Crisis juntista y 20 de julio de 1810

Crisis juntista y 20 de julio de 1810

El 20 de julio de 1810 no fue, en sentido estricto, el día en que la Nueva Granada declaró su independencia de España. Fue el día en que una minoría criolla de Santa Fe de Bogotá, valiéndose de una multitud convocada a la Plaza Mayor y de un incidente cuidadosamente provocado con un comerciante peninsular, obligó al virrey Antonio José Amar y Borbón a tolerar la instalación de una Junta Suprema de Gobierno que reconocía a Fernando VII como monarca legítimo pero desconocía al Consejo de Regencia que gobernaba en su nombre. El acta redactada esa misma noche por José Acevedo y Gómez codificó una ambigüedad deliberada: fidelidad al rey cautivo en Bayona, ruptura con las autoridades peninsulares que decían representarlo. Sobre esa contradicción se levantó el edificio de la crisis juntista neogranadina, un proceso que en apenas dieciséis meses transformó una protesta por la representación en las Cortes en una constelación de repúblicas provinciales enfrentadas entre sí. La independencia formal, cuando llegó, vino primero desde Cartagena el 11 de noviembre de 1811, no desde la capital. Y la fecha del 20 de julio como aniversario nacional tardaría más de seis décadas en imponerse, sancionada por la Ley 60 de 1873, sobre un acontecimiento que sus propios protagonistas no llamaron independencia.

La grieta imperial: de Bayona a la Junta Central

El detonante estaba lejos. En mayo de 1808, Napoleón forzó en Bayona la abdicación sucesiva de Carlos IV y Fernando VII, encerró a ambos y colocó a su hermano José en el trono español. El acto fue jurídicamente monstruoso: rompía el pacto que, según la tradición pactista hispánica revitalizada desde los Habsburgos, ligaba al rey con sus reinos. Esa doctrina —la soberanía había sido conferida por Dios a los pueblos, quienes la transferían al monarca mediante un contrato— proporcionó de inmediato el marco para que en la Península se formaran juntas de gobierno que reclamaban gobernar en ausencia del rey. La lógica era impecable dentro de sus propios términos: si el rey faltaba y el pacto se rompía, la soberanía revertía a su fuente original, el pueblo, que debía organizarse para conservarla.

El problema es que esa misma lógica servía en ambas orillas del Atlántico. Los criollos americanos, hijos ilustrados de la reforma borbónica y resentidos por décadas de exclusión de los cargos altos, encontraron en la vacatio regis un argumento jurídico impecable para reclamar formas propias de autogobierno. No tenían que inventarlo: bastaba con aplicar en Santafé o en Caracas el razonamiento que ya se aplicaba en Sevilla o en Cádiz. Cuando la Junta Central Suprema convocó a las provincias americanas a enviar representantes, lo hizo en condiciones que los criollos consideraron humillantes: una desigualdad flagrante en la representación, con las Indias reducidas a una fracción minúscula frente al peso peninsular.

De ese agravio nació, en 1809, el Memorial de agravios que Camilo Torres Tenorio redactó por encargo del cabildo de Santafé y que nunca llegó a enviarse. Su idea cardinal era el derecho de representación de los americanos en igualdad con los españoles. No era un texto separatista: proponía una monarquía constitucional basada en la soberanía popular y en un pacto social próximo al contrato social, y con ello superaba largamente las reivindicaciones fiscales que habían movido a los comuneros de Zipaquirá en 1781. Su médula ya no era la justicia distributiva sino el derecho político. El 1 de septiembre de 1809, Ignacio de Herrera y Vergara formulaba en Santafé, con precisión doctrinal, el mismo principio: "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta", y el rey ejerce esa autoridad "en depósito" para hacer felices a sus súbditos.

El lenguaje estaba listo. Faltaba el momento.

Quito, Nariño y la clandestinidad forzada

Ese momento pareció llegar en agosto de 1809, cuando Quito instaló una junta autonomista. La respuesta fue militar. El virrey Amar y Borbón despachó prácticamente todo el regimiento de Santa Fe a sofocarla y lo reemplazó con tropas traídas desde Cartagena. La represión funcionó en el corto plazo pero abrió un flanco político que ya no se cerraría: en Santafé quedó un vacío militar y un ambiente de desconfianza, y en toda la Nueva Granada se instaló la certeza de que la autoridad virreinal no toleraría ningún ensayo juntista.

Amar y Borbón procedió entonces contra los sospechosos de subversión en la capital. Antonio Nariño, que ya cargaba con la fama de haber traducido y publicado en 1793 los Derechos del hombre y del ciudadano, fue arrestado nuevamente en ese clima de vigilancia, enviado primero a una prisión local en Santa Fe y luego trasladado a Cartagena, donde permaneció encadenado durante meses. El virrey ordenó a las autoridades provinciales —al teniente de corregidor de Tunja, por ejemplo— vigilar la introducción de emisarios o papeles subversivos procedentes de Caracas, bajo pena de tratar a los infractores como reos de alta traición.

El efecto fue el opuesto al buscado. La represión empujó a la oposición criolla a la clandestinidad y multiplicó las conspiraciones. Cuando en enero de 1810 la Junta Central Suprema fue disuelta ante el avance francés y sustituida por un Consejo de Regencia cuya legitimidad los criollos no reconocieron con facilidad, el terreno estaba preparado. Ya no había un centro peninsular indiscutible que invocar, y el miedo a una victoria napoleónica definitiva —a perder al rey no ya temporal sino permanentemente— añadió urgencia. Si el rey caía y no había regencia legítima, la soberanía revertía. Camilo Torres lo formularía con toda claridad en una carta del 29 de mayo de 1810 a su tío, el oidor Ignacio Tenorio: "todo el poder, toda la autoridad ha regresado a su fuente original, que es el pueblo", y estaba próximo el día en que se reconociera que los americanos "somos ciudadanos y formamos un pueblo soberano". Torres llegaba a sostener que la independencia debía haberse disfrutado desde septiembre de 1808, desde el mismo instante de la vacatio regis.

La ola provincial de mayo a julio

El movimiento juntista neogranadino no empezó en Santafé. Empezó en la costa, en Cartagena de Indias, donde el 22 de mayo de 1810 el cabildo tomó medidas contra el gobernador y el 14 de junio lo depuso y expulsó definitivamente. Cartagena, ciudad portuaria con élite comercial propia y ambiciones de autonomía frente a la capital andina, fue así la primera en desalojar a un funcionario peninsular. El 3 de julio le siguió Cali con la creación de una Junta Suprema de Gobierno. El 4 de julio, Pamplona destituyó a su gobernador. El 10 de julio, el Socorro —tierra de comuneros, ya insurrecta décadas antes— instaló su propia junta.

Cuando el 20 de julio estalló Santafé, cuatro provincias del reino ya habían actuado. La capital virreinal no encabezó la ola: la siguió. Ese dato, borrado por la posterior consagración del 20 de julio como fecha única, es esencial para entender el proceso. La crisis juntista fue, en su naturaleza, una respuesta plural y descentralizada a la misma crisis imperial, con una geografía política propia en la que la capital era un nodo más, no el motor.

La coreografía del 20 de julio

Lo que ocurrió en Santafé aquel viernes tuvo la textura de un guion. El plan estaba en manos de unos pocos —Acevedo y Gómez, Camilo Torres, los Morales, Joaquín Camacho, Frutos Joaquín Gutiérrez, Francisco José de Caldas— y la masa del pueblo lo desconocía. La fricción con el comerciante peninsular José González Llorente en torno a un florero que se le pidió prestado para agasajar al visitante quiteño Antonio Villavicencio no fue el detonante espontáneo que la memoria escolar transmitió: fue el pretexto buscado, la chispa provocada en un mercado lleno para dejar explotar las antipatías acumuladas contra los "chapetones" recién llegados y traducirlas en presión política.

Sobre esa multitud crecida a lo largo de la mañana, José María Carbonell mantuvo el fervor durante todo el día con sus discursos, moviéndose por las calles, entusiasmando a los grupos y encauzando el clamor hacia dos demandas concretas: la instalación de una junta y la convocatoria a un cabildo abierto. La plebe pedía además la prisión de españoles señalados, entre ellos el propio Llorente. La violencia, sin embargo, se mantuvo notablemente contenida: el único herido registrado en toda la jornada fue un sombrerero llamado Florencio, lesionado por un patriota que lo oyó criticar el movimiento.

Amar y Borbón, calificado por sus contemporáneos de pusilánime, no dio la orden de reprimir. No podía. Con el regimiento de Santa Fe todavía disperso entre Quito y Cartagena, con oficiales criollos en los cuadros que sí tenía, y sin la certeza del apoyo de sus adherentes, el virrey se replegó. No convocó formalmente el cabildo, pero tampoco lo impidió. Esa parálisis fue la victoria efectiva de la conspiración.

Desde un balcón sobre la Plaza Mayor, Acevedo y Gómez arengó a la multitud y canalizó el descontento hacia lo político: pidió que se pronunciara a favor de la constitución de una junta y que aprobara la lista de delegados del pueblo. El cabildo abierto se instaló en la noche, hacia las seis o poco después, y la sala capitular se llenó de gente. Los capitulares deliberaron y en la madrugada del 21 de julio se firmó el acta.

El acta y su ambigüedad calculada

El texto redactado por Acevedo y Gómez es una pieza jurídica notable por su equilibrismo. Depositaba el poder político en una Junta Suprema de Gobierno. Convocaba a las provincias del reino a enviar representantes para constituir un sistema federal. Reconocía expresamente a Fernando VII como monarca legítimo. Y —este es el punto— desconocía la autoridad de cualquier corporación o individuo proveniente de la Península. El 26 de julio, seis días después, la Junta Suprema explicitaría lo implícito en el acta: no reconocía al Consejo Supremo de Regencia. Solo Fernando VII conservaba jurisdicción sobre el territorio, y Fernando VII estaba prisionero en Francia.

Esa fórmula era exactamente lo que la doctrina pactista permitía y a la vez ocultaba. En sentido estricto, la Junta gobernaba en nombre del rey. En sentido práctico, gobernaba sola. La palabra independencia no aparece en el acta, y su ausencia no fue descuido: fue prudencia. Los criollos ilustrados sabían que romper formalmente con la Corona los dejaba expuestos a la acusación de traición y sin cobertura jurídica, mientras que reasumir la soberanía en nombre de un rey ausente les daba el gobierno efectivo sin declarar la ruptura. El pactismo hispánico, esa herencia teórica de los siglos XVI y XVII, funcionó en 1810 como el idioma que permitía hacer una cosa mientras se decía otra.

Por eso la pregunta clásica —¿fue el 20 de julio ruptura o continuidad?— admite una respuesta menos dramática que las dos opciones. Fue continuidad en el lenguaje y en la lealtad declarada al monarca; fue ruptura en la práctica del poder y en la doctrina que la sustentaba. La soberanía popular invocada por Torres y Herrera no era una idea inocua: contenía en germen la república. Torres mismo, hacia 1810, había desplazado su horizonte desde la "nación" hispana hacia el de una república donde los derechos ciudadanos serían la base de la soberanía. La palabra estaba en cuarentena, no ausente.

Élite y pueblo: el pacto imposible

La imagen escolar de un pueblo santafereño alzado espontáneamente contra el opresor español no resiste la evidencia. La revolución del 20 de julio fue, en su concepción y en su dirección, obra de una minoría culta y rica. La multitud fue movilizada, orientada y encauzada por Carbonell y por Acevedo, y su papel fue el de una palanca de presión: sin ella, el virrey no habría cedido; con ella, la élite obtuvo el cabildo abierto que necesitaba para revestir de legitimidad popular una operación que ya tenía diseñada. La comparación con México es reveladora. Mientras allí el cura Miguel Hidalgo movilizaba a una insurgencia indígena masiva con contenido social —lo que ha permitido a algunos historiadores llamarla revolución democrático-popular—, en la Nueva Granada la fase inicial fue una insurrección de minorías cultas.

Entre esa élite criolla y los sectores populares no podía haber un acuerdo esencial. La cuestión se planteaba también en términos de castas, de etnias, de racismo. Los criollos hijos de españoles, propietarios de tierras y esclavos, letrados y clérigos, veían con desconfianza a los pardos, los mestizos, los negros libres y los indios cuya movilización necesitaban pero cuya autonomía política temían. En Cartagena, cuando en diciembre de 1810 se convocó a la formación de una Junta Provincial, la invitación se extendió a todos los vecinos libres, otorgando voto a mestizos y castas —excluyendo a los esclavos y a los analfabetos, salvo que tuvieran casa poblada o fueran padres de familia con ingreso propio—. Ese gesto de apertura, notable para la época, marcaría a Cartagena como el laboratorio más radical del período. Pero incluso allí la élite criolla local construiría más tarde una narrativa que borraba la agencia política de los pardos: sus acciones serían recodificadas como "caos" y "anarquía", su patriotismo presentado como pretexto de sedición, sus protagonistas radicales excluidos del panteón oficial. En la cámara del Senado cartagenero se pintaría después el heroísmo criollo por haber "salvado la ciudad del caos"; en libros oficiales se inscribirían los nombres meritorios. Los pardos, que habían llenado las plazas, quedaron fuera del relato.

Esa operación de borrado explica buena parte del pudor con que la historiografía tradicional trató la participación popular en la Independencia. Los pardos, los llaneros, los esclavos que respondieron de maneras diversas —a veces con Boves y el rey, a veces con la república— no encajaban en el guion de una emancipación conducida por letrados patricios. Se los despolitizó por adelantado. La consecuencia fue una épica pulcra, aseada de conflicto social, en la que el pueblo aparece como coro y no como actor.

Federalismo, centralismo y la Patria Boba

Instalada la Junta de Santafé y convocadas las provincias, el proceso entró en su fase constituyente. Y allí, en el debate sobre cómo organizar el poder recuperado, se jugó la radicalidad efectiva del período. Las juntas provinciales siguieron proliferando durante el verano y otoño de 1810: Tunja el 25 de julio, Neiva el 27, Girón el 30, Mompox el 6 de agosto. Pero no todas apuntaban en la misma dirección. Panamá, Santa Marta, Riohacha, Pasto y Popayán —junto con las sabanas del Sinú, la costa sur del Pacífico y el valle de Cúcuta— se mantuvieron leales al rey y a la Regencia. El movimiento juntista no fue unánime ni monolítico: convivieron desde el comienzo juntas realistas, juntas autonomistas (como la de Santafé, que guardaba los derechos de Fernando VII) y juntas propiamente independentistas.

Mompox proclamó su independencia el 6 de agosto de 1810 en términos que resultaron demasiado radicales incluso para Cartagena, que envió tropas a la villa para contener el ímpetu de los hermanos Gutiérrez de Piñeres. Cartagena misma, aunque no había declarado formalmente la independencia, se regía ya en octubre de 1810 sin sujeción a España. El 11 de noviembre de 1811 —fecha que la historiografía nacional relegaría al segundo plano frente al 20 de julio— la provincia de Cartagena de Indias declaró su independencia absoluta, constituyéndose como Estado libre, soberano e independiente, absuelto de toda sumisión a la Corona. Las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, con la excepción del obispo, juraron fidelidad al acta en lugar de al rey. La Inquisición cerró sus puertas y trasladó el Santo Oficio a la realista Santa Marta. Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres y Pantaleón Germán Ribón regresaron al poder en Mompox, abandonando el plan de una provincia separada. Cartagena, no Santafé, fue la primera en dar el paso que el 20 de julio no había dado.

Mientras tanto, en la capital, la constitución promulgada el 4 de abril de 1811 —de corte monárquico-republicano, redactada bajo la presidencia de Jorge Tadeo Lozano— consagraba a Cundinamarca como un estado soberano que, sin embargo, reconocía a Fernando VII si volvía a ejercer su autoridad sobre territorio libre. Y en septiembre de ese mismo año se reunió en Santafé un congreso de provincias emancipadas que acordó adoptar principios federales. El 27 de noviembre de 1811 —dieciséis días después de la independencia de Cartagena— se firmó el Acta de Federación que creó las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Solo cinco provincias la suscribieron: Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. Cundinamarca, bajo la influencia decisiva de Nariño, se negó.

Ese rechazo abrió la herida que definiría los años siguientes. Nariño, principal líder centralista, sostenía que la centralización del poder era indispensable para organizar la defensa militar de la revolución frente a la inevitable respuesta española. Camilo Torres, redactor de la constitución federal basada en el modelo estadounidense, defendía la autonomía de las provincias como principio irrenunciable de la soberanía popular reasumida. La disputa se llenó de contenido territorial: Nariño sostenía que Cundinamarca debía absorber los corregimientos de Mariquita, Neiva, Tunja, Socorro y Pamplona, lo que enfrentaba a la capital con las provincias que reclamaban su propia constituyente. Antioquia sancionó su ley fundamental el 21 de marzo de 1812; Cartagena, la suya el 14 de junio del mismo año. Cada provincia se dio a sí misma un ordenamiento.

La consecuencia fue la guerra civil. La pugna entre centralistas y federalistas derivó en enfrentamientos armados que la historiografía llamaría, con mezcla de nostalgia y burla, la Patria Boba. Reducir esa disputa al esquema posterior de liberales contra conservadores es un anacronismo grueso: Nariño, traductor de los Derechos del hombre, no era un conservador en sentido decimonónico, y los federalistas no eran uniformemente liberales en materia económica. Lo que estaba en juego no era una ideología partidaria sino un problema constitucional de fondo: cómo articular la soberanía reasumida entre unidades territoriales que habían actuado por su cuenta durante casi dos años, y que ahora debían decidir si integraban un solo estado o una confederación de estados.

Por qué el 20 de julio se volvió el 20 de julio

Ninguno de los datos anteriores estaba destinado a producir, por sí solo, la efeméride nacional que hoy conocemos. La fecha no fue reconocida como aniversario de la Independencia sino sesenta y tres años después, cuando la Ley 60 de 1873, promulgada el 8 de mayo, declaró ese día festivo para la República y asignó dos mil pesos anuales para su celebración. El principal promotor historiográfico de la operación fue José María Quijano Otero, quien desde las páginas de La América argumentó pertinazmente a favor de la fecha y quien, en su calidad de secretario de la Cámara de Representantes, probablemente tramitó el proyecto de ley. Sus críticos —Roberto Martínez Garnica lo formularía con contundencia mucho después— señalaron que Quijano había antepuesto su empeño de nacionalización de la fecha a la verdad histórica: los sucesos del 20 de julio no constituían, en rigor, una declaración de independencia.

La observación era correcta. Y sin embargo el 20 de julio se impuso, y con él todo un dispositivo simbólico: el florero de Llorente consagrado como objeto emblemático en el Museo Nacional, la iconografía de la Plaza Mayor, la lista de próceres cuya única unidad era haber estado en la capital ese día. La consagración material dependía de una narrativa historiográfica preexistente que la obra de José Manuel Restrepo —la Historia de la revolución de la República de Colombia, publicada desde 1827— había fijado con una autoridad tan grande que Germán Colmenares la llamaría una "cárcel historiográfica": un repertorio de hechos aceptado como inalterable, susceptible de reinterpretación pero no de cuestionamiento factual. Sobre esa cárcel se construyó el mito nacional.

El costo fue considerable. Cartagena, que había hecho lo que Santafé no se atrevió a hacer, quedó desplazada al segundo plano. Mompox, más audaz aún, quedó en la nota al pie. El Socorro y sus juntas populares, con memoria comunera, perdieron su lugar. Las juntas realistas de Pasto o Popayán fueron simplemente borradas del relato de "la Independencia", como si no hubieran formado parte del mismo proceso. Y la participación de pardos, mestizos e indios en los sucesos de 1810 y 1811 fue empujada a los márgenes por una historiografía criolla que necesitaba héroes de su misma clase.

Qué queda hoy del 20 de julio

Preguntar si el 20 de julio fue ruptura o continuidad exige aceptar que fue ambas cosas a la vez, y que esa duplicidad no fue defecto sino condición de posibilidad. Los criollos ilustrados de Santafé no podían declarar la independencia en julio de 1810 sin exponerse a la aniquilación jurídica y militar; podían, en cambio, invocar el pactismo hispánico para reasumir la soberanía en nombre de un rey ausente. Esa jugada les dio tiempo, les dio lenguaje y les dio cobertura. Que la fórmula fuera insostenible a mediano plazo —que la Regencia y luego las Cortes de Cádiz obligaran a definirse, que la Reconquista de Morillo en 1816 revelara sin ambigüedad que España no aceptaría autonomías dentro de la Corona— es harina de otro costal. En 1810 la ambigüedad servía, y por eso fue elegida.

Preguntar si el juntismo fue elitista o popular admite una respuesta igualmente doble. Fue elitista en su concepción, en su dirección y en la escritura de sus actas. Fue popular en su ejecución, sin la cual ninguna élite habría podido doblegar al virrey. La distancia entre ambos niveles —el guion criollo y la multitud instrumentalizada— fue estructural, no accidental, y su gestión definió buena parte del período. Cuando en 1811 los pardos cartageneros intentaron cobrar la deuda política que la revolución les había contraído, la élite criolla local respondió con la operación de borrado que aún hoy pesa sobre la memoria del proceso.

Y preguntar por el papel del 20 de julio en el conjunto de la crisis exige, finalmente, aceptar que fue un episodio importante pero no el motor. El motor estuvo en Cartagena, en Mompox, en el Socorro, en el debate entre Camilo Torres y Antonio Nariño sobre la forma del estado. La radicalidad efectiva del período, la que produjo constituciones provinciales y una declaración de independencia absoluta, se jugó en el arco entre mayo de 1810 y noviembre de 1811, y su geografía fue plural. Que el 20 de julio se haya convertido, seis décadas más tarde, en la fecha única de la nación no dice tanto sobre 1810 como sobre 1873, sobre la necesidad de una república joven de darse un mito de origen limpio, urbano, patricio y localizado en la capital.

El acontecimiento sigue importando porque en él quedaron cifradas, en germen, las tensiones que atravesarían el siglo XIX colombiano: entre centro y provincias, entre soberanía popular y orden estamental, entre lenguaje jurídico heredado y práctica política nueva, entre élites letradas y multitudes que las sostenían y las inquietaban. La independencia no fue un instante sino un proceso, y ese proceso no empezó ni terminó el 20 de julio. Empezó en Bayona, se articuló en los memoriales de agravios, estalló en múltiples plazas del reino y se resolvió —provisionalmente— en la guerra civil de la Patria Boba. Del 20 de julio queda, más que una fecha, la evidencia de que las revoluciones fundacionales suelen ser también las más ambiguas: la ambigüedad no es su fracaso sino su método.