Diego de Torres y Moyachoque

Un cacique mestizo en la frontera de dos legitimidades

Diego de Torres nació hacia 1549, hijo del capitán Juan de Torres —encomendero español vinculado a los primeros repartos que siguieron a la conquista del altiplano por Gonzalo Jiménez de Quesada— y de Catalina de Moyachoque, cacica de Turmequé en la vertiente occidental del valle de Tenza, jurisdicción de Tunja. Esa doble filiación lo situaba en un lugar preciso y a la vez precario del orden colonial. Por la línea materna heredaba, según el derecho consuetudinario muisca, la posibilidad de suceder en el cacicazgo, pues la transmisión del cargo se hacía por vía uterina: no del cacique a su hijo, sino a un sobrino por parte de hermana. Por la línea paterna era mestizo, categoría jurídica ambigua que el propio sistema colonial producía y a la que el ordenamiento castellano reservaba una posición intermedia —por debajo de españoles y por encima de negros libres, mulatos, zambos y esclavos, aunque en un cruce inestable con los aborígenes en la jerarquía legal—.

Este cruce hacía de Torres, desde su nacimiento, una figura útil para leer una historia más grande. El mestizaje, que en el censo de 1778 representaría ya casi la mitad de la población del Nuevo Reino, era en el último tercio del siglo XVI un fenómeno todavía en formación pero ya lo bastante extendido como para producir individuos como él: hombres con acceso desigual a la lengua castellana, a la escritura alfabética, al código legal y a las redes de patronazgo, y con vínculos vivos —familiares, rituales, políticos— en las comunidades indígenas. Torres no fue una excepción heroica; fue un caso especialmente lúcido, y especialmente bien documentado, de un patrón colectivo. Mestizos, indios, mulatos y españoles aprendían el lenguaje de la ley porque los códigos jurídicos regulaban derechos y deberes que afectaban directamente sus vidas, y ese aprendizaje no seguía la línea limpia que separaba a colonizadores de colonizados. La primera función del castellano en América había sido la dominación mediante escrituras legales; pero justamente por eso la escritura jurídica se convirtió también, en manos como las de Torres, en el terreno donde se podía negociar, protestar y a veces revertir.

Turmequé y la estructura del cacicazgo muisca

Para entender qué heredaba Diego de Torres al reclamar el cacicazgo hay que reconstruir, sin idealizar, qué era un cacicazgo muisca a mediados del siglo XVI. Los cronistas describieron la organización política de las tierras altas cundiboyacenses como una pirámide: en la base, comunidades familiares o parcialidades mandadas por un cacique; encima, grandes caciques como el zipa en Bogotá, el zaque en Tunja, y otros en Sogamoso, Duitama y Guatavita, a los que asimilaron a títulos nobiliarios hispanos hasta llamarlos "reyes". Esa imagen piramidal ha sido matizada por la investigación posterior. Los documentos coloniales no registran protestas de comunidades por caciques impuestos desde Tunja, Sogamoso, Duitama o Bogotá, y la guerra entre cacicazgos parece haber tenido un carácter principalmente ceremonial, de reconocimiento y competencia, más que de conquista territorial en el sentido europeo. Lo que sí aparece con nitidez en los archivos es un entramado de parentesco: los caciques de Bogotá y Chía eran parientes dentro de la misma confederación, y relaciones análogas se identifican entre Suba y Tuna, Tunja y Ramiriquí, Guatavita y Teusacá, Duitama y Tobasía. Las confederaciones muiscas parecen haber sido, al menos en parte, redes familiares extendidas antes que estructuras estatales; para la propia Tunja se han propuesto dos linajes o dinastías, la de Tunja y la de Ramiriquí, que dibujarían una estructura dual de poder.

En ese tejido, Turmequé era un cacicazgo menor pero estratégicamente situado en la jurisdicción tunjana, punto de paso hacia el valle de Tenza y las tierras cálidas. Su población había quedado, tras la conquista, encomendada como grupo: la unidad tributaria en el Nuevo Reino no fueron individuos sueltos reunidos al azar sino el clan o la tribu preexistente, con el cacique como representante obligado ante el encomendero. El cacique pagaba el tributo a nombre de su gente, y esa gente debía aportar pensiones particulares, el quinto real, el estipendio del cura doctrinero, el sueldo del corregidor, además del trabajo doméstico y agrícola sobre el que se sostenía la economía de los vecinos españoles. En ese arreglo el cacique se volvía, en la práctica, agente fiscal de la Corona y del encomendero a la vez, y recibía a cambio ciertos privilegios: tierras, exenciones, en ocasiones títulos, una consideración jurídica intermedia. La antigua autoridad muisca no desapareció; se transformó en engranaje del sistema tributario, y los caciques que sobrevivieron políticamente fueron los que supieron traducir su legitimidad interna al idioma de la administración imperial.

Diego de Torres nació dentro de esa transformación. Cuando reclamó Turmequé no lo hacía como heredero de una autoridad prehispánica intacta sino como sucesor de un cargo que ya llevaba décadas siendo, al mismo tiempo, jefatura indígena y oficina colonial.

El pleito por el cacicazgo

El acceso de Torres al cacicazgo no fue automático. Hacia 1571 se abrió un litigio ante la Audiencia de Santafé por la sucesión de Turmequé, en el que compitió con un medio hermano indígena por la línea materna, Pedro de Torres, presentado como candidato apoyado por sectores encomenderos interesados en un cacique más manejable. El pleito planteaba una cuestión que rebasaba a Turmequé: ¿podía un mestizo, hijo de conquistador, heredar un cacicazgo muisca? La respuesta involucraba dos ordenamientos difícilmente conciliables. Por el derecho consuetudinario indígena, la transmisión por vía uterina favorecía a Diego, hijo de la cacica; pero la Corona y las audiencias se mostraban cautelosas ante la figura del cacique mestizo, no tanto por prejuicio racial —aunque también— cuanto por temor a que la combinación de linaje indígena, letras castellanas y vínculos hispanos produjera un tipo de líder difícil de controlar.

La Audiencia falló a favor de Diego, que hacia mediados de la década de 1570 quedó investido como cacique de Turmequé. Ese fallo, más allá de su alcance local, revela algo importante sobre el sistema legal colonial: los magistrados gozaban de un amplio poder discrecional, no estaban obligados a acogerse a la letra estricta de la ley y podían fallar conforme a la costumbre o la equidad. Esa flexibilidad, que en otros casos servía para amparar abusos, en el caso de Turmequé abrió una rendija por la que se coló un cacique mestizo con vocación letrada. El sistema colonial no era una máquina cerrada; era, más bien, un archipiélago de decisiones discrecionales donde la habilidad para presentar el propio caso en el lenguaje adecuado podía inclinar el resultado. Torres aprendió esa lección temprano y la usaría el resto de su vida.

La escritura como estrategia: memoriales y viajes a la Corte

Una vez cacique, Diego de Torres no se limitó a administrar el tributo de Turmequé. Comenzó a documentar, con precisión de escribano y agudeza política, los abusos del régimen encomendero en la jurisdicción de Tunja: tasaciones que excedían la capacidad de las comunidades, servicio personal disfrazado bajo otros nombres, castigos físicos, trabajos en minas y en la boga, apropiación de tierras comunales, injerencia de los encomenderos en la designación de capitanes indígenas. Esa documentación cristalizó en una serie de memoriales dirigidos al Consejo de Indias y al propio Felipe II, cuyo momento culminante fue el memorial redactado en la década de 1580 —conocido en la tradición historiográfica como Memorial de agravios— en el que Torres articuló, en el registro jurídico y retórico del vasallaje leal, una crítica sistemática al comportamiento de los encomenderos neogranadinos.

La escritura de Torres es reveladora precisamente porque no es insurgente en la forma. Habla como vasallo del rey, invoca la legislación protectora dictada por la Corona, cita disposiciones, se presenta como súbdito fiel que denuncia el incumplimiento de las órdenes reales por parte de intermediarios locales. Esa retórica no era ingenuidad: era la única gramática que el sistema reconocía como legítima. Los discursos jurídicos coloniales constreñían y modelaban la comunicación de quienes presentaban peticiones y quejas, y quien quisiera protestar sentencias, decretos, contratos o testamentos que lo afectaban negativamente estaba obligado a aprender y usar ese lenguaje. Torres lo hizo con soltura suficiente como para que sus escritos circularan en la Corte y fueran leídos —y respondidos— por las más altas instancias del gobierno indiano.

Para asegurarse de que sus memoriales no se perdieran en el laberinto burocrático de la Audiencia de Santafé, Torres viajó personalmente a España. La primera vez lo hizo hacia comienzos de los años ochenta, atravesando el trayecto habitual —Cartagena, la travesía atlántica, la Casa de Contratación en Sevilla, el camino a Madrid— que era en sí mismo una empresa costosa, riesgosa y reveladora del capital político y económico que un cacique de un pueblo mediano podía llegar a movilizar. En la Corte se movió como se movían tantos otros peticionarios llegados de América: conquistadores que solicitaban blasones heráldicos, encomenderos que pedían reconocimiento de hidalguía, religiosos que denunciaban abusos, funcionarios que buscaban ascenso. Torres se sumó a ese flujo con una carta diferente: la de cacique legítimo, vasallo leal y víctima de un régimen local que operaba, según su denuncia, en contradicción con la voluntad expresa del monarca.

Su llegada no era casual en el calendario político imperial. Tras la abdicación de Carlos V en 1556, tanto Felipe II como el Consejo de Indias habían tomado conciencia de la "feudalización de América": la tendencia de los conquistadores-encomenderos a consolidar poder territorial autónomo, a coartar la autoridad real, a comportarse como una nobleza local. Contra esa dinámica, la Corona impulsó desde mediados del siglo un conjunto de medidas —limitación de encomiendas a dos vidas, refuerzo de las audiencias, envío de visitadores— que buscaban recentralizar el poder. La denuncia de Torres se insertaba con precisión en esa preocupación estructural: al pintar a los encomenderos como incumplidores de la ley regia, se ofrecía a sí mismo, y al cacicazgo indígena, como aliado natural de una Corona interesada en frenar la autonomía de los vecinos americanos. La retórica del vasallaje leal no era ornamento sino estrategia.

La red: Monzón, Zapata y la crisis institucional del Nuevo Reino

La eficacia de los memoriales de Torres no se explica solo por su calidad retórica. Se explica también por el momento excepcionalmente convulso del Nuevo Reino de Granada bajo Felipe II, y por las alianzas puntuales que Torres tejió con funcionarios reformistas enviados desde la metrópoli. La figura clave fue el visitador Juan Bautista Monzón, llegado a Santafé con amplios poderes para tomar residencia a la Audiencia y a su presidente Lope Díez Aux de Armendáriz. La visita de Monzón llenó de temor a lo más granado de la sociedad neogranadina: el visitador iba en serio, y la élite encomendera y burocrática de la capital lo entendió de inmediato.

Lo que siguió es uno de los episodios más reveladores de la fragilidad institucional del Nuevo Reino en la segunda mitad del siglo XVI. En 1580 Monzón llegó a encarcelar al presidente Armendáriz. La élite santafereña respondió con una escalada de maniobras encaminadas a neutralizarlo: primero intentó concertar el matrimonio de su hijo con una rica heredera para comprometerlo por vía familiar; luego reunió un ejército bajo el mando del capitán Diego de Ospina en las goteras de Santafé; después hizo circular una Real Cédula falsificada que supuestamente revocaba el nombramiento del visitador. Cuando esas tácticas fracasaron, Monzón fue encarcelado, acusado de ser judío converso y trasladado como prisionero a Pamplona. El sistema institucional colonial, diseñado sobre el principio de un control recíproco entre virreyes, presidentes, audiencias y visitadores, había producido en cambio una guerra abierta entre facciones, cada una empuñando las formas del derecho para destruir a la otra.

En ese cruce se jugó el destino político de Diego de Torres. El arzobispo de Santafé, fray Luis Zapata de Cárdenas —que ocupó la sede metropolitana entre 1573 y 1590 y admitió sin reparo haber aconsejado la prisión de Monzón, encontrando oposición en el presidente Armendáriz— envió al Consejo de Indias cartas en las que acusaba al visitador de haber tramado, con el cacique Diego de Torres y sus indios, un levantamiento general contra las autoridades coloniales. La acusación era doblemente grave: colocaba a Torres en la categoría de conspirador y ligaba su nombre al peor de los fantasmas coloniales, el alzamiento indígena coordinado con funcionarios reales díscolos. El memorial se convertía, en la lectura del arzobispo, en tapadera de la sedición; el vasallo leal quedaba reescrito como cabecilla de una rebelión potencial.

La versión de Zapata no se impuso sin resistencia. Fray Alberto Pedrozo, provincial franciscano, remitió al Consejo un informe contrario: para él, Monzón era un funcionario riguroso víctima de una élite dispuesta a todo —soborno matrimonial, movilización militar, cédula falsificada, acusación de judaísmo— para bloquear su visita, y varios vecinos apoyaron esa versión. En el centro del conflicto latía la defensa del trabajo forzoso indígena: los encomenderos temían que la visita, y con ella los memoriales de caciques como Torres, terminara restringiendo el servicio personal del que dependía su prosperidad. El caso mostraba con brutalidad una regularidad del sistema: los funcionarios reales que intentaban proteger a los indígenas se enfrentaban a combinaciones de intereses locales dispuestas a comprometerlos seriamente, y los menos concienzudos o simplemente más prudentes terminaban cediendo. Monzón resistió y fue destruido; Torres, aliado a él, quedó marcado.

La acusación del arzobispo tenía además otra utilidad estructural: al presentar el mestizaje letrado de Torres como amenaza subversiva, permitía deslegitimar el propio uso del memorial como forma de agencia política. Si un cacique mestizo que escribía al rey podía ser, en realidad, un conspirador que preparaba un alzamiento, entonces la escritura misma se volvía sospechosa. La retórica del vasallaje leal, en la que Torres había cifrado su seguridad, podía ser leída al revés en cualquier momento.

Segunda estancia en Madrid y la disputa larga

Perseguido, con su cacicazgo en riesgo y sus escritos convertidos en pieza de un pleito mayor, Torres emprendió una segunda travesía a España en los años ochenta. En Madrid volvió a presentar memoriales, a solicitar audiencias, a insistir ante el Consejo de Indias en la legitimidad de su título y en la veracidad de sus denuncias. Que un cacique boyacense pudiera sostenerse durante meses en la Corte, cubriendo los costos de la estancia, del asesoramiento jurídico y de la reproducción de documentos, revela un aspecto que suele quedar oculto en la narrativa romántica del "cacique letrado": Torres tenía recursos, contactos y un manejo pragmático de las lógicas cortesanas. No era un mensajero de su comunidad enviado con las manos vacías; era un actor político con capital acumulado, capaz de operar en dos continentes.

La respuesta institucional a sus gestiones fue ambigua, como solía serlo el sistema. La Corona escuchaba y ordenaba investigaciones; los aparatos locales dilataban, reinterpretaban o simplemente desobedecían. La distancia entre la letra de la ley colonial y su cumplimiento efectivo era enorme: los colonos podían obedecer formalmente las normas y decidir no aplicarlas, como el Cabildo de Bogotá venía haciendo desde 1546 con las Leyes Nuevas. Esa brecha estructural —que la propia Corona no lograba cerrar— era el terreno real sobre el que se movían los memoriales de Torres. Sus denuncias podían producir cédulas, provisiones y órdenes; su aplicación dependía de audiencias, corregidores y encomenderos cuyos intereses apuntaban en dirección contraria.

Antonio González, que llegaría a presidir la Audiencia hacia el final del siglo, y Andrés Egas de Guzmán, oidor con protagonismo en varios de estos procesos, forman parte del elenco cambiante de funcionarios que se cruzaron con el expediente de Turmequé. Ninguno resolvió el problema de fondo. El pleito del cacicazgo, la validez de los memoriales, la responsabilidad de los encomenderos denunciados: todo quedó envuelto en la lentitud de la burocracia imperial, en las alianzas cambiantes de la élite santafereña y en el trasfondo de una confrontación institucional —entre visitadores, presidentes y audiencias— que no cesaba.

Diego de Torres murió hacia 1590, probablemente en la península o en el trayecto de regreso, sin haber logrado la restitución plena que perseguía y sin ver cumplido, en Turmequé, el programa de justicia que sus escritos habían dibujado. Su muerte coincidió, casi simbólicamente, con el final del arzobispado de Zapata de Cárdenas.

La estructura contra la que pleiteaba

La derrota relativa de Torres no fue individual sino sistémica. La encomienda que él denunciaba tenía una lógica implacable. La Corona tenía interés en preservar la población indígena como fuente permanente de tributos, y por eso adoptó medidas protectoras disfrazadas con ropajes religiosos o humanistas. Los encomenderos, en cambio, tendían a la explotación intensiva de la mano de obra disponible, lo que generaba una tensión persistente entre el interés fiscal de largo plazo del imperio y el interés extractivo inmediato de la élite local. Los memoriales de Torres operaban precisamente en esa fisura: pedían a la Corona que hiciera cumplir su propio interés estructural contra los abusos de sus agentes locales.

El sistema tenía además otra grieta favorable al lenguaje del memorial: el patronato real. La bula de 1508 había otorgado a la Corona de Castilla tres prerrogativas fundamentales sobre la Iglesia en América —autorización exclusiva de construcción de templos, patronato en sentido castellano, presentación de personas idóneas para beneficios eclesiásticos—, prerrogativas que se extendieron a virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores como vicepatronos. Este entrelazamiento de lo civil y lo eclesiástico multiplicaba los canales por los que un cacique podía hacer llegar sus quejas y también los frentes por los que podía ser atacado: la escasez de doctrineros, alegada por los encomenderos como coartada para no adoctrinar a los indios, era uno de los muchos terrenos donde el pleito por el trabajo indígena se libraba en clave religiosa. Solo desde septiembre de 1569 el presidente Venero de Leiva había hecho traer cuarenta religiosos franciscanos y dominicos para atender las encomiendas, y aun así la cobertura era insuficiente.

En ese paisaje, la estrategia de Torres —usar el derecho castellano para litigar contra el orden encomendero desde dentro— era racional, pero operaba sobre un tablero cuya inclinación no controlaba. Al final del siglo XVI la pérdida acelerada de población indígena tributaria empezó a erosionar el poder de los encomenderos, con efectos visibles en el ausentismo de los vecinos en el cabildo capitalino; pero ese debilitamiento estructural, que a la larga daría la razón parcial a las denuncias de caciques como Torres, llegó demasiado tarde para él.

La huella: memoria disputada y lectura contemporánea

Diego de Torres desaparece de los documentos hacia 1590 y regresa a la memoria colombiana varios siglos después, primero como figura menor de la crónica de la conquista y luego, en la historiografía del último medio siglo, como uno de los ejemplos más citados de agencia política indígena en la América hispánica temprana. Ese redescubrimiento no ha estado exento de riesgos. La tentación hagiográfica —convertirlo en héroe indigenista, protomártir de la lucha anticolonial, precursor letrado de una modernidad indígena— tiende a aplanar precisamente lo que hace interesante su caso: su ambigüedad estructural, su condición de vasallo leal que pleitea desde dentro, su mestizaje que es al mismo tiempo arma y punto vulnerable, su instrumentalización lúcida de una retórica imperial que también podía voltearse contra él.

El aporte real de Torres a la historia de Colombia no está en haber sido un rebelde —no lo fue— ni en haber ganado su pleito —no lo ganó del todo—, sino en haber dejado, en los archivos del Consejo de Indias, un cuerpo documental que revela con excepcional nitidez cómo funcionaba el pleito colonial y qué márgenes de agencia abría, y cerraba, para los sujetos indígenas y mestizos con acceso a la escritura. Sus memoriales enseñan tres cosas que la historiografía sigue trabajando. Muestran, primero, que el archivo jurídico colonial no fue un monopolio de los colonizadores: fue un espacio disputado donde una variedad de actores subalternos —caciques, capitanes indígenas, mestizos letrados, mulatos, algunos negros libres— intervino con sofisticación creciente. Muestran, segundo, que el cacicazgo neogranadino de finales del siglo XVI no era una institución en agonía sino una posición política activa, transformada por la conquista pero no vaciada de sentido, capaz de conectar comunidades locales con la Corte imperial. Muestran, tercero, que la eficacia de esa agencia dependía menos de la calidad individual del peticionario que de coyunturas que él no dominaba: la llegada de un visitador dispuesto, la debilidad transitoria de una facción encomendera, el humor reformista del Consejo, la muerte oportuna de un adversario.

El caso de Turmequé se sitúa, además, en el origen de una tradición larga en la historia jurídica y política colombiana: la de las comunidades y los individuos que, sin optar por la vía armada, aprenden a litigar dentro del sistema legal del poder que los oprime y a convertir sus propias formas contra él. De los caciques mestizos del siglo XVI a los memoriales de comuneros del XVIII, de los abogados negros del XIX a los pleitos de resguardos y consejos comunitarios en la Colombia contemporánea, hay una continuidad que Torres no inauguró él solo pero que su expediente permite leer con claridad inusual.

Queda, por último, la incomodidad productiva de su figura para cualquier relato simple. Diego de Torres fue hijo de encomendero y cacique de indios; vasallo del rey y denunciante de sus agentes; muisca y letrado castellano; víctima y estratega; peticionario leal y sospechoso de sedición. No cabe en el molde del indígena resistente puro ni en el del colaboracionista, y esa incomodidad —esa negativa suya, casi involuntaria, a ser reducido a categoría— es quizá su legado más duradero. La historia de Colombia se ha escrito muchas veces con arquetipos, y Turmequé, en 1584, ya estaba produciendo desde el Nuevo Reino una figura que ningún arquetipo alcanza.