HechoSeguridad Democrática
El 17 de noviembre de 2005, el Ministerio de Defensa emitió la Directiva Permanente 029, que articuló recompensas monetarias, permisos y reconocimientos vinculados a resultados operacionales medidos en bajas en combate. Esa arquitectura de incentivos, combinada con la presión cuantitativa de la Seguridad Democrática, produjo estructuralmente el ciclo de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas de civiles conocido como 'falsos positivos', con al menos 6.402 víctimas documentadas entre 2002 y 2008.
BiografíaSeguridad Democrática
Fotógrafo y fotorreportero colombiano nacido en Medellín en 1967, cronista visual del conflicto armado colombiano durante más de tres décadas. Su archivo personal de imágenes —construido en Urabá, Bojayá, la Comuna 13 y los Montes de María— constituye uno de los principales contrapesos civiles al relato oficial de la guerra y un pilar de la memoria histórica del país.
ÉpocaSeguridad Democrática
Entre 2002 y 2016, Colombia vivió una refundación del Estado bajo lógica contrainsurgente: la Política de Seguridad Democrática duplicó el pie de fuerza, redujo a las FARC a una guerrilla replegada en la selva y abrió el camino hacia el Acuerdo de Paz de La Habana, al precio de 6.402 civiles ejecutados como falsos positivos, un Congreso infiltrado por el paramilitarismo y un aparato de inteligencia convertido en herramienta de espionaje político.
IdeaSeguridad Democrática
La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue el primer experimento de justicia transicional de Colombia, diseñado para procesar la desmovilización de las AUC y juzgar a sus comandantes a cambio de penas alternativas de cinco a ocho años por confesión, reparación y aporte a la verdad. Su balance es ambiguo: destapó la magnitud del paramilitarismo y la parapolítica, pero cerró con apenas 92 sentencias sobre 2.199 postulados y con la verdad parcialmente sepultada por la extradición masiva de 2008.