Ernesto Samper Pizano

Ernesto Samper Pizano

Ernesto Samper Pizano (Bogotá, 1950) es el presidente de Colombia cuya administración —entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 1998— quedó marcada, dentro y fuera del país, por el Proceso 8000: la investigación judicial y política que estableció que su campaña había sido financiada con seis millones de dólares del Cartel de Cali. Economista de formación liberal, sobreviviente de un atentado en 1989, hombre de partido en la tradición de López Michelsen, Samper llegó al poder con una agenda socialdemócrata explícita —el plan de desarrollo llamado El Salto Social— y terminó su mandato absuelto por el Congreso, sin visa estadounidense, con el país descertificado y con las FARC en plena escalada militar. Su figura condensa una paradoja incómoda: la de un reformista que gobernó capturado por la necesidad de sobrevivir, y cuya presidencia se convirtió, para bien y para mal, en el momento en que la infiltración del narcotráfico en la política colombiana se hizo indiscutible ante el país y el mundo.

La semblanza

Samper pertenece a esa generación de liberales colombianos formados en los años setenta que asumieron, sin apologías, la vocación de ejercer el poder desde las instituciones del partido. Cuando llegó a la Presidencia tenía 44 años, una trayectoria previa como precandidato en 1989 y una imagen pública construida sobre el discurso social: la idea de un liberalismo con rostro humano capaz de corregir los excesos de la apertura económica impulsada por César Gaviria. Su gobierno debía ser el gran giro socialdemócrata después del ajuste neoliberal.

Nada de eso sucedió como estaba previsto. Antes de completar su primer año en la Casa de Nariño, el escándalo de los llamados "narcocasetes" —grabaciones telefónicas en las que Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, cabezas del Cartel de Cali, discutían la financiación de su candidatura— había estallado en las manos del país y en las cancillerías extranjeras. El resto de su mandato consistió, en buena medida, en resistir. Absuelto por la Cámara de Representantes en junio de 1996 por falta de méritos para acusarlo, Samper terminó sus cuatro años en el poder, pero el veredicto histórico quedó abierto y su nombre asociado, para siempre, a la palabra que el director saliente de la DEA, Joe Toft, pronunció al despedirse de Bogotá: narcodemocracia.

Todo lo demás —el reformismo social, la política de paz frustrada con el ELN, la posterior reinvención como diplomático regional en UNASUR, la voz insistente de comentarista que aún hoy interviene en el debate público— quedó organizado alrededor de esa cicatriz.

Los orígenes: familia liberal, formación económica, ascenso partidario

Samper nació el 3 de agosto de 1950 en Bogotá, en el seno de una familia de larga tradición liberal. Estudió economía y derecho en la Universidad Javeriana y desde muy joven se movió en los círculos del partido bajo la tutela intelectual de Alfonso López Michelsen, presidente entre 1974 y 1978 y padrino político de una generación entera de dirigentes bogotanos. Fue director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), un gremio que le dio una plataforma técnica desde la cual intervenir en los debates sobre política económica en los años setenta y ochenta.

Esa doble condición —economista de formación gremial y liberal de aparato— fue la marca de su ascenso. En un país donde la política nacional se decidía entre las camarillas del bipartidismo, Samper se movió con la soltura de quien conocía los códigos: el discurso técnico ante los empresarios, el pragmatismo ante las bases, la ambición sin disimulo ante los pares. Cuando en 1989 apareció como precandidato presidencial del Partido Liberal, competía en un pelotón donde también corrían César Gaviria, Hernando Durán Dussán y Ernesto Rojas Trujillo. Aquella carrera se resolvió por la fuerza de los hechos: el asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de ese año trastocó el mapa liberal y abrió el camino a Gaviria, ungido por el propio Galán padre en el sepelio. Pero antes de esa noche de Soacha, otro atentado había marcado a Samper personalmente.

El atentado de El Dorado y la primera cita con la violencia

En marzo de 1989, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Ernesto Samper resultó gravemente herido en un atentado a bala. Junto a él, saludándolo, cayó asesinado José Antequera, dirigente de la Unión Patriótica y confidente político de Bernardo Jaramillo Ossa. Antequera se preparaba para abordar un avión; Samper, precandidato presidencial, se encontraba en el hall del aeropuerto. La noticia interrumpió, esa misma tarde, la reunión que Rafael Pardo mantenía en el hotel Camino Real de Ciudad de México con miembros del M-19 para avanzar en el proceso de paz que culminaría con la desmovilización de esa guerrilla.

El episodio dejó a Samper con secuelas físicas —los proyectiles alojados en su cuerpo, que arrastraría el resto de su vida— y una biografía cruzada, desde muy temprano, con las dos guerras superpuestas que devoraban al país: la del narcotráfico y la del exterminio de la izquierda legal. Antequera murió; un año después caería Jaramillo Ossa, en otro aeropuerto. Samper sobrevivió, con el nombre inscrito en la lista de sobrevivientes ilustres de una época que se cobraba a los políticos por miles.

Horacio Serpa, entonces procurador general de la Nación, renunció ese mismo 1989 a su cargo para incorporarse a la campaña presidencial de Samper. Aquella alianza —Samper y Serpa, el bogotano de familia liberal y el santandereano de retórica gruesa— se convertiría en uno de los ejes del liberalismo de los años siguientes, y en el escudo político sobre el que se sostendría la supervivencia del gobierno cuando llegara la tormenta.

1994: la elección más disputada

En 1994, Samper llegó a la segunda vuelta presidencial contra el conservador Andrés Pastrana Arango. Ganó por un margen estrecho. Y en ese margen estrecho comenzó su tragedia política.

Aún en plena campaña, en junio de aquel año, Pastrana entregó al presidente saliente César Gaviria unas grabaciones que había recibido: en ellas, los hermanos Rodríguez Orejuela conversaban sobre la financiación de la campaña de Samper. Eran los narcocasetes. Gaviria no actuó públicamente sobre ellos —quizá porque los consideró insuficientes, quizá porque temió la crisis institucional que su divulgación abriría— y Samper se posesionó el 7 de agosto de 1994.

Pocos meses después, al abandonar el país, el director de la DEA, Joe Toft, entregó a los medios estadounidenses su diagnóstico de despedida: Colombia, dijo, era una narcodemocracia. La palabra no era técnica; era una etiqueta política, y como toda etiqueta política funcionaba. Washington la escuchó. La embajada, el Departamento de Estado y las agencias antinarcóticos la asumieron como marco. A partir de ese momento, la administración Samper gobernaría no solo con un escándalo interno detrás sino con una hipoteca diplomática permanente.

El Proceso 8000

El estallido judicial vino un año después. El 17 de julio de 1995, la Fiscalía convocó a rendir indagatoria libre a Santiago Medina, extesorero de la campaña. El 12 de septiembre de ese año, Medina reconoció el ingreso de dineros ilícitos a las cuentas de la campaña. Su declaración abrió el cauce del expediente que la Fiscalía había radicado bajo el número 8000 y que, en adelante, sería el nombre de una época.

El segundo golpe llegó desde adentro. Fernando Botero Zea, hijo del pintor, había sido el gerente y representante legal de la campaña de 1994; una vez posesionado Samper, fue nombrado ministro de Defensa. Cuando cayó en desgracia y fue judicializado, Botero rompió con el presidente. Desde la cárcel —cumplió aproximadamente dos años y medio de condena— declaró que denunciaba a la persona que, según él, había tenido la iniciativa y propiciado la financiación del Cartel de Cali a la campaña. El señalamiento apuntaba, sin ambigüedad, al propio Samper, aunque su defensa jamás cambió: "Si entró dinero del narcotráfico a mi campaña, fue a mis espaldas".

Esa frase resumió su estrategia. Y esa estrategia, contra pronóstico, funcionó. En junio de 1996, el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes absolvió al presidente por falta de méritos para acusarlo. La votación fue interpretada por sus adversarios como una operación de encubrimiento. El país quedó dividido entre quienes creyeron a Samper —encabezados por Serpa, ministro del Interior, que hizo del "aquí estoy y aquí me quedo" un lema de gobierno— y quienes tomaron la absolución por una farsa institucional.

El costo, en cualquier caso, fue el gobierno mismo. Botero terminó en la cárcel. Medina, también. Otros confidentes del presidente cayeron. Y Samper debió dedicar la mayor parte de su tiempo, su capital político y sus recursos de poder, durante los dos años siguientes al estallido, a sostenerse en el cargo. El resto —la agenda de reformas, el manejo del conflicto armado, la política exterior— quedó, forzosamente, en un segundo plano.

El Salto Social: la agenda que se quedó sin gobierno

Antes de que la crisis lo consumiera todo, Samper había logrado algo administrativamente notable: su plan de desarrollo, denominado El Salto Social, fue el primero ampliamente debatido y concertado con el Congreso en el marco de la nueva legislación sobre planeación surgida de la Constitución de 1991. Bajo la consigna de "formar un nuevo ciudadano", el plan intentaba equilibrar metas macroeconómicas y política social, corrigiendo lo que Samper consideraba el sesgo excesivamente aperturista del gobierno Gaviria.

La aspiración era clara: recuperar para el Estado un papel activo en la política social, invertir en educación y salud, reducir la brecha entre el crecimiento macroeconómico y las condiciones de vida de la mayoría. En el discurso, aquello marcaba una ruptura con la ortodoxia neoliberal de la primera mitad de los noventa. En la práctica, la ruptura fue menos nítida de lo que sugería la retórica. Los ministros de Defensa y de Hacienda del gobierno se movían en redes de política neoliberal y estaban conectados con el capital doméstico y transnacional, en una continuidad con Gaviria más profunda de lo que reconocía el discurso oficial. Botero, primer ministro de Defensa, declaró explícitamente que mantenía el alto mando militar elegido por Rafael Pardo por confianza en sus criterios: el gobierno socialdemócrata heredaba, sin retoques, la cúpula castrense del gobierno técnico.

El Salto Social quedó, así, atrapado entre dos fuerzas. Por dentro, la crisis de legitimidad consumía la capacidad ejecutiva del gobierno. Por fuera, el aislamiento internacional hacía imposible movilizar cooperación, inversión o respaldo político para reformas ambiciosas. Las iniciativas de reforma política —incluidas propuestas sobre financiación de campañas y democratización de partidos, especialmente pertinentes dado el origen del escándalo— tropezaron con el mismo obstáculo: un Congreso que Samper necesitaba para su supervivencia y que, precisamente por eso, no estaba en condiciones de someterlo a exigencias reformistas.

La descertificación y la visa retirada

La relación con Estados Unidos, deteriorada desde el momento mismo de la aparición de los narcocasetes, se convirtió en un frente diplomático abierto. En 1996, Washington descertificó a Colombia por proporcionar apoyo insuficiente en la guerra contra las drogas. La descertificación era, formalmente, una decisión burocrática del proceso anual con que Estados Unidos evaluaba a los países productores; políticamente, era una humillación. Colombia entraba en el mismo grupo de países parias que Birmania e Irán.

Ese mismo año, Estados Unidos retiró la visa al presidente Samper. Aunque la medida no fue oficialmente justificada como respuesta al escándalo, el mensaje era transparente. El presidente de un aliado histórico, con un ejército financiado en parte por la cooperación estadounidense, no podía viajar a Nueva York a la Asamblea General de la ONU sin permiso especial. La imagen —Samper humillado en la frontera diplomática— se convirtió en el emblema del aislamiento.

Las relaciones entre Bogotá y Washington ya venían tensas desde la administración de Misael Pastrana Borrero en los primeros setenta y habían escalado con las guerras de Escobar en los años ochenta. Pero el gobierno Samper marcó un punto bajo particular: por primera vez, la sospecha no recaía sobre carteles, jueces o policías, sino sobre el jefe de Estado mismo. Y de ese punto bajo se derivarían consecuencias de largo aliento: la militarización acelerada de la respuesta antinarcóticos, el diseño del Plan Colombia bajo el gobierno siguiente de Andrés Pastrana, y la conversión definitiva de Estados Unidos en actor doméstico de la política de seguridad colombiana.

La guerra que se escapaba

Mientras Bogotá se consumía en la audiencia interminable del Proceso 8000, otra guerra se libraba fuera del alcance de los titulares. Los años del gobierno Samper coincidieron con una de las etapas más álgidas del conflicto armado interno. El escalamiento sostenido de la actividad militar de las FARC, iniciado en 1994 y prolongado hasta 2004, concentró en aquella década el 95% de sus acciones armadas, con una frecuencia promedio de una operación cada diez días.

La transformación fue cualitativa, no solo cuantitativa. Las FARC pasaron de la tradicional guerra de guerrillas —hostigamientos, emboscadas, retiradas rápidas— a lo que ellas mismas denominaron guerra de movimientos: la concentración de grandes columnas capaces de enfrentar al Ejército en batallas frontales, tomar bases militares, mantener territorio y expulsar al Estado de zonas enteras de su influencia. Entre 1996 y 1998, la Fuerza Pública sufrió derrotas resonantes. El Billar, en Caquetá, se convirtió en el nombre emblemático de esa nueva era en la que un Ejército acostumbrado a perseguir insurgentes se vio, de pronto, perseguido por ellos.

Al otro lado del espectro, los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil —empoderados por su participación en la operación que había culminado con la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993— construyeron durante el gobierno Samper un fortín territorial en Córdoba y Urabá. Su aliado en Medellín era Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna", que había tomado el relevo de Escobar al frente del crimen organizado local y profundizó sus vínculos con los narcotraficantes del norte del Valle del Cauca. De aquella alianza —Castaño, Don Berna, capitales del narcotráfico regional— surgirían las Autodefensas Unidas de Colombia, formalizadas en 1997, que en los años siguientes desatarían la ola paramilitar más sangrienta de la historia reciente del país.

En medio de esas dos escaladas —FARC en guerra de movimientos, paramilitares expandiéndose en el norte y noroccidente—, el gobierno intentó abrir un espacio de diálogo con el ELN. El 5 de junio de 1995, esa guerrilla suspendió las conversaciones y condicionó cualquier futuro entendimiento al esclarecimiento del asesinato de dos de sus dirigentes, hecho atribuido a la XX Brigada del Ejército. El ELN, además, actuaba con desconfianza creciente ante el fortalecimiento de las Convivir —las asociaciones de seguridad privada rural reglamentadas en ese período— y el avance paramilitar. Los diálogos no prosperaron.

La coincidencia de todos estos procesos alimentó, en Washington y en ciertos círculos internos, la percepción de un Estado colombiano al borde del colapso. Que buena parte del escalamiento respondía a dinámicas estructurales anteriores al gobierno Samper —el crecimiento militar de las FARC había comenzado en la Séptima Conferencia de 1982, el paramilitarismo tenía raíces en los años ochenta, la crisis antinarcóticos con Estados Unidos venía de dos décadas atrás— no impidió que todo fuera imputado, política y narrativamente, al presidente asediado. El Proceso 8000 no había creado la guerra, pero le impedía al gobierno oponerle un Estado creíble.

La supervivencia como agencia

La imagen del Samper paralizado es, sin embargo, engañosa en un aspecto crucial. La absolución de junio de 1996 no fue un accidente ni una simple concesión clientelar del Congreso: fue el resultado de una operación política sostenida, planeada, ejecutada con oficio. Samper movilizó las redes liberales que su padrino López Michelsen había cultivado durante décadas. Se apoyó en Horacio Serpa —primero ministro del Interior, después su candidato natural para 1998— como voz pública y escudo mediático. Mantuvo, deliberadamente, la cúpula militar heredada de Gaviria para evitar cualquier fisura con las Fuerzas Armadas. Y negoció, uno por uno, los votos de la Comisión de Acusaciones.

Aquella capacidad de agencia contradice la imagen del reformista pasivo arrastrado por los hechos. Samper fue, en su crisis, un operador político tenaz, dispuesto a gastar cada gramo de capital acumulado para sostenerse. La contrapartida es evidente: cada gramo gastado en sobrevivir fue un gramo que no se invirtió en gobernar. La ecuación del Proceso 8000 no fue tanto que un presidente débil no pudiera hacer nada, sino que un presidente hábil concentró toda su habilidad en no caer, con el costo institucional que eso implicó.

En términos más amplios, la crisis del gobierno Samper puede leerse también como el síntoma —no la causa— de vulnerabilidades sistémicas del régimen político colombiano. La financiación de campañas sin regulación efectiva, los partidos convertidos en federaciones de microempresas electorales, la debilidad crónica de los mecanismos de control interno: todo eso venía de antes. La infiltración narco en la política nacional no fue una anomalía introducida por Samper sino la expresión visible de un sistema que llevaba dos décadas conviviendo con el dinero del narcotráfico sin mecanismos serios para contenerlo. Samper fue el presidente al que le tocó, en gran medida porque su elección fue lo suficientemente competida como para que su rival tuviera incentivo para revelar las grabaciones, pero el sistema era del país entero.

La red

La biografía política de Samper se lee en las alianzas y las rupturas. Su mentor Alfonso López Michelsen —expresidente, patriarca liberal— lo respaldó durante la crisis con una lealtad casi paternal. Horacio Serpa fue su ministro, su vocero y su heredero natural, aunque perdiera la elección de 1998 ante Andrés Pastrana. Fernando Botero Zea fue el aliado que se transformó en acusador y que, desde la cárcel, se convirtió en la voz interna más devastadora contra el presidente. Santiago Medina, el tesorero que abrió el caso, fue el primer eslabón que cedió.

En el frente adversario: Andrés Pastrana, el candidato derrotado en 1994 y ganador en 1998, que entregó los narcocasetes a Gaviria y construyó buena parte de su capital político sobre la denuncia del origen ilegal de la campaña rival. Antanas Mockus, el filósofo alcalde de Bogotá, encarnó desde el ámbito local el reverso ético del samperismo. Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, construyó su plataforma nacional criticando la política de seguridad del gobierno Samper y apoyándose en el modelo de las Convivir, cuya expansión coincidió con el fortalecimiento paramilitar.

Bill Clinton, en Washington, encarnó el otro polo de la ecuación: la administración estadounidense que decidió no derribar a Samper pero tampoco reconocerlo, dejándolo cocerse en su propio aislamiento hasta que el ciclo terminara. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capturados durante el mismo gobierno Samper —en un movimiento que la Casa de Nariño exhibió como prueba de su compromiso antinarcóticos y que sus críticos leyeron como operación de fachada—, cerraron la simetría amarga: los mismos capos cuyo dinero había financiado la campaña fueron detenidos por el gobierno que ese dinero había ayudado a elegir.

La huella: después del poder

Al terminar su mandato el 7 de agosto de 1998, Samper cedió el poder a Andrés Pastrana, quien había ganado la elección contra Horacio Serpa. Comenzaba entonces una segunda vida política, más larga que la primera y más difícil de encasillar.

Retirado de la primera línea nacional, Samper reconstruyó su figura como comentarista político —columnista, panelista, autor de libros de memorias y ensayos— y como diplomático regional. Su paso más visible en esa segunda vida fue la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que ocupó entre 2014 y 2017: un espacio en el que reivindicó una agenda de integración latinoamericana y una crítica sostenida al intervencionismo estadounidense, con un tono que a sus admiradores les parecía la coherencia madura de un socialdemócrata y a sus críticos, la revancha ideológica de un presidente humillado en su día por Washington.

En el debate colombiano, la voz de Samper se especializó en la defensa del proceso de paz con las FARC —cuya negociación se abrió bajo Juan Manuel Santos y culminó en el Acuerdo de La Habana de 2016— y en la crítica al gobierno de Álvaro Uribe y sus herederos. Su presencia mediática, permanente, no logró jamás disolver la mancha del Proceso 8000, pero tampoco se dejó reducir a ella. Samper siguió siendo, hasta hoy, un actor: molesto para muchos, indispensable para otros, incontrolable para todos.

La huella histórica es más ambigua de lo que sugieren tanto sus detractores como sus defensores. El Proceso 8000 estableció, de manera irreversible, que el narcotráfico podía llegar hasta el escritorio del presidente, y esa constatación transformó la política colombiana: la ley de partidos, los controles a la financiación electoral, la conciencia pública sobre el dinero opaco en las campañas, todo eso lleva la marca de aquel escándalo. El aislamiento internacional del gobierno Samper aceleró la conversión del narcotráfico en asunto de seguridad militarizada y preparó el terreno para el Plan Colombia, que reconfiguraría la política de seguridad del país durante los siguientes veinte años. La incapacidad del gobierno para contener el avance de las FARC y el paramilitarismo dejó, como herencia, un conflicto armado en su punto más agudo, que solo empezaría a decantarse tras la ofensiva militar de los gobiernos siguientes.

Y sin embargo, El Salto Social introdujo en el debate colombiano un vocabulario —el del reequilibrio social frente al ajuste, el de la política pública activa contra la pobreza— que no desapareció con él y que reaparecería en administraciones posteriores. La reforma de la Ley 100 de 1993 en salud, la Ley General de Educación, la expansión de las transferencias territoriales a municipios y departamentos se desplegaron durante su gobierno. Que buena parte de esa agenda se quedara a medio camino o fuera capturada por la crisis no significa que no existiera.

Samper es, así, un caso singular en la historia presidencial colombiana: un mandatario que sobrevivió a un escándalo que habría derribado a cualquier otro, que gobernó los cuatro años completos con una legitimidad interna precaria y una legitimidad externa inexistente, que fue absuelto formalmente pero condenado en el imaginario popular, y que después del poder consiguió reinventarse sin dejar nunca de arrastrar su cicatriz. En esa condición dual —absuelto y condenado, sobreviviente y marcado, agente y víctima— reside lo que su figura tiene de emblemático. La presidencia de Samper es el momento en que Colombia se miró en el espejo del narcotráfico y no pudo apartar la vista; y él, como quien encarna un país entero en su propio drama, quedó fijado para siempre en ese espejo, respondiendo por lo suyo y por lo que no era enteramente suyo, sin poder distinguir jamás, ante los demás ni acaso ante sí mismo, dónde terminaba una cosa y empezaba la otra.