Bandas criminales (Bacrim)

Bandas criminales (Bacrim)

En la historia reciente de Colombia, pocas palabras han cargado tanto peso político como una sigla administrativa. "Bacrim" —abreviación de "bandas criminales emergentes"— fue el nombre con que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez designó, hacia mediados de la década de 2000, a los grupos armados que continuaron operando en los territorios que las Autodefensas Unidas de Colombia acababan de abandonar sobre el papel. La categoría cumplía dos funciones a la vez: describía un fenómeno real y difuso, y clausuraba, por la vía del vocabulario, una discusión incómoda. Si los grupos que asesinaban reclamantes de tierras, controlaban rutas del narcotráfico y disputaban corredores estratégicos eran "bandas emergentes", entonces el paramilitarismo, en efecto, había terminado. Si eran otra cosa —una tercera generación, una reingeniería, un relevo de mando—, la historia oficial de la desmovilización se derrumbaba. Sobre esa disputa por el nombre se ha construido buena parte de lo que Colombia sabe y no sabe sobre su violencia después de 2006.

Qué se nombra con "Bacrim"

La categoría "Bacrim" —reemplazada hacia mediados de la década de 2010 por la fórmula técnica "GAO" (Grupos Armados Organizados)— agrupa a las estructuras armadas ilegales que sobrevivieron, sucedieron o suplantaron a las Autodefensas Unidas de Colombia tras el proceso de desmovilización desarrollado entre 2003 y 2006. En términos administrativos, la etiqueta las define por lo que se supone que son: organizaciones dedicadas a economías criminales —narcotráfico, extorsión, minería ilegal, despojo de tierras— sin proyecto contrainsurgente ni articulación con el Estado. En términos históricos, nombra el resultado de una desmovilización incompleta: más de treinta mil combatientes acogidos formalmente al proceso, un arsenal entregado notoriamente inferior al que se sabía en manos paramilitares, y un archipiélago de estructuras que continuaron operando en los mismos enclaves y muchas veces bajo los mismos mandos.

El término, entonces, es a la vez descriptivo y programático. Describe una realidad —la existencia de grupos armados post-2006 con predominio de rentas ilegales— y programa una lectura: la ruptura con el pasado paramilitar. Esa doble condición explica por qué "Bacrim" ha sido, desde su acuñación, un campo de disputa. Iván Cepeda y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) sostuvieron que el propósito de la denominación era "ocultar la reingeniería paramilitar y persuadir a la opinión pública de que el gobierno Uribe había acabado con el paramilitarismo". El vicepresidente Francisco Santos, en sentido contrario, descalificó los informes de derechos humanos que hablaban de continuidad paramilitar acusándolos de carecer de datos y de estar sesgados. En medio de esa disputa, la estadística oficial dejó de atribuir crímenes a "autodefensas" y comenzó a registrarlos como "delincuencia común" u "organizada", con el efecto de hacer desaparecer, en el papel, un actor que en el terreno no había desaparecido.

La palabra, en suma, hizo trabajo político antes que descriptivo. Cortó el hilo entre un antes y un después, entre un actor con genealogía y un fenómeno sin pasado. La eficacia de esa cesura se mide menos en lo que "Bacrim" nombró que en lo que consiguió dejar de nombrarse: la trama de complicidades locales, económicas y militares que había hecho posible el paramilitarismo, y que no requería del paramilitarismo formal para seguir operando.

La desmovilización incompleta

El proceso que dio origen al problema arrancó el 25 de noviembre de 2003, con la ceremonia de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en Medellín, y culminó el 15 de agosto de 2006 con la del Bloque Élmer Cárdenas. En el intervalo, las AUC firmaron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, negociaron un marco jurídico —la Ley de Justicia y Paz de 2005— y concentraron a sus estructuras en zonas de ubicación temporal. La operación fue presentada como el desmantelamiento del paramilitarismo. En rigor, fue otra cosa.

El supuesto cese de hostilidades no se cumplió. El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) documentó en 2004 que los grupos paramilitares continuaron perpetrando crímenes contra la población civil durante el mismo proceso, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que comunas enteras de Medellín permanecían bajo control paramilitar tras la desmovilización formal del Cacique Nutibara. A esas evidencias se sumaban dos irregularidades estructurales: personas que participaron en las ceremonias no eran combatientes reales sino sicarios contratados para hacerse pasar por paramilitares, y las armas entregadas resultaron muy inferiores al arsenal conocido. A ello se sumó la conducta de los jefes recluidos en la zona de Ralito, que gozaron de amplia libertad de movimiento y siguieron dirigiendo operaciones y negocios desde adentro.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) identificó tempranamente que en Nariño, Chocó y Putumayo la población no percibía cambio sustancial en las condiciones de seguridad tras la desmovilización, por el surgimiento y permanencia de estructuras armadas ligadas a economías ilícitas con capacidad de control territorial. El desmonte, en esas regiones, había sido una ficción administrativa.

El desenlace decisivo llegó en mayo de 2008, cuando el gobierno Uribe extraditó a Estados Unidos a catorce jefes paramilitares —entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 y Carlos Mario Jiménez alias Macaco— bajo el argumento de que estaban delinquiendo desde la cárcel. La extradición, presentada como golpe al narcotráfico, tuvo un efecto lateral decisivo: descabezó las estructuras negociadoras, dejó a los mandos medios en competencia autónoma y aceleró la fragmentación del universo paramilitar. Los procesos judiciales por crímenes cometidos en Colombia quedaron subordinados, en la práctica, a las prioridades de la justicia estadounidense en materia de tráfico de drogas, y las víctimas perdieron el interlocutor con el que habían empezado a construir versiones sobre lo ocurrido.

En ese contexto se acuñó "Bacrim". La categoría llegaba a nombrar los escombros de una desmovilización cuya fractura estaba a la vista.

Nombrar como decisión de gobierno

Nombrar es una decisión política. El gobierno de Uribe podía haber llamado a los grupos posdesmovilización de muchas maneras: neoparamilitares, reductos, disidencias de las AUC, tercera generación paramilitar. Escogió "bandas criminales emergentes" —despolitizadas, sin filiación ni continuidad, definidas por el delito común— y esa elección tuvo consecuencias jurídicas, estadísticas y políticas concretas.

La primera consecuencia fue estadística. Al cambiar la clasificación de los perpetradores, los crímenes que antes se registraban como paramilitares comenzaron a computarse como "delincuencia común" u "organizada". La operación producía por sí misma la prueba de su tesis: si el paramilitarismo había terminado, es porque los homicidios y desplazamientos atribuidos a paramilitares se acercaban a cero en las estadísticas oficiales. La segunda consecuencia fue jurídica. La categoría bloqueó el acceso de las víctimas a los reconocimientos derivados del carácter político del actor victimario, y desplazó el problema hacia la Policía y la lucha antinarcóticos, sacándolo del campo de la fuerza pública destinada a enfrentar amenazas contrainsurgentes o político-militares. La tercera fue narrativa. El gobierno podía declarar, y declaró, que el paramilitarismo estaba extinto y que lo que quedaba era criminalidad residual —un problema policial, no un problema histórico.

Frente a ese marco, las críticas se estructuraron en dos líneas. La primera, encabezada por Cepeda y el MOVICE, sostuvo que en muchas regiones no había habido desmovilización sino "transmisión y relevo de mando", y que los nuevos grupos representaban una reingeniería paramilitar que permitía a sus responsables acceder a la legalidad sin desmontar los soportes ilegales de su poder. La segunda, más académica, provino del Centro Nacional de Memoria Histórica y de una lectura por generaciones o etapas del paramilitarismo —origen en el sur del Magdalena Medio en los años setenta y ochenta, confederación en las AUC entre 1997 y 2006, grupos posdesmovilización desde 2006—, que reconocía rupturas pero también continuidades estructurales. La Corporación Nuevo Arco Iris, en un estudio de 2008, propuso una tipología intermedia: dentro del rótulo Bacrim convivían grupos completamente nuevos, grupos formados por paramilitares desmovilizados que se rearmaron y grupos compuestos por paramilitares que nunca se habían desmovilizado.

Un episodio de 2009 iluminó la tensión de fondo. Las Águilas Negras, una de las estructuras posdesmovilización más agresivas, rechazaron explícitamente en mayo de ese año la denominación gubernamental de "bandas emergentes" y se autoproclamaron "ejército de la Restauración Nacional". La escena era paradójica: los propios grupos que el Estado insistía en despolitizar reclamaban para sí un carácter político. La categoría "Bacrim" describía menos a los grupos que a la mirada que el gobierno quería que se posara sobre ellos.

La heterogeneidad que la categoría no captura

La disputa sobre el nombre habría sido menos densa si los grupos posdesmovilización hubieran sido efectivamente homogéneos. No lo eran. Una investigación tipológica sobre el período agosto de 2006-abril de 2009 identificó al menos dos ejes de variación: el origen —reductos de unidades no desmovilizadas, grupos rearmados y grupos genuinamente emergentes— y el tipo de organización, medido por armamento, liderazgo y jerarquía militar. Los grupos rearmados con estructura jerárquica heredaban comportamientos de los ejércitos paramilitares de las antiguas AUC: la mitad conservaba carácter contrainsurgente, y sus acciones combinaban criminalidad organizada, control poblacional, contrainsurgencia y, en menor medida, captura del Estado. En el otro extremo, ciertas bandas se dedicaban exclusivamente al negocio ilegal, sin proyecto político ni control territorial estable.

Ese universo mixto era, precisamente, el que la categoría "Bacrim" homogeneizaba. Al proyectar sobre el conjunto el perfil del grupo puramente criminal —minoritario dentro del universo neoparamilitar—, la etiqueta convertía la excepción en regla y ocultaba la mayoría. Las cifras que la Fundación Nuevo Arco Iris reportó en 2009 daban la escala del fenómeno: 82 estructuras criminales con presencia en 273 municipios, aproximadamente 10.000 combatientes, de los cuales la mitad eran desmovilizados de grupos paramilitares que habían reincidido. La continuidad, en términos de composición humana, era masiva.

La tensión de fondo era real. La fragmentación posdesmovilización había producido un campo objetivamente confuso, donde la frontera entre continuidad paramilitar y criminalidad organizada era porosa, y donde ninguna etiqueta unitaria capturaba bien el fenómeno. En ese sentido, "Bacrim" no era solo mentira: era también una respuesta interesada a una fragmentación que ninguna categoría alternativa —"neoparamilitares", "tercera generación"— resolvía por completo. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en su informe Disidentes, rearmados y emergentes, reconoció esa dificultad y planteó que era prematuro afirmar contundentemente si los grupos eran una tercera generación paramilitar o solo bandas criminales, prefiriendo trazar escenarios futuros posibles. Pero la prudencia analítica no absolvía a la nomenclatura oficial: entre no saber cómo nombrar y decidir nombrar mal, hay una diferencia política que la CNRR no cerraba.

Hay algo más: la elección oficial no era una hipótesis en espera de confirmación, sino una decisión operativa que producía efectos inmediatos sobre la asignación de recursos, la definición de amenazas y el diseño de la respuesta institucional. Un observador podía suspender el juicio; el Estado, al escoger la palabra, ya había juzgado.

La reconfiguración territorial

Mientras se libraba la batalla del nombre, en el terreno las estructuras se rehacían. Entre 2006 y 2012, el mapa paramilitar se reordenó alrededor de dos ejes principales —los Rastrojos y los Urabeños/Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y de una constelación de grupos menores con presencia regional.

Los Rastrojos habían surgido en 2002 en el norte del Valle del Cauca como brazo armado del narcotráfico en el corredor del Pacífico. A partir de 2006, aprovechando el vacío dejado por la desmovilización y la extradición de los grandes capos, se expandieron hasta operar en un tercio de los departamentos del país. Su declive comenzó en 2012 con la captura sucesiva de sus principales líderes.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se conformaron oficialmente el 8 de enero de 2008 en una asamblea celebrada en la finca Las Guacamayas, en Necoclí, Antioquia. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quedó como comandante general, con los hermanos Úsuga —Juan de Dios, alias Giovanni, y Dairo Antonio, alias Otoniel— en el Estado Mayor. La captura de Don Mario en 2009 no debilitó la estructura sino que aceleró su expansión: bajo el mando de Giovanni, las AGC pasaron del Urabá antioqueño a nueve departamentos y 79 municipios. Cuando Giovanni fue abatido por la Policía a comienzos de 2012, los Urabeños respondieron con un paro armado que paralizó durante dos días el transporte y el comercio en seis departamentos del norte del país, con pérdidas millonarias para negocios y gobiernos locales. La demostración de fuerza —capacidad de imponer un cese de actividades sobre un tercio del territorio colombiano— desmentía por sí sola la tesis de que estos grupos eran "bandas emergentes" de alcance local.

Los enclaves territoriales de las nuevas estructuras reprodujeron, según datos de INDEPAZ, en gran medida los de las antiguas AUC: Urabá, Bajo Cauca antioqueño, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Meta, Vichada, La Guajira, Magdalena, Valle del Cauca. La continuidad geográfica era casi calcada, aunque algunas estructuras también desarrollaron presencia propia más allá de la herencia directa. Las economías que sostenían al conjunto eran las mismas —tráfico de drogas, extorsión, despojo de tierras, minería ilegal—, pero con un peso creciente de la última: el auge del oro en la segunda década del siglo aportó rentas comparables a las del narcotráfico en regiones como el Bajo Cauca y el sur de Bolívar. Los Botalones, vinculados a desmovilizados de las AUC rearmados, controlaban en alianza con los Rastrojos parte del negocio en Cimitarra, Landázuri, El Peñón, Bolívar, La Belleza y Puerto Boyacá, extendiéndose desde el Magdalena Medio hacia municipios vecinos.

Ese reordenamiento no fue caótico. Las nuevas estructuras heredaron redes de complicidad con élites locales, contratistas y fuerzas de seguridad que las AUC habían tejido durante años, y las adaptaron a las condiciones del posconflicto parcial: menos exhibición pública de fuerza, más control silencioso de rutas, elecciones y contratos. Donde el paramilitarismo clásico había sido ostentoso, el neoparamilitarismo aprendió a ser discreto sin dejar de ser dominante.

Las víctimas del nuevo mapa

Si la desmovilización hubiera desmontado el paramilitarismo, la reparación y la restitución de tierras habrían podido avanzar. No fue así. El proceso de DDR paramilitar afectó negativamente esos procesos: los reclamantes fueron intimidados, perseguidos y asesinados por las mismas estructuras que la categoría "Bacrim" describía como criminalidad común.

Un grupo armado posdesmovilización llegó a autodenominarse "Ejército Antirrestitución" y profirió amenazas directas contra personas y organizaciones vinculadas a la restitución de tierras en la región Caribe. Los Rastrojos firmaron amenazas contra organizaciones de reclamantes y contra la propia Unidad de Restitución de Tierras. En marzo de 2013 se produjo la primera condena judicial por el homicidio de un reclamante en Colombia: el asesinato de Rogelio Martínez en San Onofre, Sucre, perpetrado por miembros de Los Paisas. La víctima contaba con medidas cautelares de la CIDH; ni siquiera esa protección había sido suficiente.

La violencia también se ejerció hacia adentro. Según el Departamento de Policía Magdalena Medio, entre 2006 y comienzos de 2007 fueron asesinados en Barrancabermeja ocho desmovilizados de las AUC que se habían negado a reincidir; organizaciones sociales y medios de comunicación estimaban la cifra en alrededor de quince. Los homicidios fueron atribuidos a miembros activos del paramilitarismo empeñados en reconfigurar sus antiguas estructuras. Quien no aceptaba volver a las filas era eliminado. La supuesta desmovilización, en la práctica, no protegía siquiera a los desmovilizados.

En zonas urbanas, las Bacrim anunciaron en 2014 operaciones de "limpieza social" en Ciudad Bolívar y Soacha, dirigidas contra población civil marginalizada. En el norte del Cauca, líderes indígenas y sociales recibieron amenazas de muerte de grupos identificados como Águilas Negras, disidencias y ELN, en un patrón que buscaba limitar la organización y la participación política. La violencia contra la población civil, especialmente contra quienes reclamaban derechos frente al despojo, era el rasgo más constante del universo posdesmovilización, y el que menos se compadecía con la etiqueta de "delincuencia común".

El patrón de victimización tenía, además, una lógica selectiva reveladora. Los blancos no eran contendientes en un mercado ilegal, sino actores de la vida civil que amenazaban el orden territorial construido por los grupos: reclamantes que podían romper la propiedad consolidada por el despojo, líderes que podían organizar comunidades, defensores que podían llevar casos a los tribunales. Una banda dedicada al narcotráfico no necesita asesinar a un dirigente campesino; un actor con vocación de control territorial, sí.

La respuesta estatal

El Estado respondió al fenómeno que había reclasificado con las herramientas propias de la lucha antidrogas y del combate al crimen organizado: persecución de objetivos de alto valor, desarticulación de estructuras, capturas masivas. Los resultados operativos fueron significativos. Entre 2006 y 2014, la fuerza pública desarticuló más de treinta bandas, neutralizó un centenar de sus jefes y capturó o dio muerte a cerca de veinte mil integrantes. En 2013 se desarticularon Renacer y Los Machos y se capturaron múltiples jefes de los Urabeños y los Rastrojos.

El fenómeno, sin embargo, no cedía. Cada captura de un jefe desencadenaba disputas internas por el control del grupo, pero el negocio criminal seguía funcionando. La aplicación a las Bacrim de las tácticas que habían mostrado eficacia relativa contra las FARC-EP no funcionaba: capturar mandos altos o medios no desarticulaba las organizaciones ni detenía sus actividades, y los planes gubernamentales resultaban insuficientes a nivel local. El diagnóstico apuntaba a algo más profundo: décadas de paramilitarismo y narcotráfico habían generalizado, en amplias regiones del país, las habilidades para crear organizaciones de violencia rentables. Mientras existieran mercados ilegales rentables y territorios débilmente estatalizados, habría quien ocupara el lugar del capturado.

La categoría "Bacrim" contribuía a ese fracaso. Al despolitizar el fenómeno, había privado a las instituciones de los instrumentos jurídicos y de inteligencia diseñados para enfrentar actores con dimensión política y territorial. Todo se reducía a operativos, incautaciones, extradiciones. Lo que quedaba por fuera era la dimensión que sostenía a los grupos: sus vínculos con políticos locales, empresarios, agentes del Estado, financiadores de campañas, contratistas. Al negar la continuidad, la categoría desarmaba a quienes debían enfrentarla.

De Bacrim a GAO: el reconocimiento tardío

Hacia mediados de la década de 2010, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, la nomenclatura oficial cambió. La categoría "Grupos Armados Organizados" (GAO) reemplazó a "Bacrim" en el lenguaje técnico del Estado. El desplazamiento no era menor: reconocía implícitamente que ciertas estructuras tenían capacidad organizativa y control territorial superiores a los de la delincuencia común, y las habilitaba como objetivos militares —no solo policiales—, lo cual permitía a las Fuerzas Militares emplear contra ellas su capacidad de fuego bajo un marco distinto al del combate al crimen. La reformulación fue, a la vez, un ajuste operativo y una admisión tácita: la categoría "Bacrim" no había capturado el fenómeno.

En paralelo, las AGC —también llamadas Clan del Golfo o Clan Úsuga— completaron una transformación que rebasaba cualquier taxonomía criminal. Desde 2012, bajo el mando de Otoniel tras la muerte de Giovanni, concentraron su capacidad organizativa en el control de rutas de economías ilícitas, la supervisión de puertos y el control municipal. Su financiero alias Nicolás describió una organización que desplegaba más hombres en lo urbano que en lo rural, con una violencia más selectiva orientada a facilitar la actividad comercial ilegal. Entre 2012 y 2017, las AGC consolidaron hegemonía territorial y establecieron acuerdos estratégicos con otros actores armados, y su presencia se extendió con vínculos con políticos locales, empresarios y agentes del Estado, con capacidad de participar en la definición de candidaturas, financiar campañas y pactar con gobernantes la captura de rentas por vía de la contratación pública.

En 2017 llegaron al Pacífico de Nariño mediante una alianza con la disidencia de las FARC-EP encabezada por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, y crearon la estructura Cordillera Sur para controlar puntos estratégicos de minería ilegal y procesamiento de pasta de coca. Ese mismo año, la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y el vacío territorial dejado por su desmovilización desataron una disputa entre las AGC, el ELN, las disidencias, Los Caparros y otros grupos por el control de regiones como el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el norte de Antioquia. La complejidad se profundizó con la incorporación al escenario de organizaciones del crimen transnacional provenientes de México, dedicadas al tráfico de estupefacientes, cuya presencia se hizo visible en varias regiones del país.

Bajo el gobierno de Iván Duque Márquez, las AGC fueron el principal objetivo de la estrategia contra los GAO. La captura de Otoniel el 23 de octubre de 2021 en Necoclí, presentada como el mayor golpe al narcotráfico desde el sometimiento de Pablo Escobar, ilustró de nuevo la lógica del fenómeno: la estructura reaccionó con un paro armado que paralizó regiones enteras a comienzos de mayo de 2022, previo a su extradición a Estados Unidos, y el mando se recompuso bajo alias Chiquito Malo y alias Siopas. Bajo el gobierno de Gustavo Petro Urrego, iniciado en agosto de 2022, las AGC quedaron incluidas en la política de "paz total" como sujetos de negociación, en una figura de sometimiento diferenciada de las conversaciones con guerrillas: reconocimiento indirecto de que el grupo era más que una banda, y menos que un actor político pleno.

Esa figura intermedia —ni interlocutor político pleno ni mero objetivo policial— confirma, dos décadas después, que la pregunta que "Bacrim" quiso clausurar nunca se cerró. El Estado sigue negociando, en el vocabulario mismo con que trata a las AGC, aquello que en 2006 quiso dar por resuelto de un solo trazo semántico.

La huella del nombre

La vida conceptual de "Bacrim" ilustra un rasgo persistente de la relación del Estado colombiano con su propia violencia: la capacidad de gestionar mediante nomenclatura problemas que se resisten a ser resueltos mediante política. La categoría fue una operación de encubrimiento —permitió a Uribe declarar extinto el paramilitarismo, blindarse frente a la responsabilidad por la desmovilización fallida, trasladar los crímenes a la estadística de delincuencia común y vaciar de contenido los derechos derivados del reconocimiento del carácter político del actor victimario—, pero fue también una respuesta interesada a una fragmentación real que ninguna etiqueta alternativa capturaba con precisión. Lo que el Estado quería ocultar y lo que genuinamente no sabía cómo nombrar convivieron dentro de la misma palabra, y esa convivencia es parte de su eficacia.

La consecuencia práctica fue costosa. Al despolitizar el fenómeno, la categoría dificultó su tratamiento como continuidad histórica del conflicto armado, permitió a los grupos consolidarse bajo el radar del Estado contrainsurgente y dejó a las víctimas —reclamantes de tierras asesinados, líderes sociales amenazados, comunidades enteras desplazadas por segunda o tercera vez— en un limbo jurídico donde los perpetradores no eran actores armados sino delincuentes comunes. La reformulación posterior hacia "GAO" corrigió parte del problema operativo, pero no reabrió la discusión sobre la continuidad ni sobre las responsabilidades del proceso de desmovilización.

Hoy, casi dos décadas después de la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia operan en más de doscientos municipios, controlan corredores estratégicos de narcotráfico y minería ilegal, participan en la política local de vastas regiones y sostienen una capacidad de coacción territorial que ningún grupo puramente criminal alcanzaría. Nombrarlas ha sido, y sigue siendo, una forma de decidir qué hacer con ellas. Y qué no reconocer del país que las produjo.