Quince períodos para recorrer el archivo en orden y comprender qué cambia de uno al siguiente.
Tras la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP en 2016, Colombia entró en un período de implementación disputada, violencia territorial recompuesta y polarización política estructural, donde una arquitectura institucional inédita —JEP, Comisión de la Verdad, PDET— convive con causas estructurales del conflicto que ningún acuerdo por sí solo podía resolver.
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El posconflicto colombiano nació herido: el plebiscito del 2 de octubre de 2016 rechazó el primer Acuerdo Final, obligando a una renegociación que produjo un texto refirmado en el Teatro Colón en noviembre de ese año. La implementación avanzó de forma desigual bajo tres gobiernos sucesivos —Santos, Duque y Petro—, con logros medibles en justicia transicional y reincorporación, pero también con retrocesos deliberados, asesinatos sistemáticos de excombatientes y líderes sociales, y una reconfiguración violenta del territorio dejado por las FARC-EP. La disputa entre los encuadres 'guerra versus paz' y 'justicia versus impunidad' estructuró la política nacional durante todo el período.
Una columna vertebral temporal antes de abrir cada hecho en detalle.
El 2 de octubre el No ganó el plebiscito por margen mínimo, sorprendiendo a encuestadoras y partidos. Tras renegociación, el Acuerdo Final modificado se firmó en el Teatro Colón el 24 de noviembre, con un bolígrafo hecho de casquillos de bala fundidos.
Las FARC-EP se desplazaron a los 24 ETCR y entregaron armas bajo verificación de la ONU. Las cifras de secuestro y combates cayeron drásticamente; la CEV, la JEP y la Unidad de Búsqueda comenzaron a montarse institucionalmente.
El 3 de septiembre se anunció un cese al fuego bilateral y transitorio de cien días entre el gobierno colombiano y el ELN, el primer documento formal jamás firmado entre ambas partes, en el marco de negociaciones iniciadas en Quito.
En los 161 municipios con anterior presencia territorial de las FARC se registraron 2.957 homicidios, un aumento del 30% respecto a 2016. La tasa fue especialmente alta en municipios con programa PNIS de sustitución de coca (54,7% frente a 21,7% en municipios sin coca).
El exjefe negociador de las FARC en La Habana anunció la conformación de la Segunda Marquetalia, cerrando simbólicamente el ciclo de esperanza abierto con la firma del Acuerdo y evidenciando la fractura interna del proceso de reincorporación.
Gustavo Petro asumió con una coalición que controlaba el 73,9% del Senado y el 78% de la Cámara, e impulsó mesas simultáneas con el ELN, disidencias y estructuras herederas del paramilitarismo bajo el concepto de 'paz grande', con resultados desiguales.
Explorar los acontecimientos
Desde al menos los años ochenta, habitantes de Puerto Berrío (Antioquia) rescatan cuerpos anónimos arrastrados por el río Magdalena —en su mayoría víctimas de desaparición forzada del conflicto armado—, los adoptan en el cementerio Universal y les restituyen nombre, cuidado y vínculo espiritual. Entre 2016 y 2022, esta práctica de animerismo ganó visibilidad nacional e internacional como forma de justicia reparativa popular paralela al Sistema Integral para la Paz, interpelando los alcances del modelo secular de justicia transicional colombiano.
Leer el hechoTras la desmovilización certificada de las FARC-EP en 2017, Colombia no transitó al posconflicto sino a una reconfiguración violenta: al menos treinta estructuras disidentes crecieron hasta 5.187 integrantes en 2021, ocupando los territorios que el Estado no llegó a llenar, mientras eran asesinados más de 1.262 líderes sociales y casi 292 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.
Leer el hechoEntre enero de 2019 y marzo de 2022, al menos 183.702 personas fueron confinadas por grupos armados en Colombia, principalmente en Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo. El confinamiento —restricción forzada de la circulación, el abastecimiento y las actividades productivas sin desplazamiento visible— se consolidó en el posacuerdo como la técnica dominante de control territorial, revelando que la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no clausuró la guerra sino que la volvió menos visible.
Leer el hechoEn 2023, bajo el gobierno de Gustavo Petro, Colombia reformó el artículo 64 de la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, con dimensiones territorial, cultural, social, política, económica y ambiental. La reforma cerró una asimetría de más de tres décadas: la Carta de 1991 había reconocido a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes como colectividades con identidad y derechos propios, pero al campesino lo dejó únicamente como beneficiario de políticas agrarias.
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El panorama de Posconflicto se construyó con documentos y fragmentos trazables. El artículo conserva las citas para que pueda verificarse.
Abrir artículo y fuentesDurante al menos dieciséis milenios, el territorio que hoy es Colombia albergó una sucesión y coexistencia de sociedades —cazadores del pleistoceno, aldeas ceramistas, escultores monumentales, ingenieros hidráulicos, orfebres y confederaciones cacicales— cuya pluralidad de trayectorias regionales define su rasgo más distintivo.
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