Instauración borbónica y reorganización del gobierno neogranadino (1700–1720)

Instauración borbónica y reorganización del gobierno neogranadino (1700-1720)

El primero de noviembre de 1700 murió en Madrid Carlos II de Habsburgo sin descendencia, y con él se cerró en España una dinastía de dos siglos. Su testamento entregó la corona a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, que reinaría como Felipe V y abriría la casa de Borbón en el trono español. Lo que para las cortes europeas fue el detonante de una guerra de sucesión de trece años, para la Audiencia de Santafé —cabeza jurisdiccional del Nuevo Reino de Granada— fue el inicio de un ciclo de veinte años en que la lejana crisis dinástica se decantó como bloqueo comercial, hundimiento de galeones, contrabando inglés, fraude minero de las élites criollas y, finalmente, como el primer intento de erigir un virreinato propio en Santafé. Ese ensayo administrativo, decretado en 1717 y suprimido en 1724, condensa el arco del período: una monarquía que quiere reformarse desde arriba y una colonia cuyas estructuras reales —hacienda, cuadrilla minera, resguardo, red familiar criolla— se han venido reorganizando a su propio ritmo, sin esperar decretos.

A la vuelta del siglo, la Nueva Granada era una geografía de fragmentos apenas cosidos por el río Magdalena. Santafé de Bogotá presidía la Audiencia desde la sabana; Cartagena de Indias, el puerto fortificado del Caribe, era la puerta del imperio y el punto donde la Flota de los Galeones descargaba las mercancías destinadas a Tierra Firme y recogía la plata del Perú antes de emprender el retorno. Popayán, hacia el suroccidente, gobernaba el arco del oro aluvial que se extendía del Chocó al valle del Cauca. Quito, Panamá, Tunja y Antioquia completaban el tablero de gobernaciones y corregimientos que la Audiencia debía —en teoría— coordinar.

La economía que Felipe V heredó en este rincón del imperio venía de un largo hundimiento. La producción de oro neogranadino, que a principios del siglo XVII rondaba los dos millones de pesos plata, había caído a casi nada hacia 1700: un colapso de casi un siglo asociado al desplome demográfico indígena, al agotamiento de los yacimientos superficiales y a la desarticulación del comercio. Pero tras esa curva descendente ya despuntaba otra. Desde la década de 1680, la provincia de Popayán mostraba una recuperación sostenida: los quintos reales pasaron de 286.300 pesos en el quinquenio 1680-1684 a 533.710 pesos en 1725-1729. Esa recuperación, silenciosa y protagonizada por cuadrillas de esclavos negros aportados por comerciantes cartageneros, sería el fondo económico real sobre el que se desplegarían las reformas borbónicas del período.

A esa dinámica minera se sumaba, desde 1690, un fenómeno demográfico decisivo: la rápida reproducción de mestizos, negros y mulatos empezó a compensar la casi extinción de la población indígena de conquista. La sociedad colonial dejaba atrás el binario español-indio del siglo XVI y se convertía en un mosaico de castas donde el mestizo libre, el mulato de hacienda y el zambo de ciénaga configuraban una masa poblacional que ya no encajaba en las viejas categorías tributarias. Los resguardos —esa institución concebida para agrupar a los indígenas sobrevivientes en tierras comunitarias bajo tutela real— arrastraban un problema estructural desde su origen: los indios reunidos en ellos provenían de linajes distintos, no se resignaban a la pérdida de sus tierras originarias y tendían a abandonarlos. En 1718 se suprimió el carácter hereditario de las encomiendas, y el corregidor de indios terminó sustituyendo al viejo encomendero del siglo XVI como recaudador del tributo con destino a la Corona.

En el plano institucional, la Audiencia de Santafé llegaba a 1700 desgarrada por su disensión interna. Cada oidor veía a sus colegas como rivales y se apoyaba en su facción clientelar; los conflictos de competencia entre oidores y presidentes, y entre autoridades civiles y eclesiásticas, eran constantes en un régimen que no conocía la separación de poderes. Los arzobispos y obispos chocaban con las órdenes religiosas —dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas—, cuyo poder social, político y cultural las hacía tan indispensables como difíciles de gobernar. En un escalón intermedio, una red de funcionarios criollos —fiscales, escribanos, empleados de cajas reales— se integraba socialmente a las oligarquías locales, tejiendo el vínculo entre la burocracia real y las familias que dominaban la vida económica de cada provincia.

La sucesión de Felipe V no fue pacífica. Las potencias europeas —Inglaterra, las Provincias Unidas, el Sacro Imperio— vieron en la unión potencial de las coronas francesa y española una amenaza continental y formaron la Gran Alianza para oponerse a los Borbones. Aunque Felipe V terminó renunciando al trono francés ante las presiones diplomáticas, Luis XIV se convirtió en el poder real de la monarquía española e intervino en todos los aspectos —diplomáticos, políticos, comerciales, militares— del imperio de su nieto. Ese entrelazamiento franco-español desencadenó la Guerra de Sucesión Española, que se prolongaría entre 1700 y 1713.

En la Nueva Granada, la guerra se sintió sobre todo como asfixia. Los ingleses impidieron el comercio regular entre España y Tierra Firme, bloqueando el flujo de la Flota de los Galeones que había sido la arteria del sistema atlántico desde mediados del siglo XVI. Durante los años del conflicto llegó a América una sola flota, y los ingleses la atacaron. En esa acción se hundió el galeón San José frente a Cartagena, cargado con un enorme tesoro de plata peruana destinado a financiar el esfuerzo bélico de Felipe V. La pérdida material fue inmensa; el mensaje simbólico, aún mayor: el sistema de convoyes que había sostenido la conexión imperial durante siglo y medio ya no garantizaba nada.

Con Cartagena convertida en puerto de espera, el desabastecimiento empujó a la colonia hacia dos salidas complementarias. Por un lado, hacia el mercado interior: la producción del Socorro, la Sabana de Bogotá, el altiplano tunjano y el valle del Cauca se orientó a suplir lo que ya no llegaba de Sevilla. Por otro, hacia el contrabando, que dejó de ser excepción para convertirse en circuito. Los ingleses, holandeses y franceses que rondaban las costas del Caribe encontraron mercado abundante entre comerciantes de Mompox, Cartagena, Santa Marta y Riohacha.

El Tratado de Utrecht, firmado en 1713, cerró la guerra en Europa pero abrió una etapa más difícil en América. Felipe V quedó confirmado en el trono, pero España tuvo que hacer concesiones que erosionarían durante décadas su capacidad de controlar el comercio ultramarino. La central para el Caribe neogranadino fue el Asiento de Negros: Inglaterra recibió el derecho exclusivo de abastecer de esclavos africanos a las Indias españolas, incluyendo el derecho de acompañar los buques negreros con un "navío de permiso" o buque de abastecimientos. Ese navío autorizado se convirtió en la puerta legal por la que se filtraron cargamentos enteros de contrabando, y en la coartada bajo la cual los ingleses patrocinaron abiertamente la piratería, el tráfico humano y el comercio ilegal a lo largo de las costas americanas. España salió de Utrecht debilitada en territorios y en control, y perdiendo poder frente a Inglaterra.

Para Cartagena, la nueva paz fue una guerra por otros medios. El puerto, que en teoría concentraba el monopolio del tráfico legal, pasó a convivir con circuitos paralelos donde los mismos gobernadores encargados de reprimir el contrabando terminaban implicados en él. Gobernadores como José de Zúñiga afrontaron juicios de residencia relacionados con estas prácticas, y entre 1711 y 1718 se acumularon expedientes sobre conflictos vinculados al comercio ilegal, con Mompox como nodo problemático río arriba. La combinación de Asiento inglés, navío de permiso y complicidad local reconfiguró el mapa mercantil de la jurisdicción de Cartagena de forma tan profunda que ninguna reforma administrativa posterior podría ignorarla.

Mientras el Caribe se rehacía como frontera imperial disputada, en el suroccidente se consolidaba otra economía. La recuperación del oro de Popayán, iniciada en los años 1680, se aceleró en las primeras décadas del siglo XVIII gracias a la introducción sostenida de mano de obra esclava. Cartagena era la boca del sistema: entre 1698 y abril de 1700, apenas antes de la muerte de Carlos II, se registraron en el puerto 1.763 esclavos vendidos a 425 compradores, un promedio de cuatro esclavos por comprador. Predominaban las ventas individuales, propias de un mercado donde apenas empezaba la formación de las cuadrillas mineras y donde la demanda venía tanto de haciendas como de yacimientos.

Los compradores no siempre eran cartageneros. Muchos procedían de Mompox, Honda, Santafé, Antioquia y Popayán, en algunos casos actuando por encargo de terceros. Ciudades como Popayán, Medellín y Rionegro hicieron su fortuna precisamente con la internación de mercancías y esclavos hacia los reales de minas del Chocó, Rionegro y Santa Rosa: entre todos los rubros comerciales, el de esclavos negros era el más lucrativo, aunque el comercio de ropas de Castilla también tuvo gran relevancia.

El resultado fue una transformación del paisaje humano y productivo del occidente. En las tierras bajas del Pacífico, los esclavos africanos y sus descendientes fueron ocupando el lugar de la población indígena diezmada hasta convertirse en la fuerza de trabajo predominante, especialmente en las minas. Pero la asignación de esa mano de obra no operaba bajo un mercado libre. La Corona reorganizaba a los sobrevivientes indígenas en resguardos y regulaba administrativamente su distribución; la mita seguía movilizando indios para el transporte de leña, la boga en el Magdalena, el acarreo de personas y mercancías a hombros, las obras públicas y el trabajo en minas fiscales de plata como Las Lajas de Ibagué y Vetas y La Montuosa de Pamplona. La escasez extrema de trabajadores hacía que dueños de minas y haciendas se los disputaran, lo que en teoría podía mejorar sus condiciones, pero la intervención administrativa mantenía la asignación fuera del arbitrio del mercado.

Sobre esta base laboral híbrida —indios de resguardo mitayados, esclavos negros en cuadrilla, mestizos y mulatos libres empleados como concertados— se levantó la hacienda que definiría el orden rural colonial tardío. No era todavía la unidad plantacionaria del siglo XVIII maduro, pero ya combinaba tierras comunales despojadas, mano de obra multiétnica y producción para mercados regionales. Su expansión sobre montes, ciénagas y sabanas, y la deforestación asociada a las minas de oro aluvial —que exigían mover ríos enteros de cauce—, imprimieron sobre el territorio una huella ecológica cuyos efectos apenas comenzaban a acumularse.

Al margen de ese orden, o más bien en sus intersticios, crecían las poblaciones libres de color. En el Caribe se multiplicaron las rochelas, asentamientos ilegales establecidos en bosques, cerros, ciénagas y riberas de ríos, poblados por descendientes de esclavos fugitivos, indígenas no conquistados, desertores y gentes que escapaban del control colonial; hacia la década de 1770 vivirían allí unas 60.000 personas, pero su formación venía de décadas atrás. En el occidente, los palenques desafiaban abiertamente la pretensión de las autoridades de transformarlos en poblados regulares y constituían un reto tácito al influjo de los hacendados. Su relación con las haciendas vecinas fue casi siempre violenta, aunque en casos excepcionales, como los de Amaime y El Bolo en el valle del Cauca, llegó a haber convivencia armónica. Los palenques se sostenían con cultivos propios, caza, pesca y algún trato con las haciendas.

En el hueco entre la Corona lejana y las poblaciones dispersas y móviles, quien realmente gobernaba eran las redes familiares criollas. El parentesco, más que la riqueza, definía el acceso a la élite: las familias del Nuevo Reino unían la herencia de la Conquista, la riqueza material y el entronque con funcionarios reales en redes amplias de consanguinidad que perdurarían como forma principal de poder hasta el siglo XIX. Los comerciantes españoles inmigrantes se integraban a esas élites por matrimonio; sus hijos, educados para la Iglesia o el derecho, rara vez continuaban en el comercio de sus padres.

El caso de Popayán en las primeras dos décadas del siglo XVIII muestra el mecanismo con nitidez. Los hermanos Mosquera, Francisco de Arboleda, Bernardo Alfonso de Saa, Miguel Gómez de la Asperilla y Agustín de Valencia —todos propietarios de esclavos negros dedicados al laboreo de las minas de oro— ejercieron, cada uno a su turno, el gobierno delegado de la provincia del Chocó. Es decir: los mismos hombres cuyas cuadrillas trabajaban los ríos auríferos gobernaban el territorio donde estaban esos ríos, y por tanto fiscalizaban la fundición y el quinto real. El fraude en la explotación de las riquezas aluviales alcanzó proporciones escandalosas. Cada Mosquera y cada Arboleda que rotaba en el gobierno del Chocó era, al mismo tiempo, uno de los principales interesados en que la contabilidad real subestimara la producción.

En los grupos de poder regional más exitosos, la combinación de ingresos procedentes de propiedades urbanas, agrarias, minas, obrajes, actividades comerciales y cargos administrativos era posible precisamente gracias a esas redes familiares. La política y la economía no formaban dos esferas separadas; el mismo apellido cubría ambas. El equilibrio entre las exigencias de la Corona y la influencia no institucionalizada de estas oligarquías era perpetuamente inestable, y en cada coyuntura de reforma se renegociaba.

Los oficiales reales y clérigos, por su parte, se vinculaban rutinariamente al comercio aprovechando privilegios como la exención del almojarifazgo para importaciones personales, lo que los situaba en posición ventajosa para participar en empresas especulativas. La corrupción era estructural: los bajos salarios de la burocracia colonial incentivaban el abuso entre corregidores, recaudadores, escribanos y funcionarios menores, cuya falta de alicientes legítimos empujaba al fraude. El criollo intermedio no era un contrapoder de las élites: era su prolongación administrativa. Sobre este tejido se inscribió, tarde y mal, el proyecto reformista borbónico.

La idea de crear un virreinato en Santafé no era nueva —se venía discutiendo desde el siglo XVII—, pero fue la conjunción de la disfunción interna y la vulnerabilidad atlántica revelada por Utrecht la que la volvió urgente. La Audiencia estaba paralizada por el faccionalismo; las cajas reales de Popayán, Cartagena y Antioquia recaudaban una fracción de lo que la producción real permitía; el contrabando post-Utrecht convertía a Cartagena en un puerto que sangraba plata por sus costados; y la amenaza de futuras guerras con Inglaterra, ahora que el Asiento la había instalado dentro del sistema, obligaba a pensar en una autoridad militar capaz de coordinar la defensa desde Cartagena hasta Panamá y Quito.

En 1717 la Corona decretó la erección del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, con capital en Santafé de Bogotá y jurisdicción sobre el occidente del actual territorio colombiano y buena parte de los territorios adyacentes. La creación fue la primera manifestación borbónica de fortalecimiento de la administración colonial en Sudamérica septentrional, anterior a las grandes reformas de mediados de siglo.

La preparación institucional del nuevo virreinato recayó en Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero, enviado como comisionado regio para organizar el terreno antes de la llegada del titular. Pedrosa aterrizó en una Audiencia dividida, con oidores enfrentados y con élites locales acostumbradas a operar sin supervisión estrecha. Sus informes eran duros con los criollos: en los conflictos que estallaron durante su gestión —incluyendo un episodio de levantamiento contra la Audiencia— tendió a culpabilizar a las redes criollas locales, en particular a los Flórez y sus allegados, por la agitación política.

En 1719 llegó el primer virrey formal, Jorge de Villalonga, militar de carrera cuya visión del territorio y de sus habitantes chocaría de inmediato con la de Pedrosa. Donde Pedrosa veía criollos díscolos capaces de conspirar contra la autoridad real, Villalonga veía "habitantes muy sumisos" incapaces, a su juicio, de haber protagonizado el golpe. La rivalidad entre ambos —personal e institucional— se convirtió en emblema de la disfunción que el virreinato había venido a corregir: dos funcionarios reales, enviados para reformar el gobierno, se pasaron buena parte del período diagnosticando de manera opuesta el mismo problema.

La noticia de la erección del virreinato llegó tarde a Cartagena —apenas en septiembre de 1719—, y el Cabildo cartagenero reaccionó con velocidad para reclamar que la capital debía ser su ciudad y no Santafé. El argumento era geopolítico y no carecía de fundamento: el eje del virreinato, sostenían los regidores, debía ser el Caribe por necesidades de defensa imperial. Utrecht había demostrado que la amenaza venía del mar, no del interior; Cartagena era el punto de contacto con el sistema atlántico, la sede de la Flota, el puerto fortificado que había resistido asedios ingleses y holandeses; Santafé, encaramada a 2.600 metros sobre la sabana, quedaba a semanas de camino del frente real. El memorial cartagenero no prosperó, pero su diagnóstico —que colocar la capital lejos del Caribe era un error estratégico— quedó anotado.

Villalonga gobernó menos de cinco años. Su balance del virreinato fue negativo: recomendó su supresión argumentando la escasa infraestructura de la colonia y la pobreza general del territorio, insuficientes para sostener el aparato virreinal. En 1724 la Corona atendió la recomendación y suprimió el virreinato, devolviendo la autoridad administrativa al presidente de la Audiencia de Santafé.

La creación del virreinato en 1717 respondió, en primer lugar, al colapso de la gobernabilidad interior. Una Audiencia dividida por facciones, unas provincias mineras capturadas por sus propias élites, unas cajas reales que recaudaban una fracción de lo que producían minas y haciendas: los reformadores borbónicos venían denunciando el problema desde décadas atrás y era su argumento principal, pues la administración colonial heredada de los Habsburgo había perdido cualquier capacidad de disciplinar a los poderes locales. La supresión del carácter hereditario de las encomiendas, decretada en 1718 en paralelo a la organización del virreinato, buscaba lo mismo: recuperar para la Corona palancas de gobierno que habían pasado, de facto, a manos de las oligarquías criollas.

En segundo lugar, la creación respondió a la nueva vulnerabilidad atlántica. La guerra de 1700-1713 había mostrado que la Flota podía interrumpirse durante años; Utrecht, que Inglaterra podía instalarse en el sistema imperial español por vía legal —el Asiento— y usar esa posición para minar el comercio y la soberanía. La memoria del San José hundido en 1708 pesaba sobre cualquier planeador imperial. Un virreinato con capacidad de mando militar unificada sobre Cartagena, Panamá, Quito y Popayán era una necesidad estratégica.

Pero las dos fuerzas que empujaron su creación fueron insuficientes para sostenerlo. Villalonga argumentó pobreza e infraestructura escasa, y en eso había verdad: el virreinato exigía recursos que las cajas neogranadinas —minadas por el fraude y por el contrabando— no generaban en cantidad suficiente. Más profundamente, el aparato virreinal chocó con las mismas estructuras que había venido a reformar. Las redes familiares criollas de Popayán no cedieron el gobierno del Chocó; los circuitos del contrabando de Cartagena y Mompox no se desmontaron con la llegada de un virrey; los conflictos entre oidores y virrey se sumaron a los que ya existían entre oidores entre sí. La reforma administrativa se disolvió sobre una base social que la absorbió sin dejarse alterar.

Las consecuencias inmediatas de la supresión de 1724 fueron limitadas: el presidente de la Audiencia recuperó la autoridad y las cosas volvieron, en apariencia, al orden anterior. Pero el ensayo de 1717-1724 dejó tres huellas de largo plazo. Primera, un diagnóstico operativo que la Corona conservaría en sus archivos y que se reactivaría veinte años después, cuando el virreinato fuera restablecido de forma definitiva en 1739 para sostenerse hasta la Independencia. Segunda, la evidencia de que el problema colonial no era administrativo sino estructural: mientras las élites criollas mantuvieran el control de las provincias mineras y del comercio interior, cualquier reforma llegada de Madrid se negociaría en los términos locales. Tercera, la constatación de que el Caribe era una frontera imperial ya perdida en parte: el contrabando inglés y holandés, instalado por el Asiento y por las complicidades de gobernadores y comerciantes, no volvería a controlarse plenamente.

Bajo la secuencia administrativa —muerte de Carlos II, guerra, Utrecht, virreinato, supresión— corrían transformaciones más lentas y más decisivas, que ninguna caja real registraba y que ningún oidor sabía medir. La recuperación demográfica iniciada en 1690 cambió para siempre la composición de la sociedad colonial; los resguardos, concebidos como recinto del indio tributario, se vaciaban al paso de sus habitantes hacia haciendas y minas; las castas libres crecían al margen de cualquier registro fiscal. Cuando Villalonga argumentó pobreza para justificar la supresión del virreinato, describía la superficie fiscal de una colonia cuya economía real se le escapaba entre los dedos.

Esa economía real tenía nombres propios. Los Mosquera y los Arboleda no eran solo funcionarios corruptos: eran los agentes que controlaban las cuadrillas, las tierras y los circuitos comerciales del oro payanés. Los palenques del occidente y las rochelas del Caribe representaban el envés del mismo movimiento: poblaciones que se sustraían al orden colonial no por rebelión política sino por desplazamiento territorial, ocupando bosques, ciénagas y montes donde ni la hacienda ni el resguardo alcanzaban. Cuando entre 1816 y 1820 reapareciera en la Provincia de Cartagena, ya al final del dominio español, el problema documentado de las deserciones, fugas, cimarronajes, rochelas y uniones libres, sería el mismo fenómeno cuya raíz venía de estas décadas iniciales del siglo XVIII.

La instauración borbónica en la Nueva Granada no fue un cambio de bandera dinástica. Fue el momento en que la monarquía española reconoció, tarde y a regañadientes, que su imperio americano había dejado de gobernarse desde Madrid. La creación del Virreinato de Nueva Granada en 1717 y su supresión en 1724 son la primera prueba —hecha y fallida— de un método reformista que la Corona ensayaría medio siglo después con más recursos y más determinación. Su fracaso no fue accidente ni error personal de Villalonga: el poder colonial real había crecido hasta un punto en que ningún decreto podía disciplinarlo sin transformarlo de raíz.