Salvatore Mancuso Gómez

Salvatore Mancuso Gómez

Salvatore Mancuso Gómez (Montería, 1964) es el jefe paramilitar que mejor encarna la fusión entre las élites ganaderas del Caribe colombiano, la contrainsurgencia externalizada por el Estado y el narcotráfico como economía de guerra. Comandante del Bloque Norte y del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), arquitecto del pacto de Santa Fe de Ralito —en el que más de cincuenta congresistas, alcaldes y gobernadores comprometieron sus votos con jefes paramilitares—, extraditado a Estados Unidos en 2008 y repatriado a Colombia en 2024 para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Mancuso condensa en una sola trayectoria la porosidad entre el poder legal y el ilegal que definió el conflicto colombiano de las últimas tres décadas. No fue el más sanguinario de los jefes paramilitares —Carlos Castaño lo superó en carisma y fanatismo—, ni el más rico —Don Berna o Macaco venían del narcotráfico puro—, pero fue el más útil al proyecto: hijo de la sociedad cordobesa, con modales de finca ganadera y verbo articulado, capaz de sentarse en igualdad de condiciones con generales, senadores y comisionados de paz. Su vida es, por eso, un diagnóstico del país que lo produjo.

Un hijo del Sinú

Salvatore Mancuso nació en Montería en 1964, en el corazón del valle del Sinú, cuando la ciudad todavía era un puerto fluvial rodeado de haciendas ganaderas y de una frontera agraria en disputa permanente. Su padre, también llamado Salvatore Mancuso, había emigrado desde Italia y se estableció en Montería como mecánico: montó un taller propio y se integró a la red de familias italianas que ya habitaban la ciudad. El negocio se amplió hacia el comercio de motores y repuestos para embarcaciones, un ramo lucrativo en una región donde los ríos eran arterias económicas y donde la ganadería extensiva y el transporte fluvial sostenían el andamiaje productivo.

La madre, Gladys Gómez, provenía de una familia cordobesa de raigambre local, lo que dio al joven Salvatore una doble inscripción social: el apellido italiano de un padre próspero y hecho a sí mismo, y la pertenencia por vía materna al mundo criollo de la Montería que se reconocía en las ferias ganaderas, en las misas de la catedral y en el club campestre. Creció en una casa acomodada, con acceso a la educación privada, y cursó bachillerato en el Colegio Los Araújos y luego en el Gimnasio Vallegrande de Cali, un internado dirigido por los Hermanos de La Salle. Aquella salida temprana del entorno costeño lo colocó, siendo adolescente, en un ambiente de hijos de familias pudientes del suroccidente colombiano, y le dio la mezcla de modales urbanos y acento caribeño que lo acompañaría siempre.

Terminado el bachillerato, viajó a Estados Unidos y estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh; luego, en 1983, ingresó a la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Javeriana en Bogotá, aunque no terminó la carrera. Regresó a Córdoba para hacerse cargo, junto a su familia, de las fincas ganaderas que los Mancuso habían adquirido en el trayecto de una generación: propiedades en los municipios de Tierralta, Valencia y Montería, en zonas de piedemonte que colindaban con el Nudo de Paramillo y con los territorios donde ya operaban las guerrillas de las FARC y del EPL. Se casó con Martha Elena Bocanegra, con quien tuvo tres hijos, y se instaló en la vida que le correspondía por herencia: hacendado joven, con voz en los gremios ganaderos, integrado al circuito social de Montería.

Esa vida se rompió a comienzos de los años noventa. Las FARC y el EPL habían intensificado la extorsión, el secuestro y el abigeato sobre los ganaderos de Córdoba, y el propio Mancuso ha relatado episodios de amenazas directas contra su familia y contra los administradores de sus fincas. En sus versiones libres ante Justicia y Paz sostuvo que fue víctima de un secuestro breve y que la Fuerza Pública le respondió con la fórmula que ya se había vuelto habitual en la región: si el Estado no podía protegerlo, debía organizarse él mismo. Esa versión, matizada por investigaciones judiciales y por testimonios de otros comandantes, no borra el hecho central: hacia 1990 Mancuso ya estaba en contacto con oficiales del Ejército en la Décima Brigada y en la Brigada XI, y empezó a colaborar con operaciones militares en calidad de guía, informante y financiador de grupos de autodefensa incipientes que operaban en el sur de Córdoba bajo el amparo, primero legal y luego clandestino, de la doctrina de las Convivir.

De ganadero a comandante

El paso de hacendado amenazado a comandante paramilitar no fue instantáneo. Entre 1990 y 1994, Mancuso operó como enlace entre los ganaderos del Sinú y del San Jorge y las estructuras armadas que Fidel Castaño Gil —el hermano mayor de Carlos Castaño— había levantado en el sur de Córdoba con el nombre de Los Tangueros, en referencia a la hacienda Las Tangas, epicentro de la actividad paramilitar en la zona. Cuando Fidel Castaño desapareció en 1994, en circunstancias nunca aclaradas, el mando pasó a Carlos Castaño, que reorganizó las estructuras bajo la sigla de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En ese momento, Mancuso ya no era un simple financiador: había recibido entrenamiento militar, había participado en operaciones contra columnas guerrilleras y había asumido responsabilidades de mando en el frente que operaba en los límites entre Córdoba y Antioquia.

La consolidación de su liderazgo se produjo en la segunda mitad de los años noventa. En 1997, con la creación formal de las Autodefensas Unidas de Colombia como federación de estructuras regionales, Mancuso quedó ubicado en el círculo más estrecho del Estado Mayor, junto a Carlos Castaño, Vicente Castaño, Diego Fernando Murillo (Don Berna) y Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40). Su territorio de expansión fue el norte y el nororiente del país. Al mando del Bloque Norte y, más tarde, del Bloque Catatumbo, dirigió la incursión de las AUC en zonas donde antes tenían presencia marginal: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Guajira, el sur del Cesar, el Magdalena y, sobre todo, la región del Catatumbo, en Norte de Santander, uno de los corredores estratégicos más importantes para el narcotráfico y para la conexión con Venezuela.

La expansión se hizo a sangre y fuego. Bajo su mando y con su conocimiento —según reconoció posteriormente ante Justicia y Paz—, las AUC ejecutaron algunas de las masacres más recordadas del conflicto colombiano. La masacre de El Aro, en Ituango (Antioquia), en octubre de 1997, dejó al menos quince campesinos asesinados y provocó un desplazamiento masivo; la masacre de La Granja, en el mismo municipio, ocurrió meses antes bajo la misma estructura. La masacre de El Salado, en los Montes de María, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, se saldó con al menos sesenta víctimas en una operación conjunta del Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María. La masacre de La Gabarra, en el Catatumbo, en mayo y agosto de 1999, dejó decenas de muertos en la incursión que consolidó al Bloque Catatumbo en Norte de Santander. La masacre de Mapiripán, en julio de 1997, en la que un contingente paramilitar aterrizó en el aeropuerto de San José del Guaviare con la complicidad probada de oficiales del Ejército y asesinó a decenas de campesinos durante cinco días, tuvo la participación logística del bloque bajo su influencia.

Ante Justicia y Paz, Mancuso reconoció su responsabilidad, directa o de mando, en más de mil quinientos homicidios, aunque la cifra real de víctimas atribuibles a las estructuras bajo su comando supera con creces ese registro: la Fiscalía y la Unidad de Víctimas han documentado miles de casos que van desde asesinatos selectivos hasta desplazamientos forzados masivos, desapariciones, torturas y violencia sexual. En su versión ante los tribunales, insistió en presentar la violencia como respuesta a la agresión guerrillera y como parte de una estrategia contrainsurgente coordinada con sectores del Estado; en las sentencias, en cambio, los magistrados establecieron que la lógica de las masacres no era militar sino de terror territorial: se buscaba desplazar poblaciones, apropiarse de tierras y consolidar economías ilegales, en particular el cultivo de coca y las rutas de exportación de cocaína.

Narcotráfico y economía de guerra

La dimensión narcotraficante de Mancuso fue, durante años, el punto más incómodo de su relato público. En sus primeras apariciones ante los medios y en las mesas de Ralito insistió en la tesis clásica de las autodefensas: los grupos cobraban un "gramaje" o impuesto a productores y traficantes que operaban en sus territorios, pero no eran, en sí mismos, organizaciones narcotraficantes. Esa distinción se derrumbó con la evidencia acumulada por la DEA y por la propia Fiscalía colombiana. Las estructuras bajo su mando, en particular el Bloque Catatumbo, controlaron directamente cultivos, laboratorios y rutas de salida por Venezuela y por el Caribe, y establecieron alianzas con carteles mexicanos y con redes de distribución en Centroamérica.

En 2002, un gran jurado del Distrito de Columbia lo imputó formalmente por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y la acusación se amplió en años siguientes. Los volúmenes atribuidos a las estructuras bajo su mando se contaron por decenas de toneladas anuales. La captura y desmantelamiento de laboratorios en Catatumbo, la incautación de embarcaciones en el Caribe y las declaraciones de mandos medios ante Justicia y Paz confirmaron que el Bloque Norte y el Bloque Catatumbo eran, además de aparatos contrainsurgentes, empresas exportadoras de cocaína a gran escala. La retórica de la "guerra contra la guerrilla" convivió, sin contradicción operativa, con la administración de un negocio criminal transnacional.

Santa Fe de Ralito y la parapolítica

El momento en que Mancuso pasó de comandante de monte a interlocutor público del Estado se sitúa en 2001, con el pacto de Santa Fe de Ralito. Reunidos en un corregimiento del municipio de Tierralta, en Córdoba, jefes paramilitares y un grupo significativo de políticos regionales y nacionales firmaron un acuerdo secreto en el que se comprometieron a "refundar la patria" y a colaborar para asegurar mayorías electorales en congreso y en administraciones locales. El documento, revelado años después por la Fiscalía en el marco de las investigaciones sobre parapolítica, llevaba las firmas de senadores, representantes, alcaldes y gobernadores del Caribe y de otras regiones, junto a las de Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Diego Vecino y otros comandantes.

El pacto no fue una declaración retórica. En las elecciones de 2002 y de 2006, buena parte de las curules del Caribe colombiano y de algunas regiones andinas fue disputada en territorios bajo control militar de las AUC, con listas cerradas, candidatos únicos y presión electoral directa sobre las poblaciones. Los tribunales colombianos, en el ciclo de investigaciones que la Corte Suprema abrió a partir de 2006, condenaron a más de cincuenta congresistas por sus vínculos con estructuras paramilitares, en un proceso que se conoció como parapolítica y que constituyó una de las mayores crisis institucionales del país en el siglo XXI. Mancuso, extraditado en 2008, siguió aportando información desde las cárceles federales estadounidenses a través de videoconferencias con la justicia colombiana, y sus declaraciones fueron clave para varias de esas condenas.

En julio de 2004, en un gesto sin precedentes, Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza fueron autorizados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a intervenir en el pleno del Congreso de la República en el marco del proceso de negociación con las AUC. Mancuso pronunció un discurso en el que reivindicó la lucha contrainsurgente, pidió perdón por errores cometidos y planteó a las autodefensas como un actor político con vocación de reintegración institucional. La escena —tres jefes paramilitares hablando desde el atril donde sesionan los senadores de la República, con la bandera nacional a sus espaldas— condensó la ambigüedad radical del proceso: el Estado reconocía a los comandantes de un ejército privado responsable de miles de asesinatos como interlocutores políticos legítimos.

La negociación con el gobierno Uribe

El proceso de negociación entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe se extendió entre 2003 y 2006 y culminó con la desmovilización formal de más de treinta mil combatientes, entre ellos los efectivos de los bloques bajo mando de Mancuso. El marco jurídico fue la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que ofreció penas alternativas de entre cinco y ocho años a los jefes que confesaran de manera plena sus crímenes, entregaran bienes para la reparación de víctimas y contribuyeran a la verdad. Mancuso se acogió al proceso, entregó a partir de 2006 versiones libres en las que reconoció masacres, homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos, y aportó nombres de políticos, empresarios, ganaderos y militares que habían financiado, apoyado o coordinado operaciones con las AUC.

Sus versiones señalaron a generales retirados, a comandantes de brigada, a empresarios bananeros del Urabá antioqueño, a ganaderos del Sinú, a políticos regionales y a funcionarios de las administraciones locales del Caribe. Algunos de esos señalamientos derivaron en investigaciones judiciales y en condenas; otros quedaron en el limbo, sin acción efectiva de la Fiscalía. La entrega de tierras y bienes para la reparación, uno de los pilares de la ley, se cumplió de manera parcial: los bloques bajo su mando declararon un inventario que las víctimas y las organizaciones sociales consideraron insuficiente frente al despojo real ocurrido en el Caribe y en el Catatumbo.

La confianza entre las AUC desmovilizadas y el gobierno se rompió en 2008. Argumentando que los jefes seguían delinquiendo desde las cárceles colombianas —dirigiendo estructuras armadas, coordinando envíos de cocaína e incumpliendo la entrega de bienes—, el presidente Uribe autorizó, el 13 de mayo de 2008, la extradición de catorce comandantes a Estados Unidos, entre ellos Mancuso, Don Berna, Jorge 40, Macaco, Cuco Vanoy y Diego Vecino. La medida, tomada en la madrugada y sin consulta previa con la Fiscalía ni con los magistrados de Justicia y Paz, fue duramente criticada por las organizaciones de víctimas y por los tribunales de justicia transicional: la extradición cortaba la posibilidad de continuar las versiones libres en Colombia, interrumpía los procesos de verdad y reparación, y trasladaba a los jefes a un sistema judicial —el estadounidense— interesado exclusivamente en el narcotráfico y no en los crímenes contra la humanidad cometidos en territorio colombiano.

Los años de Estados Unidos

Extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008, Mancuso fue procesado por el Distrito de Columbia por conspiración para importar cocaína. En 2009 se declaró culpable y en 2015 fue condenado a quince años y ocho meses de prisión. Cumplió la mayor parte de la condena en centros federales, y a partir de 2020 empezó un proceso complejo alrededor de su situación migratoria y de su eventual retorno a Colombia. Solicitó, sin éxito, refugio o alguna forma de protección en Estados Unidos alegando que su vida corría peligro si era enviado a Italia —país del que también era ciudadano por vía paterna— o a Colombia, y desde su reclusión mantuvo contacto con la justicia colombiana a través de videoconferencias, en las que continuó aportando información sobre parapolítica, sobre alianzas con militares y sobre operaciones específicas.

Durante esos años, sus declaraciones adquirieron un tono cada vez más incisivo. Habló de reuniones con altos oficiales del Ejército, con directivos de la SIC y con funcionarios del DAS; mencionó a políticos que se habían mantenido al margen de la parapolítica y que, según él, también habían participado del entramado; ofreció detalles sobre financiamiento por parte de empresas nacionales y multinacionales que operaban en zonas de influencia paramilitar. Algunos de esos señalamientos generaron reacciones inmediatas —desmentidos, demandas por injuria, contrapruebas—; otros quedaron en el registro sin traducción judicial. En 2020, tras cumplir su condena en Estados Unidos, permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por más de tres años, en un limbo legal en el que enfrentaba la posibilidad de deportación a Italia, a Colombia o a un tercer país.

El caso se resolvió en 2024. En febrero de ese año, Mancuso fue deportado a Colombia. El gobierno de Gustavo Petro lo recibió con un tratamiento particular: el presidente lo designó, mediante un acto polémico, como "gestor de paz", una figura contemplada en la ley colombiana para exmiembros de grupos armados que puedan aportar a procesos de reconciliación. La designación fue impugnada por sectores políticos y por víctimas, y la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre sus alcances. Al margen de la controversia jurídica y política, el retorno significó que Mancuso quedaba nuevamente bajo jurisdicción colombiana, disponible para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y para retomar las versiones libres interrumpidas en 2008.

Comparecencia ante la JEP

La JEP, creada por el Acuerdo Final firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016, había sido concebida inicialmente para procesar a excombatientes de las FARC, a militares y a agentes del Estado. La incorporación de terceros civiles y de excomandantes paramilitares al sistema fue objeto de debate jurídico durante años. En el caso de Mancuso, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP resolvió, en 2023, aceptar su sometimiento condicionado a la contribución plena a la verdad, a la reparación de víctimas y a la no repetición. La decisión abrió la puerta a que uno de los principales comandantes de las AUC comparezca ante un tribunal transicional en calidad de "aportante a la verdad" y no como excombatiente.

Desde su llegada al país, Mancuso ha participado en audiencias públicas ante la JEP en las que ha ampliado sus versiones previas. Ha detallado la coordinación de operaciones específicas con oficiales del Ejército; ha señalado nombres concretos de generales, coroneles y comandantes de brigada; ha reconocido masacres previamente admitidas y ha aportado información sobre otras que no habían sido plenamente esclarecidas. Ha vinculado a políticos que aún ejercen funciones públicas con financiamiento y coordinación paramilitar, y ha ofrecido detalles sobre la participación de empresarios y ganaderos en la conformación y sostenimiento de los bloques bajo su mando. Sus declaraciones sobre la relación entre las AUC y el Estado —en particular sobre la doctrina, la logística y la coordinación operativa con la Fuerza Pública— han sido las más incisivas que se hayan escuchado en un tribunal colombiano de labios de un excomandante.

La JEP ha valorado esos aportes con cautela: exige contrastación con otras fuentes, requiere pruebas documentales y contrasta las versiones de Mancuso con las de otros comparecientes y con los archivos del Estado. La expectativa, aún abierta al cierre de 2024, es que sus declaraciones contribuyan al Macrocaso 08, que aborda los crímenes cometidos por agentes del Estado, terceros civiles y paramilitares en el marco del conflicto armado, y que se traduzcan en imputaciones específicas contra los responsables aún vivos.

El personaje: entre el hacendado y el señor de la guerra

Mancuso ha cultivado siempre una imagen que difiere de la del paramilitar tradicional. A diferencia de Carlos Castaño, cuya figura oscilaba entre el mesías paranoico y el hidalgo enloquecido, o de Don Berna, cuyo perfil era el del gerente criminal salido del mundo urbano de Medellín, Mancuso proyectó desde el inicio la imagen del hacendado educado, del hijo de una familia respetable del Caribe, del hombre capaz de citar autores europeos y de hablar inglés con soltura. Sus intervenciones públicas —desde el discurso en el Congreso en 2004 hasta las audiencias recientes ante la JEP— han estado marcadas por un lenguaje pulido, por referencias históricas y por una voluntad explícita de presentarse como interlocutor legítimo del Estado.

Esa autopresentación ha operado como estrategia jurídica y como reivindicación personal, pero también ha sido leída por sectores de la sociedad colombiana como una máscara: detrás del hacendado articulado está el comandante de una estructura que asesinó, desplazó, desapareció y torturó a miles de personas en el Caribe, en Antioquia, en Norte de Santander y en el sur del Cesar. Las víctimas y sus organizaciones han insistido en que el reconocimiento verbal no basta, que la reparación material sigue pendiente, que muchos de los responsables identificados en sus versiones no han sido juzgados, y que la retórica del "gestor de paz" no puede sustituir la exigencia de justicia.

La figura de Mancuso condensa así una tensión estructural del conflicto colombiano: la que existe entre la necesidad de saber —de reconstruir la verdad de tres décadas de guerra, de identificar a los responsables civiles, empresariales y militares que sostuvieron el paramilitarismo, de comprender cómo funcionó la coordinación entre el Estado y sus ejércitos privados— y la exigencia de justicia —de traducir ese saber en sanciones proporcionales y en reparaciones efectivas para las víctimas. Los sistemas transicionales, la Ley 975 primero y la JEP después, han apostado por sacrificar parte del castigo a cambio de verdad; Mancuso, en la extradición y en el retorno, ha sido uno de los personajes en los que esa apuesta se ha jugado con más nitidez.

Herencia y presente

A finales de 2024, Salvatore Mancuso Gómez tiene sesenta años. Ha pasado más de la mitad de su vida adulta vinculado, primero como financiador y luego como comandante, a la estructura paramilitar más grande que ha existido en Colombia. Ha sido responsable, por acción u omisión, de miles de crímenes; ha sido interlocutor de dos gobiernos —el de Álvaro Uribe en la negociación y el de Gustavo Petro en el retorno— y ha aportado, sea por convicción o por cálculo, información que ha permitido comprender parte del entramado de la violencia colombiana. Su comparecencia ante la JEP está en curso y su desenlace jurídico depende del cumplimiento de las condiciones del sistema transicional: verdad plena, reparación y no repetición.

El país en el que regresó no es el mismo del que salió en 2008. Las AUC como federación armada dejaron de existir, pero sus estructuras se reciclaron en las llamadas bandas criminales —Águilas Negras, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas—, que hoy controlan buena parte de las economías ilegales del Caribe, del Bajo Cauca y del Pacífico. Los territorios que Mancuso ayudó a arrebatar a las guerrillas y a poblaciones campesinas siguen, en muchos casos, en manos de los mismos beneficiarios: ganaderos, empresarios y políticos que consolidaron su poder en los años del paramilitarismo. La restitución de tierras avanza con lentitud, la reparación integral es una promesa incumplida para la mayoría de las víctimas, y los responsables civiles y empresariales de la financiación paramilitar siguen, en buena parte, sin ser judicializados.

En ese paisaje, la figura de Salvatore Mancuso es a la vez un archivo vivo y una advertencia. Archivo, porque contiene la información necesaria para reconstruir décadas de historia; advertencia, porque su trayectoria revela la fragilidad de las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre el Estado y sus sombras, entre la élite regional y el señor de la guerra. Su vida —de niño de familia italiana en Montería, de estudiante en Bogotá y en Pittsburgh, de hacendado del Sinú, de comandante del Bloque Norte, de firmante de Ralito, de orador en el Congreso, de reo en cárceles federales estadounidenses, de compareciente ante la JEP— traza una línea que atraviesa a Colombia en toda su complejidad. No hay biografía posible del conflicto colombiano contemporáneo que pueda prescindir de la suya.