Carlos Castaño Gil

Carlos Castaño Gil

Carlos Castaño Gil fue el comandante que le puso rostro, discurso y proyecto nacional al paramilitarismo colombiano. Nacido en Amalfi (Antioquia) en 1965 y desaparecido en abril de 2004, transformó las cuadrillas de venganza familiar que su hermano Fidel había levantado en el sur de Córdoba a mediados de los años ochenta en una federación armada de alcance continental: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fundadas en 1997. Vocero, ideólogo y estratega mediático de un proyecto contrainsurgente que aspiraba a disputar poder territorial y político mientras se sostenía sobre la venta de franquicias a narcotraficantes. Esa contradicción originaria —discurso antisubversivo, caja narco— lo consumió: sus propios hombres, probablemente por orden de su hermano Vicente, lo asesinaron cuando su apuesta por negociar con el gobierno de Álvaro Uribe amenazó los intereses de los traficantes que habían colonizado la estructura que él ayudó a construir. Su recorrido, en menos de cuatro décadas, condensa la mutación del paramilitarismo colombiano de guerra privada a poder de facto nacional, y del poder de facto a su fragmentación violenta.

Amalfi, el padre secuestrado y el origen de una guerra privada

Los Castaño Gil vinieron de Amalfi, municipio del nordeste antioqueño fundado en 1838 en la estela de las migraciones mineras y colonizadoras que desde finales de la Colonia dibujaron el mapa de la Antioquia rural. La casa paterna, don Jesús Castaño, era una hacienda ganadera modesta en una región donde las FARC habían establecido presencia temprana. En 1981, los frentes guerrilleros secuestraron a don Jesús. La familia intentó negociar; Fidel, el mayor de los hijos varones, se negó a pagar el rescate y anunció, según el relato que los propios hermanos repetirían durante años, que el dinero destinado a los secuestradores lo invertiría en combatirlos. El cuerpo del padre no apareció nunca. La ausencia del cadáver —esa forma particular de la muerte que impide el duelo— se convirtió en el motor mitológico de los hermanos: un secuestro sin cierre que exigía cierres violentos.

El primero de esos cierres fue Conrado Ramírez, señalado como uno de los responsables del plagio. Un magistrado que Fidel y Carlos consideraron simpatizante de las FARC lo liberó por un testimonio que juzgó sesgado. Los hermanos lo ejecutaron por su cuenta en Segovia. A partir de allí, la fórmula quedó fijada: cuando el Estado no actuaba contra los sospechosos de guerrilla o de colaboración con la guerrilla, los Castaño actuaban. Empezaron sirviendo como guías del Ejército —conocían la geografía y la gente del nordeste— y muy pronto operaron por su cuenta, sicariales y silenciosos, contra objetivos que ellos mismos identificaban.

El relato familiar oculta, sin embargo, la mitad de la historia. Los Castaño no eran ganaderos sencillos empujados a las armas por el dolor. Desde la década de 1970, Carlos y Fidel se habían involucrado en el narcotráfico, y hacia comienzos de los ochenta Fidel era ya un socio próspero del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. La colección de arte que acumuló, las haciendas que compró en Córdoba, la infraestructura de sus primeras cuadrillas armadas: todo se financió con cocaína. Carlos, más joven, comenzó su carrera formalmente como sicario, colaborando tanto con su hermano como directamente con Escobar. La venganza contra las FARC y el negocio de la droga corrieron desde el principio por el mismo cauce, y esa simultaneidad —no una deformación tardía, sino una condición original— explica buena parte de lo que vino después.

Los Tangueros, Urabá y la escuela de la masacre

A mediados de los ochenta, Fidel Castaño trasladó el centro de gravedad de su proyecto armado del nordeste antioqueño al sur de Córdoba, donde había comprado grandes propiedades. Allí conformó el grupo conocido como Los Tangueros —también llamados Mochacabezas por sus métodos—, la primera generación paramilitar cordobesa. La inserción no respondía solo al odio antisubversivo: era también una operación empresarial. La colonización antioqueña de tierras cordobesas permitía lavar dinero del narcotráfico, ganar aceptación entre las élites ganaderas locales y asegurar corredores para el tráfico de cocaína hacia el Caribe. La venganza familiar y la acumulación capitalista se articularon en el mismo movimiento.

Hacia 1987, Henry Pérez —heredero del paramilitarismo de Puerto Boyacá y del Magdalena Medio— y su padre compraron tierras en Urabá. Al año siguiente, en 1988, Pérez asesoró y coordinó con Fidel Castaño la ejecución de las primeras masacres de la zona bananera. Fue la exportación del modelo Puerto Boyacá al Urabá antioqueño y al sur cordobés: entrenamiento paramilitar, mímesis del método guerrillero, alianzas con oficiales del Ejército, financiación cruzada con narcotráfico. Grupos del norte antioqueño replicaron el molde; algunos cuadros se entrenaron directamente en el Magdalena Medio. La violencia de finales de los ochenta en Urabá, dirigida contra campesinos, trabajadores agrícolas, sindicalistas, maestros, líderes del movimiento campesino y comunidades indígenas y afrodescendientes considerados base social de la insurgencia, fue letal y sistemática. Parte de las élites regionales —hacendados y ganaderos resentidos con la actuación guerrillera— sostuvo activamente ese proyecto.

En 1990, Fidel Castaño se sometió a la justicia junto con unos trescientos de sus hombres y entregó varias haciendas. La oleada disminuyó en el sur de Córdoba, pero la estructura no se desmontó: quedó latente, con sus redes intactas, mientras Carlos maduraba en la sombra. La aparente pausa era en realidad una reconfiguración.

Los Pepes: el laboratorio de la alianza con el Estado

El punto de inflexión llegó por dentro del Cartel de Medellín. En 1992, Pablo Escobar asesinó dentro de La Catedral a Fernando Galeano y a los hermanos Moncada, dos de los grandes financistas del cartel. La brutalidad partió en dos al ala empresarial de la organización. Fidel Castaño, aliado con el Cartel de Cali y con Diego Fernando Murillo, alias Don Berna —antiguo empleado de Galeano—, formó a finales de 1992 y comienzos de 1993 la coalición conocida como los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar. La coalición reunió a enemigos que hasta entonces habían sido socios: exsocios del Cartel de Medellín, jefes del Cartel de Cali y —esto es lo decisivo— la Policía colombiana a través del Bloque de Búsqueda, con la asesoría de la CIA, la DEA y fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos.

Carlos Castaño describió después que se presentaba con frecuencia en la sede del Bloque de Búsqueda, cerca del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Allí interactuaba con agentes de las tres agencias norteamericanas, y su relación más estrecha era con la DEA. Don Berna funcionaba como enlace principal entre los Pepes, la Policía y los estadounidenses. La inteligencia extranjera se compartía con el Bloque; el Bloque, a su vez, operaba en articulación con los Pepes. El embajador estadounidense y funcionarios del gobierno de Estados Unidos conocían la colaboración y no tomaron medidas. Pablo Escobar cayó el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, y los hermanos Castaño consideraron su participación en los Pepes como una pausa dentro del proyecto paramilitar mayor.

Aquella pausa fue en realidad la escuela más productiva de su carrera. De los Pepes salieron tres cosas que definirían la década siguiente: hombres experimentados y armados —incluyendo algunos exhombres de Escobar que se sumaron a las filas Castaño—, dinero acumulado durante la persecución y, sobre todo, una red de contactos operativos con la fuerza pública y con las agencias norteamericanas. Por los crímenes de los Pepes se investigó únicamente a Fidel, Carlos y Vicente Castaño y a Eugenio León García Jaramillo, alias Taxista; solo Fidel fue condenado, por promoción y financiación de grupos armados. Los oficiales del Bloque de Búsqueda no fueron llevados a juicio pese a la evidencia acumulada por el fiscal Gustavo De Greiff. La lección para Carlos Castaño fue explícita: se podía operar al margen de la ley con la ley trabajando al lado.

En algún momento de comienzos de 1994, poco más de un mes después de la muerte de Escobar, Fidel Castaño desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. Carlos ofreció versiones cambiantes —dijo primero que la selva se lo había tragado, luego que había muerto de un tiro directo al corazón disparado por guerrilleros—, y esa contradicción alimentó durante años la sospecha de que Fidel podía estar vivo. Muerto o escondido, dejó el mando a Carlos.

Las ACCU y la federación nacional de 1997

Carlos Castaño heredó estructuras, tierras, contactos con la fuerza pública, dineros del narcotráfico y una idea. La idea —que Fidel había empezado a gestar desde 1993— era transformar los grupos regionales de autodefensa en una organización nacional con dirección única. En el sur de Córdoba y Urabá, en un territorio parcialmente vaciado por la desmovilización del EPL en 1991, las cuadrillas de la Casa Castaño reanudaron su expansión.

Entre 1994 y 1995 se consolidaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las ACCU, fundadas por Fidel, Carlos y Vicente Castaño. Absorbieron desmovilizados del EPL, incorporaron militares en retiro, se apropiaron de conocimiento de inteligencia y de práctica militar, y se apoyaron en un mimetismo organizacional respecto a la propia guerrilla. Fueron la columna vertebral de la expansión hacia Urabá, Córdoba, Sucre, Chocó, Magdalena, el resto de Antioquia, los Llanos Orientales y el Catatumbo. Desde 1994, la Casa Castaño inició un proceso de confederación de estructuras paramilitares del norte antioqueño, el Bajo Cauca y el Darién bajo la denominación ACCU.

El 18 de abril de 1997, en algún punto del Urabá, se celebró la Primera Conferencia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Allí, jefes paramilitares de distintas regiones —las ACCU y otras organizaciones— acordaron constituirse en una federación de carácter antisubversivo con aspiración a dirección única y estado mayor conjunto. Un documento político expedido ese mismo año pretendía unificar los aparatos de Córdoba-Urabá, el Magdalena Medio y el Meta bajo una estrategia nacional. La idea de una junta nacional de autodefensas no era del todo nueva —Gonzalo y Henry Pérez ya la habían intentado con reuniones entre 1986 y 1989—, pero Carlos Castaño la puso en marcha con una envergadura y una ambición inéditas.

A partir de 1997 se desplegó la mayor y más audaz expansión paramilitar en la historia del país. Las AUC llegaron a los Llanos, al Guaviare, al Catatumbo, al Magdalena, a Sucre, al sur de Bolívar, al Valle. Donde antes había grupos regionales que limitaban sus acciones a sus zonas, apareció una arquitectura federada, con vocación de proyecto nacional y con capacidad de proyectar violencia coordinada. La firma de esa arquitectura —lo que la distinguía del paramilitarismo previo— fue la combinación de expansión militar, penetración política y estrategia mediática deliberada.

El vocero: Carlos Castaño en la televisión, el libro, la página web

Fidel Castaño rehusó siempre las cámaras. Carlos hizo lo contrario. Asumió con plena conciencia la vocería política de las autodefensas, convencido de que la guerra no se ganaba solo con fusiles: había que instalar el discurso contrainsurgente en la opinión pública, arrebatarle a la guerrilla el monopolio del reclamo moral, presentar a las AUC como respuesta legítima de una sociedad agredida.

Creó una página electrónica cuando internet apenas empezaba a extenderse en Colombia. Concedió una entrevista televisiva estelar en La Noche de RCN, con Claudia Gurisatti. Recibió a delegaciones políticas, gremiales y académicas en sus campamentos del Nudo de Paramillo para explicar objetivos, justificar acciones, ofrecer análisis. Pocos días después de la masacre de El Salado —febrero de 2000, en los Montes de María— fue entrevistado en horario estelar por televisión. En 2001 publicó Mi confesión, autobiografía construida a partir de largas conversaciones con el periodista Mauricio Aranguren Molina. El libro se convirtió en éxito editorial y en documento primario para entender el discurso de las autodefensas.

El discurso funcionaba. En una sociedad hastiada de secuestros, tomas de pueblos, pescas milagrosas y atentados de las FARC, la retórica contrainsurgente de Castaño encontró eco en sectores amplios de la opinión, en gremios rurales, en ganaderos, en franjas de las Fuerzas Armadas, en columnistas influyentes. Las masacres se justificaban como golpes a la base social de la guerrilla; los muertos se convertían, por la fuerza del rótulo, en auxiliadores o guerrilleros de civil. El informe posterior del Grupo de Memoria Histórica sobre El Salado desmontaría con paciencia forense ese estigma antisubversivo: las víctimas eran campesinos, no combatientes.

La contradicción entre discurso y práctica atravesaba también al propio Castaño. En una entrevista televisiva llegó a decir que las autodefensas reemplazarían la financiación proveniente de la coca con la gasolina robada, admitiendo por la puerta lateral lo que su discurso público negaba por la principal. En Mi confesión describió operaciones urbanas de lucha antisubversiva en Medellín consistentes en el asesinato sistemático de personas acusadas de nexos con la guerrilla —a las que llamaba padrinos, aliados ocultos vestidos de legalidad—, incluyendo sindicalistas. La ofensiva urbana suponía identificar objetivos por su apariencia legal y ejecutarlos, y esa práctica pesaría de manera decisiva en la doctrina de las AUC en las ciudades.

La caja: franquicias, coca y la colonización narco de las AUC

El proyecto político requería un flujo permanente de dinero, y Carlos y Vicente Castaño lo aseguraron a través de un mecanismo que terminaría por transformar la naturaleza de la organización: la venta de franquicias. Un narcotraficante interesado en tener aparato armado propio compraba a la Casa Castaño la denominación paramilitar, asumía el sostenimiento económico de la tropa y a cambio construía una estructura que le brindaba protección territorial, ventaja frente a competidores y una eventual carta política de negociación con el Estado. El franquiciado ganaba autonomía operativa considerable; la marca AUC ganaba territorios y recursos.

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, narcotraficante del Cartel del Norte del Valle, compró la franquicia con la que dio vida al Bloque Central Bolívar, que llegaría a ser una de las estructuras más poderosas y díscolas de la federación. Otros bloques nacieron por caminos similares. Las ACCU y las AUC, bajo la lógica de los hermanos Castaño, se apropiaron directamente del control de cultivos de coca, de centros de producción de cocaína y de rutas de tráfico. Las utilidades se lavaron mediante testaferros, empresas de fachada y compra masiva de tierras. La organización combinó rentas narco con inversiones en ganadería, agroindustria y minería, y con un proyecto político de penetración del Estado.

En 1992, mucho antes de la federación, un investigador judicial que seguía al Cartel de Medellín contó que un alto mando de esa organización le señaló la foto de Vicente Castaño y dijo, sin mencionar su nombre y aparentemente con temor: Ese es el jefe más arriba que todos. La frase, si es cierta, sitúa a Vicente en la cúpula del narcotráfico desde antes de las AUC. Carlos, más visible, más discursivo, más mediático, empezaría a percibir con el tiempo que la caja narco no era instrumento de su proyecto: era el proyecto real que había detrás del suyo.

Los motivos de quienes compraban franquicia eran cada vez más políticos y menos contrainsurgentes. Se anticipaba desde finales de los noventa que un eventual proceso de paz con las autodefensas ofrecería una salida jurídica —convertirse en bandido político, blanquear capitales, obtener beneficios judiciales, esquivar tal vez la extradición— que ningún narcotraficante puro podía soñar. La franquicia paramilitar era, además de aparato armado, un salvoconducto de futuro.

Ejército, políticos, Ralito

La expansión no habría sido posible sin la articulación con la fuerza pública. Salvatore Mancuso —a quien Carlos Castaño le encomendó crear el Bloque Norte de las AUC, facilitándole una Convivir legal como bisagra entre institucionalidad y autodefensa ilegal— declaró décadas después ante la Comisión de la Verdad que la articulación con las Fuerzas Militares resultó en pactos para enfrentar conjuntamente al enemigo de la nación, con el respaldo de comandantes militares y de otras instituciones del Estado. En Córdoba, la Brigada 11 del Ejército, creada en 1987, respaldó las operaciones de la Casa Castaño; documentos del DAS registraron vínculos comprometedores entre varios de sus oficiales y Fidel Castaño.

La proyección política llegó al punto más alto en el Pacto de Santa Fe de Ralito, firmado en el corregimiento del mismo nombre, en Tierralta (Córdoba), entre dirigentes significativos de las AUC —incluyendo a Mancuso, a Jorge 40 y a otros comandantes— y más de cincuenta políticos: senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores, principalmente de la región Caribe. El propósito declarado era refundar la patria. La ambición real era traducir el control territorial paramilitar en representación parlamentaria y construir, con financiación narco, un bloque político con capacidad de reformar el Estado desde adentro. La proliferación de partidos y movimientos que había habilitado la Constitución de 1991 —Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Convergencia Popular Cívica, Moral, Mipol, Equipo Colombia, Apertura Liberal, Sí Colombia, Alas, Cambio Radical, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Nacional Progresista, Dejen Jugar al Moreno, entre otros, además de sectores del liberalismo y el conservatismo tradicionales— ofreció el andamiaje jurídico ideal para esa penetración.

En 2002, Carlos Castaño declaró públicamente que no tenía influencia directa sobre legisladores, pero admitió que el 35% del Congreso era elegido en zonas de influencia de las AUC. En 2005, su hermano José Vicente afirmó que ese 35% de aliados en el Congreso se mantenía y que esperaba aumentarlo en las siguientes elecciones. La cifra —fría, contable, sin épica— sería la que años después alimentaría el escándalo de la parapolítica y llevaría a la cárcel a decenas de congresistas.

Pero Ralito era también el punto donde el proyecto de Carlos Castaño empezaba a írsele de las manos. El pacto contravenía sus intereses: se había distanciado ya de los dirigentes del Bloque Norte y de la facción más afín al narcotráfico. La coordinación política se estaba trazando por caminos que él ya no controlaba.

Ruptura: el Plan Birmania, el Bloque Central Bolívar y la negociación con Uribe

Álvaro Uribe llegó a la Presidencia en agosto de 2002 con la promesa de someter tanto a la guerrilla como a los paramilitares. Un grupo de líderes de las AUC —Carlos Castaño entre ellos— aceptó un cese al fuego unilateral mediante carta al presidente, acogiendo su exigencia a partir del 1 de diciembre de 2002. El 23 de diciembre, el gobierno nombró una Comisión Exploratoria de Paz. Los primeros contactos se hicieron en la hacienda Jaraquiel, en los límites entre Córdoba y el Urabá, donde el alto comisionado Luis Carlos Restrepo se reunió con los jefes paramilitares. Carlos Castaño estuvo en esa primera mesa.

La fractura interna se hizo visible de inmediato. Los comandantes del Bloque Central Bolívar —Macaco, Ernesto Báez— no aparecieron como firmantes en la declaración pública de noviembre-diciembre de 2002. Su comandancia general se mantuvo al margen de la fase exploratoria durante toda su duración. Se venía perfilando además una iniciativa conocida como Plan Birmania, una alianza con narcotraficantes dirigida también contra la institucionalidad estatal. Carlos Castaño se opuso frontalmente. A ese rechazo sumó objeciones explícitas contra Báez y contra Macaco por sus nexos con la producción ilícita de droga, aunque no las hizo del todo públicas.

La negativa fue leída internamente como traición. La estructura que Castaño había federado en 1997 llevaba años saturándose de intereses narco puros; los franquiciados habían dejado de ser socios subordinados para convertirse en dueños de facto de bloques enteros. Cuando el jefe visible del proyecto empezó a distanciarse de esos intereses, cuando su apuesta por negociar con Uribe amenazó convertirse en salvoconducto para la desmovilización sin ellos, se volvió un obstáculo. La renuncia de Castaño a la comandancia de las AUC no fue una salida noble: fue la señal de una guerra interna que iba a resolverse por vías conocidas.

Gustavo Petro, entonces congresista, le había advertido a Castaño en una conversación personal que el narcotráfico terminaría por destruirlo desde adentro y que serían sus propios hombres quienes lo matarían, no la guerrilla ni la izquierda. La advertencia se cumplió con precisión de manual.

Abril de 2004

Carlos Castaño Gil desapareció en abril de 2004. La versión más asentada —presentada por buena parte de las investigaciones y aceptada por la Fiscalía— es que fue asesinado por hombres bajo órdenes de su hermano Vicente. La motivación probable: el temor de los grandes narcotraficantes ante un jefe que ya no controlaban y que —según algunas lecturas— habría estado explorando contactos con autoridades extranjeras, posiblemente estadounidenses, para negociar de manera individual. Como con el padre en 1981 y con Fidel en 1994, el cuerpo no apareció durante años. La desaparición se convirtió, para los tres Castaño, en la forma final de la muerte.

Vicente Castaño no sobrevivió mucho a su hermano. Probablemente también fue asesinado por sus socios en 2007, después de haber ordenado o participado en la muerte de Carlos. La Casa Castaño, que había fundado el paramilitarismo cordobés en los ochenta, federado el nacional en 1997 y llevado la parapolítica a las puertas del Congreso, se extinguió por vía de fratricidios sucesivos en menos de una década. Los bloques que Carlos había ayudado a construir se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo la Ley de Justicia y Paz, y buena parte de sus mandos —Mancuso, Macaco, Jorge 40, Don Berna, Báez— fueron extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico en mayo de 2008. La extradición demostró, con crudeza jurídica, cuál había sido la naturaleza real de la organización que Carlos Castaño había vestido de proyecto político.

La huella

La figura de Carlos Castaño resiste tanto la hagiografía como la caricatura. No fue un ganadero empujado a las armas por una tragedia familiar: fue un narcotraficante de segunda generación que instrumentalizó una tragedia real para construir un proyecto armado con vocación política. Tampoco fue un simple sicario devenido en jefe: fue el estratega mediático más eficaz que haya tenido la contrainsurgencia colombiana, y el arquitecto consciente de una federación paramilitar que ninguna otra figura logró siquiera imaginar. Fue las dos cosas a la vez, sin contradicción interna resuelta.

La tensión que lo definió —discurso contrainsurgente y práctica narco— no fue una deformación del proyecto: fue el proyecto. Desde los años setenta, cuando él y Fidel entraron al negocio de la cocaína, la Casa Castaño operó en la misma cadena que combatía retóricamente. La venta de franquicias en los años dos mil no fue una desviación tardía sino la lógica constitutiva llevada a escala. Y cuando Castaño intentó, al final, poner distancia con los nexos más flagrantes —rechazando el Plan Birmania, cuestionando a Báez y a Macaco, apostando por la negociación con Uribe—, ya era tarde: la estructura que había federado le pertenecía menos a él que a quienes la financiaban.

Su legado material es visible. La expansión paramilitar de 1997-2006, cuya arquitectura él diseñó, dejó centenares de masacres, millones de desplazados, decenas de miles de asesinatos selectivos, tierras acumuladas por vías criminales y una penetración de la política nacional cuyas ramificaciones —desde la parapolítica hasta las estructuras herederas conocidas como bandas criminales o bacrim— siguen operando. El discurso que él instaló en la opinión pública —el que convierte a víctimas civiles en base social de la guerrilla, el que presenta al paramilitarismo como respuesta legítima frente a la incompetencia estatal— sobrevive en franjas amplias del debate colombiano, con o sin sus rótulos originales.

Su legado biográfico es más ambiguo. Mi confesión sigue siendo documento primario para entender cómo se pensaba a sí mismo el paramilitarismo colombiano en su momento de mayor poder. Las entrevistas televisivas, la página web, los encuentros con delegaciones: todo eso constituyó una operación pedagógica cuyos efectos —haber vuelto discutible lo indiscutible, haber vuelto pronunciable lo indecible— pesan aún sobre la cultura política del país. Y su muerte, ordenada por su propio hermano en abril de 2004, cerró la parábola con la misma pedagogía brutal: quien construye poder sobre el narcotráfico termina siendo administrado, y eventualmente eliminado, por él.

Amalfi, el pueblo del que salieron los Castaño Gil en los años setenta, sigue existiendo en el nordeste antioqueño, con sus calles empinadas y su historia minera. Los tres hermanos —Fidel, Carlos y Vicente— desaparecieron sin sepultura conocida en un lapso de trece años, entre 1994 y 2007. El padre secuestrado en 1981, cuyo cuerpo tampoco apareció nunca, quedó así emparentado con sus hijos en la misma forma de muerte: la que no permite el duelo. Es difícil no ver en esa simetría involuntaria una alegoría de lo que Carlos Castaño Gil construyó y de lo que terminó por destruirlo.