Iván Cepeda Castro

Iván Cepeda Castro

Iván Cepeda Castro es senador de la República por el Pacto Histórico, defensor de derechos humanos y una de las figuras centrales de la izquierda colombiana contemporánea. Hijo del senador comunista Manuel Cepeda Vargas —asesinado en agosto de 1994 dentro del exterminio sistemático de la Unión Patriótica—, convirtió el duelo familiar en una arquitectura política estable: primero como investigador y documentador del genocidio de la UP, luego como vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, más tarde como representante a la Cámara y, desde 2014, como senador que ha hecho de la confrontación con Álvaro Uribe Vélez uno de los ejes de su carrera. Su trayectoria es a la vez la historia de una herencia asumida y la de un campo colectivo —el de la memoria histórica y la denuncia del paramilitarismo— que encontró en él uno de sus rostros públicos más reconocibles.

La herencia: un apellido y un crimen

Para entender a Iván Cepeda hay que entender primero el peso del apellido. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue director del semanario Voz, órgano del Partido Comunista Colombiano, y senador de la Unión Patriótica al momento de su asesinato en agosto de 1994. Su madre, Yira Castro, fue también dirigente comunista. La casa donde creció Iván no era, por tanto, una casa cualquiera: era el hogar de una familia dedicada al periodismo militante y a la política de izquierda en los años más violentos del país, cuando pertenecer a la UP equivalía, con frecuencia estadística escalofriante, a firmar una sentencia de muerte.

El asesinato de Manuel Cepeda Vargas en 1994 no fue un hecho aislado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 26 de mayo de 2010 en el caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, lo inscribió expresamente dentro de un patrón sistemático de victimizaciones contra miembros y dirigentes de la UP, incluidos los elegidos a corporaciones públicas. La Corte utilizó el caso del senador para analizar el contexto general del exterminio, estableciendo relaciones entre las agresiones sufridas por sus integrantes a lo largo del tiempo. El fallo tiene consecuencias más allá del caso individual: convirtió el crimen contra Manuel Cepeda en pieza probatoria del argumento más amplio de que la UP no fue víctima de una violencia difusa, sino de un plan.

Las cifras respaldan esa lectura. Entre 1984 y 2000, el exterminio de la Unión Patriótica dejó por lo menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas, y ese conteo no incluye víctimas de violencia no letal. Planes como Baile Rojo (1986) y Golpe de Gracia (1992) se dirigieron a socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento, apuntando específicamente a sus dirigentes elegidos. En diciembre de 2012, en el proceso de Justicia y Paz contra el paramilitar Éver Veloza, alias HH, los jueces reconocieron formalmente que ese exterminio constituye un genocidio político. Y en septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en el aniquilamiento del movimiento, declarando que las instituciones no tomaron medidas suficientes para impedir ni prevenir los asesinatos.

Esa es la nube que cobija toda la trayectoria pública de Iván Cepeda. No es un decorado retórico: es el marco jurídico, político y moral desde el que se comprende cada una de sus decisiones posteriores.

El investigador antes que el político

Antes de ser figura parlamentaria, Iván Cepeda fue —y sigue siendo— investigador. El campo de la memoria histórica en Colombia comenzó a configurarse en los años ochenta, mientras el conflicto armado aún estaba en curso, a diferencia de otros países latinoamericanos donde las luchas por la memoria se emprendieron una vez terminadas las dictaduras o alcanzadas las soluciones negociadas. Sus promotores centrales se articularon en torno a la defensa de los derechos humanos, la denuncia de violaciones recurrentes y la preservación de archivos. En ese terreno pantanoso —hacer memoria de crímenes cometidos por actores todavía activos— se formó Cepeda.

Su obra central es Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido, un libro de más de 450 páginas que reconstruye el genocidio contra los integrantes del movimiento entre 1984 y 1997 y que recoge, por primera vez, un listado completo de 1.598 víctimas. La cifra no agota el universo del exterminio —los conteos más amplios superan los cuatro mil casos—, pero el ejercicio de nombrarlas una por una tiene un valor específico: la memoria se construye con nombres propios o no se construye. El libro es a la vez documento histórico, archivo forense y acto político.

Cepeda no llegó a esa investigación por casualidad. Trabajó en Voz, el mismo periódico que dirigía su padre, y fue muy cercano a él. En 1984 cubrió para esa rotativa los acercamientos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC —aquel proceso del que nacería precisamente la Unión Patriótica como brazo político legal—. Ha sido catedrático de periodismo en varias universidades del país, y se describe a sí mismo como periodista, investigador e historiador. Esa triple identidad importa porque explica el tipo de política que practicaría después: una política intensiva en documentación, en archivos, en listas de nombres y en litigio simbólico.

Fue con la adopción de la Ley de Justicia y Paz, aproximadamente veinticinco años después del despunte del campo en los ochenta, cuando las luchas por la memoria pudieron articularse y enunciarse de forma más visible en la esfera pública colombiana. Cepeda ya estaba ahí, esperando a que el marco institucional alcanzara al trabajo que él y otros habían hecho durante décadas en la penumbra.

MOVICE y la política de las víctimas

El paso del archivo a la calle se cristalizó en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, del que Iván Cepeda se convirtió en miembro visible y vocero. La lógica del MOVICE es específica y desafiante: no se ocupa de todas las víctimas del conflicto, sino de aquellas producidas por agentes estatales o por grupos paramilitares con complicidad estatal. Esa focalización lo enfrentó frontalmente con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que negaba la existencia misma de un conflicto armado interno.

El momento simbólico más importante de esa etapa fue la marcha del 6 de marzo de 2008, promovida por Cepeda y el MOVICE. La antecede en treinta días la marcha del 4 de febrero de ese mismo año, la llamada "marcha contra las FARC" o "marcha del No Más", uno de los eventos más masivos de la historia reciente del país, movilizada en buena parte desde redes sociales. Aquella marcha de febrero había profundizado la desigualdad en el reproche social de los crímenes de los distintos actores armados y ahondado la apatía frente a las víctimas de agentes estatales y de grupos paramilitares. Frente a ese desbalance, la marcha del 6 de marzo se planteó como un acto de simetría moral. Cepeda declaró entonces que la movilización hacía parte del derecho "a exigir que la sociedad colombiana reconozca con la misma convicción a todas las víctimas, y se manifieste con la misma decisión contra todas las formas de violencia".

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. En mayo de 2008, el presidente Uribe, refiriéndose específicamente a Iván Cepeda —que había recibido amenazas de muerte—, lo calificó públicamente de "farsante de los derechos humanos" e instó a la comunidad internacional a no compadecerse de sus "lágrimas de cocodrilo" y a venir a Colombia para ver la realidad del país. La escena condensa una contradicción estructural del gobierno de la época: desde 1997 existían directivas ministeriales y presidenciales que reconocían formalmente el trabajo de los defensores de derechos humanos, pero la retórica presidencial operaba en dirección opuesta. En el caso de Cepeda, esa contradicción tuvo una consecuencia concreta: el discurso estigmatizante del jefe de Estado coincidió con amenazas de muerte contra su persona, sin que las políticas formales de protección lograran contener el efecto de las palabras oficiales.

De aquel choque quedó una lección política que Cepeda extraería con claridad: en Colombia, ser víctima no basta para ser escuchado, y la memoria requiere una plataforma de poder que la respalde. La conclusión práctica sería ir al Congreso.

Del activismo a la Cámara

Iván Cepeda dio el salto legislativo como representante a la Cámara. Para 2011 ya ejercía ese cargo mientras seguía siendo líder del MOVICE. La combinación es característica: no dejó el activismo al entrar a la política formal, sino que integró ambos registros.

En abril de 2011, Cepeda denunció que el término "bacrim" —bandas criminales emergentes— asumido por el gobierno de Uribe tenía como fin "ocultar la reingeniería paramilitar y persuadir a la opinión pública de que su gobierno había acabado con el paramilitarismo". El argumento no era retórico. Sostenía que en muchas regiones del país no había habido desmovilización paramilitar real, sino transmisión y relevo de mando; que la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia había sido en buena medida una reestructuración que permitía a sus estructuras acceder a la legalidad sin desmontar en lo fundamental los soportes ilegales de su poder. La denuncia se inscribía en una discusión mayor sobre la naturaleza del proceso de Justicia y Paz y sus continuidades, pero tenía una dimensión inmediatamente política: cuestionaba el legado central del gobierno saliente, que se había presentado como el que derrotó al paramilitarismo.

Ese tipo de intervenciones definieron el perfil parlamentario de Cepeda: un legislador que usaba la curul como amplificador de investigaciones que él y otras organizaciones habían acumulado durante años. La sala de plenaria como continuación del archivo por otros medios.

El Senado y el pulso con Uribe

En las elecciones congresionales de 2014, Iván Cepeda fue elegido senador. En la misma contienda fue elegido senador Álvaro Uribe Vélez, quien tras terminar su segundo mandato presidencial en 2010 había construido una plataforma propia y volvía al Legislativo como líder de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. La coincidencia en la misma cámara de dos figuras que ya se habían enfrentado públicamente durante años no fue accidental para la política colombiana: la convirtió en escenario permanente de un duelo.

Cepeda utilizó el nuevo cargo para llevar al Senado el caso de las "chuzadas", las escuchas ilegales realizadas por el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, durante el gobierno Uribe contra magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. A mediados de 2014, su investigación sobre las chuzadas cobró nueva prominencia cuando solicitó que el Senado debatiera formalmente el caso. Surgió entonces una discusión técnica: el secretario del Senado, Gregorio Eljach, señaló que no existía ningún procedimiento para que un congresista citara a otro a debate, pero tampoco ninguna norma que lo prohibiera. Cepeda aclaró que su debate no apuntaba a Uribe como congresista, sino a sus actuaciones como gobernador de Antioquia y como presidente.

En paralelo, argumentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes —que en abril de 2014 había considerado brevemente el caso de las chuzadas— que, dado que la persecución no está tipificada como crimen en la legislación colombiana pero sí está cubierta por el Estatuto de Roma, la comisión debía aportar evidencias a la Corte Penal Internacional del caso contra Uribe por espionaje ilegal, de manera que la CPI pudiera iniciar una investigación. La maniobra combinaba dos rasgos característicos de su estilo: el uso de instancias internacionales cuando las nacionales resultan estrechas, y la insistencia en desplazar el debate del terreno de las opiniones al terreno de las pruebas.

De ese pulso surgió, en el momento de mayor tensión, el proceso judicial que terminaría por invertir los papeles de manera espectacular. Uribe denunció penalmente a Cepeda por supuesta manipulación de testigos en prisión que, según el expresidente, habrían sido inducidos a declarar en su contra. La Corte Suprema de Justicia, tras investigar, archivó el caso contra Cepeda y en cambio abrió indagación contra el propio Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, con la participación de su abogado Diego Cadena. El expediente que Uribe abrió terminó volviéndose en su contra: un vuelco que, más allá del caso concreto, ilustra cómo la confrontación entre ambos se convirtió en un rasgo estructural del ciclo político que va del segundo mandato de Uribe al gobierno de Petro.

Las coaliciones de la paz

La otra gran línea de la trayectoria de Cepeda en la última década ha sido su papel en las coaliciones que respaldaron el proceso de paz con las FARC y el acuerdo firmado en La Habana en 2016. Aquí su figura opera en clave de puente entre la sociedad civil organizada y el mundo político.

Para la campaña del Sí en el plebiscito de octubre de 2016, las organizaciones pro-paz —Viva la Ciudadanía, la Ruta Pacífica de las Mujeres, Casa de la Mujer, Redepaz, Rodeemos el Diálogo, entre otras— se articularon con figuras políticas como el expresidente Ernesto Samper, la representante Ángela María Robledo y el propio Iván Cepeda. La coalición reflejaba una realidad: aunque el Gobierno lideraba la negociación, buena parte de la pedagogía social del acuerdo la sostenían organizaciones ciudadanas y políticos identificados con la causa de las víctimas, más que la maquinaria partidista tradicional. La campaña comercial oficial "Todos por la paz" fue publicada el 13 de septiembre de 2016 como parte de la pedagogía gubernamental, pero el trabajo de base corrió por otros carriles.

La derrota del Sí en el plebiscito y la posterior renegociación no interrumpieron el trabajo de Cepeda en el terreno. Cuando el partido Comunes surgió tras la desmovilización, desarme y reintegración de los excombatientes de las FARC-EP —recibiendo diez curules en el Congreso durante dos periodos consecutivos (2018-2022 y 2022-2026) como parte de las condiciones del acuerdo—, Cepeda se convirtió en uno de los interlocutores más constantes entre las nuevas curules de la extinta guerrilla y el resto del sistema político.

El nombre del pueblo caucano de Corinto pertenece a esa geografía. Es en el norte del Cauca donde el proceso de reincorporación se probó con particular dureza: allí, y en otros territorios similares, la seguridad de los excombatientes y de las comunidades ha dependido de un equilibrio permanentemente amenazado por el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo. Cepeda ha llevado ese pulso al Senado con la misma metodología de siempre: nombres, casos, cifras.

La red

Ninguna trayectoria política se explica sin sus alianzas. La de Cepeda se ha tejido dentro del arco de la izquierda colombiana, con sus fracturas y recomposiciones.

El Polo Democrático Alternativo fue su primera casa institucional. Ese partido cubría un amplio espectro político de izquierda, con una unidad frágil que requería habilidad política considerable para mantenerse. En sus filas coincidieron figuras muy distintas: Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y protagonista en el destape del escándalo de la parapolítica desde el Senado; Jorge Enrique Robledo, referente del MOIR; Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá; Piedad Córdoba, cuyo activismo humanitario tuvo particular resonancia en las gestiones para la liberación de secuestrados de las FARC. Cuando el presidente Uribe respondió a las acusaciones de parapolítica del Polo con acusaciones de "Farcpolítica" contra líderes del partido, basadas en hallazgos de un computador de un comandante de las FARC, la presión sobre esa coalición aumentó.

Las fracturas se manifestaron con claridad antes de las elecciones presidenciales de 2010. El interés de Luis Eduardo Garzón y de César Gaviria por la candidatura presidencial generó tensiones internas que llevaron a la salida de Garzón del partido en 2009, junto con Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. Petro, ese mismo año 2010, se presentó como candidato presidencial sin el apoyo formal del Polo, saliendo con su propio equipo. En febrero de 2012, el Partido Comunista Colombiano —al que Cepeda ha estado próximo por historia familiar y política— dio su apoyo al Movimiento Bolivariano de las FARC, rompiendo con otras fuerzas del Polo como el MOIR y la Anapo. La izquierda colombiana entró así en un periodo de reacomodo que culminaría, años después, en la conformación del Pacto Histórico como coalición amplia que llevó a Petro a la presidencia en 2022.

Cepeda navegó esas turbulencias sin perder anclaje. Su capital político no depende de una sola estructura partidista, sino de una malla de vínculos con organizaciones de víctimas, con la comunidad internacional de derechos humanos —Bruselas, La Habana y París son puntos frecuentes de esa red diplomática paralela—, con la Corte Interamericana y con actores de la academia y el periodismo. Esa red le da resiliencia: cuando una plataforma se agrieta, otras sostienen.

En el gobierno de Petro, iniciado en agosto de 2022, esa red encontró por primera vez plataforma en el Ejecutivo. La coalición del nuevo presidente concentró en el primer semestre de su mandato el 73,9% del poder en el Senado y el 78% en la Cámara de Representantes, un respaldo parlamentario inicial elevado que sin embargo se erosionaría con rapidez. Cepeda se convirtió en una de las voces del oficialismo en el Senado y, en particular, en el interlocutor natural del Gobierno para los llamados "diálogos de paz total" con las estructuras armadas remanentes, incluidas las disidencias de las FARC y el ELN.

El precandidato

Hacia 2024, Iván Cepeda apareció mencionado como una de las cartas potenciales de la izquierda para la sucesión presidencial de Gustavo Petro en 2026. La proyección no llegó de sorpresa: llevaba años acumulando el tipo de capital que hace posible una candidatura de esa naturaleza —reconocimiento internacional, credibilidad ante las víctimas, disciplina parlamentaria, un adversario claro en Uribe y el uribismo—.

La eventual candidatura, si se materializa, tendrá que resolver una tensión que atraviesa toda su biografía: la que existe entre la política de la memoria —con su vocabulario de derechos humanos, víctimas, justicia transicional— y la política de gobierno, que exige gestionar economía, orden público, relaciones internacionales y coaliciones amplias. Cepeda ha ejercido la primera durante toda su vida adulta; la segunda le sería nueva. Y también deberá enfrentar una pregunta que la historia reciente de la izquierda colombiana ha vuelto ineludible: si el capital de la denuncia se traduce, o no, en capacidad para administrar el Estado.

En el retrato personal que emerge de quienes lo tratan de cerca aparece un hombre de barba poblada con hilos grises, tez oscura y gafas de montura gruesa y cuadrada, ligeramente robusto, aunque no siempre: se lo ha visto adelgazando por dietas estrictas emprendidas con su esposa Claudia —cinco libras en tres meses, apuesta con primos por veinte libras a fin de mes—, capaz de hablar de esas cosas con humor. Es un detalle menor y un detalle importante a la vez: quienes han hecho de la denuncia su oficio suelen quedar aplastados por la solemnidad del asunto. Cepeda ha logrado, hasta donde se puede ver, no serlo.

La huella

Iván Cepeda es una figura que se explica mejor como conversión que como carrera. Su padre fue asesinado en 1994 por ser dirigente de un movimiento político que el Estado colombiano no supo o no quiso proteger; treinta años después, el hijo es senador, actor central de las coaliciones de paz y potencial candidato presidencial. Entre un extremo y otro no hay milagro, sino trabajo: la construcción metódica de una posición pública desde la que la memoria del padre y la de otros miles se ejerce como instrumento de poder político.

Esa conversión no fue solitaria. Coincidió con la maduración de un campo de memoria histórica que en Colombia se venía configurando desde los años ochenta, con la irrupción de un lenguaje de derechos humanos que las cortes internacionales fueron consolidando —la propia sentencia de la Corte IDH sobre el caso de su padre es de 2010—, con la Ley de Justicia y Paz como marco jurídico habilitante, con el proceso de La Habana como oportunidad histórica, y con la llegada de la izquierda al Ejecutivo en 2022 como techo institucional. Cepeda no creó ninguna de esas condiciones; supo articularlas con una biografía que las volvía inseparables.

La singularidad de su figura reside precisamente ahí: haber convertido una herencia dolorosa en método político estable, sin instrumentalizarla como consigna ni sepultarla como asunto privado. En un país donde los apellidos suelen abrir puertas por el dinero o por el poder heredado, el suyo las abrió por una tumba y por un archivo. Es una forma poco frecuente de legitimidad, y explica tanto la resistencia que despierta —ningún adversario mantuvo tanto tiempo el fuego cruzado con él como Álvaro Uribe— como la lealtad que suscita en las comunidades de víctimas y en los sectores de la izquierda que ven en la Unión Patriótica no solo un capítulo cerrado, sino una advertencia todavía vigente.

Queda por escribirse el capítulo final de su trayectoria: si la política de la memoria alcanza para gobernar un país que todavía discute, en presente, si su conflicto está o no está terminando. Sea cual sea la respuesta, Iván Cepeda ya ocupa un lugar propio en la historia política colombiana: el del hijo que hizo de un magnicidio, no una biografía marcada, sino una plataforma desde la cual el Estado que no supo proteger a su padre terminó, tres décadas después, reconociéndose responsable.