Voto femenino en la provincia de Vélez y su clausura (1853–1863)

El voto femenino en la provincia de Vélez (1853) y su rápida clausura

Entre 1853 y 1855, una pequeña provincia de tejedores en el norte de la Nueva Granada escribió en su constitución que las mujeres podían votar. Fue el primer reconocimiento del sufragio femenino en el constitucionalismo colombiano. Duró poco, y un siglo entero pasaría antes de que las mujeres colombianas volvieran a tener ese derecho.

No lo precedió una campaña, no lo acompañó un debate público de fondo, no lo defendió ningún partido. Apareció como consecuencia lateral, casi discreta, del vasto experimento descentralizador que la Constitución nacional de 1853 había desatado al autorizar a las provincias a redactar sus propias cartas. Y se apagó no porque un tribunal lo derogara ni una asamblea lo revocara con solemnidad, sino porque la clase letrada criolla —incluidos los mismos liberales que habían proclamado el sufragio universal masculino— lo trató como un desliz que no debía repetirse.

Habría que esperar al Acto Legislativo 3 de 1954 para que las mujeres colombianas volvieran a votar, esta vez a escala nacional. La distancia entre 1853 y 1954 es, más que un dato curioso, el termómetro exacto de los límites del proyecto civilizatorio que gobernó el siglo XIX colombiano.

El ciclo constitucional de 1853

La Constitución nacional proclamada el 21 de mayo de 1853 por el presidente José María Obando fue el punto más alto del ciclo liberal iniciado en 1849. Redactada bajo inspiración de los liberales radicales, introdujo el voto universal masculino sin restricciones de alfabetismo o riqueza, reconoció la libertad de cultos, otorgó ciudadanía activa a los hombres mayores de veintiún años y, sobre todo, redistribuyó el poder: recortó las atribuciones del presidente, delimitó las materias del Estado central y transfirió a las provincias la facultad de expedir sus propias constituciones y elegir a sus gobernadores. Era, en la letra, una república unitaria; en su dinámica, la antesala del federalismo que se consolidaría una década más tarde.

El resultado fue una eclosión constitucional sin paralelo. Entre 1853 y 1854, las treinta y seis provincias de la Nueva Granada produjeron decenas de cartas fundamentales, ejerciendo simultáneamente la autonomía reconocida. El Congreso de 1855 profundizó el movimiento al reformar la Constitución para dar a Panamá estatuto federal; luego Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena serían elevados a estados de la federación.

Ese momento de multiplicación constitucional es el que hace inteligible el episodio veleño. En un país donde decenas de cartas competían por definir qué era ser ciudadano, la lógica del universalismo liberal —el mismo que había hecho votar a jornaleros analfabetos— podía, empujada un poco más lejos, hacer votar también a las mujeres. Nadie a nivel nacional lo había planteado; nadie tampoco había construido un cortafuegos jurídico que lo impidiera. El sufragio universal masculino se había proclamado como principio, no como límite; el gesto de Vélez extrajo la consecuencia que el principio contenía.

Una provincia de pequeños propietarios

Vélez no era una provincia cualquiera. Manuel Ancízar, en su recorrido por la región durante la Comisión Corográfica, la describió como una tierra cuya población feliz estaba formada por pequeños propietarios sin la influencia opresiva de grandes capitalistas, iguales en fortuna, dedicados a la agricultura pero también a la minería y a la fabricación de tejidos y sombreros. Su población era predominantemente mestiza, con una minoría de blancos puros e indígenas puros; Ancízar, con el optimismo racialista de los letrados de su generación, anticipaba que la absorción de la raza indígena por la europea se completaría pronto y dejaría una población homogénea.

La vida económica giraba alrededor del mercado semanal, que se instalaba los martes y sábados con campesinos que traían productos agrícolas, aves y cerdos desde los distritos y labranzas circundantes. Los habitantes de esos distritos artesanales eran pobres y frecuentemente andrajosos, con niveles de educación muy bajos, aunque —comparados con otras regiones— su situación no parecía especialmente mala. La producción doméstica de tejidos y sombreros integraba tradiciones que venían del trabajo indígena y sostenía una porción significativa del ingreso familiar.

Ese equilibrio se había fracturado poco antes de 1853. Después de 1850, la caída de aranceles y el crecimiento de las importaciones de manufacturas europeas provocaron un descenso de precios que golpeó a los productores domésticos de tejidos. Un segmento importante de la población de Vélez —justamente el más laborioso y menos jerarquizado— entró en una fase de empobrecimiento. Los letrados de mediados de siglo, sin embargo, siguieron viendo en esa estructura de pequeños propietarios artesanales un símbolo de igualdad social y virtud cívica: una república en pequeño, un demos posible.

En una provincia donde el trabajo femenino en tejidos y sombreros formaba parte visible de la economía familiar, y donde el ideal ancizariano de igualdad de fortunas encontraba su ejemplo más citado, la extensión del derecho tuvo una racionalidad local que ninguna constitución nacional imponía. La descentralización de 1853 dio el marco; la sociedad veleña puso las condiciones. En los mercados de los martes y sábados, quienes vendían tejidos y sombreros eran a menudo las mismas que los habían fabricado; el ingreso familiar dependía de manos femeninas en una proporción que ningún letrado ignoraba y que ninguna ley reconocía. La cláusula constitucional puso palabras jurídicas a una obviedad económica, y esa fue, quizá, su singularidad y también su fragilidad: era demasiado local, demasiado prendida a una configuración concreta de la vida material, como para transferirse por sí sola al vocabulario nacional.

El gesto y la reacción

La constitución provincial de Vélez reconoció el derecho al voto de las mujeres. La fecha exacta —1853, 1854, 1855— se ha rastreado con distintas precisiones; lo cierto es que ocurrió en el ciclo abierto por la Constitución nacional de 1853 y que hacia 1855 el hecho ya era conocido en los círculos letrados de Bogotá. No hubo antesala de campaña, ni actas de debate que hayan sobrevivido con la nitidez que uno querría. La provincia extendió la ciudadanía activa, y siguió su vida cotidiana.

La reacción, en cambio, sí quedó documentada. El principal registro es un artículo del antioqueño Juan de Dios Restrepo, que firmaba con el seudónimo de Emiro Kastos, titulado Algo sobre las mujeres. Kastos escribió expresamente en reacción a la constitución veleña. Para él —y para los letrados criollos que compartían su mundo— la entrada de las mujeres al dominio público no era simplemente un error legislativo: era una posibilidad subversiva que amenazaba el ideal civilizatorio masculino en el que se había fundado la idea misma de la república neogranadina.

El argumento de Kastos, en su detalle, importa menos que la estructura discursiva que él ayudó a consolidar. La cultura letrada del siglo XIX colombiano se organizaba alrededor de una dicotomía que alineaba razón con lo público y sentimiento con lo privado, y que asignaba a los hombres el papel de portadores del interés general y de la civilización, y a las mujeres el de guardianas de la esfera sentimental y doméstica. Que las mujeres votaran no era solo una anomalía jurídica: era la ruptura de la simetría entera sobre la que se sostenía la concepción del poder. Si quien votaba era quien encarnaba la razón pública, admitir a las mujeres en el sufragio equivalía a admitir que la civilización podía tener otros actores. El proyecto letrado no toleraba esa apertura.

La reacción letrada al voto veleño se documenta con nitidez sobre todo en el artículo de Kastos. No aparece una constelación de textos que muestren una campaña organizada contra la constitución provincial. Lo que ocurrió no fue una impugnación pública generalizada sino algo más lento y más eficaz: una sedimentación discursiva. El voto de las mujeres se trató como un caso curioso, digno de ironía masculina, y no como una conquista que mereciera defensa. Ninguna voz notoria en la prensa liberal salió a respaldarlo. Ningún radical de los que habían escrito el sufragio universal masculino recogió la extensión veleña como consecuencia legítima de sus propios principios. El silencio hizo la mayor parte del trabajo.

Cómo se clausuró sin derogarse

La clausura del sufragio femenino veleño no se cerró con un acto jurídico, una sentencia o una ley que lo derogara. No existió tal acto. Lo que sí existió fue una serie de movimientos convergentes, entre 1854 y 1863, que fueron cerrando el espacio institucional en el que la cláusula podía subsistir.

El primero fue la contracción del ciclo reformista tras el golpe del general José María Melo en abril de 1854 y la reacción constitucionalista que le siguió. Las reformas de ese período no anularon en bloque las conquistas liberales, sino que combinaron reversiones puntuales con avances en otras áreas. El caso más claro fue el del divorcio: en 1853 se había instituido el matrimonio civil con igualdad de derechos para las mujeres y se había autorizado el divorcio; en abril de 1856, apenas tres años después, el Congreso de la Nueva Granada lo derogó, aunque la misma ley conservó otras disposiciones sobre matrimonio civil. La derogación del divorcio en 1856 no es un dato lateral del episodio veleño: es su acompañamiento. La misma clase política que había abierto la puerta a una ciudadanía femenina en Vélez la iba cerrando, con instrumentos legislativos concretos, en el terreno de la vida familiar donde las mujeres tenían derechos.

El gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, entre 1853 y 1856, agregó una tensión suplementaria con sus medidas anticlericales —expropiación de bienes eclesiásticos, expulsión de los jesuitas, extinción de conventos—, que avivaron conflictos religiosos en los hogares y complicaron la percepción de la relación entre las mujeres y la política. La imagen de la mujer católica, potencialmente movilizada por el clero contra las reformas liberales, se instaló como sombra ambigua en el imaginario letrado: si votar era peligroso, votar bajo influencia clerical lo era doblemente.

El segundo movimiento, más decisivo aún, fue el desplazamiento del federalismo hacia la Constitución de Rionegro de 1863. Al llevar la lógica descentralizadora hasta sus extremos, Rionegro transfirió a los nueve estados soberanos la potestad exclusiva de determinar quién tenía derecho a votar. Fue el momento en que la cuestión electoral dejó de tener suelo nacional. Y fue también el momento en que se hizo visible una verdad incómoda: más de la mitad de los estados soberanos usaron su autonomía no para ampliar la ciudadanía sino para retroceder respecto al sufragio universal masculino de 1853. Solo el Cauca amplió el derecho, otorgándolo a hombres casados a cualquier edad o mayores de dieciocho años; Santander y Tolima también extendieron el sufragio a jóvenes casados, pero introdujeron restricciones adicionales. En más de la mitad de los estados, la contracción operó en sentido inverso al principio de 1853.

En ese paisaje, el voto femenino veleño no fue neutralizado por una acción específica: fue disuelto en una contracción más amplia. Si el sufragio universal masculino mismo estaba en retirada en la mayoría de los estados soberanos, la inclusión de las mujeres no tenía la más mínima posibilidad de sobrevivir. La antigua provincia de Vélez fue absorbida en las nuevas configuraciones estatales, y la disposición sobre el voto femenino, no derogada por ninguna sentencia célebre, simplemente dejó de existir en el marco jurídico posterior a 1863. Se apagó como se apagan las cláusulas de una constitución vencida: sin funeral.

El límite interno del liberalismo

¿Por qué el liberalismo radical neogranadino, que había proclamado el sufragio universal masculino con más audacia que cualquier régimen contemporáneo de América Latina, no pudo tolerar el paso siguiente que su propia lógica sugería? Decir que los letrados eran conservadores en materia de género aunque radicales en materia política describe la escena sin explicarla.

El episodio veleño revela algo más específico. La ciudadanía masculina liberal no era un derecho neutral extendido primero a los hombres por azar. Era una construcción activa que necesitaba la exclusión de las mujeres para constituir su propio contenido. El hombre-ciudadano se definía por oposición a la mujer-sentimiento; el sujeto público se recortaba contra el fondo de la esfera privada. Retirar esa oposición equivalía a disolver la figura entera del ciudadano tal como la clase letrada la había pensado.

De ahí que la reacción no viniera solo del conservadurismo católico, como podría esperarse, sino de los liberales letrados. Emiro Kastos no escribía desde la sacristía; escribía desde el corazón del proyecto civilizatorio. Y hasta bien entrado el siglo XX los estatutos jurídicos colombianos siguieron discriminando a las mujeres en materia moral, sexual y familiar sin que la línea divisoria entre liberales y conservadores pasara claramente por ese asunto.

La educación reforzaba esa arquitectura desde muy temprano. El Colegio del Sagrado Corazón, activo desde 1849, combinaba economía doméstica y labores de mano con las materias académicas: en el mismo edificio en que se enseñaba geografía o gramática se enseñaba a coser, a administrar una casa, a moverse con propiedad en un salón. Las horas del día quedaban repartidas entre saberes que preparaban a las alumnas para el mundo público y saberes que las devolvían al privado, con un peso pedagógico decisivo del segundo grupo. El resultado era una formación híbrida donde la ilustración intelectual estaba envuelta en un molde doméstico, y donde la posibilidad misma de una vida pública quedaba, no negada, pero sí subordinada a la vida familiar. La formación producía el sujeto que la política luego confirmaba.

Una segunda explicación

Junto a esta lectura estructural conviene dejar espacio a otra que compite con ella y no se deja subordinar. El voto femenino de Vélez no cayó solo porque el proyecto civilizatorio necesitara expulsar a las mujeres del demos; cayó también porque el sufragio universal masculino cayó en más de la mitad de los estados, y porque las élites letradas del período —incluidos los propios liberales— desconfiaban del demos en general. La contracción del sufragio tras 1863 no fue una operación exclusivamente contra las mujeres: fue una operación contra el principio mismo de que la mayoría numérica pudiera decidir. El voto veleño desapareció, en parte, dentro de un movimiento más amplio de repliegue oligárquico que arrastró a hombres y mujeres, campesinos y artesanos, en la misma corriente. Este segundo diagnóstico no anula el primero, pero le pone medida: el género fue un eje decisivo en la exclusión, pero no fue el único, ni siempre el más visible.

El material que documenta la reacción letrada al voto veleño es, además, más delgado de lo deseable. Un solo artículo —el de Kastos— es una base frágil sobre la que sostener la imagen de un dispositivo articulado. La reacción pudo haber sido más difusa, menos orquestada, más ambigua de lo que la lectura estructural sugiere: menos un plan y más una acumulación de gestos, silencios y omisiones. Esa contingencia no le quita al episodio su peso. Al contrario: muestra que la exclusión no requirió una gran maquinaria porque contaba con el consenso tácito de quienes tenían la pluma y la ley.

En el corto plazo, la clausura del voto femenino veleño no dejó huella visible en la política nacional. Ninguna elección se anuló, ninguna crisis constitucional se abrió, ningún debate parlamentario recogió el asunto. Desapareció en la penumbra administrativa con que se disuelven las cláusulas incómodas: sin adversarios declarados, sin defensores organizados, con la eficacia particular que tienen los silencios cuando se comparten.

La línea recta hasta 1954

En el largo plazo, la línea entre 1853 y 1954 es asombrosamente recta. El Acto Legislativo 1 de 1936 abolió las últimas limitaciones de carácter socioeconómico que pesaban sobre el derecho de sufragio, herederas del siglo XIX, pero mantuvo intacto el criterio de género. Solo el Acto Legislativo 3 de 1954, en pleno gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, reconoció la plenitud de los derechos ciudadanos —incluido el sufragio— a la mujer colombiana.

La ironía de esa consagración es difícil de exagerar. La ampliación se produjo en un régimen que había suprimido las elecciones populares para asambleas y concejos, reemplazándolas por consejos administrativos de designación presidencial, de modo que el derecho reconocido no pudo ejercerse mediante elecciones durante buena parte del propio régimen que lo reconoció. El vocabulario populista de Rojas Pinilla —que incluía el ofrecimiento de derechos a las mujeres, la entrega de mercados y los llamamientos patrióticos al apoyo del ejército— envolvió el reconocimiento en una retórica de ciudadanía que la práctica desmentía.

El recorrido del proyecto en la Asamblea Nacional Constituyente estuvo lleno de mediaciones que lo suavizaban. En febrero de 1953, una comisión con orientación corporativista había analizado el papel de la mujer y propuesto inicialmente que solo las mujeres casadas por lo católico pudieran elegir y ser elegidas para concejos municipales. Un proyecto anterior al Acto Legislativo de 1954 planteó computar como doble el voto depositado por hombres y mujeres casados legítimamente para concejos municipales, curiosa fórmula que trataba de compensar la novedad femenina con una prima al vínculo matrimonial. La Comisión de Estudios Constitucionales, instalada el 10 de diciembre de 1953, tomó a su cargo la elaboración del proyecto. El resultado final, más amplio que esas primeras versiones, otorgó el sufragio a las mujeres sin distinción de estado civil o afiliación religiosa. Un siglo después del gesto veleño, el país llegaba al mismo punto que una provincia de tejedores había anunciado y que la propia clase letrada se había apresurado a olvidar.

En el intervalo, casi todos los actores del proyecto liberal de 1853 dejaron rastros importantes en la vida nacional sin que ninguno volviera al asunto. Manuel Murillo Toro, José María Samper, Salvador Camacho Roldán, Florentino González, José Hilario López: la generación radical produjo constituciones, códigos, ferrocarriles, guerras civiles y polémicas religiosas, pero no volvió a plantear el voto femenino. La memoria de Policarpa Salavarrieta, movilizada como heroína patriótica, funcionó en la retórica del siglo como una figura excepcional cuya excepcionalidad servía precisamente para confirmar la regla: las mujeres podían morir por la patria, pero no votarla.

Qué se ve desde Vélez

El episodio veleño no es una curiosidad de anticuario. Es un punto de observación desde el que se ve, con inusual claridad, cómo se construyen y se destruyen los derechos en Colombia. Entre 1853 y 1863, el país amplió el sufragio masculino, extendió el femenino en una provincia, instituyó el matrimonio civil y el divorcio, y luego revirtió una buena parte de esas conquistas sin producir una crisis institucional visible. Los derechos, incluso los proclamados con solemnidad constitucional, dependen para sobrevivir de bases sociales, discursivas e institucionales que pueden desmoronarse en pocos años. La expansión no fue lineal ni irreversible, y la contracción no necesitó estruendo para operar.

El liberalismo radical neogranadino tenía además límites internos más severos de los que su retórica sugería. Fue capaz de romper el criterio censitario del voto, extender la ciudadanía a hombres analfabetos y sin propiedades, cuestionar la personería jurídica de la Iglesia católica y experimentar con el federalismo hasta el extremo, pero se detuvo en seco cuando una de sus propias provincias extrajo la consecuencia lógica del universalismo que él mismo predicaba. La ciudadanía letrada masculina se había construido sobre una división entre lo público y lo privado, entre la razón y el sentimiento, que la inclusión de las mujeres habría desarmado; abrir esa puerta habría obligado a rehacer, desde los cimientos, la figura del ciudadano. El silencio con que se acogió la iniciativa veleña es la firma de esa imposibilidad: no una omisión inocente, sino una decisión colectiva de no responder.

La exclusión política de las mujeres en el siglo XIX colombiano no dependió, entonces, de una legislación explícitamente prohibitiva ni de una campaña coordinada de rechazo. Dependió de un sentido común compartido entre liberales y conservadores, letrados y clérigos, esposos y padres, que operaba en la escritura, en la educación, en la codificación civil y en la organización de la vida doméstica. Ese sentido común no necesitó proclamarse: bastó con que ninguno de los liberales que habían escrito la Constitución de 1853 saliera a defender la constitución provincial de Vélez.

Un derecho reconocido en la carta fundamental de un territorio desapareció sin notificación, sin asamblea, sin debate en el que los nombres de sus beneficiarias aparecieran siquiera para ser negados. Se extendió en silencio y en silencio se retiró. Cuando un siglo después la nación entera reconoció por fin lo que aquella provincia había reconocido primero, ya nadie en Bogotá recordaba el precedente. La provincia de Vélez había llegado antes, y por haber llegado antes fue tratada como si nunca hubiera llegado.