La Ley 975 del 21 de junio de 2005 fue el marco jurídico con el que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez procesó la desmovilización de las AUC, convirtiéndose en el primer ensayo colombiano de justicia transicional: introdujo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación como exigencias vinculantes, pero legó déficits estructurales —penas desproporcionadas, procedimientos ordinarios para crímenes de sistema y extradiciones que interrumpieron la verdad— que la convirtieron en referencia inevitable del debate sobre cómo negociar con autores de crímenes atroces.
La Ley 975 del 21 de junio de 2005 fue el marco jurídico con el que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez procesó la desmovilización de las AUC, convirtiéndose en el primer ensayo colombiano de justicia transicional: introdujo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación como exigencias vinculantes, pero legó déficits estructurales —penas desproporcionadas, procedimientos ordinarios para crímenes de sistema y extradiciones que interrumpieron la verdad— que la convirtieron en referencia inevitable del debate sobre cómo negociar con autores de crímenes atroces.
Entre 1998 y 2016, el Plan Colombia reconfiguró de raíz el aparato de seguridad colombiano bajo tutela operativa estadounidense, produciendo unas Fuerzas Militares más capaces que nunca y una arquitectura bilateral de decisión que ninguna administración ha logrado revertir. La pregunta es si eso fue una alianza soberana, una subordinación estructural, o ambas cosas a la vez como paradoja irresuelta.