativa que discutiera los términos de la unión. No hubo arquitectura institucional que garantizara la presencia de las élites del sur en el diseño del Estado. Se trató de una integración por decreto y por sable.

Las consecuencias fueron inmediatas y materiales. Sobre las poblaciones de la antigua Presidencia cayeron durante una década tres cargas superpuestas: empréstitos forzosos para financiar la guerra que continuaba, reclutamiento de hombres para las campañas todavía abiertas en Pasto y en el Virreinato del Perú, y la obligación de sostener y abastecer los cuerpos militares que atravesaban el territorio o se acuartelaban en él. A esas cargas se sumó, según quejas formales que las mismas poblaciones elevaron después, el desprecio y el maltrato con que las tropas en tránsito trataban a los pobladores durante la expedición de Pasto.

En pocos meses, la percepción del sur cristalizó: la Gran Colombia era vista más como una nueva dominación proveniente de neogranadinos y venezolanos que como una efectiva independencia. No era retórica local ni queja de derrotados: era la lectura razonable de un pacto que nunca se les había ofrecido negociar. La semilla de la separación ecuatoriana de 1830 estaba plantada en el mismo momento en que Sucre recibía la rendición de Aymerich.

Pasto: la conquista que no cerraba

Si Quito planteaba el problema de la integración política sin representación, Pasto planteaba algo distinto y más difícil: la incorporación de una población que no quería incorporarse. La capitulación firmada tras Bomboná y Pichincha no pacificó el territorio. Al contrario: en los años siguientes, la provincia de Pasto se convirtió en un foco recurrente de insurrección realista, con levantamientos armados que obligaron a la República a mantener allí una presencia militar de ocupación durante toda la década.

La figura que encarnó esa resistencia fue Agustín Agualongo, oficial pastuso de origen popular que sostuvo la causa del rey mucho después de que el rey mismo hubiera dejado de tener capacidad de sostenerla. La resistencia pastusa combinaba ingredientes que la hacían particularmente irreductible: el clero local, o parte de él, seguía predicando la fidelidad al orden monárquico-religioso; sectores indígenas mantenían su lealtad simbólica al soberano; las redes guerrilleras del Patía continuaban operando en el corredor Popayán–Pasto; y la memoria de las represiones patriotas alimentaba una identidad regional forjada en oposición al proyecto republicano.

El asedio y toma de la provincia de Pasto en 1822 —y las operaciones posteriores para pacificarla— dejaron interrogantes graves sobre el derecho de guerra que allí se aplicó. Algunas acciones se aproximaron a lo que sólo podría llamarse barbarie, y los propios libertadores fueron conscientes en su momento de los límites morales que estaban tensando. No se trató de excesos aislados sino de una lógica de contrainsurgencia que trataba a la población civil como cómplice de la resistencia armada, con las consecuencias previsibles.

El realismo popular pastuso fue una novedad incómoda para el discurso republicano. La independencia se había narrado como la liberación de un pueblo oprimido por una metrópoli extranjera; en Pasto, un sector del pueblo se resistía activamente a ser liberado. La respuesta institucional fue el enclave militar permanente. La respuesta simbólica fue el silencio o la condena. Ninguna de las dos resolvió el problema.

Bolívar en Guayaquil, San Martín en retirada

En julio de 1822, Bolívar y José de San Martín se encontraron en Guayaquil. San Martín había desembarcado en la costa peruana en 1820, tomado Lima y proclamado la independencia del Perú, pero se enfrentaba a un ejército realista intacto, atrincherado en la sierra sur, y a una capital republicana políticamente inestable. Los detalles de la conversación quedaron sin registro directo, y el resultado fue tan drástico como asimétrico: San Martín se retiró de la escena continental, dejó el mando de sus fuerzas y se embarcó rumbo a Europa. El congreso republicano reunido en Lima otorgaría luego poderes militares al Libertador para completar la liberación del país, cuyo sur y este seguían en manos españolas.

El desplazamiento de Bolívar al teatro peruano trasladó también las cargas de la guerra: los empréstitos y reclutamientos forzosos que pesaban sobre Quito se justificaban ahora, en parte, por la necesidad de sostener una campaña en un país ajeno, a distancia creciente de las bases logísticas granadinas y venezolanas.

Junín y Ayacucho: la conclusión continental

Bolívar reestructuró su ejército en Trujillo, en la costa norte del Perú, antes de conducir sus tropas hacia los Andes. La operación fue lenta y meticulosa: había que reunir contingentes, asegurar el abastecimiento, cruzar cordilleras y llegar a las mesetas altas en condiciones de combate. El primer choque importante se produjo el 6 de agosto de 1824 en la pampa de Junín, a más de 4.000 metros de altura, donde patriotas y realistas se enfrentaron exclusivamente con caballería: sin apoyo de artillería, sin infantería empeñada, y con un combate resuelto en gran medida al arma blanca. La acción, breve y desigual en sus fases —los realistas dominaron el primer choque antes de ser revertidos por una carga de los Húsares del Perú—, terminó con la retirada del ejército del virrey José de La Serna hacia el sur y abrió a los patriotas el altiplano central. Junín no destruyó al enemigo, pero le impuso el terreno y el ritmo de la campaña siguiente.

Durante los meses posteriores, ambos ejércitos maniobraron por las serranías del centro y sur del Perú, en una guerra de desgaste donde la altura, el frío y la escasez de víveres pesaban tanto como las bayonetas. Sucre asumió el mando directo del ejército unido —colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, con oficiales británicos e irlandeses entre sus cuadros— mientras Bolívar quedaba en la costa atendiendo la gobernación política del Perú. La Serna, virrey y jefe militar, había reunido en el altiplano lo mejor de las fuerzas realistas, incluidos los generales José de Canterac, Jerónimo Valdés y Juan Antonio Monet. Era, en números y en experiencia, un ejército temible: alrededor de 9.300 hombres bien pertrechados frente a los cerca de 5.800 patriotas que Sucre alineaba.

El 8 de diciembre de 1824, en la pampa de Ayacucho —una planicie a algo más de 3.500 metros, dominada por la elevación del cerro Condorcunca—, se libró la batalla decisiva. La Serna había descendido con su ejército por las laderas del Condorcunca durante la mañana, buscando envolver a los patriotas por los flancos. Sucre, en un despliegue que la posteridad juzgó tan preciso como arriesgado, dispuso a sus divisiones aprovechando el desnivel del terreno y golpeó primero sobre la derecha realista, antes de que Valdés completara su maniobra envolvente. La división colombiana de José María Córdova avanzó luego contra el centro, con la orden "armas a discreción, paso de vencedores". En pocas horas, el ejército del virrey estaba deshecho: La Serna herido y prisionero, Canterac negociando la capitulación, más de 1.800 muertos realistas y más de 2.000 patriotas fuera de combate.

La capitulación firmada esa misma tarde entregó a Sucre no sólo el ejército derrotado sino las plazas, las armas y los territorios que aún permanecían bajo control español en el Perú. Fue una rendición general, no un armisticio local: el instrumento con que catorce años de guerra en Sudamérica se cerraron en una sola tarde. Quedaban focos aislados —El Callao, Chiloé, algunas guarniciones del Alto Perú—, pero como cuerpo de ejército, la potencia imperial española había dejado de existir en el continente.

Ayacucho fue, en sentido estricto, la culminación del ciclo abierto en 1810. Pero también fue el momento en que el ejército bolivariano alcanzó su cenit institucional: un cuerpo militar victorioso, curtido en catorce años de guerra, con un prestigio incomparable en Venezuela y en Colombia, con oficiales formados en una cultura peculiar de desprendimiento material, vida al día y subordinación al caudillo, producto del largo alejamiento de la patria y de la vida militar prolongada. Esa cultura, funcional en el campo de batalla, se revelaría problemática cuando la guerra terminara y esos oficiales tuvieran que reintegrarse a una vida civil que ya no los necesitaba en el mismo grado.

Tras Ayacucho, Sucre partió con el ejército de liberación hacia el Alto Perú. En agosto de 1825 se fundó allí una nueva república, bautizada Bolivia en honor al Libertador. Su creación respondió, en parte, a la necesidad geopolítica de contrarrestar las pretensiones territoriales tanto del Perú como de Argentina sobre aquel territorio; era también el reconocimiento de que el Alto Perú tenía suficiente identidad propia como para no disolverse en ninguno de sus vecinos. Sucre contempló por un tiempo la posibilidad de emprender alguna campaña adicional, aunque el proyecto no se materializó. En 1826, la toma de El Callao, puerto de Lima, fue el epílogo formal de la dominación imperial en América.

Lo que las campañas dejaron en pie

Las campañas del Sur produjeron tres resultados de peso desigual. El primero, incuestionable: la independencia sudamericana estaba militarmente asegurada. Ningún ejército español volvería a operar en escala continental. El segundo: la Gran Colombia había extendido sus fronteras hasta incluir las tres provincias de la antigua Presidencia de Quito, alcanzando la extensión territorial que Miranda había concebido y que Bolívar convirtió en realidad política. El tercero, francamente costoso: en el camino, la República había acumulado dos problemas que no supo procesar.

El primero de esos problemas era Pasto. La provincia había sido incorporada mediante conquista repetida, con costos humanos devastadores y una resistencia que no cesó con la capitulación formal. Los levantamientos posteriores, encabezados por figuras como Agualongo, y la presencia militar permanente convirtieron a Pasto en un enclave contrainsurgente dentro de la propia república. Ni la geografía —esa larga cuña montañosa que separa a Popayán de Quito— ni la sociología del realismo popular fueron abordadas con instrumentos distintos de los estrictamente militares. Los oficiales que después harían carrera política en el Cauca, como José María Obando y José Hilario López, forjaron sus lealtades y sus enemistades en ese teatro.

El segundo problema era Quito. La anexión sin representación efectiva, las cargas materiales acumuladas durante una década, el maltrato de tropas en tránsito y la ausencia de las élites ecuatorianas en los círculos decisorios de Bogotá hicieron que la Gran Colombia se percibiera en el sur como una dominación externa. El sentimiento estaba plenamente formado antes de que las crisis constitucionales de finales de la década lo hicieran visible en Bogotá. Cuando en 1830 la unión se disgregó en Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, la separación quiteña no fue un accidente político sino la conclusión lógica de un vínculo que nunca había sido pactado.

El reverso del triunfo

A los dos problemas territoriales se sumó un tercero, más difuso y más profundo: la militarización del poder. El ejército bolivariano que había ganado en Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho no se disolvió con la paz. Sus oficiales habían pasado catorce años lejos de sus casas, subordinados a un caudillo, formados en una cultura de desprendimiento material y obediencia personal, y esa red de hombres armados y prestigiosos se convirtió en el sustrato del poder republicano. La legitimidad bélica —haber ganado en Ayacucho— empezó a competir con la legitimidad representativa —haber sido electo bajo la Constitución de Cúcuta— sin que la República tuviera todavía las instituciones capaces de arbitrar entre las dos. Ese pulso, más que cualquier disputa fronteriza, marcaría la política grancolombiana de los años finales de la década y la carrera política de los caudillos que sobrevivieron a Bolívar.

Las raíces regionales eran, además, anteriores a las banderas. El realismo pastuso se hundía en el clero, en la identidad indígena y en la geografía del Patía. La desconfianza quiteña hacia cualquier proyecto centralizador dirigido desde el norte se explicaba por siglos de una audiencia con gramática política propia. Ninguna fórmula republicana habría disuelto esas tensiones por decreto. Lo que las campañas hicieron fue cristalizarlas en formas institucionales y agravios concretos: anexión sin representación, empréstitos y reclutamiento forzosos, maltrato de tropas en tránsito, contrainsurgencia sostenida contra Pasto. La conquista militar aceleró e institucionalizó la incompatibilidad entre el proyecto centralista grancolombiano y las realidades regionales del sur.

Hay otra manera de leer el mismo período. La independencia no se decidió sólo en los cuarteles generales. Las guerrillas patianas cortaron las comunicaciones a Bolívar en El Peñol. Los curas realistas de la provincia predicaron desde el púlpito la fidelidad al rey. Sectores indígenas empuñaron las armas por una causa que no era la republicana. Esa resistencia no fue residuo pasivo del orden colonial: fue fuerza activa que forzó repliegues, condicionó negociaciones y obligó al ejército libertador a operar en condiciones que no había elegido. El mismo relato que muestra a Bolívar ganando Bomboná lo muestra imposibilitado de aprovechar la victoria por una guerra popular que no controlaba. Ayacucho cerró la guerra continental; Pasto y Quito quedaron como el saldo abierto de esa misma victoria.