Gloria Cuartas Montoya

Gloria Cuartas Montoya

Gloria Cuartas Montoya es una de las figuras más singulares de la política civil colombiana de las últimas tres décadas: la mujer que gobernó Apartadó entre 1995 y 1997, en el momento más sangriento de la guerra en Urabá, y que tres décadas después llegó al gobierno de Gustavo Petro con una trayectoria continuada de defensa de derechos humanos, mediación en el conflicto armado y militancia en la izquierda democrática. Su nombre está asociado a un episodio muy preciso —una alcaldía ejercida bajo fuego cruzado, sin protección estatal efectiva, en la región bananera del noroccidente antioqueño—, pero su relevancia rebasa ese cargo. Cuartas encarna un modo particular de hacer política pública desde la resistencia civil: gobernar territorios que el Estado central ha delegado en los actores armados, sostener la autoridad municipal cuando su legitimidad es cuestionada tanto por guerrilleros como por paramilitares, y trasladar esa experiencia local a la escena nacional e internacional de los derechos humanos y la construcción de paz.

Una figura formada en el filo

Cuartas es, ante todo, una política de posguerra fría formada en el cruce entre tres corrientes que atravesaron a la izquierda colombiana de las décadas de 1970 y 1980: el activismo universitario, el catolicismo social vinculado a la teología de la liberación y las causas locales de derechos humanos frente a la violencia estatal y paraestatal. Su relevancia histórica no se agota en la alcaldía de Apartadó. Es también el símbolo de un tipo de liderazgo civil —femenino, no armado, territorial— que en Colombia ha pagado un precio alto: el exilio, la amenaza permanente, la sospecha institucional de estar del lado de la guerrilla, la soledad ante un Estado que rara vez respalda a quienes lo representan en las zonas donde su presencia es más frágil.

Su figura interesa por lo que ilumina de la política colombiana contemporánea. Muestra cómo los territorios producen líderes con lenguajes que las capitales tardan en entender; cómo las mujeres que llegaron a cargos de elección popular en los años ochenta y noventa tuvieron que disputar simultáneamente la autoridad política y la legitimidad de género; y cómo la trayectoria personal de una funcionaria puede convertirse en el hilo que conecta la Urabá bananera de los años noventa con la mesa de negociación de La Habana y, finalmente, con la implementación del Acuerdo de Paz bajo el primer gobierno de izquierda del país.

Los orígenes: universidad, teología y una idea de 1985

Los años formativos de Cuartas coincidieron con el ciclo de politización universitaria más intenso de la historia colombiana reciente. Desde comienzos de los años ochenta se involucró en el activismo político universitario a través de grupos de estudio, trabajo comunitario y actividades culturales, una fórmula típica del activismo de izquierda de la época. Aquel activismo se organizaba en torno a lo que se llamaba una línea: círculos de estudio articulados con trabajo voluntario en comités barriales y con expresiones culturales —conciertos, poesía, teatro— que servían de puente entre la militancia política y los sectores populares.

Ese ambiente intelectual y afectivo importa. En los años setenta, el activismo colombiano de izquierda todavía no se articulaba mayoritariamente en el lenguaje de los derechos humanos, sino como respuesta a una situación social dramática: la palabra clave era la desigualdad, no el derecho. Las referencias que en aquel momento circulaban al respecto —en revistas como Alternativa— remitían al Cono Sur, sobre todo al Chile posterior al golpe de 1973. La categoría de derechos humanos entró en Colombia como préstamo de esa experiencia, y solo se aclimató plenamente en los años ochenta, cuando los primeros asesinatos sistemáticos de defensores locales la volvieron urgente.

La otra corriente que atravesó a esa generación fue la teología de la liberación. En Colombia, como en el resto de América Latina, ese catolicismo comprometido con el cambio social fue leído en el imaginario popular y por los aparatos de seguridad como sinónimo de revolución, socialismo, izquierda y comunismo. Los movimientos ligados a esa corriente estuvieron en la mira de la CIA y de organizaciones de seguridad nacionales, aunque en la práctica el catolicismo social latinoamericano de los años sesenta, setenta y ochenta fue plural en sus acciones, sus objetivos y sus motivaciones, imposible de reducir a una sola etiqueta ideológica. Cuartas se formó en esa zona ancha —a la vez creyente y política— donde el trabajo con comunidades pobres se pensaba como una forma de fe.

El año bisagra fue 1985. Cuartas lo describiría después como el año de la vida y de la muerte: perdió a su madre, nació su hijo, y el país vivió el holocausto del Palacio de Justicia, la tragedia de Armero y los primeros asesinatos sistemáticos de defensores de derechos humanos. En su relato, esa convergencia de duelos personales y colectivos fue el momento en que nació la idea de construir un movimiento por la vida, apoyado en métodos pacíficos. No fue una decisión abstracta, sino una respuesta biográfica a un año que resumió en pocos meses todas las formas de muerte posibles en Colombia: la muerte militar, la muerte natural elevada a catástrofe por la incuria estatal y la muerte selectiva contra quienes empezaban a hablar de derechos.

Urabá: el laboratorio de la violencia

Para entender la alcaldía que Cuartas ejerció entre 1995 y 1997 hay que entender primero Urabá, el escenario formativo de su trayectoria pública.

Urabá fue, desde los años setenta, un experimento colombiano de crecimiento acelerado. El boom bananero transformó Apartadó de un poblado de 4.000 habitantes en 1965 a 50.000 en 1975. La región generó cerca de 50.000 empleos, pero también condiciones de altísima desigualdad, ausencia casi total de servicios públicos y proliferación de economías ilegales. Ese fue el terreno estructural sobre el cual se desplegaron después el conflicto sindical y armado.

En ese contexto se formaron dos actores centrales. Por un lado, un sindicalismo poderoso, ligado en buena medida a la izquierda armada y desmovilizada: Sintrainagro agrupaba a los trabajadores de las empacadoras y las fincas, y barrios como La Chinita, en Apartadó, eran invasiones promovidas por antiguos militantes del Partido Comunista Marxista Leninista para dar vivienda a los obreros del banano; La Chinita alcanzó al menos 5.000 familias, muchas de ellas ligadas al Ejército Popular de Liberación desmovilizado. Por otro lado, una coalición de élites —ganaderos, narcotraficantes y el gremio bananero agrupado en Augura— financió la formación de milicias paramilitares privadas para reprimir el poder sindical y laboral creciente.

La violencia contra los trabajadores fue temprana y sistemática. En marzo de 1988, un grupo de aproximadamente treinta paramilitares encapuchados masacró a trabajadores sindicalizados en las fincas bananeras La Honduras —corregimiento de Currulao, municipio de Turbo— y La Negra: 17 muertos en la primera, todos afiliados a Sintrainagro, y 4 en la segunda. Los atacantes gritaban consignas contra la Unión Patriótica y el Frente Popular. Fue el aviso: en Urabá, la organización obrera se pagaría con la vida.

Sobre esa violencia paramilitar se sumó la de la guerrilla. El 23 de enero de 1994, una estructura miliciana de las FARC-EP perpetró la masacre de La Chinita en Apartadó: 35 miembros de Esperanza, Paz y Libertad —el partido nacido de la desmovilización del EPL— fueron asesinados en su propio barrio. Las FARC reconocerían el hecho como crimen de guerra el 30 de septiembre de 2016, en el marco del proceso de La Habana. Entre los dos fuegos, la población de Urabá fue objeto de una domesticación violenta del sindicalismo y la organización comunitaria: una estrategia sistemática de eliminación y desplazamiento destinada a transformar las lealtades políticas de la región y reconfigurar de raíz su tejido social.

Ese fue el municipio que recibió a Gloria Cuartas.

La alcaldía de Apartadó (1995–1997): gobernar sin Estado

Cuartas asumió la alcaldía de Apartadó en enero de 1995. El país entero sabía en qué consistía el cargo: administrar un municipio donde el Estado central estaba materialmente ausente, donde las estructuras armadas —guerrillas y paramilitares— disputaban el control territorial calle por calle, y donde los alcaldes eran objetivo militar por definición.

La ofensiva paramilitar sobre Urabá se intensificó durante 1995. El 18 de mayo de ese año, el Concejo Municipal de San José de Apartadó pidió formalmente una tregua a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Fue el gesto de una autoridad civil que reconocía, con una franqueza desusada, que el Estado no podía protegerla y que la única vía disponible era negociar directamente con quienes la asediaban. Una semana después, los alcaldes de las principales poblaciones de la región viajaron a Bogotá y se reunieron con el presidente Ernesto Samper para pedirle ayuda. No la obtuvieron. En julio, el ministro de Gobierno Horacio Serpa declaró que el Gobierno no autorizaría conversaciones entre la guerrilla y las Autodefensas, argumentando que hacerlo equivaldría a repartir el país entre actores ilegales. La postura tenía su lógica jurídica, pero dejaba a los alcaldes de Urabá exactamente donde estaban: solos.

Ese abandono es el dato decisivo para entender la alcaldía de Cuartas. Su gestión no fue una gesta individual heroica ni una anomalía de la política colombiana; fue la cristalización institucional de una situación estructural: un Estado que había subcontratado el control territorial en los actores armados, un gobierno central que no respaldaba a sus propios funcionarios civiles, y unas élites regionales que financiaban milicias privadas para conservar el orden productivo del banano.

Cuartas hizo entonces lo único que quedaba: sostener una autoridad civil visible, denunciar la violencia sin distinción entre actores, mantener canales con la comunidad y con la comunidad internacional, y ejercer el cargo hasta el final del período. La decisión de quedarse fue el factor contingente que impidió que Apartadó quedara reducido a un caso más de derrota civil. En un contexto en el que otros optaron por renunciar, exiliarse o alinearse con alguno de los bandos, ella eligió persistir como alcaldesa en ejercicio, con esquema mínimo, en una ciudad donde su vida corría riesgo cotidiano.

La experiencia se inscribe en una tradición que después se agruparía bajo la denominación general de resistencia civil. Desde 1999, cuando se estableció el Premio Nacional de Paz, fueron postuladas más de ochocientas experiencias locales de resistencia frente a actores armados. Muchas de ellas surgieron de contextos de violencia extrema en los años noventa. La alcaldía de Cuartas fue uno de los referentes visibles de ese repertorio: la idea de que el municipio, la autoridad electa y la comunidad podían constituir una barrera legítima —desarmada— frente a la guerra.

La disputa de género en la política municipal

Hay una dimensión de la alcaldía de Cuartas que se suele omitir cuando se cuenta la historia solo como epopeya del coraje. Gobernar Apartadó bajo fuego fue también, para ella, disputar la autoridad femenina en un espacio donde la legitimidad política de las mujeres era cuestionada por partida doble: por los actores armados, que no reconocían la autoridad civil en general, y por los propios pares institucionales, que aún no aceptaban del todo la presencia de mujeres en cargos de elección popular.

El patrón venía de atrás en la política antioqueña. Jael Cano, primera concejala elegida popularmente en el Concejo Municipal de Segovia en 1988, representando a la Unión Patriótica, enfrentó sabotajes y descalificaciones sexistas de sus pares hombres, con episodios como el del concejal Jesús María Molina, que la increpó preguntándole quién le lavaba las ollas en su casa. Diana Cardona Saldarriaga, abogada y militante de la UP, se convirtió en pionera al alcanzar una alcaldía, y sería después asesinada. La violencia política contra las mujeres se sumaba a una violencia de género preexistente en los entornos domésticos, vulnerando los espacios que ellas asumían como definitorios de sus vidas.

Cuartas heredó esa doble desventaja. Los prejuicios que asocian a las mujeres con lo doméstico y el cuidado constituyen, en Colombia, una barrera estructural para construir influencia o autoridad política. En una región tan masculinizada como Urabá —dominada por la lógica del monte, el fusil y la finca— ejercer la alcaldía siendo mujer implicaba resistir simultáneamente el asedio armado y una cultura política que dudaba de la capacidad femenina para gobernar. Que lo haya hecho hasta el final del período, con presencia pública y sin abandonar el cargo, es en sí mismo un dato relevante de la historia de las mujeres en la política colombiana.

Amenaza, exilio y la política de los sobrevivientes

Terminada la alcaldía, Cuartas se incorporó a la red más amplia de defensores de derechos humanos y constructores de paz que operaba en Colombia y en el exterior. Esa red compartía una condición común: la sospecha institucional y social de estar vinculada a la guerrilla. Quienes ejercieron liderazgo civil por la paz en Colombia desde mediados de los años ochenta cargaron con esa marca, que aumentaba su vulnerabilidad de forma directa. En un país polarizado, cualquier iniciativa de paz o de derechos humanos quedaba, para amplios sectores, bajo la sombra automática de la guerrilla.

Las consecuencias fueron previsibles. Militantes de la Unión Patriótica, ante la persecución sistemática, optaron por autoexiliarse al sentirse convertidos en enemigo interno, sin trámite formal de refugio, y vivieron períodos de desconexión deliberada de la realidad colombiana como forma de supervivencia psicológica. Los que se atrevieron a denunciar públicamente las desapariciones de sus compañeros recibieron amenazas mediante panfletos y llamadas telefónicas incluso en los países de acogida, en un patrón de hostigamiento transnacional que buscaba silenciar la denuncia. El propio proceso de denunciar podía estar inhibido por promesas hechas a las víctimas antes de que desaparecieran, y solo la intervención de terceros de confianza lograba, en algunos casos, que los familiares rompieran el silencio y asumieran el riesgo de hablar. Ese entramado psicológico y político —el silencio como lealtad, la denuncia como traición al ser querido— fue el fondo sobre el que operaron durante décadas las organizaciones de derechos humanos colombianas.

Cuartas se movió en esa red. Llevó su voz a foros internacionales, universidades, plataformas de derechos humanos y espacios europeos de solidaridad con Colombia. La proyección internacional no fue un adorno curricular: fue una estrategia de supervivencia. Los defensores colombianos aprendieron temprano que la visibilidad externa era, muchas veces, la única protección real frente a un Estado que no los amparaba y unos actores armados que los tenían en la mira.

La red: nombres, ideas, lugares

La trayectoria de Cuartas se teje con figuras específicas de la política colombiana de las últimas cuatro décadas. En el flanco de la izquierda democrática, sus interlocutores naturales han sido Piedad Córdoba, Iván Cepeda Castro —hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994— y la generación de dirigentes que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica y que en las décadas siguientes reconstruyó un espacio político legal para la izquierda. Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la UP asesinado en 1990, es la figura tutelar de ese universo: su muerte marcó la evidencia de que la vía electoral no bastaba para proteger la vida de quienes optaban por la política sin armas.

Del otro lado se sitúan los nombres que definieron el poder regional y nacional durante los años en que Cuartas ejerció la alcaldía y en los siguientes: Carlos Castaño Gil y Fidel Castaño, artífices del proyecto paramilitar antioqueño y cordobés que después se nacionalizó como Autodefensas Unidas de Colombia; y Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 —los mismos años exactos de la alcaldía de Cuartas— y presidente de Colombia entre 2002 y 2010. La coincidencia temporal con Uribe en la gobernación es reveladora: durante todo el período de Cuartas en la alcaldía, la autoridad departamental estuvo en manos del político que después consolidaría un proyecto de seguridad democrática opuesto en casi todo al lenguaje de la resistencia civil y los derechos humanos con el que ella se identificaba.

Juan Manuel Santos, presidente entre 2010 y 2018, protagonizó el ciclo posterior con la firma del Acuerdo de Paz. En junio de 2015, durante una visita a Noruega —uno de los países garantes del proceso de La Habana—, Santos declaró que Colombia ya había entrado en el período de posconflicto, antes incluso de que se firmara el acuerdo definitivo. La delegación negociadora del gobierno en La Habana incluyó, entre otros, a la canciller María Ángela Holguín y a Gonzalo Restrepo, designados como plenipotenciarios en mayo de 2015 por su experiencia diplomática y de negociación. Cuartas no formó parte de ese círculo formal, pero sí del universo más amplio de organizaciones civiles que acompañaron y presionaron el proceso.

Sobre esa red de actores se superpone una geografía reconocible. Apartadó es el municipio emblemático, el nudo donde todo se anuda; alrededor, el eje bananero de Chigorodó, Turbo y Carepa, cada uno con su propia historia de sangre. Medellín aparece como la capital departamental que orbita sobre esa periferia, y Córdoba, más al norte, como la retaguardia donde el proyecto paramilitar tuvo su cuna. Manizales suma un espacio académico al recorrido, y Bogotá, al fondo, es la escena donde la política nacional decide o desatiende lo que en Urabá se juega en cuerpos concretos.

El proceso de paz y su implementación

La negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en La Habana marcó el ciclo político en el que la trayectoria de Cuartas encontró su prolongación natural. El acuerdo incorporó el enfoque de víctimas como eje central, estableciendo que los miembros de las FARC deberían hacer declaraciones exhaustivas de verdad y ser juzgados por un tribunal en el marco de la justicia transicional, con el doble objetivo de la paz y la no repetición. Ese enfoque coincidía con lo que Cuartas y las organizaciones afines venían defendiendo desde los años noventa: verdad, reparación, garantía de no repetición y centralidad de las víctimas.

El plebiscito de refrendación se realizó el 2 de octubre de 2016 y fue rechazado por el No, en uno de los resultados más traumáticos de la democracia colombiana reciente. Regiones enteras del país, incluidas las del Eje Cafetero, votaron mayoritariamente en contra: 60,13 % en Quindío, 57,9 % en Caldas y 55,69 % en Risaralda. El acuerdo se renegoció y se firmó de nuevo, y su implementación arrancó con dificultades. Se crearon 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación en distintas zonas del país para facilitar las fases iniciales de adaptación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil.

Alrededor de ese proceso se articuló un amplio arco de organizaciones propaz: Viva la Ciudadanía, la Ruta Pacífica de las Mujeres, Casa de la Mujer, Redepaz y Rodeemos el Diálogo confluyeron con figuras políticas como Ernesto Samper —el mismo que en 1995 no había podido responder al SOS de los alcaldes de Urabá—, Iván Cepeda y Ángela María Robledo. El Consejo Nacional de Paz, creado por la Ley 434 de 1998, ya había establecido desde antes el marco institucional para la participación civil en la construcción de paz, con delegados de instituciones estatales y de diversos sectores sociales.

Cuartas se movió en ese ecosistema con la legitimidad acumulada de dos décadas de trabajo: había sido alcaldesa en la peor Urabá posible, había sostenido la interlocución con víctimas y comunidades desplazadas, había representado a Colombia en foros internacionales y había resistido las amenazas y sospechas que acompañaron a esa trayectoria. Su presencia en el ciclo de implementación del Acuerdo no fue simbólica: fue funcional al ensamblaje de un lenguaje de política pública para el posconflicto que combinara reparación a las víctimas, retorno a los territorios y garantías para el liderazgo social.

El gobierno Petro y el cierre de un ciclo

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia en agosto de 2022 abrió un ciclo inédito en la política colombiana: el primer gobierno de izquierda democrática en la historia del país. Para una generación de dirigentes formados en la resistencia civil, la teología de la liberación, la militancia estudiantil de los años setenta y la larga travesía de la UP, el gobierno Petro representó la posibilidad de trasladar al aparato estatal el lenguaje que durante décadas se había construido desde afuera.

Cuartas se incorporó al gobierno con la tarea de aportar, desde el ejecutivo, a la implementación del Acuerdo de Paz y a la política de paz total impulsada por Petro. Su papel se comprende como el cierre lógico de un arco vital: la alcaldesa que gobernó Apartadó cuando el Estado central la abandonó pasó, tres décadas después, a operar desde el Estado central en la implementación de las obligaciones que ese mismo Estado firmó en La Habana. La biografía y la política terminaron por converger.

La convergencia tiene sus fricciones. La política de gestión municipal —cercana al territorio, con relaciones directas, permeable a las demandas comunitarias— opera con tiempos, escalas y contrapesos distintos a los de la administración central, atravesada por procedimientos burocráticos, equilibrios partidistas y compromisos macroeconómicos. Muchos dirigentes de la resistencia civil que llegaron al gobierno Petro han enfrentado esa distancia entre lo que enunciaron desde afuera y los márgenes de maniobra que encuentran desde adentro. Cuartas no es la excepción.

La paz total, marco general de la política de Petro para reactivar diálogos con las estructuras armadas todavía activas —el ELN, disidencias de las FARC agrupadas bajo la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo—, extendió el terreno de trabajo a escenarios donde la interlocución con actores armados no es una novedad para Cuartas: es exactamente lo que hizo el Concejo de San José de Apartadó en 1995. La diferencia es que ahora la mediación se ejerce desde el aparato del Estado, no contra su ausencia. La implementación del Acuerdo de La Habana, además, sigue tropezando con obstáculos documentados: el asesinato continuado de excombatientes en proceso de reincorporación, el asesinato sistemático de líderes sociales en las regiones priorizadas, y las tensiones entre la Jurisdicción Especial para la Paz y sectores políticos que la impugnan desde el Congreso y desde el debate público. En ese terreno se juega el tramo final de la trayectoria de Cuartas: en la distancia entre lo firmado en 2016 y lo efectivamente ejecutado en los territorios donde ella se formó políticamente.

Ese arco cierra un patrón. La alcaldesa que en 1995 pedía a Bogotá una protección que no llegó ocupa, en 2022, una posición desde la cual son otros los alcaldes y liderazgos comunitarios que hacen la misma solicitud al Estado central. El lugar del emisor y el receptor se invirtieron, pero la estructura del problema —Estado central lejano, territorios asediados, autoridad civil sin garantías— sigue reconocible.

La huella

La huella de Gloria Cuartas Montoya se lee, ante todo, en Apartadó. Su alcaldía convirtió al municipio, aunque fuera brevemente, en el emblema nacional de una posibilidad concreta: que la autoridad civil, sin armas y con respaldo comunitario, pudiera sostenerse en medio de la guerra. La prueba estaba en los hechos. El propio Concejo de San José de Apartadó había pedido tregua a las autodefensas en mayo de 1995, y las comunidades campesinas de la zona construirían después figuras propias como la Comunidad de Paz de San José, con la que Cuartas mantuvo interlocución. La experiencia de Urabá durante su alcaldía se integró al repertorio nacional de resistencia civil.

Esa huella se prolonga en la genealogía de mujeres —Jael Cano, Diana Cardona Saldarriaga, tantas otras— que abrieron a fuerza de persistencia el acceso femenino a la política local colombiana, disputando simultáneamente la autoridad electa y la legitimidad de género en municipios donde ambas se les negaban. Cuartas pertenece a esa línea, y le añade la variable del cargo ejecutivo ejercido bajo asedio.

Y se prolonga, por último, en el arco largo de la política nacional. Su trayectoria conecta el ciclo de violencia de los años ochenta y noventa con el ciclo de negociación y posconflicto de las décadas siguientes, y con el ciclo de gobierno de izquierda que se abrió en 2022. Pocas figuras contemporáneas han transitado tantas fases del conflicto colombiano manteniendo una posición coherente: no armada, no partidista en sentido estricto, atenta a las víctimas, sospechosa para el establecimiento y molesta para los actores armados de todos los bandos.

Es una trayectoria que exhibe también las derrotas del proceso. La domesticación violenta del sindicalismo en Urabá se consumó; la Unión Patriótica fue exterminada; el plebiscito de 2016 fue rechazado; los líderes sociales continúan siendo asesinados. El referente que representa Cuartas no es el de una causa que triunfó, sino el de una posición que se sostuvo a lo largo de casi cuatro décadas, en cargos electos, en foros internacionales y, finalmente, en el ejecutivo nacional.