Hechos

PrehispánicoPrehispánicoPREantes 1499antes de 1499ConquistaConquistaCON1499–15991499–1599ColoniaColoniaCOL1600–17801600–1780Preindep.Pre-independenciaP.IND1780–18091780–1809IndependenciaIndependenciaIND1810–18311810–1831Nueva GranadaNueva GranadaNGR1831–18621831–1862E. U. de ColombiaEstados Unidos de ColombiaEUC1863–18851863–1885RegeneraciónRegeneraciónREG1886–19291886–1929Rep. LiberalRepública LiberalR.LIB1930–19461930–1946La ViolenciaLa ViolenciaVIO1946–19571946–1957Frente NacionalFrente NacionalFN1958–19741958–1974Crisis narco.Crisis y narcotráficoC.N.1974–19901974–1990ConstituciónConstitución de 1991C911991–20021991–2002Seguridad dem.Seguridad DemocráticaS.D.2002–20162002–2016PosconflictoPosconflictoPOS2016–hoy2016–presente

Época seleccionadaSeguridad Democrática2002–201614 de 15

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Panorama de época

Seguridad Democrática (2002–2016)

Entre 2002 y 2016, Colombia vivió una refundación del Estado bajo lógica contrainsurgente: la Política de Seguridad Democrática amplió el pie de fuerza, redujo a las FARC a una guerrilla replegada en la selva y abrió el camino hacia el Acuerdo de Paz de La Habana, al precio de 6.402 civiles ejecutados como falsos positivos, un Congreso infiltrado por el paramilitarismo y un aparato de inteligencia convertido en herramienta de espionaje político.

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Cronología de Seguridad Democrática

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Hechos de Seguridad Democrática

25 hechos

7 de agosto de 2002 – 7 de agosto de 2010

Política de Seguridad Democrática

Doctrina de gobierno impuesta por Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010 que combinó una ofensiva militar sin precedentes contra las FARC-EP con la negación del conflicto armado interno, reencuadrándolo como amenaza terrorista. Produjo avances militares significativos y graves violaciones de derechos humanos, entre ellas 6.402 ejecuciones extrajudiciales documentadas por la JEP.

La Política de Seguridad Democrática es el eje articulador de la historia reciente de Colombia porque condicionó simultáneamente la relación del Estado con la insurgencia, el paramilitarismo, Estados Unidos y la institucionalidad democrática, y porque sus dos legados —el debilitamiento militar de las FARC que hizo posible los diálogos de La Habana, y las 6.402 ejecuciones extrajudiciales que la JEP continúa juzgando— son inseparables. Ningún debate posterior sobre seguridad, derechos humanos o construcción de paz en Colombia puede eludir el balance de estos ocho años, que demostraron que el fortalecimiento del Estado puede coexistir con su mayor crisis de legitimidad.

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1997–2007

Despojo, palma aceitera y titulación colectiva afro en Curvaradó y Jiguamiandó (1997–2007)

Entre 1997 y 2007, comunidades afrocolombianas de las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó (Bajo Atrato, Chocó) fueron desplazadas por las ACCU/AUC en coordinación con la Brigada XVII del Ejército; sobre sus territorios colectivos titulados bajo la Ley 70 de 1993 se instalaron plantaciones de palma aceitera financiadas con recursos públicos de Finagro y el Banco Agrario, en un caso que llegó a la Corte Constitucional y produjo las primeras condenas penales por desplazamiento forzado con fines de despojo.

2001–2008

Fumigaciones aéreas con glifosato, efecto globo y desplazamiento cocalero (2001–2008)

Entre 2001 y 2008, la aspersión aérea masiva con glifosato ejecutada bajo el Plan Colombia en Putumayo, Nariño y Caquetá destruyó cultivos lícitos e ilícitos, generó desplazamiento campesino e indígena hacia Ecuador y otras regiones, y produjo el llamado efecto globo: el traslado geográfico de los cultivos de coca hacia decenas de departamentos y hacia Perú, sin reducción neta sostenida del área sembrada.

2002–2016

Auge extractivo y las locomotoras minero-energéticas (2002–2016)

Entre 2002 y 2016 Colombia vivió el ciclo extractivo más intenso de su historia republicana: el petróleo, el carbón y el oro se convirtieron en el eje fiscal y exportador del Estado, financiando la Seguridad Democrática y el gasto social, pero dejando al descubierto una economía dependiente de precios volátiles, sin diversificación productiva y con profundos costos territoriales, sociales y ambientales.

Finales de 2002 – 3 de septiembre de 2005

El Bloque Centauros y la guerra intra-paramilitar en el Casanare (2002–2005)

Entre 2002 y 2005, el Bloque Centauros de las AUC, comandado por Miguel Arroyave, libró una guerra abierta contra las Autodefensas Campesinas del Casanare de Martín Llanos por el control de cultivos de coca, rentas petroleras y contratos públicos en Meta, Casanare y Vichada, con apoyo operativo de sectores del Ejército y la Fuerza Aérea. El conflicto desmonta la imagen de las AUC como federación coherente y revela que la desmovilización de 2003–2006 se negoció con estructuras que ya se destruían entre sí.

2002–2005 (condena: 2011; liquidación del DAS: 2011)

El DAS bajo Jorge Noguera y la captura paramilitar del aparato de inteligencia (2002–2005)

Entre 2002 y 2005, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo la dirección de Jorge Aurelio Noguera Cotes, fue instrumentalizado por el Bloque Norte de las AUC: entregó información reservada y listados de personas señaladas como enemigas, protegió a paramilitares de la persecución judicial, borró antecedentes de narcotraficantes y creó estructuras clandestinas de espionaje ilegal. La Corte Suprema condenó a Noguera en 2011 y el DAS fue liquidado ese mismo año.

2002–2010, con pico entre 2006 y 2008; escándalo nacional en septiembre de 2008

Falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales

Entre 2002 y 2010, unidades del Ejército Nacional de Colombia asesinaron a más de 1.500 civiles y los presentaron como guerrilleros muertos en combate para inflar estadísticas operacionales. La práctica, conocida como 'falsos positivos', funcionó como un sistema sostenido de incentivos perversos, presión de mando y encubrimiento institucional, hoy investigado por la JEP como una de las prácticas más atroces del conflicto armado colombiano.

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