ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos)

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)

La ANUC nació el 2 de mayo de 1967 por decreto presidencial y en apenas tres años se convirtió en la organización campesina más grande que ha tenido Colombia: cerca de un millón de afiliados, presencia en las zonas de latifundio ganadero de la Costa Caribe, los valles interandinos y los Llanos Orientales, y una capacidad de ocupación de tierras que no ha vuelto a repetirse. Fue creada desde arriba, por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, como pieza institucional de la reforma agraria; se volvió, muy pronto, movimiento autónomo con programa propio. Esa dualidad —hija del Estado, adversaria del orden agrario— define su trayectoria y explica también su destrucción: entre 1972 y 1977, la contrarreforma legislativa firmada en Chicoral, la escisión promovida desde el gobierno de Misael Pastrana Borrero y las tensiones internas entre corrientes de izquierda desmontaron una organización que había llegado a encarnar el mayor esfuerzo organizado de recuperación de tierras del siglo XX en el país. Lo que ocurrió después —el paramilitarismo contra sus dirigentes en los años ochenta, la desaparición de sus archivos veredales, el asilo forzado de sus cuadros— pertenece a la larga posdata de una derrota que no cerró la cuestión agraria: la desplazó.

Un instrumento estatal que se salió de cauce

La ANUC fue, antes que un gremio, un dispositivo administrativo. El Decreto 755 del 2 de mayo de 1967 la creó como Asociación Nacional de Usuarios de los Servicios Agropecuarios del Estado, y la Resolución 061 del mismo mes instauró la División de Organización Campesina dentro del Ministerio de Agricultura. La idea de Lleras Restrepo era clara: inscribir arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios en un registro nacional, hacerlos usuarios formales de crédito y asistencia técnica, canalizar hacia el aparato estatal una demanda social que ya se desbordaba por los flancos. La reforma agraria, iniciada con la Ley 135 de 1961, necesitaba una contraparte campesina organizada. Lleras se la fabricó.

El diseño respondía también al miedo político. En la segunda mitad de los sesenta convivían el ascenso de las guerrillas —FARC, ELN, EPL, todas nacidas o consolidadas entre 1964 y 1967— y el populismo de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), que en 1970 estaría a un paso de ganar la Presidencia. Encauzar al campesinado por vía institucional era, para el reformismo liberal, la única manera de disputarle terreno a la insurgencia y al rojismo sin renunciar al orden bipartidista del Frente Nacional. Con base en el Decreto 755, el Ministerio de Agricultura desplegó un empadronamiento masivo de usuarios reales y potenciales, concentrado en zonas de colonización y de latifundios: los Montes de María, el Magdalena Grande, las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar.

Los resultados sorprendieron incluso a sus promotores. A mediados de 1969, la ANUC contaba con 700.000 campesinos afiliados y 563.224 usuarios organizados en asociaciones con personería jurídica. En 1970, la cifra rondaba los 845.000 inscritos; algunos hablaban ya de un millón. En agosto de 1969, Lleras puso en marcha operativamente la organización, y con ese gesto puso en jaque el orden elitista de la hacienda que expulsaba terrajeros, arrendatarios y ocupantes de baldíos. En julio de 1970, a un mes de terminar su mandato, la ANUC celebró un hito organizativo relevante con cerca de un millón de afiliados.

El problema, para las élites terratenientes, fue que el empadronamiento no produjo un gremio dócil sino una plataforma. Los campesinos inscritos comprendieron rápido que el registro les daba, además de acceso a servicios estatales, una estructura territorial —comités veredales, asociaciones municipales, federaciones departamentales— con la que podían presionar por lo que la reforma agraria prometía y no entregaba: tierra.

El giro radical: del Mandato Campesino a las tomas

La transición del gobierno de Lleras al de Pastrana Borrero, en agosto de 1970, marcó el punto de inflexión. Pastrana llegó al poder tras unas elecciones cuestionadas frente a la ANAPO, y su programa —el Plan de Desarrollo Las Cuatro Estrategias— priorizó la urbanización sobre el campo. La reforma agraria, que había avanzado con lentitud pero había avanzado, quedó relegada. La ANUC, con casi un millón de afiliados y una expectativa alimentada durante tres años, no estaba dispuesta a esperar.

A mediados de 1971, con ocasión del Encuentro Nacional Campesino celebrado en Villa del Rosario de Cúcuta, la organización aprobó una plataforma programática de contenido radical. Poco después, la Junta Directiva reunida en Fúquene, en agosto de 1971, sancionó el llamado Mandato Campesino. El documento definía a la ANUC como una organización autónoma de campesinos asalariados, pobres y medios, que luchaba por una reforma agraria integral y democrática y por la ruptura de las estructuras de dominación interna y externa. Entre sus peticiones figuraban tres que iban directamente al hueso del orden agrario: reconocer la expropiación como único modo de adquirir tierras para la reforma, expropiar los latifundios sin indemnización alguna y crear explotaciones agrarias colectivas. Rechazaba, además, los programas de colonización del Incora como sustituto de la redistribución y exigía la extinción del dominio privado sobre tierras incultas.

El Comité Ejecutivo conciliaba dos consignas que resumían el horizonte del movimiento: Tierra para quien la trabaja, como objetivo inmediato, y Tierra sin patrones, como horizonte de largo plazo. La primera era compatible con la letra de la Ley 135 de 1961; la segunda apuntaba a la disolución de la propiedad terrateniente. Entre ambas, la ANUC dejó de ser un usuario de servicios estatales para constituirse en la fuerza política más incómoda del país.

Las tomas de tierra comenzaron. En febrero y octubre de 1971 se produjeron dos oleadas nacionales de ocupaciones que afectaron predios de personalidades prominentes: políticos, obispos y el propio ministro de Agricultura vieron sus haciendas invadidas. Cerca del 76,9% de los conflictos de tierras de ese año se concentraron en los latifundios de la Costa Atlántica, los valles interandinos y los Llanos Orientales, es decir, en las regiones donde el capitalismo agrario y la ganadería extensiva habían consolidado la concentración más aguda.

Las modalidades regionales variaban, pero compartían una gramática. En el suroeste antioqueño —Tarso, Salgar, Andes, Pueblorrico— las ocupaciones se hacían de noche, con participación masiva y solidaridad intermunicipal: los campesinos sembraban plátano o construían casas en una sola jornada para establecer posesión de hecho. En muchas regiones, los comités identificaban con antelación las fincas sin trabajar, verificaban su situación catastral, convocaban a veredas vecinas que ya habían recuperado tierras y llevaban semillas de yuca y plátano para cultivar de inmediato. En Caquetá, la ANUC organizó huelgas cívicas —cuyo momento álgido se sitúa hacia 1971-1972— en las que colonos ocuparon agencias estatales locales exigiendo alivio por inundaciones, condonación de deudas, créditos, mejores precios para el arroz y el maíz, y construcción de vías rurales. En el Magdalena y demás departamentos del Caribe, las mujeres campesinas tuvieron un papel protagónico: resistieron desalojos policiales, fueron encarceladas y volvieron a ocupar las tierras.

Para 1973, las invasiones habían dado lugar a unas 850 empresas comunitarias o mixtas que ocupaban 207.000 hectáreas. De ellas, los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre concentraban 81.162 hectáreas, el 40% del total. Solo Sucre, escenario de las acciones más radicales, tenía 35.000 hectáreas bajo ese régimen. Entre 1971 y 1975, la ANUC llevó a cabo ocupaciones en cerca de 2.000 haciendas.

Chicoral: la contrarreforma como respuesta

Los terratenientes reaccionaron con rapidez y precisión. El 9 de enero de 1972, en el municipio tolimense de Chicoral, se firmó un pacto que sería el punto de bisagra de la política agraria colombiana del siglo XX. Por el lado conservador llevó la voz cantante el ministro Hernán Jaramillo Ocampo; por el liberal, Indalecio Liévano Aguirre. Asistieron parlamentarios de ambos partidos —con la significativa excepción del sector llerista del liberalismo, que quedó en minoría dentro de su propia colectividad— y connotados propietarios de tierras. El objetivo era desmontar legalmente el impulso reformista y devolver la iniciativa a los dueños de la tierra.

El pacto se tradujo en dos leyes decisivas. La Ley 4 de 1973 estableció barreras de protección de hasta 160 hectáreas contra la afectación por reforma agraria, redefinió los criterios para clasificar un predio como adecuadamente explotado —endureciendo enormemente las condiciones para declararlo susceptible de expropiación— y consagró la presunción de propiedad privada sobre los fundos poseídos por particulares, con lo que redefinió también el concepto de baldío. La Ley 6 de 1975, conocida como Ley de Aparcería, revivió en la práctica formas de tenencia similares a las de la Ley 100 de 1944 e impidió que los aparceros pudieran reclamar la propiedad de la tierra tras años de trabajo sobre ella, como habían previsto reformas anteriores. La redistribución quedaba, si no bloqueada, entrampada en obstáculos técnicos casi insalvables.

El efecto general de Chicoral fue dejar intacta la concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales. Los campesinos sin tierra fueron empujados hacia la colonización periférica —el piedemonte amazónico, el Urabá, el Bajo Cauca—, hacia los barrios subnormales de las ciudades, o quedaron confinados en parcelas insuficientes de pancoger. La cuestión agraria fue marginada de la agenda política nacional durante toda la segunda mitad de los setenta, y ese estancamiento alimentaría, en los años siguientes, la conflictividad que se militarizaría en el país.

Chicoral no fue solo legislativo. Fue también estratégico. El gobierno de Pastrana suspendió el apoyo financiero a la ANUC, forzando al congreso de la organización a aprobar modestas cuotas de afiliación que muchos no cumplieron. Y, sobre todo, promovió activamente la división del movimiento campesino desde adentro.

La fractura: Línea Sincelejo y Línea Armenia

La escisión de la ANUC no fue un accidente ni un desenlace inevitable de las tensiones internas. Fue una operación política. Ante la radicalización del Mandato Campesino y las tomas de 1971, el gobierno de Pastrana apoyó la creación de una corriente paralela, gobiernista, que se conocería como Línea Armenia. Frente a ella se consolidó la Línea Sincelejo, autónoma y rupturista, que agrupaba a la gran mayoría de los usuarios y sostenía el programa aprobado en Fúquene.

Los nombres remitían a los polos geográficos y políticos del movimiento. Sincelejo, capital de Sucre, era la vanguardia: allí las tomas habían sido más numerosas, más radicales y más sostenidas, y allí la ANUC había construido su base social más densa. Armenia, en el Quindío cafetero, representaba una geografía distinta —minifundio, café, relaciones sociales menos polarizadas— y una disposición a negociar con el Estado que en la Costa Caribe resultaba impensable.

Las cifras de la ruptura son elocuentes: de aproximadamente un millón de afiliados en el pico del movimiento, cerca de 500.000 campesinos abandonaron las filas tras la escisión. La Línea Sincelejo quedó con unos 300.000; la Línea Armenia, con apenas 10.000. La operación gubernamental logró debilitar al conjunto sin fortalecer significativamente a la fracción amiga: lo que triunfó fue la desmovilización, no la cooptación.

Pero la Línea Sincelejo tampoco era un bloque monolítico. En su interior convivían al menos tres tendencias políticas rivales: el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), de orientación maoísta; la Liga Socialista, conocida en la región como Línea Morroa por su implantación en el sur de Sucre; y los llamados independientes, con espíritu de izquierda pero dispuestos a negociar con el Estado. A esa fragmentación ideológica se sumaron los intentos de cooptación por parte de las organizaciones armadas: las FARC, el EPL, el ELN y el Partido Comunista buscaron apoderarse de la dirección de la ANUC, especialmente hacia el Cuarto Congreso, celebrado en Tomalá (Córdoba) en febrero de 1977. La dirección nacional resistió esos intentos —Jesús Pérez, uno de sus líderes históricos, argumentaba que la ANUC manejaba una línea de clase, no de partido— pero la sola disputa erosionó la cohesión organizativa.

El Tomalá de 1977 fue una lánguida disputa de consignas vacías. De allí surgió un partido campesino de efímera figuración en las elecciones de 1978. Peor aún, una fracción de la dirección creó la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), un grupo del espectro de la Nueva Izquierda que, sin ser propiamente una guerrilla, se planteó como vanguardia clandestina. La ORP aisló a un sector del liderazgo respecto a las bases campesinas, y a partir de ese momento el movimiento se atomizó. El burocratismo y la corrupción en la dirigencia agravaron un declive que ya era irreversible.

La geografía real del movimiento

Reducir la ANUC a sus congresos nacionales es empobrecerla. Su historia se juega en las regiones, y cada región tuvo una versión del movimiento.

En las sabanas occidentales de la Costa Caribe —Córdoba, Sucre, Bolívar— la ANUC alcanzó su mayor intensidad porque allí la estructura agraria era más arcaica y polarizada: latifundios ganaderos consolidados desde antiguas haciendas coloniales, formas de acceso precario a la tierra que ataban a los campesinos a los terratenientes bajo relaciones de dependencia semifeudales. Las primeras redistribuciones afectaron tierras de menor calidad, ofrecidas voluntariamente por sus dueños. Cuando los campesinos sin tierra comenzaron a ocupar predios de mejor calidad —Padura, Las Pelotas, entre otros—, las luchas se intensificaron y la represión también.

En el Atlántico, la orientación varió por municipios. En Repelón y Manatí, donde la reforma agraria había hecho entregas de predios, la ANUC se dedicó principalmente a obtener servicios, asistencia técnica y titulación. En Piojó, en cambio, la organización llegó importada desde Ovejas (Sucre), la cuna del movimiento en la subregión. En Baranoa, hacia 1980, la recuperación de tierras en la vereda El Desengaño dio origen a los comités que constituyeron la ANUC municipal, muestra de que el ciclo de tomas no se cerró abruptamente en 1974.

En el Magdalena, el liderazgo femenino fue decisivo. Las mujeres encabezaron las recuperaciones, resistieron desalojos policiales y militares, fueron detenidas y volvieron a ocupar las tierras que les habían quitado. Es una historia poco contada del movimiento campesino colombiano, y una de las más notables.

El Valle del Cauca fue otro mundo. La ANUC se implantó allí tardíamente —los comités se crearon apenas en 1972— y realizó solo unas pocas invasiones de haciendas poco explotadas. Su impacto fue notoriamente menor que en la Costa, en parte porque el campesinado vallecaucano ya había sido desplazado hacia las cordilleras por la modernización del agro azucarero, o proletarizado como corteros de caña en los ingenios. Donde la reforma agraria llegó tarde y donde el capitalismo agrario ya había resuelto la cuestión campesina por vía del despojo y la proletarización, la ANUC encontró poco terreno donde sembrarse.

En el suroeste antioqueño, ya se dijo, las tomas tenían coreografía propia: nocturnas, masivas, con siembra inmediata de plátano y construcción de ranchos en una sola noche. En el sur de Córdoba y en subregiones de Antioquia como el Bajo Cauca, el nordeste y Urabá, el Incora había dirigido durante los sesenta procesos de colonización bajo la Ley 135 de 1961 que se superpusieron a colonizaciones espontáneas o forzadas, sin efectos significativos sobre la concentración de la tierra. En esas zonas, entre finales de los sesenta y comienzos de los setenta, se consolidaron organizaciones campesinas que antecedieron o confluyeron con la ANUC. El surgimiento del EPL en Córdoba, en la segunda mitad de los sesenta, generó una estigmatización temprana de las organizaciones sociales bajo la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional, y esa marca acompañaría a la ANUC durante toda su historia en la región.

La red de alianzas y disputas

La ANUC no operó en el vacío. Compartió época y territorio con otras organizaciones de base cuya relación con ella fue, casi siempre, ambigua.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fundado en 1971, nació en el mismo ciclo de movilización agraria. Con motivo del Tercer Congreso de la ANUC en Bogotá se reunió una comisión indígena que adoptó la plataforma Hacia la Unidad Indígena y decidió publicar el periódico Unidad Indígena, luego órgano también de la ONIC. Pero las discrepancias entre el CRIC y la ANUC aparecieron pronto: los indígenas caucanos reivindicaban autonomía, territorialidad étnica y una identidad política irreductible a la categoría de campesino, mientras la ANUC pensaba en clave de clase. Aun así, la solidaridad práctica fue frecuente, y el periódico Unidad Indígena pagó, como los archivos veredales de la ANUC, el precio de la represión: portar un ejemplar podía significar detención por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, y en muchas comunidades los materiales de comunicación tuvieron que desaparecer para evitar problemas.

Con las guerrillas, la relación fue más tensa. Las insurgencias consideraban al campesinado la fuerza principal de la revolución y trataron de convertir a la ANUC en su plataforma legal. La dirección nacional resistió esa presión, pero al costo de una disputa interna permanente que se llevó por delante buena parte de la energía organizativa. En las bases, la línea era más porosa: algunos militantes se comprometieron con las guerrillas, otros las rechazaron. Y las guerrillas mismas dejaron una huella ambigua sobre la ANUC: la protegieron en ciertos territorios y la comprometieron políticamente en otros, lo que facilitó la posterior estigmatización paramilitar.

Con los partidos de izquierda no armados, la convivencia fue difícil. El PCML maoísta y la Liga Socialista disputaron la conducción de la Línea Sincelejo desde adentro, y esa lucha fratricida —agravada por los intentos de cooptación de las guerrillas— fue uno de los factores que precipitaron la atomización tras 1977.

Represión, paramilitarismo y desaparición de la memoria

La destrucción de la ANUC no fue solo política. Fue también física. Durante la implementación del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982 —bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala—, pertenecer a la ANUC era considerado peligroso. El ejército intervenía en casas campesinas y sacaba a directivos. Los manuales de inteligencia militar estigmatizaban a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y campesinas como fachadas guerrilleras. En ese período se registraron al menos 55 ejecuciones extrajudiciales amparadas en esa doctrina. El periodista Hernando Calvo Ospina describió el campo colombiano de los setenta como prácticamente militarizado: restricciones al movimiento de personas, control de medicinas y alimentos, presencia permanente de la fuerza pública en el marco de la lucha contrainsurgente.

En 1984, dirigentes de la Organización Revolucionaria del Pueblo —vinculada a un sector de la ANUC— fueron acusados del secuestro y asesinato de la periodista Gloria Lara. La acusación se probó posteriormente como un montaje de los organismos de seguridad del Estado, pero el daño estaba hecho: la mayoría de los directivos de la ANUC tuvieron que buscar asilo político, fueron amenazados o pasaron a la clandestinidad. Un movimiento sin dirección visible es un movimiento sin capacidad de convocatoria.

La violencia paramilitar de los años ochenta y noventa completó la obra. Las fuerzas militares habían aprovechado un marco legal inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional para crear estructuras de civiles armados —entre ellas las Juntas de Autodefensa—, marginales al principio pero portadoras de un potencial que se revelaría plenamente en la década siguiente. Los líderes de la ANUC quedaron entre los blancos prioritarios. En el Alto Sinú, un jefe paramilitar ordenó a un líder campesino de la ANUC quemar los documentos organizativos —estatutos, listados de parcelas, actas de asentamientos— bajo amenaza de muerte. En Canalete (Córdoba), los líderes optaron por enterrar los archivos históricos de la organización para preservarlos: los rescataron años después, dañados por la humedad pero legibles en parte. La memoria organizativa de la ANUC en muchos municipios se salvó bajo tierra, literalmente.

En la Costa Caribe, el debilitamiento no fue solo violento. Cuando Antonio Dajer Chadid ocupó el Ministerio de Agricultura a finales de los setenta, logró transformar muchos comités veredales de la ANUC en bastiones organizativos del Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), erosionando la base social del movimiento mediante mecanismos de cooptación institucional. La violencia y la burocracia trabajaron en paralelo.

Legado: la cuestión agraria que no se resolvió

Al llegar los años noventa, las políticas económicas de apertura terminaron por diezmar la organización campesina. Los intentos de reunificación ensayados en los ochenta no tuvieron mayor incidencia en muchas regiones —en el Valle del Cauca, para finales de la década, la organización campesina estaba prácticamente acabada, debilitada por pugnas internas, divisiones y la desvinculación del Instituto Mayor Campesino (IMCA)—. La ANUC subsistió como sigla, se refundó en distintas versiones, mantuvo una presencia simbólica en la interlocución con el Estado, pero nunca recuperó ni la escala ni la capacidad de movilización de sus años dorados.

El balance histórico es incómodo. La ANUC fue creada por el Estado para encauzar la cuestión agraria por vía institucional y, precisamente por su éxito organizativo, terminó desbordando el cauce. Cuando lo desbordó, el mismo Estado que la había creado la destruyó: mediante la contrarreforma legislativa de Chicoral, la escisión promovida desde el gobierno, la suspensión del apoyo financiero, la represión bajo el Estatuto de Seguridad, el montaje del caso Gloria Lara y, finalmente, la tolerancia o complicidad con la violencia paramilitar que asesinó a sus dirigentes. A esa destrucción externa la organización aportó su propia cuota: la fragmentación ideológica entre maoístas, socialistas e independientes; el aislamiento vanguardista de la ORP; el burocratismo y la corrupción de una dirigencia que en muchos casos perdió contacto con las bases; la incapacidad de sostener una autonomía real frente a los partidos de izquierda armados y desarmados que la disputaron.

Pero el aplastamiento del movimiento no cerró la cuestión que le había dado origen. La bloqueó legalmente y la desplazó territorialmente. Los campesinos que no obtuvieron tierra por la vía de la reforma fueron expulsados hacia la colonización periférica —el piedemonte amazónico, el Urabá, el Bajo Cauca, la Sierra de la Macarena—, hacia las periferias urbanas o hacia economías informales e ilegales. Esos territorios de colonización se convirtieron, en las décadas siguientes, en las zonas de expansión guerrillera, en los corredores del narcotráfico y en los escenarios del paramilitarismo. El conflicto por la tierra no se resolvió: se militarizó.

Ahí reside el peso histórico de la ANUC. No solo fue la organización campesina más grande del siglo XX colombiano, ni solo el mayor esfuerzo de recuperación de tierras que ha conocido el país. Fue el momento en que el Estado colombiano tuvo la oportunidad de resolver por vía institucional una cuestión estructural —la concentración de la tierra—, la abrió con Lleras, la cerró con Pastrana y Chicoral, y dejó como herencia un problema que sesenta años después sigue en el corazón de todos los procesos de paz. La ANUC es, en ese sentido, el retrato de una vía no tomada: la del reformismo agrario efectivo. Lo que vino en su lugar —la contrarreforma, la violencia, la persistencia del latifundio— es la historia de Colombia desde entonces.