Sergio Jaramillo Caro

Sergio Jaramillo Caro

Sergio Jaramillo Caro (Bogotá, 1966) es el diseñador intelectual del proceso de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Filósofo de formación clásica, tecnócrata de la seguridad y diplomático tardío, ocupó el cargo de Alto Comisionado para la Paz entre 2012 y 2017, período durante el cual condujo, junto a Humberto de la Calle, el equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos. Antes había sido viceministro de Defensa y asesor de seguridad nacional, una trayectoria que hizo de él un caso poco frecuente en la vida pública colombiana: la misma persona que ayudó a pensar el debilitamiento militar de la guerrilla terminó pensando cómo negociar con ella. En esa continuidad —y no en la ruptura entre una etapa y otra— reside su lugar específico en la historia reciente del país.

El filósofo que llegó al Ministerio de Defensa

Jaramillo pertenece a una generación bogotana que se formó fuera del país en los años ochenta y noventa, cuando la violencia interna estaba en su fase más aguda y el Estado colombiano se batía simultáneamente contra el narcotráfico, las guerrillas y el paramilitarismo. Estudió filosofía y lenguas clásicas en Oxford y en Heidelberg; también pasó por Cambridge. De ese trayecto quedaron dos rasgos que sus interlocutores reconocieron durante años: un dominio del inglés con acento británico —perceptible incluso en un almuerzo tras una conferencia en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard— y una forma de razonar más cercana a la tradición filosófica europea que al debate político colombiano habitual. No venía de la carrera diplomática ni del cursus honorum de los partidos: llegó al Estado por la puerta de la seguridad.

Esa puerta se abrió en 2006, cuando Juan Manuel Santos, recién nombrado ministro de Defensa por Álvaro Uribe Vélez, lo incorporó al equipo del ministerio. Entre 2006 y 2009, Santos supervisó desde allí las operaciones militares que quebraron la columna vertebral operativa de las FARC: el bombardeo dentro de territorio ecuatoriano en marzo de 2008 que dio de baja a Raúl Reyes, número dos del Secretariado, y la Operación Jaque en julio de ese mismo año, que rescató a quince rehenes de alto perfil sin disparar un tiro. Fue la Política de Defensa y Seguridad Democrática llevada a su fase de mayor efectividad: los secuestros, que habían llegado a un pico de 3.550 en el año 2000, caerían a 1.500 en 2010; el pie de fuerza de la guerrilla se redujo de manera sostenida hasta acercarse, hacia 2012, a unos 8.000 combatientes.

Jaramillo trabajó en el diseño doctrinal de ese esfuerzo. No firmó las órdenes de operaciones ni comandó unidades —no era su lugar—, pero participó en la elaboración de la política pública que las enmarcaba. Fue entonces cuando conoció desde adentro las Fuerzas Armadas, sus generaciones, sus lealtades internas, sus resistencias. Ese conocimiento resultaría decisivo cuando le tocara, años después, sentar a un general en la mesa con la guerrilla que había combatido durante cuarenta años. El mismo período estuvo cruzado por sombras que Jaramillo no encarnó pero que forman parte del contexto: los escándalos de las interceptaciones ilegales del DAS contra periodistas, magistrados y opositores, revelados en 2009, y la controversia sobre las bajas presentadas como resultados operacionales. La política de seguridad que dio frutos militares reales convivió con abusos que marcarían después la agenda de la justicia transicional.

Del asesor de seguridad al Alto Comisionado para la Paz

Cuando Santos ganó la presidencia el 20 de junio de 2010, Jaramillo pasó con él a la Casa de Nariño. Ocupó de manera simultánea dos cargos que, en la superficie, parecen contradictorios: asesor de seguridad nacional y Alto Comisionado para la Paz. Esa doble función no fue un accidente organizativo. Fue el signo de una decisión de fondo del gobierno entrante: la política contrainsurgente y la política de paz no serían gestionadas por trincheras separadas del Estado, sino como dos caras del mismo diseño. Quien pensaba la guerra pensaría también la salida negociada.

En términos institucionales, la configuración era inédita. En procesos anteriores —el Caguán bajo Andrés Pastrana, los diálogos con el M-19 y el EPL bajo Virgilio Barco y César Gaviria, los intentos con las FARC bajo Belisario Betancur— la oficina del Alto Comisionado había existido como espacio separado, casi contrapuesto al Ministerio de Defensa. Jaramillo unió los dos lenguajes en un mismo despacho. La consigna que después se atribuiría al proceso, "negociar como si no hubiera guerra y pelear la guerra como si no hubiera negociación", nació de esa unión. No era una fórmula retórica sino un método operativo. Mientras se sondeaban los primeros contactos con las FARC, el Estado siguió combatiéndolas. El 4 de noviembre de 2011, en la Operación Odiseo, la fuerza pública dio de baja a Alfonso Cano, jefe máximo de la guerrilla. Diez meses después empezarían las conversaciones formales.

El propio Santos declararía años más tarde ante la Comisión de la Verdad que la muerte de Cano fue fundamental para el proceso: sin ese golpe, las Fuerzas Armadas no habrían aceptado sentarse; sin la certeza guerrillera de que la derrota militar era la única alternativa a la negociación, las FARC no habrían aceptado hacerlo por primera vez sin exigir previamente cambios estructurales del régimen. Jaramillo comprendió antes que muchos que esa era la ventana histórica. La coerción acumulada durante una década había creado las condiciones materiales; faltaba diseñar la arquitectura política que las convirtiera en acuerdo.

La fase exploratoria y el Acuerdo General

Entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012 se desarrolló en La Habana, con la discreción absoluta como principio operativo, la fase exploratoria del proceso. Cuba y Noruega actuaron como países garantes; Venezuela, bajo Hugo Chávez, como facilitador logístico. Durante seis meses, delegados del gobierno y del Secretariado sostuvieron diez rondas reservadas de conversaciones que ni la opinión pública ni buena parte del gabinete conocían. Jaramillo fue una de las piezas clave de esa etapa junto a Frank Pearl, excomisionado y exministro de Medio Ambiente, y a Enrique Santos Calderón, hermano mayor del presidente, cuya cercanía con círculos de la izquierda facilitó los primeros contactos.

La fase exploratoria produjo, el 26 de agosto de 2012, el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ese documento —seis puntos, cinco sustantivos y uno de procedimiento— fue el instrumento definitorio. Fijó una agenda acotada, deliberadamente limitada: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación. Y estableció líneas rojas explícitas: no se negociarían la estructura política y económica del país, ni el Estado de derecho, ni la democracia, ni la economía de mercado, ni el futuro de las Fuerzas Armadas, ni la política internacional de Colombia. Por primera vez en su historia, las FARC aceptaban conversar con el objetivo expreso de poner fin al conflicto, renunciando a la exigencia previa de cambios estructurales como condición del desarme.

Esa arquitectura llevaba las huellas de Jaramillo con particular claridad. La agenda acotada era el reverso conceptual del Caguán: donde Pastrana había abierto la mesa a un temario amplísimo sin pedir garantías, Santos y Jaramillo cerraron el temario y blindaron lo que no se tocaría. La lógica era jurídica y prudencial a la vez: la paz debía ser posible sin refundar el país, porque una paz que exigiera refundación no la firmarían ni los militares, ni el empresariado, ni la clase política dominante. Los críticos de izquierda leerían después esa arquitectura como una limitación deliberada del alcance transformador del acuerdo; los de derecha, como una entrega excesiva pese a los blindajes. Ambas críticas coinciden, involuntariamente, en reconocer el diseño.

La mesa de La Habana

El anuncio público del Acuerdo General se produjo el 18 de octubre de 2012, con la instalación protocolaria de la mesa en Oslo. Un mes después, el 19 de noviembre, empezó a sesionar en La Habana, sede definitiva hasta el final del proceso. Jaramillo fue miembro del equipo negociador del gobierno junto a Humberto de la Calle —exministro y exvicepresidente, cabeza visible de la delegación—, Luis Carlos Villegas —entonces presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, representación empresarial explícita—, Frank Pearl, el general en retiro Óscar Naranjo —exdirector de la Policía Nacional entre 2007 y 2012— y el general en retiro Jorge Enrique Mora —excomandante del Ejército y de las Fuerzas Militares—. En mayo de 2015, en la fase final, se incorporaría como plenipotenciaria la canciller María Ángela Holguín, cuya experiencia diplomática se consideró indispensable para los temas de verificación internacional.

La inclusión de Mora y Naranjo no fue decorativa. Santos convocó a las asociaciones de militares retirados y buscó el consenso institucional antes de nombrar a Mora; la reunión en la que el general aceptó se realizó en Palacio con la presencia de Humberto de la Calle, Enrique Santos y el presidente. Mora declararía después que desde quince años antes tenía formada una convicción propia sobre cómo debía terminar el conflicto con las FARC. La afirmación es reveladora: la mesa no fue solo el producto de una decisión presidencial y del diseño de Jaramillo, sino la confluencia de convicciones institucionales largamente maduradas dentro del propio aparato militar.

Del otro lado se sentaron Iván Márquez, miembro del Secretariado, como jefe de la delegación de las FARC, acompañado por Jesús Santrich, Andrés París y otros combatientes con trayectoria de ideólogos y experiencia en procesos anteriores. La asimetría de perfiles era total: doctores, generales y presidentes de gremios frente a guerrilleros que habían vivido décadas en el monte. Jaramillo operó en esa asimetría con la misma paciencia analítica con que abordaba una tesis filosófica: entender las categorías del interlocutor, traducirlas al lenguaje del Estado y volver a traducirlas al lenguaje que el interlocutor pudiera aceptar.

La doctrina de la paz territorial

Si algo puede considerarse aporte propio de Jaramillo al vocabulario público del proceso, es la noción de paz territorial. La formuló en conferencias y textos como consecuencia lógica del diagnóstico del conflicto colombiano: una guerra que no se libraba en la capital sino en los márgenes rurales, en los municipios donde el Estado había estado ausente durante generaciones y donde el vacío había sido ocupado por actores armados, cultivos ilícitos y economías de guerra. La paz territorial proponía que la implementación del acuerdo no fuera un ejercicio centralizado desde Bogotá, sino una construcción anclada en los territorios afectados por el conflicto, con participación de las comunidades y transformación material de las condiciones que habían hecho posible la insurgencia.

Esa doctrina se cristalizó, en el texto final del acuerdo, en instrumentos concretos: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para los 170 municipios más golpeados por la guerra, los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización donde se agruparían los guerrilleros para el desarme. La palabra "territorio" atraviesa el acuerdo con una insistencia que no es casual: es la firma conceptual de Jaramillo. Detrás de ella late una intuición filosófica —que la vida política concreta ocurre en lugares, no en categorías abstractas— y una lectura pragmática de la sociología del conflicto colombiano.

Los resultados posteriores de esa apuesta han sido desiguales. La implementación de los PDET ha sido lenta, mal financiada y capturada en varios lugares por dinámicas locales de violencia; la reforma rural integral avanza con enorme dificultad; los antiguos territorios de las FARC han sido en muchos casos ocupados por disidencias, ELN, Clan del Golfo y economías ilícitas. La paz territorial como diseño era coherente; como ejecución, dependía de un Estado capaz de sostenerla durante décadas, y ese Estado no ha estado siempre a la altura de su propio compromiso.

La red internacional del proceso

Jaramillo hizo del acompañamiento internacional una columna estructural del proceso. Cuba y Noruega actuaron como garantes formales; Venezuela, como facilitador. El gobierno de Barack Obama respaldó las conversaciones bajo la consigna, atribuida a los países amigos de Colombia, de "todo para la paz, nada para la guerra". La Unión Europea y varios países europeos aportaron acompañamiento político y presión favorable al diálogo. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, calificó el proceso como "un ejemplo para los conflictos que enfrenta el mundo". En 2016, los 33 gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se sumaron en Quito como garantes del cese al fuego.

Ese andamiaje internacional cumplió tres funciones simultáneas. Dio legitimidad al proceso frente a una opinión pública doméstica escéptica. Actuó como red de contención en los momentos de crisis: Cuba y Noruega fueron determinantes para evitar la ruptura definitiva de las negociaciones en varias coyunturas iniciales, logrando que ambas partes cedieran y volvieran a la mesa. Y blindó el acuerdo con un tejido de compromisos externos que dificultaba su desmonte unilateral por gobiernos futuros. Jaramillo cultivó personalmente muchas de esas relaciones, con la naturalidad de quien había pasado años en universidades europeas y hablaba con soltura los códigos de la diplomacia multilateral. Fue, en ese sentido, un puente cultural tanto como político.

El plebiscito y la renegociación

El acuerdo final se firmó en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, con presencia de jefes de Estado y del Secretario General de la ONU. Seis días después, el 2 de octubre, el plebiscito convocado por el gobierno para refrendarlo produjo un resultado que nadie en la mesa había previsto seriamente: el No ganó por un margen estrecho pero inequívoco. Fue el golpe político más duro que recibió Jaramillo en su vida pública.

La derrota tuvo autores concretos. El Centro Democrático de Álvaro Uribe llamó a votar por el No con una campaña que combinó objeciones jurídicas —consideradas justificadas por unos, deformadas por otros— sobre la justicia transicional, la participación política de las FARC y la ausencia de cárcel efectiva para sus jefes. El sector pastranista del Partido Conservador se sumó. FEDEGAN, la Federación Colombiana de Ganaderos, hizo campaña abierta contra el acuerdo. Los sectores rurales empresariales y políticos más enfrentados históricamente con la guerrilla se alinearon con la oposición. Como sintetizaría después el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín, la oposición uribista no respondía simplemente a maldad o envidia personal: había grandes intereses concretos en juego, particularmente en los puntos de reforma rural y participación política, que hacían inaceptables aspectos esenciales del acuerdo para determinados sectores.

Jaramillo y De la Calle regresaron a La Habana para renegociar. Entre octubre y noviembre de 2016 se procesaron cientos de propuestas de los sectores del No. El 12 de noviembre se firmó un acuerdo revisado. Las FARC aceptaron concesiones significativas —entre ellas, la obligación explícita de entregar bienes mal habidos para reparar a las víctimas— pero mantuvieron su posición en puntos que consideraban esenciales, particularmente la participación política y los escaños garantizados en el Congreso. El nuevo texto no volvió a plebiscito: se refrendó por vía del Congreso, decisión que la oposición uribista consideraría desde entonces un vicio de origen del acuerdo revisado.

El episodio dejó a Jaramillo en una posición incómoda. Había diseñado un proceso técnicamente riguroso, con líneas rojas explícitas, con blindaje internacional, con arquitectura de justicia transicional cuidadosamente pesada, y aun así había sido derrotado en las urnas por una campaña que él consideraba —con razones y con exageraciones— basada en tergiversaciones. La lección política era dura: la corrección técnica no basta cuando el terreno cultural no ha sido preparado. El equipo del gobierno, como reconocería después, no logró la plena adhesión del establecimiento político colombiano; el uribismo, aunque ya no era la fuerza hegemónica de 2006, mantenía un peso significativo en las entrañas del poder político y social.

Después de la firma: la implementación y Bruselas

Jaramillo permaneció como Alto Comisionado hasta 2017. Ese año, Santos lo designó embajador de Colombia ante la Unión Europea, con sede en Bruselas, cargo que ocupó hasta el final del gobierno en 2018 y desde el cual defendió internacionalmente la implementación del acuerdo. Su tarea allí fue menos visible pero políticamente crítica: mantener el apoyo económico, técnico y diplomático europeo al posconflicto en un momento en que el escenario interno colombiano se enrarecía.

El gobierno de Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, llegó con la promesa uribista de "hacer trizas" el acuerdo, promesa que en la práctica se moderó en desdén administrativo, ralentización de la implementación y resistencias abiertas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Jaramillo se convirtió durante esos años en una voz crítica del retroceso, tanto desde escenarios académicos internacionales como desde publicaciones periódicas. Escribió en revistas y periódicos, dictó conferencias en universidades europeas y norteamericanas, mantuvo una presencia intelectual sostenida sobre los temas de paz y transición. Su registro cambió: del funcionario prudente que evitaba la controversia pasó a una figura pública más frontal, dispuesta a nombrar retrocesos y responsables.

Durante ese período participó también en iniciativas internacionales de mediación. En 2022, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, fue considerado por sectores del nuevo gobierno como una referencia técnica para la política de "paz total", aunque no asumió cargo formal en ella. Su distancia crítica con algunos aspectos del nuevo enfoque —la simultaneidad de mesas con múltiples actores armados, la ambigüedad sobre líneas rojas, la ausencia de agenda acotada— evocó, en negativo, los principios que él había establecido para La Habana.

La red de personas e ideas

La trayectoria pública de Jaramillo se entiende mal sin la red de relaciones que la sostuvo. Con Santos, la relación fue de continuidad institucional y confianza estratégica desde 2006 hasta 2018, prácticamente doce años en el mismo círculo de decisión. Con Humberto de la Calle, la relación en la mesa fue de complementariedad: De la Calle aportaba estatura política, memoria constitucional y capacidad de comunicación pública; Jaramillo, arquitectura conceptual y detalle técnico. Con Frank Pearl compartió la fase exploratoria y la memoria institucional del oficio de comisionado. Con Enrique Santos Calderón, los canales iniciales que hicieron posible el contacto reservado con las FARC. Con Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora, la traducción entre el mundo militar y el mundo de la negociación. Con María Ángela Holguín, la conexión diplomática internacional en la fase final.

En el plano de las ideas, la figura de referencia obligada al hablar de Jaramillo es Jesús Antonio Bejarano, el economista y consejero de paz asesinado en 1999, autor de una obra pionera sobre la economía política del conflicto colombiano y sobre las condiciones institucionales de la negociación. Bejarano había insistido, contra la lógica del Caguán, en que las negociaciones exitosas exigían agenda acotada, discreción, respaldo militar y compromiso institucional integral. La deuda intelectual de Jaramillo con Bejarano es evidente en la arquitectura del proceso de La Habana, aunque Jaramillo añadió a esa herencia una dimensión territorial y una sensibilidad internacional que Bejarano no alcanzó a desarrollar en vida.

Con Iván Márquez y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, la relación fue la peculiar intimidad de quienes negocian durante cuatro años en la misma sala. El destino posterior de esos interlocutores marca también la trayectoria de Jaramillo: Londoño se mantuvo en el proceso, lideró la transición de las FARC a partido político y hoy encabeza el partido Comunes; Márquez rompió con el acuerdo en 2019, retomó las armas y encabeza la Segunda Marquetalia. Que uno de los principales interlocutores del gobierno en la mesa terminara de nuevo en la insurgencia es una de las heridas abiertas del proceso, y uno de los argumentos recurrentes de quienes cuestionan la eficacia de lo firmado.

La huella

Sergio Jaramillo deja, hasta ahora, una huella doble. Fue el arquitecto principal del proceso de paz que puso fin a más de cincuenta años de guerra con la guerrilla más antigua del hemisferio occidental. Ese logro es inmenso y sobrevive a todas las críticas: la firma del acuerdo, el desarme efectivo de cerca de trece mil combatientes, la reincorporación —imperfecta pero real— de la mayoría de ellos a la vida civil, la creación de una arquitectura de justicia transicional que ha producido verdad histórica y sanciones a máximos responsables, la incorporación de las FARC al sistema político por vías institucionales, son hechos irreversibles de la historia colombiana. Nada de eso habría ocurrido de la misma manera sin él.

Al mismo tiempo, la implementación desigual, la reactivación de la violencia en varios territorios, la ruptura de una parte del antiguo Secretariado, la derrota en el plebiscito y la fragilidad política del acuerdo bajo gobiernos hostiles señalan los límites del diseño. Algunos son atribuibles al diseño mismo —la agenda acotada blindó el statu quo económico y limitó el alcance transformador que habría podido dar más profundidad al posconflicto—; otros son responsabilidad de gobiernos posteriores y de dinámicas territoriales que ningún acuerdo podía resolver por sí solo. La discusión sobre esos matices seguirá abierta durante décadas.

Queda la figura del hombre. Un filósofo bogotano que estudió lenguas clásicas en Oxford y Heidelberg, que trabajó en el corazón del aparato de seguridad del Estado, que diseñó desde allí la salida negociada del conflicto y que después defendió esa salida contra sus propios detractores. Un tecnócrata sin partido, sin base electoral, sin ambición pública visible más allá del cargo específico que ocupaba. Una figura que encarna, para bien y para mal, la posibilidad —y los límites— de una política pública guiada por el análisis riguroso en un país acostumbrado a la improvisación. En la larga lista de arquitectos institucionales del Estado colombiano contemporáneo —de Alberto Lleras a Carlos Lleras, de Alfonso López Michelsen a Rudolf Hommes— Sergio Jaramillo ocupa un lugar preciso: el del hombre que, entre 2010 y 2016, pensó cómo terminar una guerra y consiguió que se terminara.