Paramilitarismo en Colombia

Paramilitarismo en Colombia

El paramilitarismo colombiano es la formación armada más letal y persistente del conflicto interno del país: un fenómeno híbrido que nació al amparo de la legalidad, se financió con el narcotráfico, se articuló con élites regionales y logró, en su fase de expansión, cooptar amplios sectores del Estado. No fue una guerrilla de derecha ni una simple mafia armada, aunque compartió rasgos con ambas: fue un proyecto contrainsurgente autorizado por decretos de estado de sitio en 1965, convertido en política permanente en 1968, industrializado por los carteles de la droga en los años ochenta, unificado bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997, desmovilizado entre 2003 y 2006 y reconfigurado, casi de inmediato, en una constelación de grupos sucesores que aún hoy disputan el territorio. Entre 1997 y 2000, en apenas cuatro años, sus estructuras cometieron más de 250 masacres con cerca de 1.700 víctimas mortales; el desplazamiento forzado que provocaron transformó la geografía humana de regiones enteras. Entender el paramilitarismo es entender cómo el Estado colombiano delegó, durante décadas, la violencia contrainsurgente en actores privados, y cómo esos actores terminaron colonizándolo.

Qué fue, qué es

El término paramilitar alude, en sentido estricto, a fuerzas armadas irregulares que operan al margen de la ley pero en paralelo o en coordinación con la fuerza pública. En Colombia, la palabra designa a un conjunto de grupos surgidos entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta que se autodenominaron autodefensas: originalmente, formaciones de civiles armados para defender haciendas, poblados y corredores económicos frente a las guerrillas de las FARC y el ELN. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia del 25 de mayo de 1989 que declaró inconstitucional el marco legal que los amparaba, fijó la equivalencia jurídica entre ambos términos y llamó paramilitarismo a lo que hasta entonces se había vestido con el eufemismo de autodefensa.

Bajo ese nombre común operaron realidades muy diversas: grupos locales de escopeteros protegidos por un batallón, ejércitos privados de narcotraficantes convertidos en terratenientes, cooperativas de vigilancia con permiso ministerial, bloques regionales con miles de hombres armados y, tras la desmovilización, bandas criminales con vocación política. Lo que une a todos estos avatares es una fórmula estable: violencia armada contra población civil sospechada de simpatía guerrillera, alianza operativa con sectores de la fuerza pública, financiación mixta de rentas legales e ilegales, y una relación de captura con las élites políticas y económicas de las regiones donde se implantaron.

Los cimientos legales: de 1965 al Estatuto de la Policía

El paramilitarismo no comenzó en la clandestinidad, sino en el Diario Oficial. En 1965, bajo estado de excepción, el gobierno de Guillermo León Valencia expidió el Decreto Legislativo 3398, que reglamentó la defensa nacional y la definió como la organización y previsión, desde tiempos de paz, de todos los habitantes y recursos del país para garantizar la independencia y la estabilidad institucional. Su artículo 25 sujetaba a todos los colombianos, hombres y mujeres, a obligaciones de defensa nacional aun sin estar llamados al servicio militar. Y su artículo 33, en el parágrafo 3, abrió la puerta que definiría medio siglo de historia: autorizó al Ejército a entregar armas de uso privativo de la fuerza pública a grupos civiles organizados en tareas de defensa.

Tres años después, la Ley 48 de 1968, promulgada en pleno gobierno de Carlos Lleras Restrepo, convirtió aquel decreto de estado de sitio en legislación permanente y facultó al gobierno para movilizar a la población en actividades y tareas orientadas a restablecer el orden público. El Decreto 1355 de 1970, Estatuto Orgánico de la Policía, completó el andamiaje. Sobre esa base jurídica —tres normas concatenadas entre 1965 y 1970— se levantó todo lo demás. El Ejército no solo estaba autorizado a armar civiles: los manuales contrainsurgentes de 1969, 1979 y 1982 le ordenaban hacerlo. El manual de 1979 instruía expresamente a organizar militarmente a la población para defenderse de las guerrillas y apoyar operaciones de combate; el término junta de autodefensa aparecía allí como categoría doctrinal.

La legislación de estado de sitio del período Valencia añadió una segunda capa: autorizaba al Ejército a arrestar y someter a consejo de guerra a civiles acusados de delitos de definición vaga, como alterar el desarrollo pacífico de la actividad social. Se creó así un régimen jurídico donde la línea entre poblador, sospechoso y objetivo militar podía ser trazada con enorme discrecionalidad. El experimento pionero de este marco fue Puerto Boyacá: allí, en el corazón del Magdalena Medio, se puso a prueba el modelo de armar civiles bajo tutela militar. Durante veintisiete años —hasta 1989— las autodefensas civiles fueron legales en Colombia.

El laboratorio del Magdalena Medio, 1977-1984

Puerto Boyacá es al paramilitarismo lo que Marquetalia es a las FARC: el punto de origen mítico y el laboratorio operativo. Entre 1977 y 1984, en ese municipio ribereño y en los alrededores del Magdalena Medio, se armaron grupos de escopeteros bajo la tutela de oficiales del Batallón Bárbula. El detonante organizativo, según el testimonio del mayor retirado Óscar de Jesús Echandía —alcalde militar de Puerto Boyacá en 1982—, fue una reunión convocada por el coronel Jaime Sánchez Arteaga. A ella asistieron los ganaderos Gonzalo y Henry Pérez, junto con Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada y Carlos Loaiza con sus tres hijos, entre otros. Ese grupo, precario en armamento —revólveres, escopetas, machetes— pero robusto en respaldo militar, sería el núcleo de la primera estructura paramilitar sistemática del país.

En diciembre de 1981, un episodio distante recolocó el tablero. El M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes Ochoa Vásquez del Cartel de Medellín. La respuesta fue la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), integrado por narcotraficantes que decidieron responder por su cuenta al desafío. El MAS actuó de inmediato: capturó, torturó y ejecutó a miembros del M-19 con una eficacia y una crueldad que sorprendieron a esa guerrilla. La verdadera dimensión del fenómeno la reveló, el 14 de febrero de 1983, el procurador general Carlos Jiménez Gómez, quien denunció ante el Congreso que en la creación y operación del MAS habían participado 163 personas, de las cuales 59 eran militares en servicio activo. La denuncia rompió la ficción de que autodefensa y crimen organizado eran fenómenos separados.

En Puerto Boyacá, la fusión fue explícita. La Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) sirvió como estructura legal para canalizar recursos hacia el paramilitarismo: financiamiento de centros de entrenamiento, pago de sueldos, adquisición de armas y municiones. A partir de 1982, el Ejército intensificó los patrullajes conjuntos y la conformación de escuelas de entrenamiento militar a civiles, dictadas por oficiales activos y retirados. En diciembre de ese año, Echandía formuló el objetivo del proyecto con una frase que se volvería consigna: una Puerto Boyacá limpia de guerrilla. La limpieza dejó, en la consolidación del proyecto desde 1983, al menos dieciocho masacres documentadas y miles de desplazados.

La captura por el narcotráfico

Hasta mediados de los ochenta, el paramilitarismo era una empresa de ganaderos y militares con armamento precario. Lo que lo transformó en una fuerza capaz de disputar territorios enteros fue el ingreso masivo del narcotráfico. Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, socios del Cartel de Medellín, invirtieron cifras enormes en tierras del Magdalena Medio, se convirtieron en terratenientes y ganaderos, y financiaron directamente las autodefensas de la región. La lógica era doble: proteger laboratorios de cocaína —Rodríguez Gacha operaba varios en la zona— y ganar legitimidad política. Alinearse con la gesta contrainsurgente de Puerto Boyacá y presentarse como enemigo de las FARC era, para Rodríguez Gacha, una manera de reducir la presión de la persecución estadounidense en el marco de la Guerra contra las drogas del gobierno Reagan.

El dinero narco produjo un salto cualitativo. Con esos fondos se contrataron instructores militares internacionales, entre ellos el excoronel israelí Yair Klein, veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel, que organizó entrenamientos paramilitares en Colombia vinculados al núcleo de Puerto Boyacá. La capacidad operativa creció; la expansión territorial se hizo posible. Las autodefensas del Magdalena Medio extendieron su presencia hacia los Llanos del Yarí, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Nariño, siguiendo las rutas de la coca. La geografía del paramilitarismo empezó a superponerse con la del narcotráfico.

Ese ingreso tuvo, sin embargo, un costo interno. Militares y ganaderos —los promotores originales— perdieron protagonismo frente a la creciente influencia de los narcotraficantes, cuyos recursos les otorgaban un peso que la coalición inicial no podía equilibrar. La criatura empezó a desbordar a sus creadores.

Otros núcleos siguieron la misma trayectoria. Fidel Castaño Gil, uno de los tres hermanos que definirían el rostro público del paramilitarismo, acumuló capital como narcotraficante dentro del Cartel de Medellín y lo invirtió en propiedades rurales del sur de Córdoba, donde consolidó una base territorial. Hernán Giraldo hizo lo propio en la Sierra Nevada de Santa Marta; Ramón Isaza mantuvo su feudo en el Magdalena Medio antioqueño. Cada uno de estos jefes combinaba la explotación de rentas del narcotráfico con la protección de haciendas, corredores y economías locales.

Cuando Vicente Castaño describió el sur de Bolívar como un océano de coca cuyas rentas debían arrebatárseles a las guerrillas, formuló, sin proponérselo, la ecuación completa del paramilitarismo maduro: la conquista contrainsurgente y la apropiación del negocio coincidían en el mismo mapa.

De las autodefensas locales a las ACCU

El 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos del marco legal que sostenían la apariencia de legalidad de estas estructuras y las calificó, por primera vez desde el más alto tribunal, como paramilitarismo. Semanas antes, el 19 de abril, el gobierno de Virgilio Barco había expedido el Decreto 0815, que suspendió la habilitación de las autodefensas. El ciclo abierto en 1965 se cerró formalmente en 1989. Pero la sentencia no desmontó las estructuras; solo les retiró el amparo jurídico. Las relaciones entre el Estado y los grupos paramilitares continuaron, ahora en la clandestinidad.

A comienzos de los noventa, tras el asesinato de Rodríguez Gacha en 1989 y la muerte de Pablo Escobar en 1993, la iniciativa paramilitar se desplazó geográficamente hacia el noroccidente. Los hermanos Castaño —Fidel, Carlos y Vicente— consolidaron su base en el sur de Córdoba y en Urabá, una región de fronteras móviles, economía bananera y densa presencia guerrillera. Hacia 1994-1995 fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), la primera estructura paramilitar con vocación explícitamente supra-regional. Fidel, el fundador original, desapareció en enero de 1994 en circunstancias nunca esclarecidas; el liderazgo pasó a Carlos, dotado de una habilidad mediática que sería determinante en la fase siguiente.

Las ACCU exportaron a otras regiones el modelo probado en Urabá: personal, métodos, doctrina, disciplina. La plantilla urabeña se convirtió en el manual de expansión nacional. Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, recibieron entrenamiento en bases antioqueñas de los Castaño antes de replicar el modelo en Cesar y Magdalena.

Las Convivir: la legalidad de retorno

Mientras las ACCU se expandían por la periferia, el Estado central abrió, casi por descuido, una nueva puerta jurídica. El Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, expedido en los últimos meses del gobierno de César Gaviria, creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir. La figura permitía a civiles organizados portar armas de fuego cortas —incluidas algunas de uso privativo de la Policía y el Ejército— previa autorización de una superintendencia, y operar en coordinación con la fuerza pública en zonas de influencia guerrillera. Llegaron a existir más de cuatrocientas Convivir en todo el país.

En Antioquia, el impulso fue especialmente intenso. Álvaro Uribe Vélez, posesionado como gobernador en 1995, autorizó la creación de al menos 67 de estas cooperativas, con particular intensidad desde 1996. Desde la Gobernación se impulsó activamente su conformación; el organigrama incluía director y grupos de acción social. La supervisión, en cambio, fue mínima: una investigación de la revista Semana publicada en septiembre de 1997 reveló que ninguna Convivir con más de dos años de funcionamiento estaba al día con la renovación de permisos, que se habían realizado solo 15 visitas de inspección a más de 400 cooperativas, que no se había denegado ninguna solicitud ni impuesto sanciones, y que a solo el 9% de sus integrantes se les habían examinado antecedentes penales.

Varias Convivir quedaron directamente vinculadas al paramilitarismo. La Convivir Siete Cueros, en La Ceja, estaba a cargo de José María Barrera, alias Chepe Barrera. La Convivir Deyavan, en Yarumal, contaba entre sus principales miembros con Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar, futuro comandante paramilitar. La Convivir Costa Azul, en Necoclí, fue dirigida por Carlos Alberto Ardila Hoyos, alias Carlos Correa, pieza clave en la consolidación del Bloque Élmer Cárdenas. El propio Salvatore Mancuso definiría después la Convivir como una autodefensa legal, amparada por el Estado, con fusiles del Estado, que servía de bisagra, de engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal, y describiría cómo utilizó la Convivir Horizonte Ltda. como salvoconducto para transportar tropas armadas desde Urabá hacia el resto del Caribe.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-572 de 1997, impuso restricciones al modelo. Muchas Convivir no entregaron sus armas ni cumplieron con la regulación subsiguiente. El espacio que dejaron fue ocupado, sin solución de continuidad, por las ACCU y por lo que empezaría a llamarse las Autodefensas Unidas de Colombia. Gobiernos centristas —Gaviria, Samper— habían creado, con la mano izquierda, la figura jurídica que la mano derecha del paramilitarismo utilizaría como cobertura.

Las AUC: el intento de unificación

El 18 de abril de 1997, jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintas regiones del país se reunieron para fundar las Autodefensas Unidas de Colombia. El acuerdo puso bajo un mando político común a las ACCU, a las Autodefensas de Puerto Boyacá —herederas del proyecto de los Pérez—, a las Autodefensas de Ramón Isaza y a otros grupos regionales. Las AUC se autodefinieron como un Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa. La fórmula era deliberada: reclamaba estatus político, apelaba a la legítima defensa como principio jurídico y reclamaba la etiqueta nacional que su expansión pretendía verificar.

La Casa Castaño era la columna vertebral. Las ACCU aportaron los estatutos operativos, la doctrina y las plantillas organizativas; Carlos Castaño ejerció el liderazgo político y mediático. Concedió entrevistas, publicó un libro, apareció en televisión: era un jefe paramilitar dispuesto a defender su causa en los términos del debate público, y ese giro le permitió posicionar el discurso contrainsurgente en amplios sectores de opinión hastiados de las guerrillas.

La ofensiva territorial fue veloz y sangrienta. En julio de 1997, tropas paramilitares comandadas por Mancuso y con apoyo logístico documentado del Ejército irrumpieron en Mapiripán, Meta, y torturaron y asesinaron a decenas de pobladores durante varios días. La masacre marcó un cambio de estrategia: el paramilitarismo pasó del accionar expedicionario —incursiones puntuales— al emplazamiento y control territorial de vastas regiones. Entre 1997 y 1999, las ACCU realizaron múltiples incursiones violentas en el sur del Meta y en Guaviare, período asociado con el surgimiento del Bloque Centauros. En la segunda mitad de 2000, los Castaño ordenaron fusionar grupos paramilitares del sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño para conformar el Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Los nombres de la expansión son también los nombres de las masacres. Mapiripán en 1997; El Aro y La Granja en Ituango, ese mismo año y el siguiente; La Gabarra en Norte de Santander, en 1999; El Salado en los Montes de María, en febrero de 2000; el desplazamiento masivo de Mampuján el 11 de marzo de 2000, cuando en la vereda Las Brisas de San Juan Nepomuceno fueron asesinadas doce personas y el resto de la población fue obligado a huir bajo amenaza de replicar lo ocurrido en El Salado; El Naya en 2001. Entre 1997 y 2000, más de 250 masacres y cerca de 1.700 muertos.

En la región noroccidental —Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato— el conflicto armado dejó, entre 1991 y 2002, más de 1,1 millones de víctimas. La cifra se descompone así: 1.035.510 personas desplazadas de sus casas y sus tierras, 53.296 asesinadas y 5.977 despojadas. Pueblos enteros vaciados, veredas convertidas en corredores de tránsito, comunidades removidas del mapa por la fuerza.

El terror no era efecto colateral: era método. Desmembramientos, torturas, asesinatos con sevicia y desapariciones forzadas se usaron deliberadamente como mecanismo de expulsión y control. Las rutas del desplazamiento coincidieron con las del despojo y las compras masivas de tierras por narcotraficantes y paramilitares, concentradas primero en el sur de Córdoba, Urabá y Magdalena Medio, y expandidas desde fines de los noventa al Caribe, los Montes de María, el corredor minero del Cesar y otras regiones.

Ralito y la parapolítica

El 23 de julio de 2001, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en el sur de Córdoba, jefes paramilitares de las AUC se reunieron con gobernadores, congresistas, concejales, alcaldes y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena. Firmaron un documento que se comprometía a refundar el país y a construir una nueva Colombia. Entre los firmantes figuraban Jorge 40 y políticos de la costa Caribe, algunos vinculados al Partido Conservador, otros a movimientos regionales del liberalismo. El acto sería revelado años después y dio nombre al fenómeno que ya venía funcionando: la parapolítica.

La parapolítica no fue un episodio, sino una arquitectura. Los paramilitares influyeron sistemáticamente en las elecciones locales y regionales, cooptaron alcaldías, gobernaciones, concejos y organismos de control, dirigieron la contratación pública en sus zonas de dominio y aseguraron impunidad judicial y política a cambio de protección armada. En el sur de Córdoba, Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, influyeron de manera sostenida en la elección de alcaldes y concejales desde el año 2000; el llamado Pacto de Granada fue una de las muestras más claras de ese control. Empresarios, ganaderos, palmicultores e industriales financiaron estructuras paramilitares, algunos por convicción y otros por coacción, a cambio de seguridad: la investigación judicial abarcó a figuras como el palmicultor Darío Alberto Laíno Scopetta, vinculado al Bloque Norte, así como aportes de ingenios azucareros al Bloque Calima. Alcaldes de Purificación, Natagaima, Prado y Venadillo, en el Tolima, hicieron aportes económicos al Bloque Tolima de las AUC y asistieron a reuniones con sus comandantes; en las versiones libres de Justicia y Paz no siempre quedó claro si esos aportes fueron voluntarios o coaccionados.

La proliferación de partidos permitida por la Constitución de 1991 facilitó la operación política: Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Equipo Colombia, Cambio Radical y sectores tradicionales del liberalismo y del conservatismo alojaron, en distintos grados, candidaturas respaldadas por estructuras paramilitares. La Corte Suprema de Justicia inició, entre 2007 y 2008, procesos contra congresistas vinculados al Pacto de Ralito. Entre los condenados figuró Javier Ramiro Devia Arias, del Tolima, sentenciado a 4 años y 7 meses de prisión por alianzas con el Frente Omar Isaza. Muchos firmantes, sin embargo, fueron absueltos penalmente por no hallarse prueba distinta a la firma del documento. Hasta mayo de 2013, ninguno de los congresistas condenados por parapolítica había pagado las multas judiciales impuestas.

La desmovilización y sus grietas

En julio de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las AUC oficializaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia, mediante el cual las autodefensas se comprometían a desmovilizar la totalidad de sus miembros. El proceso se desarrolló entre 2003 y 2006, cobijó a 31.671 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico, y produjo la entrega de 18.051 armas. Se creó una zona de concentración en Santa Fe de Ralito donde los jefes esperaban las condiciones de la negociación.

Desde el comienzo, las grietas fueron evidentes. Organizaciones de derechos humanos documentaron que algunos participantes en las ceremonias no eran combatientes reales sino personas ajenas al grupo, contratadas para inflar cifras; que la cantidad de armas entregadas era muy inferior a la conocida; que en la zona de concentración los jefes gozaban de amplia libertad de movimiento y, según denuncias, continuaban operando estructuras. El propio comisionado del proceso reconoció como atípica la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en Medellín, por la inclusión de delincuentes callejeros ajenos al aparato paramilitar. Cuando se reveló que uno de los mellizos Mejía, narcotraficante extraditable, participaba en la mesa de Ralito, el escándalo forzó al gobierno a emitir comunicados de aclaración.

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue el marco jurídico que rigió el proceso. Contemplaba penas alternativas —máximo ocho años de prisión— para miembros de grupos armados que colaboraran con la reconstrucción de la verdad y la reparación de víctimas. Organizaciones de víctimas y de derechos humanos la calificaron desde el comienzo como una ley de impunidad. En las versiones libres, los jefes tendieron a construir una representación de sí mismos como soldados de una causa, alejada de los hechos documentados.

Los jefes paramilitares terminaron considerando, ellos mismos, que los acuerdos habían sido incumplidos por el gobierno: en la reintegración política, en el apoyo económico, en las garantías de seguridad y, sobre todo, en la promesa de evitar la extradición. El 13 de mayo de 2008, catorce comandantes —entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, Rodrigo Tovar Pupo y Carlos Mario Jiménez— fueron extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La extradición cortó abruptamente los procesos de verdad en Colombia y trasladó a los jefes a jurisdicciones que no juzgaban sus crímenes contra víctimas colombianas.

Neoparamilitarismo: la criatura reaparece

La desmovilización disolvió la forma organizativa, no las funciones. Antes de que terminaran las ceremonias, ya operaban en las mismas zonas grupos armados ilegales integrados por excombatientes rearmados y nuevos reclutas. El gobierno Uribe los caracterizó como bandas criminales emergentes —BACRIM—, basadas en el narcotráfico, y negó que hubiera continuidad con el paramilitarismo. Organizaciones de derechos humanos y centros de investigación cuestionaron esa lectura. Un estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris de 2008 identificó cerca de cien bandas con veintiún denominaciones distintas y unos ocho mil integrantes, presentes en 246 de los 1.102 municipios del país, con concentración especial en la costa Caribe, donde se localizaba el 40% de sus miembros.

Los Urabeños surgieron en Córdoba y Urabá con vínculos explícitos al proyecto de las ACCU y a figuras cercanas a la Casa Castaño. Conocidos inicialmente también como Águilas Negras o Héroes de Castaño, adoptaron después el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia al expandirse hacia el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño y el sur de Córdoba. Su modelo replicaba el de los bloques desmovilizados: control de rutas del narcotráfico, alianzas con élites locales, presión sobre autoridades municipales, sicariato urbano y despliegue territorial en corredores estratégicos. Los Rastrojos, herederos del narcoparamilitarismo del Valle del Cauca, se convirtieron en 2010 en el grupo más poderoso del país, con operaciones en al menos un tercio de los departamentos y extensiones a Venezuela y Ecuador, sostenidos por una estructura descentralizada y alianzas oportunistas con guerrillas y con puntos de embarque de droga. Desde 2007, en Norte de Santander, Los Rastrojos se sumaron a la fragmentación violenta que ya recorría la región del Catatumbo. En Nariño, Chocó y el Bajo Cauca, la disputa entre estas estructuras y sus escisiones internas produjo, en los años siguientes a la desmovilización, algunos de los índices de homicidio y desplazamiento más altos del país.

El patrón se repitió: interferencia en elecciones locales, acceso a presupuestos oficiales y contratación pública, alianzas con políticos regionales, control territorial mediante violencia contra población civil. Un análisis comparado de 26 grupos neoparamilitares documentó continuidad territorial nítida entre las AUC y sus sucesores: los mismos corredores, las mismas economías, muchas veces los mismos jefes intermedios. La caracterización oficial como bandas criminales apuntaba a delitos de narcotráfico y despojaba al fenómeno de su dimensión política; la caracterización como neoparamilitarismo, defendida por academia e investigadores, subraya la persistencia de las funciones estructurales: violencia dirigida contra líderes sociales, reclamantes de tierras y sindicalistas, protección armada de economías extractivas legales e ilegales, y disciplinamiento territorial de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. En 2016, tras la firma del Acuerdo Final con las FARC, la expansión de estas estructuras hacia las zonas dejadas por la guerrilla desmovilizada reactualizó la vieja fórmula: control armado de territorios en los que el Estado nunca alcanzó a establecer una presencia estable.

La huella

El paramilitarismo dejó un país modificado. Millones de hectáreas cambiaron de manos por despojo, compra forzada o desplazamiento, y el mapa rural del Caribe, el Magdalena Medio, Urabá y los Llanos quedó reescrito. La concentración de la propiedad rural, ya alta antes del conflicto, se agudizó en las regiones bajo control paramilitar; en algunas, las tierras despojadas se destinaron a ganadería extensiva, palma africana o proyectos mineros, sin que los procesos de restitución posteriores lograran revertir sino una fracción menor de las transferencias.

Buena parte del sistema partidista de la primera década del siglo XXI quedó tocada por alianzas con las AUC, y los procesos de la parapolítica alcanzaron a más de un centenar de congresistas, gobernadores y alcaldes. El aparato jurídico y militar del Estado colombiano fue puesto, durante décadas, al servicio de un proyecto de aniquilamiento contra su propia población civil. Oficiales de alto rango fueron condenados por vínculos con jefes paramilitares; empresarios y gremios enteros vieron comprometida su reputación en las versiones libres de Justicia y Paz; medios de comunicación regionales fueron cooptados, silenciados o asesinados sus periodistas. La captura del Estado no fue una metáfora sino un mecanismo verificable en municipios donde alcaldías, personerías, notarías, oficinas de instrumentos públicos y comandos de policía respondieron durante años a la lógica del grupo dominante.

Y quedaron, sobre todo, las víctimas. Los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los despojados. Los líderes sociales asesinados en los años noventa como método deliberado de disciplinamiento de comunidades enteras, y los que siguieron cayendo en los años posteriores a la desmovilización, cuando reclamaron tierras, denunciaron proyectos de despojo o intentaron reconstruir el tejido político local. La memoria de El Salado, de Mapiripán, de El Aro, de La Gabarra, de Chengue, de Mampuján: nombres de pueblos que se volvieron nombres de heridas.

Que en Colombia hoy se pueda seguir hablando de paramilitarismo, treinta y cinco años después de la sentencia de 1989 y casi veinte después de la desmovilización de las AUC, es la evidencia de que el fenómeno nunca fue una anomalía transitoria. Fue, y sigue siendo, un dispositivo estructural: la delegación de la violencia contrainsurgente en actores privados, la fusión entre rentas ilegales y proyectos políticos regionales, y la captura del Estado desde sus periferias. El paramilitarismo no fue lo que le ocurrió a Colombia; fue una de las formas en que Colombia se organizó por dentro durante medio siglo.