08 · Archivo público
Archivo
Todas las piezas publicadas en una sola mesa: hechos, épocas, biografías y lecturas con sus fuentes.
- 370
- hechos
- 15
- épocas
- 403
- biografías
- 693
- lecturas
- 639
- documentos citados
- 74.432
- fragmentos
Hechos
121–149 de 149 · Cronológico- 121HechoC.N.X Conferencia del M-19 y consulta interna de desmovilizaciónEn octubre de 1989, doscientos veintisiete delegados del M-19 reunidos en Toribío (Cauca) votaron la dejación de armas y la conversión del movimiento en partido político legal, en un mecanismo deliberativo sin precedentes en guerrillas latinoamericanas del siglo XX. La decisión legitimó internamente el acuerdo de paz firmado con el gobierno Barco en marzo de 1990.1989–1990
- 122HechoC91Funpazcor y el despojo legalizado mediante filantropía armadaEntre 1991 y finales de los noventa, Fidel Castaño Gil utilizó la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) para convertir tierras despojadas por el paramilitarismo en propiedad legítima, distribuyendo parcelas a campesinos y desmovilizados del EPL mientras colocaba prestanombres en los mejores predios y borraba la tradición jurídica de las fincas mediante la figura del 'área nueva'. El dispositivo prefiguró el patrón de acumulación por desposesión que las ACCU y las AUC replicarían en toda Colombia.1991–2000
- 123HechoC91Pentecostalización rural en zonas de conflicto (1991–2002)Entre 1991 y 2002, congregaciones evangélicas y pentecostales asumieron en veredas del Magdalena Medio, los Montes de María y otras zonas rurales colombianas funciones de acompañamiento espiritual, contención emocional y reconstrucción comunitaria que el Estado y la Iglesia católica no cubrían. La evidencia disponible documenta casos localizados y funciones humanitarias concretas, pero no sostiene una expansión demográfica homogénea en todas las regiones que la hipótesis suele agrupar.1991–2002
- 124HechoC91Pedagogías paramilitares de adoctrinamiento y giro bolivariano de las FARC (1993–2002)Entre 1993 y 2002, las FARC-EP y las estructuras que confluirían en las AUC desplegaron dispositivos pedagógicos sistemáticos para fabricar combatientes: escuelas de entrenamiento con instructores extranjeros y exmilitares, adoctrinamiento ideológico diario, rituales de degradación corporal y aprendizaje del umbral de violencia. En paralelo, las FARC reciclaron el simbolismo bolivariano tras el colapso soviético para reanclar su proyecto insurgente a una genealogía nacional propia.1993–2002
- 125HechoC91Cooperativas de Trabajo Asociado y desmantelamiento del sindicalismo palmero (1995–2005)Entre 1995 y 2005, las grandes palmicultoras del Magdalena Medio sustituyeron el contrato laboral directo por Cooperativas de Trabajo Asociado, convirtiendo a obreros sindicalizados en 'socios' que aportaban sus cesantías como capital, mientras la violencia paramilitar neutralizaba la resistencia sindical. La operación fusionó reforma laboral y coerción armada en un dispositivo inédito que liquidó la negociación colectiva sin derogar formalmente el derecho de asociación.1995–2005
- 126HechoC91Limpieza social y orden moral paramilitar en ciudades colombianas (1995–2002)Entre 1995 y 2002, los bloques paramilitares de las AUC y sus estructuras predecesoras desplegaron en los cinturones populares de Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Barrancabermeja y decenas de cabeceras intermedias un programa sistemático de exterminio de consumidores de drogas, habitantes de calle, trabajadoras sexuales, personas LGBTI y jóvenes estigmatizados, articulado en un lenguaje de moralidad pública y sostenido por el consentimiento activo de sectores de la comunidad. El dispositivo, denominado por sus propios ejecutores 'limpieza social', fue un mecanismo deliberado de soberanía moral urbana y no un daño colateral del conflicto armado.1995–2002
- 127HechoC91Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM)Primer Programa de Desarrollo y Paz de Colombia, surgido en 1995 en el Magdalena Medio como iniciativa de la sociedad civil que articuló al CINEP, la Diócesis de Barrancabermeja, Ecopetrol, la USO y cooperación internacional para construir desarrollo en medio del conflicto armado, anticipando la lógica territorial de los PDET de 2016.1995–2003
- 128HechoC91Asimetría mediática: hipervisibilidad de las FARC e invisibilización paramilitar (1996–2002)Entre 1996 y 2002, los grandes medios colombianos —El Tiempo, Caracol y RCN— construyeron una representación del conflicto que amplificó sistemáticamente la amenaza de las FARC mientras los paramilitares pasaban de presencia en 109 municipios a 722 sin cobertura proporcional a su expansión ni a sus masacres. Esa asimetría fue el suelo discursivo sobre el que se asentaron el Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática.1996–2002
- 129HechoS.D.Despojo, palma aceitera y titulación colectiva afro en Curvaradó y Jiguamiandó (1997–2007)Entre 1997 y 2007, comunidades afrocolombianas de las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó (Bajo Atrato, Chocó) fueron desplazadas por las ACCU/AUC en coordinación con la Brigada XVII del Ejército; sobre sus territorios colectivos titulados bajo la Ley 70 de 1993 se instalaron plantaciones de palma aceitera financiadas con recursos públicos de Finagro y el Banco Agrario, en un caso que llegó a la Corte Constitucional y produjo las primeras condenas penales por desplazamiento forzado con fines de despojo.1997–2007
- 130HechoC91Sevicia ritual paramilitar y violencia sexual escenificada en masacres (1997–2002)Entre 1997 y 2002, las Autodefensas Unidas de Colombia desplegaron un repertorio sistemático de mutilaciones, empalamientos, violencia sexual pública y disposición escenificada de cadáveres como tecnología deliberada de dominio territorial. Ese patrón —heredero de la gramática corporal de La Violencia bipartidista— funcionó como lenguaje político de soberanía: producía silencio judicial e impunidad hacia adentro, y terror comunicativo hacia la población civil y las guerrillas hacia afuera.1997–2002
- 131HechoC91Monumento a la Paz de MonteríaEn 1999 se inauguró en Montería, capital de Córdoba, una escultura pública que representaba a un campesino dándole la mano a un soldado sin insignia. Carlos Castaño, comandante de las ACCU, la interpretó públicamente como una invitación al ciudadano a incorporarse a las filas paramilitares, inscribiendo la victoria del proyecto armado en el espacio urbano antes de que existiera memorial alguno para las víctimas del conflicto en la región.1999
- 132HechoS.D.Fumigaciones aéreas con glifosato, efecto globo y desplazamiento cocalero (2001–2008)Entre 2001 y 2008, la aspersión aérea masiva con glifosato ejecutada bajo el Plan Colombia en Putumayo, Nariño y Caquetá destruyó cultivos lícitos e ilícitos, generó desplazamiento campesino e indígena hacia Ecuador y otras regiones, y produjo el llamado efecto globo: el traslado geográfico de los cultivos de coca hacia decenas de departamentos y hacia Perú, sin reducción neta sostenida del área sembrada.2001–2008
- 133HechoS.D.El Bloque Centauros y la guerra intra-paramilitar en el Casanare (2002–2005)Entre 2002 y 2005, el Bloque Centauros de las AUC, comandado por Miguel Arroyave, libró una guerra abierta contra las Autodefensas Campesinas del Casanare de Martín Llanos por el control de cultivos de coca, rentas petroleras y contratos públicos en Meta, Casanare y Vichada, con apoyo operativo de sectores del Ejército y la Fuerza Aérea. El conflicto desmonta la imagen de las AUC como federación coherente y revela que la desmovilización de 2003–2006 se negoció con estructuras que ya se destruían entre sí.2002–2005
- 134HechoS.D.El DAS bajo Jorge Noguera y la captura paramilitar del aparato de inteligencia (2002–2005)Entre 2002 y 2005, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo la dirección de Jorge Aurelio Noguera Cotes, fue instrumentalizado por el Bloque Norte de las AUC: entregó información reservada y listados de personas señaladas como enemigas, protegió a paramilitares de la persecución judicial, borró antecedentes de narcotraficantes y creó estructuras clandestinas de espionaje ilegal. La Corte Suprema condenó a Noguera en 2011 y el DAS fue liquidado ese mismo año.2002–2011
- 135HechoS.D.Guardia Indígena Nasa y Comunidades de Paz como soberanías civiles desarmadas (2002–2015)Durante la Política de Seguridad Democrática y el proceso de paz de La Habana, la Guardia Indígena Nasa del norte del Cauca y las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, el Cacarica y Puente Nayero (Buenaventura) desarrollaron modelos de soberanía civil desarmada que rechazaron simultáneamente al Estado, las guerrillas y los paramilitares, ejerciendo gobierno territorial propio mediante bastones de mando, neutralidad activa y acompañamiento humanitario internacional. Estas experiencias anticiparon la noción de 'paz territorial' recogida en el Acuerdo Final de 2016.2002–2015
- 136HechoS.D.Falsificación de cifras y ocultamiento de menores en la desmovilización paramilitar (2003–2006)Las ceremonias de desmovilización de las AUC (2003–2006) inflaron artificialmente las cifras oficiales —más de 31.000 desmovilizados frente a un pie de fuerza real estimado entre 10.000 y 16.000— mediante la incorporación de civiles reclutados días antes, la retención deliberada de armamento y el ocultamiento sistemático de menores de edad, convirtiendo el proceso en una operación de blanqueo administrativo que comprometió la justicia transicional y facilitó el rearme posterior.2003–2006
- 137HechoS.D.Sentencia T-025 de 2004 y el estado de cosas inconstitucional del desplazamiento forzadoEl 22 de enero de 2004 la Corte Constitucional declaró un 'estado de cosas inconstitucional' en la política de atención al desplazamiento forzado, acumulando las tutelas de 1.150 familias desplazadas, y abrió un proceso de seguimiento mediante autos estructurales que condicionó durante más de una década la política pública de víctimas y prefiguró la arquitectura de reparación integral consagrada en la Ley 1448 de 2011.2004–2013
- 138HechoS.D.Directiva 029 de 2005 y la arquitectura de incentivos para los falsos positivosEl 17 de noviembre de 2005, el Ministerio de Defensa emitió la Directiva Permanente 029, que articuló recompensas monetarias, permisos y reconocimientos vinculados a resultados operacionales medidos en bajas en combate. Esa arquitectura de incentivos, combinada con la presión cuantitativa de la Seguridad Democrática, produjo estructuralmente el ciclo de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas de civiles conocido como 'falsos positivos', con al menos 6.402 víctimas documentadas entre 2002 y 2008.2005–2008
- 139HechoS.D.Auto 092 de 2008: reconocimiento judicial del impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeresEl 14 de abril de 2008, la Corte Constitucional expidió el Auto 092 en seguimiento a la T-025 de 2004, profundizando el reconocimiento judicial de que el desplazamiento forzado afectaba desproporcionadamente a las mujeres colombianas; ordenó trece programas específicos de atención y remitió a la Fiscalía un anexo reservado con 183 casos de violencia sexual atribuidos al conflicto armado. Fue un hito en la traducción judicial del desarraigo forzado a una gramática de género, elevando a categoría jurídica lo que organizaciones de mujeres y académicas feministas venían documentando.2008
- 140HechoS.D.Casas de pique y violencia urbana afrocolombiana en Buenaventura (2010–2015)Entre 2010 y 2015, grupos neoparamilitares —La Empresa y los Urabeños— instalaron en los barrios de bajamar de Buenaventura 'casas de pique' donde torturaban, desmembraban y desaparecían a jóvenes afrodescendientes, arrojando los restos a los esteros. La práctica funcionó simultáneamente como terror, control territorial y mecanismo de despojo sobre suelos codiciados por la expansión portuaria.2010–2015
- 141HechoPOSFracaso del PNIS (2017–2022)El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, creado por el Decreto 896 de 2017 como brazo operativo del Punto 4 del Acuerdo de La Habana, vinculó a cerca de 132.000 familias cocaleras en 14 departamentos pero fue sistemáticamente incumplido: retrasos en pagos, ausencia de proyectos productivos y reactivación de la erradicación forzada. Para 2022, Colombia registraba el récord histórico de hectáreas sembradas de coca y la producción de cocaína marcaba también un pico sin precedentes.2017–2022
- 142HechoPOSParo Cívico de Buenaventura de 2017Entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017, Buenaventura se paralizó durante 22 días bajo el Comité del Paro Cívico, movilizando hasta 200.000 personas afrodescendientes en demanda de agua potable, salud, educación, empleo y autonomía étnico-territorial frente a un modelo de enclave portuario que concentraba el 45% del comercio exterior colombiano en medio de una ciudad con 41% de pobreza multidimensional. El paro concluyó con un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. En diciembre de 2017 fue aprobada la Ley 1872.2017
- 143HechoPOSSentencia STC 4360 de 2018: la Amazonía como sujeto de derechosEl 5 de abril de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos mediante la sentencia STC 4360, impulsada por veinticinco niños, niñas, adolescentes y jóvenes que alegaron que la deforestación acelerada tras la desmovilización de las FARC-EP vulneraba sus derechos fundamentales y los de las generaciones futuras. El fallo ordenó al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales y municipales formular planes de acción intergeneracionales y construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC).2018
- 144HechoPOSBombardeo de Caquetá y muerte de menores reclutados (2019)En agosto de 2019, la Fuerza Aérea Colombiana ejecutó un bombardeo en zona rural del Caquetá que causó la muerte de al menos ocho menores reclutados forzosamente por una disidencia de las FARC-EP. El ocultamiento inicial de la edad de las víctimas y la defensa presidencial de la operación como 'impecable' precipitaron la renuncia del ministro de Defensa —la primera en el posacuerdo— y alimentaron la indignación social que desembocó en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019.2019
- 145HechoPOSConfinamientos masivos como modalidad de control territorial en el posacuerdo (2019–2022)Entre enero de 2019 y marzo de 2022, al menos 183.702 personas fueron confinadas por grupos armados en Colombia, principalmente en Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo. El confinamiento —restricción forzada de la circulación, el abastecimiento y las actividades productivas sin desplazamiento visible— se consolidó en el posacuerdo como la técnica dominante de control territorial, revelando que la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no clausuró la guerra sino que la volvió menos visible.2019–2022
- 146HechoPOSEncuentro de reconocimiento entre las madres de Toluviejo y el coronel Borja (2021)El 27 de julio de 2021, once madres de jóvenes asesinados como falsos positivos en Toluviejo (Sucre) se encontraron cara a cara con el coronel retirado Luis Fernando Borja Aristizábal y otros oficiales en un acto de reconocimiento organizado bajo la metodología del 'diálogo de improbables', en el que el coronel admitió haber ordenado la muerte de jóvenes empobrecidos y declaró: 'nos creíamos dioses, no había justicia por encima de nosotros'. El acto inauguró un modelo de justicia restaurativa performativa sin precedente en los procesos colombianos de verdad y reparación por ejecuciones extrajudiciales.2021
- 147HechoPOSEstatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (2021)El 1 de marzo de 2021, el gobierno de Iván Duque expidió el Decreto 216, que creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y el Permiso por Protección Temporal, regularizando a cerca de 1,7 millones de venezolanos por hasta diez años en la mayor operación migratoria de América Latina. La medida transformó la política migratoria colombiana, históricamente orientada a la emigración, e inauguró una nueva categoría de residencia que la Corte Constitucional debió arbitrar entre su diseño ambicioso y una implementación desigual.2021
- 148HechoPOSSentencia C-055 de 2022: despenalización del aborto hasta la semana 24El 21 de febrero de 2022, tras ocho horas de deliberación, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto voluntario hasta la semana veinticuatro de gestación, colocando al país a la vanguardia regional de los derechos reproductivos y cerrando un ciclo de más de medio siglo de organización feminista, aunque sin eliminar el delito del Código Penal.2022
- 149HechoPOSActo Legislativo 1 de 2023: el campesinado como sujeto de especial protección constitucionalEn 2023, bajo el gobierno de Gustavo Petro, Colombia reformó el artículo 64 de la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, con dimensiones territorial, cultural, social, política, económica y ambiental. La reforma cerró una asimetría de más de tres décadas: la Carta de 1991 había reconocido a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes como colectividades con identidad y derechos propios, pero al campesino lo dejó únicamente como beneficiario de políticas agrarias.2023