Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

Memoria histórica

En Colombia, la expresión memoria histórica nombra algo más específico y más disputado que la evocación general del pasado: designa una política pública de esclarecimiento del conflicto armado interno, construida entre 2005 y 2018 alrededor del Grupo de Memoria Histórica y luego del Centro Nacional de Memoria Histórica, sostenida sobre una premisa metodológica —la verdad y la memoria son construcciones sociales— y una premisa ética: la voz de las víctimas es fuente legítima de conocimiento sobre lo ocurrido. De esa doble apuesta salieron, en poco más de una década, decenas de informes, un archivo audiovisual y documental de escala nacional, y la primera narrativa oficial que reconoció seis décadas de guerra como conflicto armado y no como asunto de terrorismo o narcotráfico. Esa construcción dependió siempre de una voluntad política contingente: la llegada del gobierno de Iván Duque Márquez y el nombramiento de Rubén Darío Acevedo Carmona al frente del CNMH mostraron que el edificio no tenía cimientos blindados. La memoria histórica en Colombia es, por eso, menos un consenso reparador que un campo de batalla sobre el significado del pasado reciente.

Un concepto que llega tarde y en medio del ruido

A diferencia de Argentina, Chile o el Perú del posconflicto interno, donde las luchas por la memoria arrancaron tras el final de las dictaduras o de la resolución negociada de las guerras internas, en Colombia el trabajo de memoria empezó y creció con el conflicto activo. Esa condición marcó todo lo demás. Aquí no hubo un antes y un después nítido: desde los años ochenta, organizaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos, colectivos regionales y proyectos de documentación operaron mientras las masacres, los asesinatos selectivos y el desplazamiento seguían ocurriendo. Nombres como el proyecto Colombia Nunca Más, iniciado en 1996 para visibilizar crímenes que la justicia no atendía, o entidades como Reiniciar, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Coordinación Nacional de Víctimas de la Unión Patriótica y H.I.J.O.S. sostuvieron durante dos décadas un archivo paralelo al del Estado, muchas veces contra él.

De ese sedimento previo nació la política pública. La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, articuló y encapsuló esas luchas al abrir un proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y crear la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), con el mandato de garantizar los derechos de las víctimas y hacer seguimiento a la reincorporación de los actores armados. Dentro de la CNRR se instaló un Área de Memoria Histórica y, en su interior, un Grupo de Memoria Histórica (GMH). Fue el primer dispositivo estatal con la misión explícita de construir una narrativa del conflicto desde la perspectiva de las víctimas.

Ese origen tiene un doble filo. Por un lado, el reconocimiento estatal dio recursos, legitimidad y capacidad de trabajo sostenido a un campo que hasta entonces dependía de la resistencia de las organizaciones sociales. Por otro, la memoria oficial nacía dentro del mismo Estado que había sido, en muchos episodios, actor directo o cómplice de los hechos que se proponía esclarecer. La Ley 975 fue, desde su primera versión radicada en el Senado en agosto de 2003, objeto de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia, que la calificaron como una forma de amnistía disfrazada. Sobre ese suelo agrietado se levantó, contra pronóstico, un trabajo de largo aliento.

La forja del GMH y el paso al CNMH

El GMH se consolidó en 2007 bajo la coordinación de Gonzalo Sánchez Gómez, historiador que había trabajado desde los años ochenta sobre violencia política en Colombia. La decisión metodológica de partida fue explícita: la verdad y la memoria son socialmente construidas, y por lo tanto los mecanismos participativos —el trabajo con víctimas y sus organizaciones, el diálogo con memorias locales, la triangulación de fuentes— eran condición de legitimidad. No se trataba de un dictamen de expertos sobre las víctimas, sino de una investigación con ellas.

El primer informe apareció en 2008 y fijó el estilo de la casa: Trujillo. Una tragedia que no cesa reconstruyó los sucesos violentos ocurridos entre 1989 y 1991 en ese municipio del Valle del Cauca, cruzando testimonios, documentación judicial y archivo periodístico. Le siguieron, en apenas tres años, casos emblemáticos que se convertirían en referencias del campo: La masacre de El Salado (2009), Bojayá: la guerra sin límites (2010), La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia (2010), La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira (2010), La tierra en disputa (2010–2011) y La huella invisible de la guerra (2011), entre otros. La lógica era metódica: casos escogidos por su carga simbólica, contextualizados regionalmente, devueltos a las comunidades en actos públicos, presentados a la opinión con el respaldo de medios como Semana, El Tiempo y El Espectador.

Ese trabajo se hizo en un país donde, al mismo tiempo, el ejecutivo negaba la existencia misma de un conflicto armado. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez operaba bajo una gramática distinta —la de la lucha antiterrorista— y el GMH, dentro del propio Estado, sostuvo la categoría de conflicto y colocó a la víctima en el centro. Esa tensión definió el carácter del campo: la memoria histórica institucional nació disputando al gobierno de turno el marco mismo con el que se leía la guerra.

El giro llegó con Juan Manuel Santos. El proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presentado a finales de 2010 y sancionado como Ley 1448 de 2011 el 10 de junio de ese año —en presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon—, desplazó el énfasis normativo del desmovilizado a la víctima y creó la arquitectura institucional que definiría los siguientes años: la Unidad para las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (con un Fondo que retomaba y ampliaba el creado por la Ley 975) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que absorbió y expandió el trabajo del GMH. La Ley 1448 fijó, además, el marco temporal del reconocimiento: los daños cubiertos son los derivados de hechos ocurridos a partir del 1.º de enero de 1985, con ocasión del conflicto armado interno.

Sánchez pasó de coordinador del GMH a director general del CNMH, cargo que ocuparía hasta 2018. El sello editorial cambió —de CNRR-GMH a CNMH—, pero la línea de trabajo se profundizó. En 2013 apareció el informe general ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, síntesis del conflicto entre 1958 y 2012 que se volvió, de hecho, el mapa canónico del país sobre su propia guerra: cifras de víctimas, tipologías de violencia, actores, dinámicas regionales. Ninguna publicación estatal previa había alcanzado ese nivel de reconocimiento público y académico.

El corpus: cómo se documentó la guerra

Entre 2008 y 2019, el GMH primero y el CNMH después publicaron una producción documental sin equivalente en la historia colombiana. Su rasgo distintivo fue combinar profundidad regional con enfoques temáticos y diferenciales.

En el eje de casos emblemáticos, a los informes fundacionales se sumaron reconstrucciones sobre el Bloque Centauros, el Bloque Calima, el movimiento indígena Quintín Lame y episodios como las masacres de Remedios y Segovia, tratadas en Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997, cuya segunda edición apareció en 2014 tras una revisión cuidadosa. En el eje regional, el CNMH abarcó el Caquetá, el Putumayo, Urabá, el Catatumbo, el Cesar, el Magdalena Medio, San Carlos y la Comuna 13 de Medellín, entre otros territorios. En el eje temático, se produjeron obras sobre secuestro (Una sociedad secuestrada), violencia contra periodistas (La palabra y el silencio, que cubre el período 1977-2015), desplazamiento, tierras y paramilitarismo.

El enfoque diferencial de género fue temprano y explícito. Ya en 2011 el GMH-CNRR publicó la cartilla Reconstrucción de la memoria histórica desde la perspectiva de género, y los informes Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano (2011) y El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo (2012) sistematizaron una violencia que hasta entonces había quedado subsumida en las cifras generales. Esa línea la lideró en gran medida María Emma Wills, y se amplió después hacia otros sujetos con vulnerabilidad diferencial.

Un capítulo particular es la serie multivolumen sobre desaparición forzada, coordinada por Carlos Miguel Ortiz bajo la dirección general de Sánchez: al menos tres tomos —normas y dimensiones, huellas y rostros del período 1970-2010, y un balance de la acción del Estado colombiano— que cartografiaron uno de los crímenes menos visibles de la guerra. La magnitud del problema quedaría dimensionada por las cifras de la propia Justicia y Paz: entre 2005 y el 30 de julio de 2021, se encontraron 6.460 fosas en el marco del proceso.

Otro eje relevante fue el trabajo sobre tierras, en el que el economista Absalón Machado aportó buena parte del marco analítico. Los balances de contribución al esclarecimiento histórico —al menos el balance sobre tierras se publicó en junio de 2018— buscaron condensar hallazgos temáticos transversales.

Muchos informes se hicieron en convenio con entidades externas: Colciencias y la Corporación Región (para Granada y El Topacio), la Unidad para las Víctimas (para Pueblos arrasados y Con licencia para desplazar) y el movimiento holandés PAX (para La maldita tierra). Esa cofinanciación mostró tanto una virtud —capacidad de aliar academia, cooperación y Estado— como una limitación: la producción de memoria oficial dependía de recursos externos que la política interna no siempre garantizaba.

La política editorial declarada del CNMH insistió en dos principios: pluralidad y controversia frente a las verdades dogmáticas, y transparencia en los procesos investigativos. En la práctica, la autonomía académica de los equipos —encabezados por investigadores con trayectoria propia como Sánchez, Wills, Machado, Ortiz, Pilar Rueda o Álvaro Villarraga Sarmiento— fue el mecanismo real por el cual la institución logró producir obras que no leían como comunicados gubernamentales.

Verdad judicial y verdad histórica: una brecha estructural

Uno de los debates que atraviesa todo el campo es la relación entre lo que puede decir un juez y lo que puede reconstruir un historiador. En 2012 el CNMH publicó, elocuentemente, un informe titulado ¿Verdad judicial o verdad histórica?, formulando de frente la tensión.

Los números de Justicia y Paz explican su urgencia. Tras dieciséis años de aplicación, la ley había producido apenas 92 sentencias condenatorias, una lentitud estructural que motivó su reforma mediante la Ley 1592 de 2012. Peor aún, la información entregada por los desmovilizados en versiones libres resultó, para muchas familias, insuficiente o directamente engañosa: integrantes del Bloque Mineros de las AUC removieron cadáveres de fosas comunes y los arrojaron a ríos meses antes de la desmovilización, privando a los familiares de la posibilidad de recuperar los cuerpos. Las víctimas expresaron con claridad que Justicia y Paz no entregó la verdad prometida sobre sus desaparecidos.

En ese vacío se instaló la memoria histórica como una segunda vía. Las versiones libres del proceso judicial, cuando incorporaban una diligencia llamada reconstrucción de la memoria histórica —una versión libre ampliada—, permitían al fiscal actuar en la práctica como agente de reconstrucción, aunque no era un procedimiento formal. Los informes del CNMH sobre La Rochela, El Salado o Trujillo terminaron funcionando como referentes contextuales para la propia justicia, incluida más tarde la Jurisdicción Especial para la Paz: sirvieron para elevar el estándar de la justicia transicional y contener revisionismos, aun cuando esa función no había estado en la concepción original de todos ellos.

Un dispositivo específico articuló ese cruce: el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, gestionado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH en aplicación de la Ley 1424 de 2010. A través de él, la institución recogió testimonios de personas desmovilizadas —principalmente exparamilitares rasos— mediante entrevistas realizadas al menos entre 2014 y 2015 en Bucaramanga, Apartadó, Puerto Boyacá, Ibagué y Pereira, entre otras ciudades. También se incorporaron contribuciones voluntarias de postulados a Justicia y Paz —entrevistados en centros penitenciarios como los de Itagüí y Bucaramanga—, pobladores, periodistas y exfuncionarios públicos. Con ese material se produjeron los Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones y, ya bajo la dirección de Acevedo Carmona, el Análisis cuantitativo del paramilitarismo en Colombia. Hallazgos del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, dirigido por Villarraga. Dos exhortos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá al CNMH —uno de ellos relacionado con el caso de Ramón Isaza Arango, jefe de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá— articularon formalmente la función judicial con el mecanismo no judicial de memoria. La metodología declarada fue la triangulación: contrastar los relatos de desmovilizados con fuentes judiciales, bibliográficas, históricas y periodísticas.

Las víctimas como sujetos, no como objetos

Con toda su ambición, el CNMH nunca fue el único actor del campo. La memoria histórica colombiana se hizo también —y quizá sobre todo— por fuera de él, en iniciativas locales de las víctimas que combinaron ritual, arte y política.

En El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar donde en febrero de 2000 paramilitares del Bloque Norte de las AUC asesinaron a decenas de personas durante varios días, la comunidad produjo con apoyos externos el disco Las voces de El Salado —con el músico César López y la presencia de Adolfo Pacheco— y recuperó el Monumento a las Víctimas, combinando tradición oral y expresiones artísticas en conmemoraciones que se negaron a reducir a los muertos a su condición de víctimas. En la Comuna 13 de Medellín, colectivos sociales intervinieron el cementerio La América con murales, placas conmemorativas, tejidos y rituales —el proyecto Galería Viva— para resignificar el espacio y conmemorar la Operación Orión de octubre de 2002, cuando la fuerza pública, en coordinación con estructuras paramilitares, controló militarmente el barrio. En Trujillo, San Carlos, Bojayá y otros municipios, los propios sobrevivientes construyeron casas de la memoria, salones del nunca más y monumentos que operan como archivo vivo.

Las víctimas de La Rochela —quince funcionarios judiciales asesinados en enero de 1989 en Santander cuando investigaban las masacres del Magdalena Medio— ilustran otro registro: sus familiares no buscaron protagonismo ni se integraron como activistas a colectivos amplios, aunque mantienen solidaridad afectiva con organizaciones como MOVICE; su motivación fue construir una memoria que dignificara a sus muertos y persiguiera justicia. Los familiares de víctimas de desaparición forzada, por su parte, se organizaron muchas veces por su propia cuenta para buscar la verdad, la justicia y los cuerpos, en un camino en el que fueron invisibilizados y estigmatizados por los poderes públicos y en el que varios fueron víctimas de nuevas violencias destinadas a silenciarlos.

Esa constelación de memorias locales generó tensiones permanentes con la versión institucional. En El Salado, en la zona de Remedios y Segovia, en El Castillo, en Trujillo, en San Carlos y en Bojayá, hubo diferencias entre grupos de víctimas y gestores de memoria sobre el abanico de víctimas que debía abarcarse, la orientación política del trabajo y el modo de nombrar a los distintos victimarios. La memoria no es un objeto lisonjero que descansa en las manos de los expertos: es siempre disputada.

Ese carácter conflictivo tiene una lectura precisa. Las iniciativas de memoria de las víctimas operan como actos de resistencia frente a la victimización, frente a la estigmatización y frente a la imposición de significados y olvidos por parte de los victimarios o de arreglos sociales y políticos que privilegian el olvido. Cuando el Estado asumió parte de esa tarea, lo hizo tanto como reconocimiento de una agencia previa como intento de encauzarla. La productividad del arreglo fue enorme; la asimetría, también.

La fractura: del CNMH de Sánchez al CNMH de Acevedo

El 2 de octubre de 2016, el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y las FARC fue ganado por el No. El coordinador de esa campaña llegó a asegurar públicamente que se usaron medias verdades y falsas noticias para confundir a la opinión pública. Aunque el Acuerdo fue ajustado por los firmantes y firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, aquel resultado marcó el rumbo político del país: el uribismo, agrupado en el Centro Democrático, cabalgó la victoria de la desconfianza y llegó al poder en 2018 con Iván Duque Márquez, elegido con el apoyo decisivo de Álvaro Uribe.

El gobierno Duque implementó el Acuerdo de forma limitada, se opuso hasta muy tarde a los escaños especiales en el Congreso para víctimas del conflicto y desplazó el eje explicativo de la violencia colombiana hacia el narcotráfico. Ese cambio de gramática se tradujo, en el terreno del CNMH, en un nombramiento cargado de intención: Rubén Darío Acevedo Carmona —historiador conocido por sostener públicamente la tesis de que en Colombia no ha existido un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista y criminal— asumió como director tras el fin del mandato de Sánchez en 2018.

La designación desató una crisis abierta. Organizaciones de víctimas y equipos internos denunciaron la ruptura con la línea metodológica y ética construida durante trece años. Bajo la nueva dirección, el CNMH declaró un compromiso con evitar versiones dogmáticas y verdades oficiales, invocando pluralidad y ausencia de condicionamientos ideológicos o políticos: una fórmula formalmente irreprochable que, en el contexto, funcionó como marco para relativizar los consensos ya alcanzados. La publicación del Análisis cuantitativo del paramilitarismo bajo la nueva gestión mostró que la producción documental continuó, pero el marco interpretativo se movió.

La fractura no fue accidental. Fue el desenlace previsible de un diseño institucional que subordinaba la dirección del CNMH al gobierno de turno. Nunca hubo un mecanismo de gobernanza —comité académico vinculante, participación decisoria de víctimas, blindaje frente al ejecutivo— que impidiera el uso partidista del cargo. La autonomía académica del período Sánchez fue una práctica sostenida por personas, no una garantía institucional. Cuando el gobierno cambió, la práctica cambió con él.

La Comisión de la Verdad: una segunda oportunidad

Mientras el CNMH atravesaba su crisis interna, otro dispositivo, nacido del Acuerdo de La Habana, tomó el relevo del esclarecimiento histórico. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, recibió el mandato de esclarecer en tres años y medio la verdad de más de seis décadas de conflicto armado. Su antecesor institucional lejano puede rastrearse hasta la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que precedió al Acuerdo, en la que participó Eduardo Pizarro Leongómez.

El Informe Final de la CEV, titulado Hay futuro si hay verdad, se publicó en 2022 en Bogotá: once tomos distribuidos en veinticuatro volúmenes, con ilustraciones, diagramas, fotografías, mapas a color y aparato crítico. Su ambición fue distinta a la del CNMH: no una serie de casos, sino una interpretación general y multidimensional del conflicto, con tomos específicos sobre el exilio (La Colombia fuera de Colombia) y sobre niñas, niños y adolescentes, entre otros ejes diferenciales.

La CEV formuló, además, recomendaciones vinculantes en el sentido político. Su Recomendación 12 de corto plazo instó al Gobierno nacional y al Congreso, con participación de autoridades territoriales, étnicas, academia, medios y organizaciones de víctimas, a discutir, concertar y poner en marcha una política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición, con enfoque diferencial y territorial. Es decir: reconocer que el campo no puede seguir dependiendo de una dirección designada por el ejecutivo de turno, y que su gobernanza debe ampliarse.

El programa de reparación integral a niñas, niños, adolescentes y jóvenes recomendado por la CEV, con medidas de satisfacción clasificadas en categorías institucionales, socioculturales, pedagógicas y de memoria, señala el horizonte de una política que ya no distingue entre reparación material y reparación simbólica.

La huella

La política pública de memoria histórica en Colombia dejó, en poco más de una década, tres tipos de huella.

La primera es un corpus documental de referencia. Los informes del GMH y del CNMH, sumados a los veinticuatro volúmenes de la CEV, constituyen la biblioteca básica sobre el conflicto armado colombiano: cualquier investigación, litigio o política pública sobre la guerra reciente parte hoy, por defecto, de ese archivo. Trujillo. Una tragedia que no cesa (2008) o el propio ¡Basta ya! (2013) son ya referencias canónicas, y varias obras alcanzaron reediciones —la tercera edición de Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013 apareció en 2014— que las consolidaron como material de consulta duradero.

La segunda es un cambio en la gramática pública. Antes de 2005 el país discutía si había o no conflicto armado interno; después de 2013, con ¡Basta ya! en circulación, la existencia del conflicto quedó reconocida oficialmente y la Ley 1448 asumió el marco temporal —desde 1985— como estándar del reconocimiento reparador. Que el gobierno Duque intentara desandar ese consenso muestra su fuerza: se puede disputar, pero no ignorar.

La tercera huella es más ambigua y quizá más importante. La institucionalización de la memoria histórica no reemplazó a las memorias de las víctimas, pero sí las puso en contacto con el aparato del Estado en una forma que no tiene precedente en América Latina para un país en conflicto activo. Los monumentos, las casas de la memoria, los rituales locales, los archivos comunitarios y las expresiones artísticas de El Salado, la Comuna 13, Trujillo, San Carlos, Bojayá o Bahía Portete crecieron con y contra la institución, en un pulso permanente sobre quién nombra el pasado y en qué términos.

Ese pulso no ha terminado. La memoria histórica en Colombia no es un capítulo cerrado ni un consenso alcanzado: es un campo de batalla estructural, hecho de tres brechas que la política pública no logró suturar. La brecha entre verdad judicial y verdad histórica, que la lentitud de Justicia y Paz —92 sentencias en 16 años, 6.460 fosas encontradas— hizo insalvable. La brecha entre memoria institucional y memorias locales, que se manifiesta cada vez que una comunidad discute con el CNMH el modo en que se cuentan sus muertos. Y la brecha entre autonomía académica y dependencia política, expuesta con crudeza en 2018.

Nombrar esas brechas no es descalificar el trabajo hecho: es reconocer su fragilidad. La memoria histórica en Colombia fue, entre 2005 y 2018, una construcción notable levantada sobre una base precaria. Que haya sobrevivido a su primera captura y encontrado en la CEV un segundo aire habla menos de la solidez del diseño institucional que de la persistencia de un actor que la política pública, en sus mejores momentos, se limitó a acompañar: las víctimas y sus organizaciones, que llevan cuatro décadas negándose al olvido.