Voto femenino en la provincia de Vélez y anulación de su Constitución (1853–1855)

El voto femenino en la provincia de Vélez (1853) y la anulación de su Constitución

En noviembre de 1853, una provincia de tejedores en el norte de la Nueva Granada reconoció en su constitución el derecho de las mujeres a votar. Fue un precedente temprano del sufragio femenino en el constitucionalismo colombiano. La carta duró poco, y pasaría un siglo antes de que ese derecho fuera reconocido a escala nacional.

La reforma surgió del experimento descentralizador abierto por la Constitución nacional de 1853. En Vélez tuvo promotores como el liberal radical Ricardo Vanegas, pero también encontró resistencia: el gobernador cuestionó la cláusula y la prensa debatió su alcance. La Corte Suprema anuló la constitución provincial, probablemente entre fines de 1854 y comienzos de 1855.

Habría que esperar al Acto Legislativo 3 de 1954 para que las mujeres obtuvieran el derecho al voto a escala nacional; lo ejercieron por primera vez en el plebiscito de 1957. La distancia entre 1853 y 1954 es, más que un dato curioso, el termómetro exacto de los límites del proyecto civilizatorio que gobernó el siglo XIX colombiano.

El ciclo constitucional de 1853

La Constitución nacional proclamada el 21 de mayo de 1853 por el presidente José María Obando fue el punto más alto del ciclo liberal iniciado en 1849. Redactada bajo inspiración de los liberales radicales, introdujo el voto universal masculino sin restricciones de alfabetismo o riqueza, reconoció la libertad de cultos, otorgó ciudadanía activa a los hombres mayores de veintiún años y, sobre todo, redistribuyó el poder: recortó las atribuciones del presidente, delimitó las materias del Estado central y transfirió a las provincias la facultad de expedir sus propias constituciones y elegir a sus gobernadores. Era, en la letra, una república unitaria; en su dinámica, la antesala del federalismo que se consolidaría una década más tarde.

El resultado fue una eclosión constitucional sin paralelo. Entre 1853 y 1854, las treinta y seis provincias de la Nueva Granada produjeron decenas de cartas fundamentales, ejerciendo simultáneamente la autonomía reconocida. El Congreso de 1855 profundizó el movimiento al reformar la Constitución para dar a Panamá estatuto federal; luego Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena serían elevados a estados de la federación.

Ese momento de multiplicación constitucional es el que hace inteligible el episodio veleño. En un país donde decenas de cartas competían por definir qué era ser ciudadano, la lógica del universalismo liberal —el mismo que había hecho votar a jornaleros analfabetos— podía, empujada un poco más lejos, hacer votar también a las mujeres. El sufragio femenino ya había sido discutido en círculos liberales nacionales, mientras la carta de 1853 reservaba la ciudadanía granadina a los varones. Vélez llevó más lejos la autonomía provincial al reconocer como electores a todos sus habitantes casados o mayores de veintiún años.

Una provincia de pequeños propietarios

Vélez no era una provincia cualquiera. Manuel Ancízar, en su recorrido por la región durante la Comisión Corográfica, la describió como una tierra cuya población feliz estaba formada por pequeños propietarios sin la influencia opresiva de grandes capitalistas, iguales en fortuna, dedicados a la agricultura pero también a la minería y a la fabricación de tejidos y sombreros. Su población era predominantemente mestiza, con una minoría de blancos puros e indígenas puros; Ancízar, con el optimismo racialista de los letrados de su generación, anticipaba que la absorción de la raza indígena por la europea se completaría pronto y dejaría una población homogénea.

La vida económica giraba alrededor del mercado semanal, que se instalaba los martes y sábados con campesinos que traían productos agrícolas, aves y cerdos desde los distritos y labranzas circundantes. Los habitantes de esos distritos artesanales eran pobres y frecuentemente andrajosos, con niveles de educación muy bajos, aunque —comparados con otras regiones— su situación no parecía especialmente mala. La producción doméstica de tejidos y sombreros integraba tradiciones que venían del trabajo indígena y sostenía una porción significativa del ingreso familiar.

Ese equilibrio se había fracturado poco antes de 1853. Después de 1850, la caída de aranceles y el crecimiento de las importaciones de manufacturas europeas provocaron un descenso de precios que golpeó a los productores domésticos de tejidos. Un segmento importante de la población de Vélez —justamente el más laborioso y menos jerarquizado— entró en una fase de empobrecimiento. Los letrados de mediados de siglo, sin embargo, siguieron viendo en esa estructura de pequeños propietarios artesanales un símbolo de igualdad social y virtud cívica: una república en pequeño, un demos posible.

En una provincia donde el trabajo femenino en tejidos y sombreros formaba parte visible de la economía familiar, y donde el ideal ancizariano de igualdad de fortunas encontraba su ejemplo más citado, la extensión del derecho tuvo una racionalidad local que ninguna constitución nacional imponía. La descentralización de 1853 dio el marco; la sociedad veleña puso las condiciones. En los mercados de los martes y sábados, quienes vendían tejidos y sombreros eran a menudo las mismas que los habían fabricado; el ingreso familiar dependía de manos femeninas en una proporción que ningún letrado ignoraba y que ninguna ley reconocía. La cláusula constitucional puso palabras jurídicas a una obviedad económica, y esa fue, quizá, su singularidad y también su fragilidad: era demasiado local, demasiado prendida a una configuración concreta de la vida material, como para transferirse por sí sola al vocabulario nacional.

El gesto y la reacción

La constitución provincial de Vélez reconoció el derecho al voto de las mujeres. La legislatura aprobó la carta el 10 de noviembre de 1853 y el gobernador la sancionó al día siguiente. Su artículo 7 declaró electores a los habitantes de la provincia casados o mayores de veintiún años. No hubo antesala de campaña, ni actas de debate que hayan sobrevivido con la nitidez que uno querría. La provincia extendió la ciudadanía activa, y siguió su vida cotidiana.

La reacción, en cambio, sí quedó documentada. Entre los registros de la polémica figuran la objeción del gobernador Antonio María Díaz y la defensa publicada en El Constitucional de Bogotá. Más tarde, el antioqueño Juan de Dios Restrepo, bajo el seudónimo de Emiro Kastos, criticó la medida en Algo sobre las mujeres, publicado el 14 de agosto de 1855, cuando la carta provincial ya había sido anulada. Para él —y para los letrados criollos que compartían su mundo— la entrada de las mujeres al dominio público no era simplemente un error legislativo: era una posibilidad subversiva que amenazaba el ideal civilizatorio masculino en el que se había fundado la idea misma de la república neogranadina.

El argumento de Kastos, en su detalle, importa menos que la estructura discursiva que él ayudó a consolidar. La cultura letrada del siglo XIX colombiano se organizaba alrededor de una dicotomía que alineaba razón con lo público y sentimiento con lo privado, y que asignaba a los hombres el papel de portadores del interés general y de la civilización, y a las mujeres el de guardianas de la esfera sentimental y doméstica. Que las mujeres votaran no era solo una anomalía jurídica: era la ruptura de la simetría entera sobre la que se sostenía la concepción del poder. Si quien votaba era quien encarnaba la razón pública, admitir a las mujeres en el sufragio equivalía a admitir que la civilización podía tener otros actores. El proyecto letrado no toleraba esa apertura.

La controversia tuvo voces de ambos lados. El gobernador Díaz planteó reparos jurídicos a la elegibilidad femenina; El Constitucional de Bogotá defendió el sufragio y la posibilidad de que las mujeres ocuparan cargos públicos. Ricardo Vanegas, diputado y liberal radical, figuró entre los promotores de la cláusula. La crítica de Kastos, escrita después de la anulación, muestra que el asunto seguía vivo en la discusión letrada de 1855.

La anulación de la carta provincial

La Corte Suprema anuló la Constitución de Vélez, probablemente a fines de 1854 o comienzos de 1855. La cláusula sobre el sufragio femenino perdió así el fundamento jurídico provincial que la había sostenido. Las transformaciones políticas posteriores ayudan a entender por qué el precedente no prosperó a escala nacional.

La guerra que siguió al golpe del general José María Melo en abril de 1854 alteró la vida política durante la breve vigencia de la carta veleña. Las reformas de ese período no anularon en bloque las conquistas liberales, sino que combinaron reversiones puntuales con avances en otras áreas. El caso más claro fue el del divorcio: en 1853 se había instituido el matrimonio civil con igualdad de derechos para las mujeres y se había autorizado el divorcio; en abril de 1856, apenas tres años después, el Congreso de la Nueva Granada lo derogó, aunque la misma ley conservó otras disposiciones sobre matrimonio civil. La derogación del divorcio en 1856 pertenece al contexto de los cambios en los derechos civiles y familiares, posterior a la anulación de la carta veleña.

Las tensiones entre liberales y conservadores sobre religión y vida pública formaban parte del clima político de mediados de siglo. Las medidas de desamortización y supresión de comunidades religiosas de Mosquera pertenecen a su gobierno iniciado en 1861, después de la anulación de la Constitución de Vélez.

Años después de la anulación, el federalismo adquirió otra forma con la Constitución de Rionegro de 1863. Al llevar la lógica descentralizadora hasta sus extremos, Rionegro transfirió a los nueve estados soberanos la potestad exclusiva de determinar quién tenía derecho a votar. Fue el momento en que la cuestión electoral dejó de tener suelo nacional. Y fue también el momento en que se hizo visible una verdad incómoda: más de la mitad de los estados soberanos usaron su autonomía no para ampliar la ciudadanía sino para retroceder respecto al sufragio universal masculino de 1853. Solo el Cauca amplió el derecho, otorgándolo a hombres casados a cualquier edad o mayores de dieciocho años; Santander y Tolima también extendieron el sufragio a jóvenes casados, pero introdujeron restricciones adicionales. En más de la mitad de los estados, la contracción operó en sentido inverso al principio de 1853.

La reorganización federal de 1863 ocurrió cuando el derecho reconocido en Vélez ya había perdido vigencia por la anulación de su constitución. La antigua provincia pasó a otras configuraciones territoriales y el sufragio femenino no fue restablecido entonces a escala nacional.

El límite interno del liberalismo

¿Por qué una propuesta defendida por algunos liberales radicales, como Ricardo Vanegas, no logró imponerse en el orden constitucional neogranadino? Decir que los letrados eran conservadores en materia de género aunque radicales en materia política describe la escena sin explicarla.

El episodio veleño revela algo más específico. La ciudadanía masculina liberal no era un derecho neutral extendido primero a los hombres por azar. Era una construcción activa que necesitaba la exclusión de las mujeres para constituir su propio contenido. El hombre-ciudadano se definía por oposición a la mujer-sentimiento; el sujeto público se recortaba contra el fondo de la esfera privada. Retirar esa oposición equivalía a disolver la figura entera del ciudadano tal como la clase letrada la había pensado.

De ahí que la reacción no viniera solo del conservadurismo católico, como podría esperarse, sino de los liberales letrados. Emiro Kastos no escribía desde la sacristía; escribía desde el corazón del proyecto civilizatorio. Y hasta bien entrado el siglo XX los estatutos jurídicos colombianos siguieron discriminando a las mujeres en materia moral, sexual y familiar sin que la línea divisoria entre liberales y conservadores pasara claramente por ese asunto.

La educación reforzaba esa arquitectura desde muy temprano. El Colegio del Sagrado Corazón, activo desde 1849, combinaba economía doméstica y labores de mano con las materias académicas: en el mismo edificio en que se enseñaba geografía o gramática se enseñaba a coser, a administrar una casa, a moverse con propiedad en un salón. Las horas del día quedaban repartidas entre saberes que preparaban a las alumnas para el mundo público y saberes que las devolvían al privado, con un peso pedagógico decisivo del segundo grupo. El resultado era una formación híbrida donde la ilustración intelectual estaba envuelta en un molde doméstico, y donde la posibilidad misma de una vida pública quedaba, no negada, pero sí subordinada a la vida familiar. La formación producía el sujeto que la política luego confirmaba.

Una segunda explicación

Junto a esta lectura estructural conviene dejar espacio a otra que compite con ella y no se deja subordinar. La anulación de la carta de Vélez cerró ese reconocimiento provincial antes de la Constitución de Rionegro. Años después, las restricciones al sufragio masculino en varios estados mostraron una desconfianza más amplia de las élites hacia el electorado. La contracción del sufragio tras 1863 no fue una operación exclusivamente contra las mujeres: fue una operación contra el principio mismo de que la mayoría numérica pudiera decidir. El caso de Vélez había concluido antes, pero permite comparar aquel límite judicial con el posterior repliegue electoral que afectó también a los hombres. Este segundo diagnóstico no anula el primero, pero le pone medida: el género fue un eje decisivo en la exclusión, pero no fue el único, ni siempre el más visible.

La documentación conserva distintas respuestas al voto veleño. La objeción del gobernador, la defensa de El Constitucional y el artículo posterior de Kastos muestran una controversia con posiciones contrapuestas. La reacción pudo haber sido más difusa, menos orquestada, más ambigua de lo que la lectura estructural sugiere: menos un plan y más una acumulación de gestos, silencios y omisiones. Esa contingencia no le quita al episodio su peso. Al contrario: muestra que la exclusión no requirió una gran maquinaria porque contaba con el consenso tácito de quienes tenían la pluma y la ley.

En el corto plazo, la Corte Suprema anuló la carta de Vélez y terminó el reconocimiento provincial del sufragio femenino. No se ha documentado con certeza que las mujeres alcanzaran a votar durante su breve vigencia. La objeción del gobernador y la discusión en la prensa muestran que el episodio tuvo adversarios y defensores.

La línea recta hasta 1954

En el largo plazo, la línea entre 1853 y 1954 es asombrosamente recta. El Acto Legislativo 1 de 1936 abolió las últimas limitaciones de carácter socioeconómico que pesaban sobre el derecho de sufragio, herederas del siglo XIX, pero mantuvo intacto el criterio de género. Solo el Acto Legislativo 3 de 1954, en pleno gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, reconoció la plenitud de los derechos ciudadanos —incluido el sufragio— a la mujer colombiana.

La ironía de esa consagración es difícil de exagerar. La ampliación se produjo en un régimen que había suprimido las elecciones populares para asambleas y concejos, reemplazándolas por consejos administrativos de designación presidencial, de modo que el derecho reconocido no pudo ejercerse mediante elecciones durante buena parte del propio régimen que lo reconoció. El vocabulario populista de Rojas Pinilla —que incluía el ofrecimiento de derechos a las mujeres, la entrega de mercados y los llamamientos patrióticos al apoyo del ejército— envolvió el reconocimiento en una retórica de ciudadanía que la práctica desmentía.

El recorrido del proyecto en la Asamblea Nacional Constituyente estuvo lleno de mediaciones que lo suavizaban. En febrero de 1953, una comisión con orientación corporativista había analizado el papel de la mujer y propuesto inicialmente que solo las mujeres casadas por lo católico pudieran elegir y ser elegidas para concejos municipales. Un proyecto anterior al Acto Legislativo de 1954 planteó computar como doble el voto depositado por hombres y mujeres casados legítimamente para concejos municipales, curiosa fórmula que trataba de compensar la novedad femenina con una prima al vínculo matrimonial. La Comisión de Estudios Constitucionales, instalada el 10 de diciembre de 1953, tomó a su cargo la elaboración del proyecto. El resultado final, más amplio que esas primeras versiones, otorgó el sufragio a las mujeres sin distinción de estado civil o afiliación religiosa. Un siglo después del gesto veleño, el país llegaba al mismo punto que una provincia de tejedores había anunciado y que la propia clase letrada se había apresurado a olvidar.

En el intervalo, casi todos los actores del proyecto liberal de 1853 dejaron rastros importantes en la vida nacional sin que ninguno volviera al asunto. Manuel Murillo Toro, José María Samper, Salvador Camacho Roldán, Florentino González, José Hilario López: la generación radical produjo constituciones, códigos, ferrocarriles, guerras civiles y polémicas religiosas, pero no volvió a plantear el voto femenino. La memoria de Policarpa Salavarrieta, movilizada como heroína patriótica, funcionó en la retórica del siglo como una figura excepcional cuya excepcionalidad servía precisamente para confirmar la regla: las mujeres podían morir por la patria, pero no votarla.

Qué se ve desde Vélez

El episodio veleño no es una curiosidad de anticuario. Es un punto de observación desde el que se ve, con inusual claridad, cómo se construyen y se destruyen los derechos en Colombia. Entre 1853 y 1863, el país amplió el sufragio masculino, extendió el femenino en una provincia, instituyó el matrimonio civil y el divorcio, y luego revirtió una buena parte de esas conquistas sin producir una crisis institucional visible. Los derechos, incluso los proclamados con solemnidad constitucional, dependen para sobrevivir de bases sociales, discursivas e institucionales que pueden desmoronarse en pocos años. La expansión no fue lineal ni irreversible, y la contracción no necesitó estruendo para operar.

El liberalismo radical neogranadino tenía además límites internos más severos de los que su retórica sugería. Fue capaz de romper el criterio censitario del voto, extender la ciudadanía a hombres analfabetos y sin propiedades, cuestionar la personería jurídica de la Iglesia católica y experimentar con el federalismo hasta el extremo, pero se detuvo en seco cuando una de sus propias provincias extrajo la consecuencia lógica del universalismo que él mismo predicaba. La ciudadanía letrada masculina se había construido sobre una división entre lo público y lo privado, entre la razón y el sentimiento, que la inclusión de las mujeres habría desarmado; abrir esa puerta habría obligado a rehacer, desde los cimientos, la figura del ciudadano. La discusión en torno a la carta veleña mostró posiciones contrapuestas incluso dentro del liberalismo; la anulación judicial cerró el experimento provincial.

La exclusión política de las mujeres en el siglo XIX colombiano se sostuvo en normas nacionales que reservaban la ciudadanía a los varones y en ideas sobre el papel femenino en la vida pública. El caso de Vélez exhibió tanto apoyos como resistencias entre los liberales; la Corte Suprema anuló la constitución provincial que había abierto el sufragio.

El derecho reconocido en la carta provincial de Vélez fue discutido desde 1853 y terminó con la anulación de esa constitución. Cuando un siglo después se reconoció el sufragio femenino a escala nacional, el episodio veleño quedó como un precedente temprano de una posibilidad que había encontrado defensores, adversarios y un límite judicial.