La Cédula de 1569 y la tolerancia colonial de la coca en la Nueva Granada

La ambivalencia de la Cédula de 1569: prohibición ritual y tolerancia laboral de la coca en la Nueva Granada

El 18 de octubre de 1569, Felipe II firmó en Madrid una cédula real que constituyó, en rigor, la primera prohibición de la coca en la historia colonial hispana. Y sin embargo, quien lee el texto se encuentra con una pieza normativa deliberadamente escindida: la Corona reconocía que el vigor que la hoja confería a los indígenas era, según quienes la habían probado, "una ilusión del demonio", pero declaraba en la misma línea que no deseaba privar a los indios de ese alivio en su trabajo, aunque fuera imaginario. La orden a los curas era impedir su uso en "idolatrías, ceremonias y hechicerías"; el uso laboral quedaba tolerado. Esa ambivalencia por diseño —condenar el ritual, proteger el consumo en las minas y las labores del campo— es la matriz jurídica sobre la que se organizó, en los siglos siguientes, la política de la coca en la Nueva Granada, y en particular en la gobernación de Popayán, donde el nexo entre hoja y minería tenía mayor densidad. La cédula no fue una prohibición fallida: fue una prohibición fracturada desde el origen, y esa fractura terminaría siendo su rasgo más duradero.

El hayo antes de la cédula: coca ritual, coca de mercado

Cuando los cronistas españoles del siglo XVI se detuvieron a describir el consumo de coca en los territorios que serían el Nuevo Reino de Granada, encontraron una planta con presencia desigual y funciones distintas según la región. Entre los muiscas del altiplano cundiboyacense, el hayo era una hoja de élite. Su consumo parece haber estado restringido a los sectores dirigentes y ligado a contextos ceremoniales, muy lejos del uso masivo y cotidiano que caracterizaba la vertiente andina peruana. La coca convivía allí con la chicha, pero mientras la bebida fermentada era práctica extendida en todas las capas sociales, la hoja permanecía asociada a un círculo más estrecho.

Esa restricción social convivía, sin contradicción, con una circulación económica considerable. La coca figuraba entre los principales artículos de los mercados periódicos muiscas, junto con la sal, las esmeraldas y las telas de algodón, y se intercambiaba por oro, plumas, aves y yopo. Había zonas productoras especializadas —en particular el cañón seco del río Chicamocha—, donde la variedad Erythroxylum novogranatense 'típica', tolerante tanto a la sequedad como a la humedad estacional, encontraba condiciones preferidas. En comunidades como Ocavita se cosechaba dos veces al año y se recurría a canales de riego para incrementar la producción. La coca prehispánica en el corazón muisca era, a un tiempo, mercancía especializada y ritual restringido.

Al sur, hacia los territorios que orbitarían en torno a Popayán, la fisonomía cambiaba. Cerca de esa ciudad las hojas eran un estimulante regular, masticadas con cal y mambe para aliviar el hambre; el consumo se acercaba al patrón andino cotidiano, aunque nunca alcanzó la escala que tenía en el Perú. Esta dualidad interna del futuro Nuevo Reino —una coca de élite y mercado en el altiplano, una coca de consumo funcional en el sur— es indispensable para entender por qué la cédula de 1569 tuvo efectos tan desiguales según el territorio.

Cuando la coca entró en el sistema tributario colonial, lo hizo por la puerta que su historia previa había dejado abierta. Los tributos indígenas en el Nuevo Reino podían pagarse en productos regionales según las posibilidades de cada zona: cabuya, venados, sal, pescado, cal y también coca. La conmutación entre productos era práctica establecida —en 1557 se registra la equivalencia de un peso de oro por tres mantas de algodón—, y la hoja se incorporó a esa lógica sin fricción. Para la administración colonial temprana, la coca era a la vez una sustancia sospechosa de idolatría y un renglón productivo perfectamente contabilizable.

La cédula y su diseño ambivalente

El acto normativo de 1569 no surgió en el vacío. La Corona llevaba décadas debatiendo qué hacer con una planta que los conquistadores habían encontrado profundamente enraizada en las sociedades andinas, y en la que veían simultáneamente un instrumento del demonio y un lubricante indispensable de la economía minera. El debate se libraba con particular intensidad en la diócesis de Popayán, entonces sufragánea del arzobispado de Lima —dependencia eclesiástica que la conectaba directamente con la sensibilidad y las controversias peruanas sobre la hoja—. Los eclesiásticos denunciaban el uso ritual; los encomenderos y mineros defendían la utilidad laboral. La cédula de Felipe II fue la resolución de ese pleito, y la fórmula que encontró es reveladora: no resolvió el debate, lo institucionalizó.

El texto reconocía la condena teológica —la fuerza de la coca era ilusión diabólica— y a la vez declaraba que la Corona no quería privar a los indios de ese alivio en el trabajo. La instrucción a los curas se limitaba a impedir los usos en "idolatrías, ceremonias y hechicerías". La distinción, aunque no aparezca formalizada como dos categorías jurídicas separadas, quedaba operativa: uso ritual, perseguible; uso laboral, tolerado. Los españoles, desde entonces, promovieron activamente el cultivo por la resistencia física que la hoja confería a los trabajadores indígenas y por las ganancias que la venta reportaba.

Esta arquitectura normativa expresa algo más que una vacilación piadosa. Expresa la subordinación estructural del prohibicionismo a los intereses extractivos del imperio. La Corona sabía —porque los cronistas del siglo XVI lo repetían, y entre ellos figuraba la voz del propio Inca Garcilaso— que sin coca no había minero indígena capaz de soportar las jornadas de trabajo forzado. Prohibir el consumo laboral habría equivalido a comprometer los envíos de plata y oro que sostenían la Corona. Prohibir solo el consumo ritual, en cambio, permitía preservar la ortodoxia sin lesionar la economía. La cédula de 1569 fue, en ese sentido, un acto de realismo fiscal disfrazado de compromiso teológico.

Popayán: la jurisdicción donde el debate importaba

Para entender por qué la cédula tuvo eco particular en la gobernación de Popayán es necesario reconstruir el mapa jurisdiccional. Casi la mitad del territorio ocupado del Nuevo Reino de Granada caía bajo esa gobernación, situada en los confines de la Audiencia de Quito. Entre Popayán y el resto del Nuevo Reino se extendía una frontera interior incierta, donde durante casi un siglo resistieron pijaos, paeces y yalcones, prolongando las guerras de conquista hasta comienzos del siglo XVII. La ocupación efectiva del territorio fue precaria durante todo ese período, y el epicentro real de la jurisdicción quedó confinado largo tiempo al valle de Pubenza. Solo tardíamente, hacia finales del siglo XVIII, la ciudad extendería su control efectivo sobre el valle del Patía, las estribaciones de la Cordillera Central y la banda occidental del río Cauca.

El aislamiento físico se traducía en aislamiento económico y en una fuerte tendencia hacia la autonomía política de cada ciudad —Popayán, Cali, Buga, Cartago—. Ese archipiélago administrativo, sin embargo, quedaba atravesado por un hilo común: la minería. Las minas y las empresas mineras rompieron la rígida estructura impuesta por los términos jurisdiccionales de los núcleos urbanos, y la explotación del oro se desplazó en fronteras sucesivas a lo largo y ancho de la gobernación durante tres siglos. En ese escenario minero la cuestión de la coca cobraba pertinencia inmediata.

A mediados del siglo XVI, la minería del occidente neogranadino ya mostraba estabilidad: Popayán producía cerca de 50.000 pesos anuales entre 1551 y 1556, con crecimiento ligero en el quinquenio siguiente. Cartago y Anserma pasaron de unos 40.000 pesos anuales en la primera mitad de la década a casi 75.000 en la segunda. Esos ingresos dependían de mano de obra indígena, y esa mano de obra —los cronistas lo dejaron consignado— consumía coca para soportar jornadas de trabajo bajo condiciones que en el paralelo peruano incluyeron semanas bajo tierra, cuotas diarias de veinticinco cargas de cien libras por hombre, collares de hierro y daños pulmonares por vapores tóxicos. Aunque las descripciones más extremas provienen del ámbito peruano, la lógica del trabajo minero forzado y su acoplamiento con la hoja era compartida.

La encomienda constituyó, durante el primer ciclo minero, una fuente importante de mano de obra indígena para el occidente —Popayán, Antioquia, Chocó—, y los encomenderos controlaban ese trabajo, ocasionalmente alquilándolo a otros mineros. En este engranaje, la coca funcionaba como paliativo del hambre y del agotamiento, la misma función que los cronistas describían para los trabajadores andinos. Por eso los españoles promovieron su cultivo. No era una tolerancia distraída: era una promoción activa, respaldada por la ambivalencia calculada de la cédula real.

La Inquisición de Cartagena: represión marginal, efecto simbólico

Si la cédula de 1569 hubiera sido letra muerta, no habría dejado rastros procesales. Los dejó, aunque escasos. Entre 1610 y 1825, el Tribunal del Santo Oficio de Cartagena de Indias penitenció a 767 reos por distintos delitos, y de ellos siete —todas mujeres— lo fueron específicamente por consumo de hoja de coca. La cifra es baja, casi marginal: menos del uno por ciento del total. Comparada con los 82 procesados por prácticas reformistas —protestantes, luteranos, calvinistas, hugonotes—, que constituían el grupo más perseguido dada la naturaleza portuaria y comercial de Cartagena, la persecución de la coca aparece como asunto menor.

Y sin embargo, el dato importa por dos razones. La primera es sociológica: las siete penitenciadas eran mujeres, lo que sugiere que el consumo perseguible bajo la cédula —el ritual, el asociado a hechicería— quedó identificado con prácticas femeninas de curanderismo y adivinación, no con el uso masculino laboral en las minas. La segunda es normativa: aun siendo cifra baja, indica que la cédula no fue letra muerta. La categoría de "uso en idolatrías, ceremonias y hechicerías" tenía existencia procesal. La Inquisición podía actuar, y actuó, aunque de manera selectiva y esporádica.

Ese doble rasgo —persecución simbólicamente efectiva y numéricamente marginal— confirma la naturaleza de la política real. El aparato colonial no perseguía el consumo de coca en cuanto tal: perseguía el uso ritual femenino sospechoso de brujería, mientras el consumo laboral masculino en las minas quedaba fuera del radar inquisitorial. Las prácticas rituales indígenas fueron afectadas profundamente por esta lógica represiva, combinada con la imposición del cristianismo y la desarticulación de las estructuras sociales que sostenían el ritual. Hacia las primeras décadas del siglo XVII, el carácter sagrado y comunitario de esas prácticas ya estaba en franco deterioro entre los muiscas.

"Se obedece pero no se cumple": la brecha entre ley y aplicación

La suerte de la coca no puede entenderse sin situarla en la trama más amplia de las tensiones entre la Corona, los encomenderos y el clero. Desde 1546, el Cabildo de Bogotá había obedecido formalmente las Leyes Nuevas —que limitaban los derechos de explotación del trabajo indígena— pero decidió que no debían cumplirse, aplicando la célebre fórmula "se obedece, pero no se cumple". Los colonos argumentaban que las normas protectoras de los indios emanadas de la Corona se basaban en mala información sobre las colonias, lo que a su juicio las hacía no obligatorias.

Los encomenderos dominaron los concejos municipales durante todo el siglo XVI, y utilizaron esas instituciones para dar voz institucional a su resistencia a las restricciones reales. Hasta el siglo XVII, los alcaldes ordinarios de los cabildos —generalmente encomenderos ellos mismos— tenían jurisdicción inicial sobre los casos relacionados con indios, la mayoría de los cuales eran quejas contra sus pares. La situación estructural era transparente: quienes debían aplicar las normas eran los mismos afectados por ellas. Los archivos coloniales dejan constancia de que fueron muchos y atroces los abusos contra los indios, pero también de que tanto la Corona como las autoridades locales lucharon por prevenirlos y castigarlos, en una tensión institucional interna que jamás se resolvió.

Los debates entre colonos, clero y Corona sobre la explotación indígena fueron interminables. Los colonos rechazaban los alegatos de los curas y las normas reales que los obligaban a moderar dicha explotación, alegando necesidad de supervivencia económica. Las disposiciones de la Corona orientadas a abolir la servidumbre indígena en las minas nunca pudieron llevarse a cabo efectivamente; el trabajo forzado se perpetuó a pesar de las regulaciones reiteradas.

En ese paisaje, la política sobre la coca operó bajo la misma lógica. La cédula de 1569 fue "obedecida" en el sentido formal, y en la parte que autorizaba el uso laboral prácticamente coincidía con lo que los encomenderos querían. La parte prohibitiva —el uso ritual— quedó librada a los curas doctrineros, a los tribunales inquisitoriales y a la iniciativa episcopal, con los resultados exiguos ya descritos. Durante la Colonia, las autoridades civiles y eclesiásticas aceptaron a regañadientes la producción y venta de coca, y lo hicieron por razones ante todo económicas.

La diócesis de Popayán entre el escrúpulo pastoral y el interés minero

El caso de la diócesis de Popayán ilustra bien esa aceptación forzada. Como sufragánea de Lima, la sede episcopal payanesa recibía el peso de una tradición eclesiástica peruana en la que la coca había sido asunto de controversia intensa. Los obispos de Popayán heredaban una teología que consideraba la hoja instrumento del demonio, pero administraban un territorio cuya economía dependía del oro extraído por manos indígenas.

La diócesis era vasta y complicada. Dentro de ella existió un conflicto considerable entre los obispos y las élites esclavistas mineras sobre cómo administrar y financiar la educación espiritual de los esclavizados, incluyendo el sistema de estipendios que los propietarios debían pagar por la administración de sacramentos. Hacia finales de la década de 1740, los propietarios de minas y esclavos de la gobernación apelaron al obispo para quejarse de esos estipendios; en 1764 elevaron la queja directamente al rey. Ese pleito, aparentemente lateral respecto de la coca, revela el patrón: la Iglesia en Popayán litigaba constantemente con las élites mineras por márgenes de autoridad y de renta, y en cada litigio los intereses económicos terminaban imponiendo formas de acomodación.

Con la coca ocurrió algo similar. La condena teológica se mantuvo en el plano de la doctrina y de la persecución ritual selectiva, mientras la producción y el consumo laboral prosiguieron sin interrupción visible. Al término de las guerras de liberación indígena, Popayán adquirió preeminencia con el asiento de las Cajas Reales y del gobernador. Esa preeminencia fiscal ataba a las autoridades civiles a los ingresos mineros de forma directa: cualquier medida que amenazara la productividad de las minas amenazaba también los ingresos de la Real Hacienda. La coca, en tanto lubricante de esa productividad, quedaba blindada de facto contra una prohibición efectiva.

El declive real: una coca que se apaga en la Nueva Granada

Hay una paradoja que la lectura vulgar del prohibicionismo colonial suele pasar por alto. En la Nueva Granada, a diferencia del Perú, la coca declinó efectivamente durante los siglos XVII y XVIII. Su consumo y su cultivo perdieron importancia fuera de las comunidades indígenas más aisladas. En Antioquia, tanto la planta como la costumbre de consumirla habían desaparecido de los rasgos culturales de la región, y su cultivo fue abandonado desde la llegada misma de los europeos. En el altiplano muisca, el consumo ritual se debilitó junto con las estructuras sociales que lo sostenían.

¿Cómo conciliar este declive con la tesis de la tolerancia pragmática? La respuesta obliga a matizar el modelo. La ambivalencia de la cédula de 1569 diseñó una posibilidad estructural —tolerar en las minas lo que se prohibía en los templos—, pero esa posibilidad se activó de forma diferencial según la densidad del nexo coca-minería en cada territorio. Donde el nexo era fuerte, como en el sur andino peruano, la tolerancia pragmática se tradujo en persistencia masiva del cultivo y del consumo. Donde el nexo era débil o intermitente, como en la mayor parte de la Nueva Granada, la ambivalencia normativa combinada con otros factores produjo un declive que en el paralelo peruano no ocurrió.

Esos otros factores son decisivos. Las guerras de conquista contra pijaos, paeces y yalcones, prolongadas hasta comienzos del siglo XVII, devastaron poblaciones enteras y desarticularon las bases comunitarias del ritual indígena. La organización productiva prehispánica —incluidos los sistemas especializados de cultivo como los de Ocavita, con sus canales de riego y sus dos cosechas anuales— quedó fracturada por la reducción demográfica y por la reorganización del trabajo bajo el régimen colonial. La transformación social y productiva debilitó las bases sobre las que se sustentaban las prácticas rituales, y con ellas el consumo asociado. La prohibición ritual de la cédula de 1569 encontró un terreno ya erosionado por causas más profundas.

A esto se sumó el desplazamiento de la mano de obra minera. A fines del siglo XVII, empresarios vinculados a Popayán y al Cauca desarrollaban minería de pequeña escala en la cuenca del río San Juan, mientras los antioqueños explotaban tributarios del Atrato con esclavos negros. La minería aluvial del Chocó fue abierta a explotación sistemática y continua solo después de 1686, tras el sometimiento español al territorio que había resistido la rebelión indígena de 1684; los saqueos e incendios de Anserma, Arma y Cartago habían ocurrido antes, durante la rebelión de 1640. La transición hacia mano de obra africana esclavizada modificó el vínculo entre trabajo minero y coca: los esclavos traídos de África no llegaban con la práctica del hayo incorporada como los indígenas andinos, y ese cambio en la fuerza laboral fue rompiendo el circuito que había hecho estructuralmente necesaria la tolerancia colonial de la hoja.

La coca, en suma, no fue derrotada por la Inquisición. Fue derrotada, en la Nueva Granada, por la conjunción de una demografía devastada, una organización social ritual desarticulada, un cambio en la composición de la mano de obra minera y una prohibición formal que, aunque tibia en su aplicación, contribuyó a mantener a la hoja en un lugar de sospecha permanente. En el Perú, donde ninguno de estos factores operó con la misma intensidad, la coca sobrevivió y prosperó. En la Nueva Granada quedó reducida a nichos indígenas aislados.

Las reformas borbónicas y el desplazamiento del interés fiscal

Cuando la Corona, ya bajo la dinastía borbónica, reorganizó el sistema fiscal del virreinato en el siglo XVIII, la coca había perdido peso económico y ya no figuraba en las prioridades regulatorias. La nueva arquitectura de rentas se concentró en el tabaco y el aguardiente, cuyos estancos llegaron a representar entre el 31 y el 32 por ciento de los ingresos fiscales totales de la Corona en la Nueva Granada hacia finales del período colonial. La carga tributaria total se multiplicó: pasó de aproximadamente 2,9 por ciento del PIB en el primer período registrado a un pico cercano al 10,4 por ciento en algún momento entre 1761 y 1800.

La política de los estancos se convirtió en el blanco de las mayores críticas de comerciantes y agricultores criollos por restringir su actividad económica. La administración borbónica redujo los precios de compra del tabaco a los campesinos, aumentó los precios de venta al público y reprimió las siembras "ilegales", desencadenando el movimiento comunero de 1781, que estuvo cerca de tomar Santafé de Bogotá. Las Capitulaciones de Zipaquirá exigieron la fijación de precios máximos para el aguardiente. Francisco Antonio Moreno y Escandón, uno de los principales ejecutores de las reformas entre 1764 y 1780, intervino en la renta de salinas y en la reforma de hospicios.

En todo ese despliegue, la coca es una ausencia significativa. La Corona no legisló nuevamente sobre ella con energía comparable, porque la hoja ya no era una renta relevante ni un problema fiscal en la Nueva Granada. La "revolución psicoactiva" colonial —el fenómeno por el cual los europeos incorporaron masivamente a su consumo el tabaco, el cacao y las bebidas alcohólicas americanas— pasó de largo respecto de la coca y la marihuana. Los europeos no adoptaron el consumo de la hoja, y esa no adopción, sumada a los factores locales de declive, dejó a la coca en un lugar residual del que solo volvería a salir siglos después, en contextos históricos radicalmente distintos.

Lo que queda de la ambivalencia

La política colonial sobre la coca en la Nueva Granada, tal como puede reconstruirse con precisión documental, es más modesta y más matizada que la versión gruesa de una "tolerancia pragmática en las minas del Cauca y Antioquia". Está sólidamente documentado el debate en la diócesis de Popayán, la ambivalencia textual de la cédula de 1569, la promoción española del cultivo por resistencia laboral y ganancia, los siete casos inquisitoriales de mujeres penitenciadas en Cartagena entre 1610 y 1825, y la aceptación reticente de las autoridades civiles y eclesiásticas por razones económicas. No hay evidencia, en cambio, de una política específica y diferenciada para las minas de Antioquia —donde por lo demás la planta y su consumo habían desaparecido desde la llegada europea—, ni permite fijarse con precisión una ventana 1600-1630 como período de aplicación particular de esa tolerancia. La política colonial sobre la coca fue un régimen largo, difuso y desigual, no un episodio acotado.

Lo que sí queda establecido con solidez es la naturaleza del dispositivo normativo. La cédula de 1569 institucionalizó una escisión entre uso ritual y uso laboral que hizo estructuralmente inviable una prohibición efectiva mientras la economía extractiva dependiera de la fuerza indígena. Esa escisión no fue accidente ni transacción: fue el diseño mismo con el que la Corona intentó reconciliar la ortodoxia teológica con las necesidades fiscales del imperio. Que en la Nueva Granada esa arquitectura terminara acompañando el declive de la hoja, mientras en el Perú acompañara su persistencia, obliga a leerla no como una política monolítica sino como una posibilidad estructural que operó de forma diferencial según los territorios.

Importa hoy porque la matriz sigue siendo reconocible. La subordinación del prohibicionismo formal a los intereses económicos concretos, la brecha permanente entre lo que la ley declara y lo que las autoridades locales aplican, la persecución selectiva que castiga a los eslabones más débiles —siete mujeres inquisitoriales durante dos siglos— mientras deja intactos los circuitos productivos rentables: esos rasgos, sedimentados desde la Colonia Madura, no son invenciones del siglo XX. Son parte del molde en que se fundió, muy tempranamente, la relación del Estado hispanoamericano con las sustancias que su propia legalidad declara prohibidas y su propia economía necesita tolerar.