Composiciones de tierras (1591–1642)

Composiciones de tierras (1591-1642)

Entre las cédulas dictadas por Felipe II en 1591 y el cierre de la visita de Lesmes de Espinosa Saravia hacia 1642, la Corona española desplegó en el Nuevo Reino de Granada y en la Gobernación de Popayán un dispositivo jurídico-fiscal de nombre pulcro y efectos demoledores: la composición de tierras. El mecanismo era sencillo en su enunciado —quien ocupaba de hecho una tierra sin justo título podía regularizar su situación pagando una suma a la administración real— y devastador en sus consecuencias: convertía, mediante un asiento en libros y una escritura, décadas de ocupación irregular en propiedad legítima reconocida por el rey. En medio siglo, ese procedimiento reordenó el mapa de la tenencia rural neogranadina, transformó encomenderos en terratenientes, sancionó la existencia del latifundio y dejó una estructura de propiedad cuya lógica —la capacidad de pago como fundamento del derecho sobre la tierra— quedaría inscrita en la vida agraria del país.

Para entender por qué la Corona necesitó un instrumento como las composiciones hacia 1591 importa el estado del territorio en las décadas anteriores. Tres procesos convergen y se refuerzan.

El primero es el desplome demográfico indígena. Iniciado en el siglo XVI y prolongado a lo largo del XVII, el decrecimiento vertiginoso de la población nativa fue una de las dos causas mayores del carácter recesivo de la economía neogranadina en ese período —la otra sería el receso de la producción aurífera hacia 1620—. La consecuencia territorial fue inmediata: al morir o congregarse los indios que habían vivido en patrones dispersos, quedaron enormes extensiones "desembarazadas", disponibles de facto para nuevas ocupaciones. Las mercedes de rutina que las autoridades locales concedieron en la primera época colonial se otorgaron precisamente dentro de zonas habitadas pero vaciadas: no eran fronteras remotas sino tierras despobladas por catástrofe. El vacío que dejaba la muerte y la congregación de los indios no era percibido, en el lenguaje administrativo del momento, como el rastro de una hecatombe demográfica sino como una oportunidad de ordenación: tierra disponible, tierra vacante, tierra sobre la que el rey podía disponer sin más obstáculo que la formalidad de un título.

El segundo proceso es la política de reducción de indígenas a resguardos y la agregación de pueblos. En 1601 un oidor de Santa Fe fusionó 83 comunidades en 23; al año siguiente, una visita a la provincia de Tunja redujo 104 comunidades a 41. Muchos indios rehusaron colaborar y regresaron a sus parajes de origen, pero el efecto acumulado fue estructural: el patrón de poblamiento disperso quedó abolido, y las tierras que antes ocupaban las comunidades fueron declaradas vacas, susceptibles de mercedes a españoles. El resguardo, además de instrumento proteccionista, funcionó como mecanismo de concentración que liberaba superficies a la avidez colonizadora. Cada agregación producía dos efectos simultáneos: encerraba a los indios en una porción menor de la que habían ocupado y abría al mercado colonial la diferencia entre el territorio antiguo y el territorio reducido.

El tercero es la presión creciente de los pobladores españoles sobre la tierra. A partir de 1570 comenzaron a multiplicarse las mercedes en el Nuevo Reino, tanto a encomenderos como a no encomenderos. La razón era doble: el monopolio que los encomenderos ejercían sobre la mano de obra indígena generaba conflictos con otros españoles sin acceso a trabajadores; y las comunidades indígenas que inicialmente abastecían a las ciudades vía tributo dejaron de poder hacerlo, de modo que los pobladores debieron ocupar la tierra directamente para producir. Los encomenderos recurrieron a la ganadería extensiva para ocupar más tierras e impedir la presencia de pequeños propietarios españoles o mestizos, competidores potenciales en los mercados y en la disputa por brazos indígenas.

A esto se sumaba un dato decisivo para entender el diseño legal de 1591: las mercedes originarias habían exigido condiciones de morada, labor y residencia por cuatro años, incumplidas en la mayoría de los casos. Los sistemas de deslinde y demarcación eran rudimentarios: una merced concedida como quinientas hectáreas podía convertirse en un latifundio de veinte mil; una de diez mil, en un dominio de doscientas mil. Los linderos, fijados con métodos aproximativos, cobijaban ocupaciones que multiplicaban por decenas la superficie legalmente concedida. La Corona sabía —o al menos la administración informada sospechaba— que la titulación efectiva del territorio era una ficción cubierta por decenas de miles de leguas de posesión irregular. La legislación de 1591 llegó a ese escenario.

La cédula que ese año estableció el mecanismo de composiciones respondió a una convergencia de propósitos. El primero, y probablemente el más urgente para la Corona en esos años, era fiscal: convertir la irregularidad territorial en fuente de ingreso, cobrando a los ocupantes un derecho de regularización. Hacia 1591 la monarquía hispánica atravesaba tensiones financieras crónicas —bancarrotas, endeudamiento por las guerras europeas, urgencia de nuevos ingresos indianos— y la composición ofrecía un ingreso relativamente rápido, obtenido sin necesidad de expediciones ni de cobro de tributos: bastaba con abrir la posibilidad de regularizar títulos y esperar a que los ocupantes ricos se presentaran. En muchas regiones era, además, el único modo realista de sacar renta de un territorio cuya administración directa la Corona no podía costear. El segundo propósito era ordenador: revisar los títulos de propiedad, dado el generalizado incumplimiento de los requisitos de morada y labor. El tercero, colonizador: se autorizó la venta de tierras a bajo precio para atraer nuevos pobladores a regiones despobladas.

Esos tres propósitos coexistieron con desigual peso a lo largo de las décadas siguientes, pero fue el primero —la lógica recaudatoria— el que le dio su fisonomía característica al dispositivo. La composición no exigía al ocupante que probara la legalidad de su título original ni que demostrara haber cumplido las condiciones de la merced: le pedía, en la práctica, pagar. Ese pago blanqueaba, mediante un acto administrativo, un origen que podía ser fraudulento, usurpado o simplemente inexistente.

El resultado inmediato fue la transformación jurídica de una porción significativa de encomenderos en terratenientes. La encomienda otorgaba mano de obra y tributo, no tierra; pero los encomenderos, aprovechando su posición en los cabildos, su acceso a las autoridades y su monopolio temporal sobre los brazos indígenas, habían ocupado de hecho las tierras próximas a sus repartimientos. La legislación de 1591 les permitió titular esas ocupaciones mediante composición. Junto a ellos, colonos influyentes que sin ser encomenderos poseían ganado quedaron autorizados a legalizar dominios sobre extensos territorios. La composición fue así, más que un mecanismo neutral, un dispositivo con destinatarios sociales precisos: quienes ya tenían capital, ganado o poder para pagar y ocupar.

En el conjunto del sistema colonial de tierras, la composición era uno de los tres modos de adquirir propiedad: por merced real como recompensa a servicios, por composición mediante pago por tierras ocupadas sin justos títulos, o por compra al Estado a bajo precio. De los tres, fue el que organizó buena parte de la propiedad rural neogranadina del siglo XVII, porque anudaba en un solo acto la ocupación material y la titulación formal.

El procedimiento tenía una arquitectura notarial precisa, en cuyos detalles se lee la operación real del sistema. Todo comenzaba con un pedimento del interesado. En él señalaba el lugar y la superficie deseada y formulaba una primera postura —el precio que estaba dispuesto a pagar—. Presentado el pedimento, comisionados reales realizaban el reconocimiento y evaluación del terreno denunciado como baldío. Se citaba a los colindantes para que reclamaran si alguna porción no era baldía. En las denuncias de tierras baldías, el visitador realizaba una "vista de ojos" acompañado del fiscal, el protector y el alguacil mayor; tras la inspección, el terreno era avaluado y los avaluadores firmaban el auto correspondiente.

Seguían los pregones: durante treinta días, día por día, se hacía pública la denuncia y el avalúo, para que otros posibles interesados pudieran presentar posturas más altas. El remate se hacía "a vela y pregón": al hacer cada pregón se encendía una vela y mientras duraba encendida se esperaban nuevas posturas. Concluidos los pregones, la tierra se adjudicaba al denunciante si no había otro interesado con oferta mayor; si había competencia, se remataba al de mayor postura. El adjudicatario debía prestar juramento de que en ningún tiempo se llamaría a engaño enorme ni a error en el pago del precio.

En apariencia, el sistema era transparente: pedimento, inspección, aviso a colindantes, pregones, remate público, escritura. En la práctica, cada uno de esos pasos era permeable a la asimetría de poder entre los actores. Durante las inspecciones oculares, los grandes peticionarios solían ocultar tierras de las que ya se habían apropiado, práctica facilitada por el rudimentario método para fijar linderos. Los pregones se hacían en cabeceras urbanas, lejos de los pequeños ocupantes rurales o de las comunidades indígenas afectadas. Los colindantes que podían impugnar eran, con frecuencia, otros grandes propietarios cuyos intereses convergían con los del denunciante, no aquellos cuyas tierras estaban efectivamente en juego. Y la ausencia de deslinde preciso hacía que la escritura final —redactada en términos vagos como "unos pedazos de tierra" en tal paraje— fuera menos un título que una licencia para expandirse. La imprecisión no era descuido: era margen operativo.

Un caso paradigmático muestra el envés del mecanismo. El cabildo del resguardo de Pancitará —una comunidad indígena— pagó 450 patacones de buen oro a la Corona por la composición de sus propias tierras y firmó una escritura de obligación a favor del rey. La Real Audiencia confirmó la venta el 18 de mayo, en un año de la primera mitad del siglo XVII. El visitador aceptó la composición sin realizar diligencias de alinderación ni demarcación; el documento quedó redactado con términos vagos —"unos pedazos de tierra"— y esa imprecisión desencadenaría después un largo litigio entre el último propietario particular de esas tierras y los indios como sus legítimos dueños. El caso muestra dos cosas: que las comunidades indígenas, forzadas por la lógica del sistema, terminaron pagando a la Corona por lo que ya era suyo; y que incluso cuando lo hacían, la deficiencia técnica del procedimiento las dejaba expuestas a despojos posteriores. El sistema podía legalizar, pero no protegía.

La aplicación efectiva del dispositivo en el Nuevo Reino y en la Gobernación de Popayán se concentra en la actuación de dos visitadores cuya obra ordena buena parte del período: Lesmes de Espinosa Saravia y Rodríguez de San Isidro. Lesmes de Espinosa actuó en 1617 con los indígenas de Vélez, Muzo y La Palma —diligencias documentadas como composiciones o materia próxima— y en 1627 realizó composiciones de tierras en Cartago y Anserma. Su visita se extendió a lo largo de la primera mitad del siglo, articulando la aplicación del mecanismo a escala regional. El momento más documentado y revelador corresponde a Rodríguez de San Isidro y a la visita de 1637 en el Valle del Cauca y la provincia de Popayán. Los avalúos y encabezamientos de composición practicados ese año permiten reconstruir con precisión notarial cómo operaba el dispositivo.

El criterio rector aplicado por Rodríguez de San Isidro fue la capacidad económica de los poseedores, más que la extensión o la calidad de las tierras. El visitador reconoció expresamente la pobreza de los vecinos de Cali y de Buga: describió que carecían de salida comercial para sus frutos, que dependían casi exclusivamente de ganados vacunos y yeguas de muy bajo valor sin mercado, y que su capacidad de pago era gravemente limitada. En consecuencia, los montos de composición se fijaron mirando el bolsillo del ocupante, no la superficie que ocupaba.

Las cifras del reparto muestran la estructura social que el dispositivo revelaba y, a la vez, consolidaba. En la ciudad de Popayán, seis propietarios pagaron sumas superiores a cien pesos, aportando 2.030 pesos, el 74% del total recaudado en ese grupo. En Cali, solo tres propietarios pagaron más de cien pesos, con el 22,2% del total recaudado en la ciudad. En Buga, un único propietario pagó más de cien pesos, con el 12,9% del total. En el otro extremo, hubo composiciones en el Valle del Cauca por sumas inferiores a diez pesos oro —aunque incluso montos modestos podían corresponder a propiedades de cierta extensión, dado que el criterio no era territorial sino económico—. La propiedad en el Valle del Cauca hacia 1637 estaba fuertemente concentrada, con un puñado de poseedores acaparando la mayor parte del valor; y la composición no vino a corregir esa concentración: vino a reconocerla y a inscribirla en el registro jurídico. El pago mayor legalizó la propiedad mayor; el pago menor, la menor. La escala del reconocimiento estatal siguió la escala del poder económico previo.

Los avalúos, además, no eran instrumentos técnicos neutrales. En la provincia de Tunja se comprueba que no se efectuaron teniendo en cuenta exclusivamente la extensión: el valor de las tierras no era uniforme entre lugares, ni la unidad de mensura —la estancia— era homogénea. Los encomenderos tunjanos concentraban las propiedades de mayor valor; el resto, distribuido entre unos cincuenta españoles no encomenderos, apenas rebasaba los quinientos pesos, con excepción de los emparentados con encomenderos. El avalúo reflejaba menos una medición objetiva del suelo que una estimación situada de la importancia económica y social del ocupante.

Junto a los grandes propietarios, un mundo de pequeños poseedores asoma en la documentación de manera intermitente: quienes pagaron menos de diez pesos oro en 1637; quienes hacia 1721 aparecerían designados como propietarios de "haciendilla", "hacienda sin cuerpo" o "trapichitos". Su presencia es real pero menos conspicua, y su cuantificación precisa escapa al archivo. El dispositivo los registró marginalmente: los grandes son los que ocupan el centro de los libros.

Entre 1590 y 1620 se aprecia con nitidez el surgimiento del régimen de haciendas como sistema social, económico y político. La composición se combinó con el debilitamiento de la encomienda, la reconfiguración de la mano de obra y la titulación por cabildos para fijar la propiedad de grandes extensiones en manos de los sectores con acceso al pago y a las autoridades. La transformación se percibe con especial claridad en el Valle del Cauca. Durante el siglo XVII dominó allí el latifundio ganadero, cuyos propietarios residían en las ciudades de Cali, Buga, Caloto y Popayán. La ecuación de la región era característica: mucha tierra, poca población, mercados débiles, valor bajo por unidad. Los grandes propietarios acumulaban extensiones no para explotarlas intensivamente sino para monopolizar el escaso mercado de la "República de los españoles" y de los centros mineros, e impedir la aparición de competidores. Los indígenas, confinados a resguardos con superficies exiguas —entre una y dos hectáreas por cabeza—, dejaron de poder generar excedentes propios pero siguieron siendo compelidos a trabajar en las estancias.

En las tierras altas —sabana de Bogotá, Tunja— la hacienda adoptó otra fisonomía. Incorporó trabajadores no esclavos —agregados, parceleros, indios que huían del tributo, mestizos sin tierra— a cambio de lotes de pancoger, consolidando un modelo de trabajo dependiente con rasgos señoriales. La diferencia con el Valle del Cauca era notable: allá el trabajo esclavo pesaría más, ligado luego a la minería del Chocó; aquí el trabajo dependiente y campesino organizaría la explotación. Pero en ambos casos la composición había sido el paso previo: convertir la ocupación en propiedad, la propiedad en base para organizar mano de obra.

Un efecto colateral pero decisivo fue la posición de los indígenas frente al nuevo régimen. Los indios raramente poseían títulos escritos sobre sus resguardos; su ocupación era ancestral, comunitaria, no documentada según los formalismos hispánicos. Esa falta de documentación, ignorada durante buena parte del período, comenzaría a ser invocada más tarde para cuestionar sus derechos. Frente a la composición, los indios recurrieron a lo que podían: invocaron leyes de la Recopilación de Indias, entre ellas el derecho de prelación en la admisión de composiciones, para impugnar las que se otorgaban a españoles sobre sus tierras. Y, como Pancitará, pagaron cuando debieron pagar. Pero el litigio, cuando ocurrió, fue largo y desigual: la vaguedad de los linderos, sumada al poder de los vecinos españoles, dejaba a las comunidades en posición estructuralmente vulnerable.

La operación real del dispositivo estuvo cruzada por prácticas que la documentación registra con claridad. La apropiación indebida, ilegal e ilegítima de tierras públicas fue, desde temprano, una práctica antigua y generalizada. Durante las inspecciones oculares, los grandes peticionarios ocultaban tierras ya apropiadas; los avalúos favorecían al conocido; los pregones eran rituales cuya publicidad efectiva era ficticia. El visitador Mon y Velarde, décadas después, reconocería los grandes perjuicios ocasionados por las mercedes ilimitadas, que generaban un monopolio territorial en perjuicio de la población.

Los intentos de reforma tropezaron con una debilidad estructural: la Corona carecía de los instrumentos para hacer cumplir sus disposiciones. En 1778 y 1780 varias cédulas insistieron en el cumplimiento de las reglas de la Cédula de 1754, señal de que los propietarios continuaban burlando las normas sobre uso económico de las tierras. Las autoridades virreinales no disponían del poder efectivo para imponer reformas ante los señores propietarios. La debilidad burocrática para avanzar en favor de los indígenas fue igualmente estructural: funcionarios que intentaron reformas tuvieron que abandonar su empeño ante la inminencia de rebeliones de encomenderos, y los más prudentes cedieron a sus pretensiones. Sobre esa trama pesó, tras 1620, el receso de la producción aurífera: al debilitarse el ingreso minero, la renta agraria y la titulación de tierras adquirieron peso relativo mayor en las cuentas coloniales, y las visitas de composición cobraron urgencia adicional. A ello se añadió la prolongación del mecanismo bajo el Código de Indias, que en el período 1680-1754 dispuso reconocer la posesión de todo título legítimo y admitir la composición o pago por toda extensión sin título legal.

Aquí el mecanismo revela su fisonomía más precisa. No fue diseñado como conspiración deliberada de despojo; fue el resultado pragmático de una asimetría irresoluble entre la ambición administrativa de la Corona y su capacidad efectiva de gobernar el territorio. Los ocupantes con poder pagaban lo que podían y quedaban legalizados; los que no podían pagar, quedaban fuera; y los que ya habían sido despojados, quedaban despojados con papel firmado. El sistema no elegía perdedores: los recibía tal como los encontraba y ratificaba su condición.

Las composiciones de 1591-1642 configuraron una estructura de propiedad rural cuya lógica sobrevivió al régimen que la había fundado. Consolidaron el latifundio como forma dominante de la propiedad rural en amplias regiones. Las deficiencias en los sistemas de deslinde, sancionadas por composiciones que no exigían mediciones precisas, permitieron que mercedes originales de superficies moderadas se convirtieran en dominios de dimensiones enormes. La concentración no fue accidental: fue efecto acumulado de un dispositivo que ligaba la titulación al pago y el pago al poder previo.

Produjeron, además, una masa de campesinos desposeídos. La descomposición posterior de los resguardos indígenas —proceso que se aceleraría con las reformas borbónicas— generó un contingente de campesinos sin tierra que se incorporaron a las haciendas como peones, aparceros y arrendatarios. La hacienda colonial en tierras altas absorbió esa mano de obra ofreciendo lotes de pancoger a cambio de trabajo, en una relación con rasgos señoriales que perduraría siglos.

Dejaron también en herencia una fractura de legitimidad que atravesaría los conflictos agrarios posteriores. La propiedad rural neogranadina, en buena parte, no se fundaba en compra ni en trabajo sino en composición de ocupaciones cuyo origen frecuentemente era el despojo del siglo XVI. Esa raíz no desaparece con la Independencia: la república colombiana conservó el régimen colonial de propiedad de tierras y dispuso de los baldíos para pagar bonos de deuda pública, compensaciones militares, colonización empresarial y construcción de vías. La supresión de los mayorazgos por la Ley del 10 de julio de 1824 buscó promover la libre circulación de la propiedad territorial y contribuyó a debilitar el latifundio, pero no lo eliminó. A comienzos del siglo XIX la propiedad privada ocupaba apenas una pequeña proporción del territorio colombiano; los límites entre tierras privadas y baldíos permanecían imprecisos, prolongando la vaguedad heredada.

Finalmente, la lógica misma de la composición —la capacidad de pago como criterio de legitimidad territorial— se instaló como matriz institucional. Los grandes procesos de titulación posteriores, hasta bien entrado el siglo XX, funcionaron con lógicas emparentadas: quien tenía capital para adelantar mediciones, contratar abogados, pagar tasas y esperar los tiempos administrativos podía titular; quien no, quedaba en la posesión precaria o en la nada. La composición no inventó esa asimetría, pero la codificó y la naturalizó como forma normal del derecho agrario.

Los conflictos agrarios que atravesarían la historia colombiana se libran, en gran medida, sobre una estructura de propiedad fijada entre 1591 y 1642: por escribanos que redactaban composiciones con términos vagos, por visitadores que fijaban avalúos según la fortuna del ocupante, por una Corona que, al no poder gobernar el territorio, aceptó cobrar por reconocerlo tal como estaba. La ilegitimidad del origen no fue accidente: fue el precio que la monarquía cobró por otorgar legitimidad.