Crisis monárquica de 1808 y Memorial de Agravios

Crisis monárquica de 1808 y Memorial de Agravios

Entre marzo de 1808 y noviembre de 1809, el Imperio español dejó de ser lo que había sido durante tres siglos. En apenas veinte meses, dos reyes abdicaron en Bayona, un francés se sentó en el trono de Madrid, las provincias peninsulares se declararon en juntas invocando que la soberanía había vuelto al pueblo, y en las ciudades del Virreinato de la Nueva Granada los criollos comenzaron a redactar documentos que, con el lenguaje respetuoso de la fidelidad a Fernando VII, planteaban algo sin precedentes: la igualdad de representación entre los reinos de América y los de Europa. La crisis monárquica no fue el mero detonante externo de la independencia neogranadina; fue la ocasión en que el vacío de rey obligó a nombrar de otro modo el vínculo político, y ese nombramiento —la doctrina pactista de la reversión de la soberanía— quedó cristalizado en el Memorial de Agravios que Camilo Torres Tenorio escribió en Santafé en 1809. Cuando la palabra cambia, el orden que la sostenía ya está cediendo.

El mundo que se rompe: de Aranjuez a Bayona

La cadena de acontecimientos que descompuso la monarquía española empezó en Aranjuez en marzo de 1808 y culminó en Bayona pocas semanas después. Napoleón Bonaparte, que había maniobrado la entrada de tropas francesas en la Península con el pretexto de invadir Portugal, forzó una situación en la que Carlos IV, su hijo Fernando VII y el valido Manuel Godoy quedaron atrapados en el juego imperial francés. Convocados a la ciudad fronteriza de Bayona, los monarcas españoles fueron detenidos y obligados a abdicar. Napoleón instaló entonces a su hermano José Bonaparte —José I para los peninsulares que aceptaron el hecho consumado, "Pepe Botella" para los que no— en el trono de Madrid.

Lo que se produjo no fue una sucesión dinástica sino una amputación. La monarquía hispánica no era una administración: era el vínculo jurídico que ataba a los reinos de ambos hemisferios en un pacto de fidelidad personal al rey. Sin rey legítimo —con Fernando VII prisionero en Francia y un usurpador en Madrid—, ese vínculo quedó suspendido. La pregunta que recorrió la Península y las Indias durante el verano de 1808 no fue táctica sino ontológica: ¿dónde reside la soberanía cuando el depositario ha desaparecido?

Las provincias peninsulares respondieron formando juntas de gobierno. Sevilla, Asturias, Valencia y otras ciudades constituyeron cuerpos deliberantes que asumieron la autoridad en nombre del rey ausente. La justificación fue una doctrina que la tradición hispánica llevaba siglos elaborando y que ahora volvía a la superficie con fuerza operativa: al faltar el monarca, la soberanía que le había sido delegada retornaba al pueblo, considerado su depositario original. Esta reversión de la soberanía —o retroversión— sería el argumento cardinal de los dos años siguientes en ambos hemisferios del imperio.

La doctrina pactista y su reactivación

La teoría no se inventó en 1808. Provenía del pensamiento político español de los siglos XVI y XVII, con raíces en la escolástica tardía y en autores como Francisco Suárez, y había servido para pensar la relación entre el monarca y sus reinos bajo los Habsburgos. Según esta tradición, Dios había confiado la soberanía a los pueblos, y estos, mediante un pacto, la transferían al rey. El rey no era un déspota que recibiera el poder directamente de la divinidad, sino un depositario que gobernaba en virtud de un contrato originario. Cuando ese depositario faltaba —por muerte, por incapacidad, por cautiverio—, la soberanía no quedaba en el aire: revertía a quien la había cedido.

Lo notable del período 1808-1809 es la velocidad con que este arsenal doctrinal, dormido bajo el absolutismo borbónico del siglo XVIII, fue reactivado. En algunos casos, reinventado: la lectura que hicieron los criollos de Suárez y de las tradiciones habsburguesas fue selectiva, orientada a las necesidades de la coyuntura, y se combinó sin costura visible con conceptos provenientes de la Ilustración francesa —la soberanía nacional, el contrato social— que en principio pertenecían a otro linaje intelectual. No hubo síntesis doctrinal planificada; hubo convergencia oportuna. La doctrina pactista ofrecía legitimidad hispánica al autogobierno; la Ilustración ofrecía el vocabulario moderno para nombrar sus alcances.

Algunos contemporáneos advirtieron que la reversión de la soberanía al pueblo, tal como se invocaba en 1808, era en buena medida una ficción útil: el "pueblo" que reasumía la soberanía no era una asamblea real de ciudadanos sino una construcción retórica que en la práctica ponía el poder en manos de los cabildos y de las élites locales. Pero incluso las ficciones jurídicas, cuando son suscritas colectivamente, producen consecuencias históricas: la ficción de 1808 legitimó las juntas peninsulares, y ese mismo argumento sería empleado en las Indias para reclamar formas de autogobierno.

El Nuevo Reino de Granada ante la crisis

Las noticias de Bayona llegaron a Santafé de Bogotá con el retraso propio de la geografía atlántica: por el Caribe, a través de Jamaica y las islas vecinas, en gacetas europeas que los barcos descargaban en Cartagena y que después subían el Magdalena hacia el interior. La prensa criolla neogranadina se convirtió en canal privilegiado de esas nuevas. El Redactor Americano y su Alternativo, junto con las Últimas Noticias —cuyo primer número circuló el 24 de septiembre de 1809 "de orden superior" y bajo la tutela del cubano Manuel del Socorro Rodríguez—, reprodujeron para el público santafereño lo que llegaba de la Península, del Caribe y de los Estados Unidos. La fragilidad económica de estas publicaciones era notoria: el Alternativo advirtió en su última entrega conocida, el 27 de noviembre de 1809, que si el número de suscriptores no cubría los costos de papel, imprenta y remesa, tendría que suspender la circulación.

En ese entramado de tinta y rumor, la opinión pública se dividió. En Mompox se distinguieron tres corrientes: los partidarios de aceptar la nueva realidad afrancesada, los seguidores de la Junta Suprema que proclamaba a Fernando VII como rey legítimo, y un tercer grupo, minoritario pero activo, de criollos democráticos con designios de independencia absoluta. En el Tolima, la primera reacción fue antinapoleónica y explícitamente fernandina: la protesta se dirigió contra el francés, no contra la Corona. En otros lugares, el descontento con los Borbones era anterior a 1808 y la crisis simplemente aceleró un movimiento que ya estaba en marcha.

Esta pluralidad importa. No hubo una respuesta unitaria de "los criollos" ante la crisis, sino una constelación de respuestas locales cuya convergencia posterior en torno al lenguaje de la soberanía popular sería contingente, no la ejecución de un plan común. La monarquía se había roto, pero lo que emergía en su lugar no era todavía una nación: era un archipiélago de deliberaciones simultáneas.

Los agravios estructurales que la crisis reveló

La coyuntura de 1808 no cayó sobre un cuerpo político sano. Las reformas borbónicas del último tercio del siglo XVIII habían transformado profundamente la relación entre la Corona y sus dominios americanos, y en la Nueva Granada esa transformación había dejado heridas abiertas. La carga fiscal se triplicó: los impuestos, que antes de las reformas representaban aproximadamente el 2,9% del producto, alcanzaron cerca del 10% a comienzos del siglo XIX. En la última década del dominio español, los ingresos anuales de la Corona en la Nueva Granada promediaron 2,4 millones de pesos, de los cuales cerca de un tercio —el 32%— provenía de los estancos de tabaco y aguardiente.

Los estancos eran doblemente odiosos. Por un lado, la Corona reducía el precio al que compraba el tabaco al campesino y aumentaba el precio al que se lo vendía al consumidor; por otro, reprimía las siembras ilegales que intentaban escapar del monopolio. Esa política fue la chispa directa de la Revolución de los Comuneros de 1781, un levantamiento que combinó demandas fiscales concretas con una reivindicación política sustantiva: que los neogranadinos nativos tuvieran preferencia sobre los peninsulares en los nombramientos oficiales. Los Comuneros no proclamaron la independencia —no era ese su horizonte—, pero su memoria resonó en las crisis siguientes de 1794-1797 y de 1808-1810 como antecedente vivo.

Las reformas también rediseñaron la arquitectura del poder colonial. Bajo los Habsburgos, audiencias y cabildos habían gozado de una autonomía considerable, sostenida por una alianza tácita entre la Corona y las élites locales. Los Borbones consideraron esa autonomía excesiva, y su proyecto de centralización disolvió el pacto tradicional. Las élites criollas —comerciantes, hacendados, letrados, algunos hijos de peninsulares establecidos desde generaciones atrás— fueron desplazadas de cargos que consideraban suyos por derecho y sustituidas por funcionarios enviados desde la Península. Este agravio, más lento y menos visible que el fiscal, corroyó silenciosamente la lealtad de los grupos con mayor capacidad política.

A esta erosión se sumó una paradoja: los mismos Borbones que apretaron el tornillo fiscal patrocinaron la introducción de las ciencias naturales contemporáneas en el virreinato. La Real Expedición Botánica de José Celestino Mutis, llegado a Santafé en 1761 como médico del virrey Pedro Messía de la Zerda, fue el proyecto ilustrado más ambicioso de las Indias españolas. Alrededor de Mutis se formó una generación de sabios criollos —Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Ulloa— que aprendieron a mirar el territorio con ojos científicos y, en ese mismo movimiento, a leerlo como patria. La Corona quiso formar a sus mejores súbditos americanos; lo que produjo fue una élite intelectual que comparó el atraso comunicativo y comercial del virreinato con lo que leía de Europa, y desde la década de 1790 empezó a culpar al régimen español por no mejorar las rutas interiores y por obstruir el comercio exterior.

La sociabilidad ilustrada y la formación del sujeto criollo

Los espacios de esta formación fueron los periódicos, las tertulias y las expediciones. El Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, que dirigió Manuel del Socorro Rodríguez entre 1791 y 1797, publicó 270 números y reunió a los principales ilustrados neogranadinos —Mutis, Zea, Caldas, Ulloa— en la primera empresa periodística de importancia del virreinato. Una década más tarde, en 1808, Caldas fundó el Semanario del Nuevo Reino de Granada, dedicado a memorias científicas y descriptivas sobre geografía, fauna, flora y sociedad del virreinato, con colaboraciones de criollos como Jorge Tadeo Lozano y de figuras externas como Alexander von Humboldt. El Semanario circuló hasta un momento situado entre 1810 y 1811.

Estos periódicos hicieron algo más que informar. Fueron el escenario donde la élite criolla se imaginó a sí misma como clase, proyectando su habitus particular como si fuera la colectividad entera del virreinato. Un pequeño grupo de letrados y hacendados, al escribir sobre "el Nuevo Reino de Granada", producía al mismo tiempo el sujeto colectivo que decía representar.

Las tertulias completaban el circuito. La Tertulia del Buen Gusto, en Santafé, reunió a jóvenes patricios criollos —entre ellos Camilo Torres y Francisco Antonio Ulloa— en ejercicios literarios de gusto mundano, con lectura de libros llegados de Francia. Varios de sus concurrentes perderían la vida durante la reconquista española que siguió a la primera independencia. En estas veladas, la política se filtraba disfrazada de literatura y ciencia, y lo que empezaba como discusión de un poema o de una descripción botánica podía terminar en una consideración sobre el gobierno.

La rebelión de Quito y el endurecimiento del régimen

Antes de que la crisis peninsular obligara a Santafé a tomar posición, otra ciudad del virreinato le mostró el camino y el peligro. El 10 de agosto de 1809, los criollos de Quito —temerosos de que las autoridades coloniales terminaran plegándose al bando francés— impulsaron la creación de una junta de gobierno que asumió la autoridad en nombre de Fernando VII. La respuesta imperial fue rápida y dura. El virrey de la Nueva Granada, Antonio José Amar y Borbón —quien había llegado a Santafé en septiembre de 1803—, envió a Quito prácticamente la totalidad del regimiento estacionado en la capital para sofocar la rebelión. Para cubrir el hueco de tropas en Santafé, se trasladó un regimiento desde Cartagena. La junta quiteña fue reprimida con violencia.

Las repercusiones en Santafé fueron inmediatas. El virrey Amar, alarmado por el eco que las noticias de Quito producían en la ciudad, ordenó detenciones. Antonio Nariño —el traductor de los Derechos del Hombre, ya conocido por las autoridades como agitador crónico— fue arrestado en el marco de esas medidas y trasladado a Cartagena, donde permaneció encadenado durante varios meses. La oposición al gobierno virreinal, que hasta entonces había podido operar con relativa apertura en tertulias y periódicos, comenzó a actuar de forma clandestina.

La represión reforzó, además, un antagonismo institucional que venía cargándose de sentido: el enfrentamiento entre las autoridades reales y el cabildo de Santafé, bastión político de los criollos adinerados. Amar designó regidores españoles en el cabildo, y los criollos vieron en esa designación una afrenta directa a sus intereses políticos. El regimiento cartagenero apostado en Santafé pasó a ser la garantía física del control peninsular sobre una ciudad cuyas élites deliberaban en voz baja sobre qué hacer con el vacío del rey.

La Junta Central y la exclusión americana

Mientras en las Indias las autoridades intentaban contener el efecto Quito, en la Península la resistencia antinapoleónica se organizó en la Junta Suprema Central. Ante la magnitud del vacío, la Junta expidió un decreto que restablecía la representación en Cortes y convocaba a los americanos a enviar diputados. Fue un gesto de reconocimiento sin precedentes: por primera vez, América sería representada formalmente en las instituciones del imperio. Pero los términos del reconocimiento traicionaban su alcance. Cada reino y capitanía de ultramar tendría derecho a un diputado, un criterio que no correspondía en absoluto al principio de una nación compuesta de dos hemisferios con iguales derechos. Frente a los cientos de diputados peninsulares, América quedaba subrepresentada de manera flagrante.

Los cabildos neogranadinos aprovecharon la convocatoria para hacer llegar sus instrucciones al diputado designado, Antonio Narváez y Latorre. De Santafé, Popayán, Socorro, Tunja, Loja y otras ciudades salieron documentos que, en principio, debían ser recomendaciones para la misión del delegado y que en la práctica se convirtieron en verdaderos programas políticos. Ignacio de Herrera y Vergara redactó el 1 de septiembre de 1809 en Santafé unas Reflexiones de un americano imparcial para el diputado de este Reino de Nueva Granada para que las tenga presentes en su delicada misión. Allí afirmó, con nitidez que hoy suena estremecedora, que "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta", que esa autoridad había sido depositada en un líder para hacer feliz al pueblo, y que el rey estaba encargado de esa misión respecto de sus dominios. En un texto que aún hablaba el lenguaje de la fidelidad monárquica, la soberanía popular ya estaba enunciada como principio.

El cabildo de Socorro —la misma tierra que había sido cuna del movimiento comunero veintiocho años antes— firmó el 20 de octubre de 1809 un documento con propuestas de gobierno que incluían, entre otras, medidas relativas a las clases improductivas. Los cabildos no estaban pidiendo aliviar impuestos: estaban proponiendo cómo debía gobernarse el reino.

El Memorial de Agravios

El documento que resume y eleva a formulación cardinal esta transformación fue redactado por Camilo Torres Tenorio en Santafé en noviembre de 1809, en nombre del cabildo de la capital, como instrucciones para el diputado ante la Junta Central. Conocido como Memorial de Agravios —aunque su título completo alude a la representación del cabildo—, el texto de Torres desplazó el centro de gravedad de las reivindicaciones americanas de una manera irreversible.

La idea cardinal es el derecho de representación de los americanos: no un derecho graciosamente concedido por la Junta Central, sino el derecho a la igualdad de representación entre españoles peninsulares y españoles americanos en el gobierno de la monarquía. Torres argumentaba que los reinos de las Indias no eran colonias en el sentido moderno del término, sino reinos que se habían incorporado a la Corona de Castilla en pie de igualdad con los demás dominios, y que por lo tanto merecían un trato análogo al de las provincias peninsulares. La subrepresentación decretada por la Junta Central —un diputado por reino o capitanía— era, en esa lectura, una violación del pacto imperial.

Lo decisivo del Memorial no es solo lo que reclama, sino el andamiaje conceptual sobre el que reclama. Torres planteó como ideal una monarquía constitucional basada en la soberanía popular y en un pacto social cercano al contrato social rousseauniano. La distancia con la Revolución de los Comuneros es medible: donde los comuneros de 1781 habían pedido reformas fiscales y preferencia en los nombramientos, Torres pedía la redefinición del vínculo político. El Memorial no es una queja: es un programa constitucional envuelto en el lenguaje de la fidelidad.

La combinación de fuentes intelectuales en el texto es característica del momento: doctrina pactista hispánica —la soberanía revierte al pueblo cuando falta el rey—, racionalismo jurídico de la Ilustración, ecos del contractualismo francés, y un resentimiento acumulado por las reformas borbónicas y la exclusión política. Ninguna de estas fuentes por sí sola habría producido el Memorial. Es su convergencia, forzada por la urgencia de responder a la Junta Central, la que da al documento su fisonomía.

Causas: lo que se acumulaba, lo que estalló

Para entender por qué la crisis de 1808 produjo en la Nueva Granada la reacción que produjo, hay que separar los planos. En el plano estructural, la sociedad colonial venía tensionándose desde hacía tres décadas: la carga fiscal se había triplicado, los estancos habían generado protesta popular, las reformas borbónicas habían roto la alianza tradicional entre la Corona y las élites locales, la élite criolla se había formado intelectualmente en un ideario que le permitía comparar críticamente su situación con la de otras naciones, y desde la década de 1790 esa élite ya articulaba una crítica pública al régimen. Este descontento estructural no habría producido por sí solo una independencia; los Comuneros lo demuestran. Pero constituía un depósito de agravios listo para ser convertido en acción política si aparecía la ocasión.

En el plano coyuntural, la crisis napoleónica de 1808 fue la ocasión. No solo porque abrió un vacío de poder, sino porque activó una doctrina —la reversión de la soberanía al pueblo— que ofrecía a los criollos un lenguaje legítimo, hispánico, respetuoso de Fernando VII, para reclamar formas de autogobierno. La coyuntura hizo que los agravios estructurales pudieran ser reformulados en términos constitucionales, no ya como quejas fiscales sino como reivindicación de un derecho.

Y en el plano de las contingencias intermedias, la rebelión de Quito de agosto de 1809 y la exclusión decretada por la Junta Central proporcionaron los eventos concretos que radicalizaron la posición criolla. Quito mostró que era posible constituir una junta; la Junta Central mostró que Madrid —o, ahora, Sevilla— no reconocía la igualdad. El Memorial de Agravios responde directamente a esa doble constatación.

La crisis de 1808, entonces, fue causa eficiente y no mero detonante. No en el sentido de que hubiera producido las condiciones —esas venían de atrás—, sino en el sentido de que sin ella los agravios estructurales no habrían encontrado el lenguaje político capaz de convertirlos en programa. La élite criolla no inventó el pactismo en 1808; lo encontró disponible en la tradición hispánica y lo cargó de sentido ilustrado. Sin el vacío del rey, ese arsenal habría seguido dormido. Con el vacío, se volvió instrumento.

Consecuencias inmediatas y proyección

En el corto plazo, los documentos políticos de 1809 no consiguieron su objetivo declarado. La Junta Central no modificó las políticas hacia las provincias americanas, y su sucesor, el Consejo de Regencia, tampoco. Muchos americanos rechazaron la legitimidad del Consejo por ese motivo, y el rechazo se reforzó con el temor —cada vez más justificado durante 1810— de que Napoleón lograra una victoria definitiva en España, dejando a Fernando VII permanentemente prisionero. Ante la posibilidad de una ausencia total y prolongada del rey, los americanos concluyeron que debían tomar decisiones rápidas y radicales sobre su propio futuro político.

En el mediano plazo, el vocabulario forjado en 1808-1809 sería el vocabulario del 20 de julio de 1810. La frase del acta de esa fecha —"en virtud de haberse juntado el pueblo en la plaza pública"— es la aplicación en Santafé de la doctrina de la reversión de la soberanía que Torres había ya elaborado en el Memorial. Los criollos que hicieron la revolución de julio no improvisaron una teoría: aplicaron una que llevaba dos años decantándose en periódicos, tertulias, cabildos e instrucciones a diputados.

En el largo plazo, la transformación conceptual fue más profunda que la política. Los criollos habían empezado 1808 hablando el lenguaje de la fidelidad monárquica y terminarían el proceso independentista invocando la soberanía nacional de repúblicas nuevas. Ese tránsito, sin embargo, no fue lineal ni rápido: tardó décadas en completarse, y el propio Torres, en 1809, todavía imaginaba como ideal una monarquía constitucional, no una república. La palabra independencia aún no era la palabra dominante. Lo dominante era representación, igualdad, pacto, soberanía revertida. La república vendría después, empujada por las guerras, por la radicalización de los conflictos internos y por la imposibilidad práctica de reconstruir el vínculo con España.

Por qué esto todavía importa

La crisis de 1808 y el Memorial de Agravios son el momento en que una sociedad colonial deja de pensarse dentro de las categorías que la definían y empieza a pensarse fuera de ellas, sin haber salido todavía. Es un ejercicio conceptual tan raro como poderoso: cambiar el vocabulario del vínculo político mientras se sigue jurando fidelidad al rey ausente. Ninguna independencia se hace primero con las armas; se hace primero con las palabras.

El Memorial de Torres no es un documento fundacional en el sentido en que lo son las actas de independencia. Es algo más discreto y más decisivo: el punto en que un letrado criollo formula, con precisión jurídica y respiración ilustrada, que los reinos americanos no son propiedad de nadie y que su relación con la Corona debe redefinirse sobre la base de la igualdad. Cuando esa idea encuentra circulación pública, la monarquía imperial deja de ser el horizonte natural del pensamiento político neogranadino. Puede seguir siendo el régimen; ha dejado de ser la naturaleza.

En la historia de Colombia, este período de veinte meses funciona como una bisagra silenciosa. Todo lo que vendrá después —la Patria Boba, las guerras de independencia, las repúblicas fallidas, las constituciones sucesivas, el largo debate sobre federalismo y centralismo, la propia dificultad de construir una nación a partir de un archipiélago de deliberaciones locales— está inscrito en germen en las tensiones de 1808-1809. La pluralidad de respuestas ante la crisis napoleónica —lealtad fernandina, autonomismo, independentismo, incluso simpatías francesas— anunció que el país que emergería no tendría un centro fácil. Y la combinación de doctrina pactista hispánica con ideario ilustrado marcó desde el comienzo una cultura política mestiza, que nunca sería ni puramente tradicional ni puramente moderna.

Volver a 1808 es volver al momento en que Colombia todavía no era Colombia, pero ya no era del todo España. En esa franja delgada, en el aire enrarecido del vacío del rey, unos pocos hombres —Torres, Herrera, Caldas, Nariño y otros cuyos nombres se acumulan en las nóminas de los cabildos— aprendieron a nombrar de otro modo lo que hasta entonces había sido innombrable. Que ese aprendizaje se hiciera bajo la apariencia de fidelidad al rey no le resta radicalidad: se la aumenta. Las revoluciones más profundas son las que se hacen con el vocabulario del orden que están derribando.