Obrajes textiles tempranos de Tunja y mercado de mantas indígenas (1583-1600)

Obrajes textiles tempranos de Tunja y mercado de mantas indígenas (1583-1600)

Entre 1583 y 1600, en la jurisdicción de Tunja se ensayó algo que en la historia del Nuevo Reino de Granada tuvo pocas repeticiones: convertir la manta muisca de algodón —contada por decenas de miles como tributo— en manufactura organizada al estilo castellano, con obrajes, batanes, perchadores, lavadores de lana y salarios anuales.

El ensayo no prosperó. No lo derrotó la técnica ni la falta de mercado: el circuito de Tunja abastecía a Mompox, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Popayán, Mérida y los reales mineros de Cáceres, Zaragoza y Remedios. Lo estranguló una doble mordaza: la lógica encomendera, que prefería cobrar el tributo en mantas antes que arriesgar capital en producción, y un colapso demográfico que redujo la fuerza de trabajo tributaria a un tercio en el mismo tramo.

Quedan piezas sueltas: un obraje autorizado en 1591, una prohibición del visitador Henríquez, unas cuentas de doce pesos anuales por indio adulto. Y la sospecha larga de que en el altiplano oriental hubo, en algún momento del siglo XVI tardío, la posibilidad de otra cosa.

La manta como moneda

Cuando los españoles entraron al altiplano cundiboyacense, la manta de algodón cumplía la función que el metal cumplía en otras economías: era el bien más cercano a un medio de intercambio general. Se aceptaba por una variedad de productos más amplia que el oro o la sal. No había patrón monetario en sentido estricto, pero el trueque se organizaba alrededor de esa pieza tejida.

Los mercados de Tunja y de las provincias vecinas se celebraban cada cuatro días, en un ritmo que reflejaba el sistema numérico muisca. Circulaban mantas junto a sal, esmeraldas, coca, oro, plumas, aves y yopo. Al mercado de Tunja acudían caciques y señores principales, tanto por deferencia al cacique local como por sus propios intereses de intercambio, según relató fray Pedro de Aguado. El sitio del mercado se ubicaba dentro del cercado del cacique: imbricación elocuente entre autoridad política y flujo mercantil.

Las mantas no eran objetos indiferenciados. En la cúspide de la jerarquía estaban las mantas pintadas, llamadas chitacate, y las mantas coloradas, algunas con el nombre específico de pachacate. La pintura de mantas era un oficio prestigioso: formaba parte de la enseñanza de los jóvenes preparados para el sacerdocio, y aún entrada la Colonia sobrevivían especialistas itinerantes que viajaban de pueblo en pueblo cobrando por el trabajo. En Fómeque fue hallado un indio llamado Teara, natural de Boza, pintando mantas a los indios del lugar. Los muiscas distinguían al menos dos grados de rojo en sus tintes —heczen mague, colorado, y heczen quyhyquine o heczen ynpuyca, colorado fino—, marca lingüística de una economía cromática precisa.

En el otro extremo estaban las mantas chingas, tejidos pequeños y menos elaborados. Los españoles las llamaron chingamanales y el término se degradó hasta volverse peyorativo, aunque en origen no implicaba baja calidad sino tamaño reducido. La carga religiosa de la iconografía textil se hizo evidente en 1575, cuando las Ordenanzas de la Real Audiencia de Santa Fe prohibieron para la provincia de Tunja las mantas pintadas con figuras de "tunjo o demonios": una interdicción que apuntaba al vínculo entre el textil y el mundo ceremonial prehispánico.

La economía textil muisca no era un sustrato inerte que los europeos pudieran refundir a voluntad. Era una arquitectura simbólica y productiva de siglos, con oficios, jerarquías, léxicos y sanciones rituales. Sobre ella se instaló la encomienda, y sobre ese cruce, en las últimas décadas del siglo XVI, apareció el obraje.

El obraje de Soracá

La escena institucional más nítida del período la ofrece Soracá. En febrero de 1591, la Audiencia de Santa Fe autorizó a Juan Rodríguez de Morales, encomendero del pueblo, a construir un obraje y valerse de los indios de su encomienda. La autorización condensaba un modelo: el encomendero, que ya recibía tributo en mantas, daba un paso adicional y se convertía en empresario textil, agregando al cobro de la renta la organización directa de la producción. La misma fuerza de trabajo indígena atendería dos frentes —tributario y manufacturero— bajo un solo mando.

El obraje dejó rastros contables suficientes. Los indios adultos estaban concertados a doce pesos anuales, los muchachos a cinco. El pago se hacía en parte descontando las demoras —el tributo debido al encomendero— y el resto en oro, o, en el caso de los muchachos, en sayas a medio peso la vara. La fórmula, que a primera vista podía parecer una modernización asalariada, era un dispositivo que fundía tributo y salario en un mismo circuito cerrado: el indio trabajaba en el obraje, el encomendero le pagaba un salario nominal, y ese mismo salario servía para saldar el tributo que el indio le debía. El trabajo obrajero era, en la práctica, una forma de cobrar la mita sin llamarla así.

La organización interna respondía a una división especializada. Había perchadores —una frazada por cabeza en la jornada—, lavadores de lana obligados a procesar cinco arrobas diarias cada uno, gañanes que cortaban la leña que los bueyes del encomendero traían al taller, y trabajadores del batán, alimentado por un curso de agua que corría por la misma instalación. La escala era modesta, la lógica productiva reconocible: materia prima, procesos secuenciales, oficios diferenciados, control central.

En un altiplano donde la manta se había fabricado durante siglos en el ámbito doméstico, el obraje introducía una novedad de forma más que de fondo. El saber técnico ya estaba allí. Los bueyes, el batán movido por agua, la percha, la lavadura seriada de la lana: eso era el aporte europeo a un oficio que en su núcleo —cardar, hilar, tejer, teñir— seguía siendo el que las manos indígenas habían practicado durante siglos.

Autorización, prohibición, confirmación

Contra la autorización de la Audiencia se levantó, tiempo después, la resistencia del visitador Luis Henríquez. Oidor de la Audiencia de Santa Fe, condujo hacia fines del siglo XVI y comienzos del XVII una de las visitas de mayor alcance transformador en Cundinamarca y Boyacá: dirigió, personalmente o por medio del escribano Rodrigo Zapata, la planificación física de las poblaciones indígenas, la traza urbana de nuevos asentamientos, el poblamiento forzado y la quema de los antiguos caseríos. En ese marco, Henríquez prohibió a Rodríguez de Morales tener el obraje dentro de los resguardos de Soracá. La prohibición fue después confirmada por la Audiencia.

La orden apuntaba al corazón del arreglo: si el obraje operaba dentro del resguardo, la separación entre trabajo tributario, mano de obra libre y espacio protegido de los indios se desdibujaba por completo, y el encomendero ejercía sobre el pueblo una tutela que rebasaba las atribuciones que la Corona le reconocía.

El episodio —la Audiencia autoriza, el visitador prohíbe, la Audiencia confirma la prohibición— condensa el conflicto jurisdiccional que atravesó toda la política obrajera del período. No hubo una posición imperial única, sino tensión permanente entre el interés fiscal de la Corona, la lógica protectora invocada por los visitadores y el poder fáctico de los encomenderos. La misma instancia que en febrero autorizaba la instalación de un batán podía, meses después, ratificar su expulsión del resguardo. Para el encomendero que había comprado bueyes y desviado un curso de agua, esa oscilación no era un matiz doctrinal: era la diferencia entre operar o cerrar.

El circuito comercial

Desde fines del siglo XVI y a lo largo del XVII, la provincia de Tunja fue el principal centro de producción textilera del Nuevo Reino de Granada. La Descripción de Tunja en 1610 registra el mapa de destinos: mantas, lienzos, alpargatas, sayal, frisas y frazadas salían de la provincia hacia Mompox, Zaragoza, Remedios, Cáceres, Cartagena, Santa Marta, Tenerife, Antioquia, la Gobernación de Popayán y Mérida.

La geografía es reveladora: en un extremo los puertos del Magdalena y del Caribe, en el otro los reales de minas del occidente. Todos, zonas de alto consumo y bajo abastecimiento textil propio. Los mineros necesitaban ropa para cuadrillas de esclavos y trabajadores forzados; los puertos importaban telas para poblaciones que rara vez producían las suyas; Popayán y Antioquia dependían de manufacturas venidas de fuera.

Tunja estaba en posición privilegiada. A la tradición textil indígena y a la red de encomiendas productoras de mantas se sumaba una ventaja acumulada: los caminos, arrieros, cargueros indígenas y almacenes de acopio que ya movían el tributo en mantas podían movilizar, con costos marginales bajos, cualquier excedente manufacturero adicional. La infraestructura logística estaba lista antes que la infraestructura productiva.

La escala real, sin embargo, quedaba muy por debajo de la potencial. La política imperial reservaba a Castilla la provisión de manufacturas y toleraba los obrajes de Quito por su articulación con la plata de Potosí. Esa jerarquía dejaba al Nuevo Reino en una posición ambigua: mercado sí, productor no. Los textiles neogranadinos competían en desventaja con los peninsulares y los quiteños incluso en mercados próximos.

Un dato tardío permite calibrar la asimetría ya asentada: en Santa Fe de Antioquia, entre 1685 y 1687 —casi un siglo después del obraje de Soracá—, las importaciones declaradas oficialmente a la Corona registraban apenas 9 cargas de telas y mercancías del Nuevo Reino frente a 52 de Castilla y 20 de Quito. La cifra corresponde a un solo punto del mercado occidental y a un momento posterior, pero ilumina la tendencia estructural que ya operaba a fines del XVI: en la disputa por un mercado que Tunja podía abastecer con ventaja logística, la manufactura peninsular y la quiteña llegaban con mejores condiciones institucionales y de escala.

La mayor parte de la producción textil de los altiplanos orientales se destinaba al autoconsumo regional. Solo una fracción exportable llegaba a los mercados mineros y portuarios. Pero era esa fracción la que insinuaba la posibilidad de otra escala.

La entrada de la lana

Un fenómeno paralelo enmarcó la instalación de los obrajes: la introducción de la lana ovina. A lo largo del siglo XVI, los españoles trajeron ovejas y las técnicas de elaboración, aunque no las mejores conocidas en la península. La difusión del ganado ovino fue notablemente rápida, y en algunos casos las ovejas llegaron a territorios andinos antes que los propios conquistadores. La razón era social: mientras el ganado vacuno y caballar se concentraba en manos de hacendados y señores, la oveja tuvo amplia aceptación entre los campesinos pobres, funcionando como una suerte de caja de ahorros popular. Algunos caciques muiscas ya poseían pequeños rebaños y aprovechaban la fibra para tejer.

La lana entró en un tejido textil preexistente. No lo desplazó: lo hibridó. La tradición de la manta de algodón continuó a lo largo de toda la Colonia. A fines del siglo XVII, fray Alonso de Zamora observaba que la gente pobre del altiplano seguía usando mantas de algodón y no de lana. En 1592, en Ubaté, era costumbre trocar dos mantas de lana por una de algodón: en la escala de valores locales la manta de algodón conservaba un valor de cambio superior, herencia probable del prestigio textil prehispánico y de la mayor delicadeza del hilo. La lana se abría paso por abajo, entre las capas populares que la adoptaban como fibra barata y accesible.

De esa hibridación surgió la ruana: un poncho mestizo, hijo de lo indio y lo europeo, arraigado en Cundinamarca y Boyacá. La producción textil indígena no fue arrasada por la manufactura española: se refugió, se adaptó, incorporó la lana y sobrevivió al aborto del obraje. La Descripción de Tunja en 1610 registra ese doble carácter: mantas y lienzos —herederos de la tradición algodonera— junto a sayal, frisas y frazadas —productos laneros— en un mismo circuito comercial.

Concierto libre, trabajo forzado

El obraje operaba sobre un régimen que en teoría era el concierto libre y en la práctica se acercaba al trabajo forzado. Los indios estaban "concertados", formalmente contratados por un salario anual; pero la fusión entre salario y tributo, la asignación de tareas diarias fijas y la presión ejercida por el encomendero sobre la comunidad borraban en la vida cotidiana la frontera con la coerción.

Las denuncias más agudas se concentraron sobre el trabajo de las indias. La hilanza forzada aparecía en las quejas como un abuso extendido: se obligaba a las mujeres —incluidas las casadas, que por costumbre debían tener excusa— a hilar durante jornadas que no les dejaban tiempo para el descanso ni para atender sus obligaciones domésticas, entre ellas la de dar de comer a sus maridos. La crítica tenía filo doble: denunciaba la explotación material y también la ruptura del orden familiar indígena, cuya legitimidad la propia Corona invocaba retóricamente para justificar la protección de los indios.

Los encomenderos habían desarrollado una casuística astuta. Como la norma real decía que "no hilen los encomenderos", ellos argumentaban que la prohibición los afectaba personalmente —ellos, en efecto, no hilaban— pero no impedía que obligaran a los indios a hacerlo. Los funcionarios reales encontraron dificultades análogas. En 1550-1551 un protector de indígenas había sido expulsado; en 1580, un juez enérgico se enfrentó a una combinación de intereses locales dispuesta a perjudicarlo. Los encomenderos no llegaron a rebelarse ni a conspirar formalmente contra la Corona, pero su presión bastaba para que funcionarios prudentes o menos concienzudos cedieran ante sus pretensiones. En Susa, un encomendero intentó obligar a los indios a construir instalaciones para un obraje, y se denunció asimismo que forzaba a las indias a hilar. Casuísticas locales, protectores expulsados, jueces neutralizados, visitadores frenados: la letra de la ley protectora quedaba casi siempre por debajo del interés inmediato del encomendero.

La política imperial adoptó una línea general de persecución o restricción del obraje en Indias. Las prohibiciones fueron ineficaces en muchos sitios. Un obraje reducía la disponibilidad de indios para otros trabajos, atentaba contra el monopolio manufacturero peninsular y creaba dinámicas de acumulación local que la Corona prefería evitar. Restricciones formales y tolerancias fácticas convivían en un paisaje ambiguo, donde iniciativas como la de Rodríguez de Morales podían nacer con autorización de la Audiencia y morir bajo la prohibición de un visitador.

La convergencia que abortó el ensayo

El estrangulamiento del embrión manufacturero tunjano no tuvo una sola causa. La lógica encomendera y la política imperial se reforzaron mutuamente en el mismo momento en que la base demográfica se desmoronaba bajo los pies de todos.

La encomienda no era un dispositivo diseñado para la inversión productiva. Era un sistema de captación de renta indígena. El encomendero recibía tributo —en mantas, en oro, en trabajo— y su horizonte de racionalidad económica se limitaba a maximizar esa captación. Convertirse en empresario textil implicaba arriesgar capital, organizar un taller, comprar bueyes y batanes, coordinar procesos y competir en mercados abiertos. Todo eso, cuando la manta tributaria podía venderse en subasta pública sin necesidad de transformar nada. Durante las primeras décadas de la Colonia, las mantas pagadas como tributo se remataban públicamente y se convertían en dinero con relativa facilidad. Frente a esa alternativa, el obraje aparecía como una inversión de mayor riesgo y menor rendimiento inmediato. Los encomenderos que se metieron en la aventura fueron pocos, y aun así buscaron dispositivos —como el descuento del salario contra la demora— que reducían el desembolso real a cero. El obraje de Soracá no era, en rigor, una manufactura capitalista incipiente: era una encomienda con batán.

La Corona no favoreció el desarrollo manufacturero del Nuevo Reino. Su política, coherente con el pacto colonial que privilegiaba las manufacturas peninsulares, restringió sin llegar a prohibir del todo. Se toleraba lo que ya existía; se dificultaba lo que quería expandirse. En Quito, la articulación con la plata potosina otorgó a los obrajes andinos una función que justificaba la excepción. Tunja no tenía esa carta: producía para un mercado interno fragmentado y para reales mineros modestos que Castilla también podía abastecer.

La tensión entre Audiencia, visitadores y encomenderos generó una parálisis. La Audiencia de Santa Fe autorizó el obraje de Soracá en 1591; el visitador Henríquez lo prohibió dentro del resguardo; la Audiencia confirmó la prohibición. Cada iniciativa productiva atravesaba ese laberinto de jurisdicciones sobrepuestas, y quien salía derrotado con más frecuencia era el que había arriesgado capital.

El colapso demográfico

La base sobre la que todo esto se montaba se desvanecía a una velocidad brutal. Los cálculos de Juan Friede para la provincia de Tunja registran cerca de 215.000 indígenas en 1537 y solo 25.000 en 1757: una caída del noventa por ciento en dos siglos. En los primeros veinticinco años posteriores a 1537, la población había disminuido un veinticinco por ciento.

Las cifras de tributarios afinan el cuadro para el período que nos ocupa: pasaron de unos 53.465 hacia 1558-1562 a 38.495 hacia 1568-1572, luego a 18.572 hacia 1602 y a apenas 8.610 hacia 1635. La tasa de decrecimiento anual entre las dos primeras visitas —cerca de -0,0329— fue la más aguda registrada.

Los episodios epidémicos puntuaron el descenso. En 1558, una epidemia mató a más de quince mil indígenas en las provincias de Pamplona y Tunja, según el cronista Aguado, y todavía era recordada por los indios durante la visita de Tomás López en 1560. Nuevas epidemias azotaron el oriente en 1568-1569 y en 1587. En 1607, una epidemia de viruelas en Tunja llevó al Cabildo a solicitar a la Audiencia la suspensión de las obras de iglesias en las que trabajaban indígenas, señal de que la mortalidad afectaba directamente la disponibilidad de mano de obra.

En los años noventa del siglo XVI, cuando los obrajes de Tunja intentaban consolidarse, la base tributaria pasaba de unos 38.000 a menos de 19.000 hombres en menos de tres décadas. Una manufactura que dependía de indios concertados no podía crecer sobre una fuerza de trabajo que se reducía a la mitad. Los encomenderos, además, tenían buenas razones para preferir el tributo al obraje: si la mano de obra iba a escasear, era más rentable exprimirla como renta que arriesgarla en producción.

La mordaza fue doble. La preferencia rentista de los encomenderos, la política imperial monopolista y el conflicto jurisdiccional operaron sobre un sustrato demográfico en colapso. Cada uno de esos factores habría bastado para frenar el embrión manufacturero; los tres juntos lo abortaron sin dejarle margen.

La bifurcación clausurada

Lo que se jugó en Tunja entre 1583 y 1600 no fue solo el destino de unos batanes y unos telares. Fue una bifurcación posible en la historia económica del Nuevo Reino. Tres condiciones coincidieron: una tradición textil indígena densa y de alta calidad, un mercado interno articulado que iba de los reales mineros al Caribe, y una demanda sostenida por vestir cuadrillas, poblaciones portuarias y consumidores urbanos.

Si a esa coincidencia se hubiera sumado una política imperial permisiva, una clase encomendera dispuesta a invertir en producción y una base demográfica estable, el altiplano oriental habría podido consolidar un sector manufacturero de escala apreciable, tempranamente diversificado en algodón y lana. No ocurrió. La estructura misma de la colonización —encomienda como forma de captación de renta, monopolio metropolitano sobre las manufacturas, jurisdicciones sobrepuestas que paralizaban la iniciativa, colapso demográfico que socavaba cualquier proyecto de escala— clausuró la posibilidad antes de que pudiera afirmarse. El aborto del obraje tunjano fue un aborto político: no de una voluntad individual sino de una configuración de poder.

Mientras el obraje de Soracá se enredaba en pleitos y las manufacturas mayores no cuajaban, la producción textil no desapareció: se refugió en circuitos que escapaban al control obrajero y encomendero. La difusión espontánea de la oveja entre los campesinos pobres multiplicó las bases familiares de la producción de lana. Los especialistas itinerantes en pintura de mantas, como el indio Teara de Boza, seguían recorriendo pueblos y cobrando por su oficio. En Ubaté, en 1592, todavía se intercambiaban mantas de lana por mantas de algodón en proporción dos a uno. Los textiles de Tunja siguieron llegando a los puertos del Magdalena, al Caribe y a los reales mineros del occidente, aunque a escala menor. En 1789, Francisco Silvestre todavía reportaba producción textil en el corregimiento de Tunja, huella de una continuidad que atravesó todo el período colonial.

En Tunja podían hacerlo, y empezaron a hacerlo. Lo que no pudieron fue sostenerlo frente a las fuerzas que lo estrangulaban. La ruana boyacense —poncho mestizo tejido con lana europea sobre saber muisca— es lo que quedó de un altiplano industrial temprano que no llegó a consolidarse.