Magdalena León

Magdalena León de Leal

Magdalena León de Leal es la investigadora que, entre finales de los años setenta y comienzos del siglo XXI, hizo posible que en Colombia existiera algo llamado estudios de mujer y género con obras, editoriales, redes y diagnósticos capaces de dialogar con el Estado. No fue la única, pero sí la más constante y prolífica en la etapa fundacional: entre 1977 y 1982 compiló tres volúmenes colectivos que fijaron el corpus inicial de la disciplina en el país; en 1986 y 2000, junto a la estadounidense Carmen Diana Deere, escribió las dos obras que traducirían ese corpus en un lenguaje utilizable por la política pública latinoamericana sobre tierra, reforma agraria y empoderamiento; y en 1995, con Luz Gabriela Arango y Mara Viveros, ancló la especialidad en la alianza editorial entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes. Su nombre designa hoy, además, un centro de documentación en Bucaramanga: la huella institucional de una obra que combinó investigación empírica, agenda regional y construcción de infraestructura académica.

Una arquitecta de la disciplina

Situar a León exige más precisión que la fórmula fácil de pionera. Hubo otras investigadoras colombianas contemporáneas que trabajaron la cuestión de la mujer —Elssy Bonilla desde la sociología de la familia, más tarde Luz Gabriela Arango y Mara Viveros desde las masculinidades y la corporalidad—, y hubo un contexto regional en el que los organismos internacionales de desarrollo canalizaron recursos, con generosidad inusual, hacia investigaciones sobre mujer rural y capitalismo agrario. Lo que distingue a León dentro de esa constelación es la acumulación: una serie sostenida de compilaciones entre 1977 y 1982, una colaboración transnacional prolongada durante casi tres décadas y una capacidad para pasar del diagnóstico académico al lenguaje de la política sin diluir el análisis en tecnicismo.

Su obra se despliega en dos registros que a veces se tensionan y a veces se refuerzan. El primero es el de la mujer en el desarrollo, dominante en los años setenta y ochenta, preocupado por visibilizar el trabajo no remunerado, la posición de la campesina en la hacienda cafetera y la subordinación estructural de la mujer rural andina. El segundo, más nítido a partir de los años noventa, es el del género y el empoderamiento, articulado alrededor de los derechos de propiedad, el acceso a la tierra y el marco normativo del Estado. Entre uno y otro no hay ruptura sino desplazamiento: León acompaña —y en parte protagoniza— la transición paradigmática que atraviesa el pensamiento feminista latinoamericano de fin de siglo.

Ese desplazamiento no fue solo suyo, pero pocas trayectorias individuales lo escenifican con tanta nitidez. Cada libro corresponde a un momento del debate regional; cada coautoría, a una alianza que sostuvo la posibilidad de escribirlo. Leer a León es, en buena medida, leer un cuarto de siglo de sociología feminista latinoamericana en clave colombiana.

Sociología, mujer rural y la ventana de los setenta

La formación intelectual de León se inscribe en la sociología colombiana que, hacia mediados de los años setenta, comenzaba a incorporar la cuestión femenina como objeto legítimo de investigación. La disciplina venía de un ciclo dominado por los grandes marcos macrosociológicos —violencia, estructura agraria, dependencia— y la mujer entraba a ese repertorio no como sujeto individual sino como categoría subordinada dentro de análisis más amplios: la campesina dentro de la reforma agraria, la obrera dentro de la industrialización, la esposa del arrendatario dentro de la hacienda cafetera. La brecha entre la retórica desarrollista de los organismos internacionales y la escasa producción empírica sobre mujeres colombianas se había vuelto, hacia 1975, imposible de sostener.

Ese doble anclaje —sociológico y agrario— definió el primer trabajo de León. En 1977 apareció La mujer y el desarrollo en Colombia, la compilación que abriría la serie. El título no era ingenuo: desarrollo remitía directamente al paradigma internacional de women in development impulsado por Naciones Unidas y las agencias de cooperación tras el Año Internacional de la Mujer, celebrado en 1975. La conexión con el financiamiento externo, lejos de ser accesoria, fue estructural: los estudios sobre la mujer en Colombia encontraron amplia financiación en organismos internacionales durante ese ciclo, y esa afluencia de recursos hizo posible la producción de volúmenes colectivos que agrupaban a decenas de investigadoras en torno a un proyecto común. La estrategia de León, ya visible desde ese primer libro, fue la de convocar antes que firmar en solitario: convertir la compilación en un dispositivo de agregación intelectual.

Tres años después, en 1980, León compiló La mujer y el capitalismo agrario. El desplazamiento del título es revelador: del vocabulario blando del desarrollo al vocabulario duro del capitalismo agrario. La compilación se instalaba en un debate teórico central de la sociología rural latinoamericana —cómo se articulaba la producción campesina con la lógica capitalista dominante— e introducía en él la variable de género. La pregunta que atravesaba el volumen tenía un núcleo material verificable: en las haciendas cafeteras de comienzos del siglo XX, las esposas e hijas de los arrendatarios vivían bajo una doble sujeción, a los varones de su propia familia y a los privilegios sexuales del hacendado, que podía elegir concubinas entre las jóvenes campesinas. Esa condición no era una nota al pie del análisis agrario: era su cimiento.

En 1982 llegó el tercer volumen, Debate sobre la mujer en América Latina y el Caribe: la realidad colombiana, publicado en Bogotá. El giro, otra vez, estaba en el título: América Latina y el Caribe. León dejaba de compilar sólo desde Colombia para colocar el caso colombiano dentro de un debate regional, y ese gesto —modesto en apariencia— tendría consecuencias durables: sería el punto de partida de la red transnacional que sostendría su obra posterior. La palabra debate, además, señalaba un cambio de tono: los estudios sobre la mujer entraban en fase de discusión conceptual, no ya de mero inventario.

Los hitos que la definen

Entre 1977 y 1982, León publicó como compiladora tres de los cuatro volúmenes colectivos que fundaron los estudios sobre la mujer en Colombia. El cuarto, Mujer y familia en Colombia, apareció en 1985 bajo la edición de Elssy Bonilla. Ese conjunto de cuatro libros —tres de León, uno de Bonilla— constituye el corpus fundacional de la disciplina, la biblioteca mínima a la que volverían todas las investigaciones posteriores. Que tres de esos cuatro títulos llevaran el mismo nombre en la portada dice algo sobre la centralidad de León en la operación intelectual.

El segundo hito llegó en 1986 con la publicación, en coautoría con Carmen Diana Deere, de La mujer rural y la política estatal: la experiencia latinoamericana y caribeña de reforma agraria. La obra hacía un balance de las políticas de reforma agraria en la región desde una perspectiva de género y documentaba, entre otros hallazgos, un dato específicamente colombiano de considerable peso: en 1984 Colombia había establecido, por primera vez, una política explícita de incorporación de la mujer en el desarrollo rural, mediante el Documento CONPES DNP 2109. La coautoría con Deere —economista agraria estadounidense especializada en América Latina— inauguraba una colaboración que se prolongaría durante casi tres décadas y que combinaría dos formaciones distintas: la sociología crítica colombiana y la economía política agraria del mundo anglosajón.

El tercer hito fue Género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino, coeditado en 1995 con Luz Gabriela Arango y Mara Viveros. La obra apareció bajo un sello triple —TM Editores, Ediciones Uniandes y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia— que consolidaba, por primera vez de manera visible, una alianza editorial entre las dos principales universidades del país en torno al estudio del género. El subtítulo Ensayos sobre lo femenino y lo masculino señalaba además una apertura conceptual importante: la investigación dejaba de concentrarse en la mujer para pensar las relaciones de género, incluyendo las masculinidades como objeto legítimo.

El cuarto hito, el más ambicioso, cerró el arco de la obra en el año 2000: Género, Propiedad y Empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina, nuevamente en coautoría con Deere, publicado en Bogotá por Tercer Mundo Editores. El libro completaba el desplazamiento paradigmático que había comenzado a intuirse quince años antes: del análisis de la mujer rural como sujeto subordinado dentro del capitalismo agrario al análisis del género como categoría estructurante de los derechos de propiedad, la política estatal y el funcionamiento del mercado. La palabra clave del nuevo léxico —empoderamiento— resumía ese giro.

Del trabajo invisible al derecho a la tierra

El contenido intelectual del arco importa tanto como su cronología, porque sin él la trayectoria queda reducida a un inventario de portadas. El trabajo temprano de León se organizó alrededor de una tesis material: el ahorro monetario que los campesinos colombianos generaban al producir internamente bienes y servicios que de otro modo tendrían que comprar en el mercado se sostenía sobre trabajo continuo y no remunerado, y una parte sustancial de ese trabajo recaía sobre las mujeres del hogar campesino. La subordinación femenina no era, en esa lectura, un residuo cultural: era una condición estructural del funcionamiento del capitalismo agrario colombiano.

De ahí se derivaba una doble consecuencia analítica que atravesaría toda la obra posterior. Por un lado, cualquier política de desarrollo rural que no reconociera explícitamente el trabajo femenino estaba condenada a reproducir la desigualdad, incluso cuando pretendiera redistribuir. La Ley de Reforma Agraria de 1961 —la primera gran ley redistributiva de tierras en Colombia— había hecho exactamente eso: al diseñarse sobre la unidad familiar como sujeto beneficiario, con el jefe de hogar masculino como titular por defecto, había mantenido inalterada la posición desigual de las mujeres, reproduciendo dentro del aparato reformista las normas patriarcales de la sociedad rural. Por otro lado, las reivindicaciones de la mujer latinoamericana no podían pensarse en los mismos términos que las del feminismo europeo o norteamericano centrado en la igualdad de derechos individuales. En América Latina esas reivindicaciones estaban estrechamente ligadas a luchas cotidianas y colectivas, y no podían separarse de los procesos campesinos, sindicales e indígenas dentro de los cuales las mujeres se venían organizando desde los años sesenta y setenta.

El giro hacia el empoderamiento y los derechos de propiedad, consumado en el libro de 2000 con Deere, no negó esa herencia: la extendió. Si la mujer campesina había sido invisible en la reforma agraria de 1961, la pregunta relevante para el fin de siglo era cómo se estaba haciendo visible en las nuevas legislaciones —singularmente la Ley 160 de 1994, primera ley agraria colombiana que incluyó explícitamente a las mujeres y a los indígenas como sujetos de reforma— y en el nuevo marco constitucional. La Constitución de 1991, en sus artículos 40 y 43, había consagrado la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la prohibición de discriminación y la garantía de participación femenina en los niveles decisorios de la administración pública. El terreno normativo había cambiado; el análisis debía moverse con él.

Ese movimiento tenía además una dimensión metodológica. Pensar el empoderamiento a partir de los derechos de propiedad exigía cruzar la sociología rural con el derecho, la economía política y el análisis institucional. León y Deere trabajaron sobre marcos legales comparados de más de una decena de países latinoamericanos, con atención a los mecanismos concretos —titulación conjunta, adjudicación preferente a jefas de hogar, cuotas en órganos de reforma— mediante los cuales las nuevas leyes intentaban corregir la exclusión histórica. La ambición era diagnóstica y proyectiva: identificar qué instrumentos funcionaban y cuáles se quedaban en el papel. En el trasfondo aparecía una convicción que León había sostenido desde el primer libro: una ley redistributiva puede quedar neutralizada por la textura social sobre la que aterriza, y por eso el análisis sociológico de su operación efectiva es tan indispensable como el análisis del texto legal mismo.

La mediación con el Estado

Uno de los aspectos más productivos de la obra de León —y también uno de los más difíciles de precisar— es su relación con la política pública colombiana. La coautoría con Deere de La mujer rural y la política estatal (1986) documentó el CONPES 2109 de 1984 como el primer instrumento estatal en América Latina que reconocía formalmente el papel de la mujer en el sector agropecuario. Ese documento, titulado Política para la mujer campesina e indígena, contenía objetivos ambiciosos: garantizar el acceso femenino a los recursos productivos, asegurar la intervención de las mujeres en proyectos generadores de ingresos y empleo, impulsar su participación en la vida política, superar los índices de analfabetismo, mejorar las condiciones del trabajo doméstico y elevar los niveles nutricionales de las mujeres y sus familias.

La proximidad temporal entre el CONPES 2109 (1984) y la obra de Deere y León (1986) es demasiado ajustada para leerla como causalidad directa. Lo que sí puede sostenerse es que la obra funcionó como diagnóstico académico y como marco interpretativo de una política que ya existía, contribuyendo a fijar su lectura canónica: la de un instrumento pionero en América Latina, referencia obligada para todo debate posterior sobre mujer rural en la región. Esa operación —documentar, interpretar, canonizar una política pública desde la academia— es un modo específico de incidencia intelectual, quizás menos visible que el activismo directo pero no menos consecuente.

Una relación análoga puede trazarse con la Ley 160 de 1994. La ley representó un giro respecto a las leyes agrarias anteriores —la Ley 135 de 1961 y la Ley 30 de 1988— al incorporar dos propósitos nuevos: la promoción de la paz y la inclusión explícita de mujeres campesinas jefes de hogar e indígenas como sujetos de reforma. El libro de Deere y León del año 2000 tomó ese cambio normativo como uno de sus casos de análisis, situándolo dentro de un movimiento regional más amplio que había comenzado a redefinir los derechos de propiedad sobre la tierra desde una perspectiva de género. Otra vez, la operación era la de fijar el sentido histórico de una política, insertarla en un marco comparativo latinoamericano y darle un vocabulario —el del empoderamiento— con el cual futuras generaciones de investigadoras y funcionarias pudieran seguir pensando.

Conviene ser preciso sobre el alcance de esa intervención: la agencia de León sobre las reformas colombianas fue de documentación e interpretación, no de autoría política. El CONPES 2109 y la Ley 160 son procesos estatales cuyos protagonistas fueron funcionarios, legisladores y movimientos organizados de mujeres campesinas e indígenas que venían acumulando experiencia desde los años sesenta. Lo que León y Deere aportaron fue la mediación intelectual —el diagnóstico, el balance comparativo, la lectura de largo aliento— que permitió que esas reformas se entendieran no como concesiones aisladas sino como piezas de una transformación regional del régimen de derechos. Ese tipo de mediación tiene, además, un efecto pedagógico: dota a las funcionarias, activistas e investigadoras que vienen después de un lenguaje ya probado para nombrar lo que estaban haciendo.

Personas, instituciones, geografías

La obra de León se apoya en un mapa denso de alianzas. La colaboración con Carmen Diana Deere, iniciada a más tardar hacia mediados de los años ochenta y prolongada hasta el año 2000, fue la sociedad intelectual más duradera y consecuente. Deere aportó la formación en economía política agraria y el acceso a la conversación académica anglosajona sobre desarrollo rural; León aportó el conocimiento denso del caso colombiano y latinoamericano, la infraestructura de redes regionales y la capacidad de publicación en editoriales colombianas. La combinación produjo dos libros —La mujer rural y la política estatal (1986) y Género, Propiedad y Empoderamiento (2000)— que se convirtieron en referencia obligada para el estudio de género y tierra en América Latina. Que una coautoría transnacional sostenga esa duración, sin diluirse en la lógica extractiva que a menudo caracteriza a las colaboraciones Norte-Sur, es en sí mismo un dato significativo.

La segunda alianza, más tardía pero decisiva para la institucionalización del área en Colombia, fue con Luz Gabriela Arango y Mara Viveros. Ambas trabajaban sobre temas parcialmente distintos a los de León —masculinidades, identidades étnico-raciales, corporalidad, sexualidad— y representaban una segunda generación con vocabulario propio. La compilación conjunta de 1995, Género e identidad, fue el gesto editorial que unió las dos generaciones bajo un mismo sello triple: TM Editores, Ediciones Uniandes y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. La coedición Uniandes–Nacional era políticamente significativa: fijaba a los estudios de género como una investigación compartida por las dos universidades más influyentes del país, no como especialidad de una sola.

En paralelo, Elssy Bonilla desarrollaba la línea de mujer y familia en Colombia, con su compilación de 1985 como pieza central. Y hacia el final del período, Yolanda Puyana, Florence Thomas y Gloria Bonilla Vélez —esta última desde el Caribe colombiano— extenderían la investigación hacia nuevos frentes: familia, discurso, feminismo del cuerpo, historia de las mujeres. León no fue la única, pero fue el eje sobre el que se articuló buena parte de esa constelación en su fase formativa.

El mapa institucional se completa con espacios como el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los ámbitos que permitió el trabajo interdisciplinario en ciencias sociales durante las décadas de consolidación. Bogotá fue el centro geográfico de la operación —allí se publicó la mayor parte de la obra, allí estaban las editoriales, allí las universidades—, pero el alcance temático y de red se extendió al conjunto de América Latina y el Caribe desde muy pronto, como el título de 1982 ya anunciaba. Las redes con universidades brasileñas, mexicanas, peruanas y centroamericanas, tejidas en seminarios, congresos y publicaciones colectivas, dieron al trabajo colombiano una caja de resonancia que rara vez tenían las ciencias sociales del país en aquellos años.

Queda un último elemento del mapa que conviene nombrar sin adornos: los organismos internacionales. Los estudios sobre la mujer en Colombia encontraron amplia financiación externa durante todo el período fundacional, y esa financiación fue condición material de posibilidad de las publicaciones colectivas. Reconocerlo no disminuye la obra de León: la sitúa. Su mérito no fue haber inventado la agenda —esa agenda venía del ciclo internacional post-1975— sino haberla ejecutado en Colombia con una capacidad de acumulación, edición y traducción intelectual que ninguna otra investigadora del período alcanzó con la misma constancia.

El Centro Magdalena León y la disciplina consolidada

Que un centro de documentación lleve su nombre en vida es un indicador poco frecuente del lugar que una investigadora ocupa en su área. El Centro Magdalena León funciona en Bucaramanga como parte de la Fundación Mujer y Futuro, creada en 1988 por un grupo de profesionales de las ciencias sociales y dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, con énfasis en derechos sexuales y reproductivos y en el derecho a una vida sin violencias. El centro cumple funciones de documentación y ha sido consultado como fuente en investigaciones sobre mujeres en Colombia, en paralelo con el Centro María Cano de la Organización Femenina Popular en Barrancabermeja.

La apropiación del nombre no es un gesto meramente honorífico. Un centro de documentación es infraestructura: acumula libros, tesis, informes, archivos de organizaciones, hemerotecas especializadas; sirve a investigadoras, activistas, funcionarias que necesitan reconstruir la memoria de las luchas y las políticas. Que ese tipo de infraestructura decida llamarse Magdalena León revela cómo fue leída su obra desde afuera del mundo estrictamente académico: como un legado que había vuelto disponibles los materiales necesarios para pensar y actuar sobre la condición de las mujeres. La operación intelectual y la operación política se reconocían mutuamente en el gesto. Que además ese reconocimiento se produzca desde Bucaramanga y no desde Bogotá tiene, para una obra que trabajó tanto sobre la Colombia rural y regional, una simetría difícil de ignorar.

En el plano estrictamente académico, la huella de León se mide de otra manera. Sus tres compilaciones fundacionales (1977, 1980, 1982) circularon durante décadas como referencias obligadas en el corpus bibliográfico de los estudios sobre Colombia; el volumen de 1982 aparece citado en obras académicas posteriores, incorporado al canon de referencia del área. La coautoría con Deere del año 2000 sigue siendo, dos décadas después, uno de los balances de referencia sobre género, tierra y política pública en América Latina. Y la coedición de 1995 con Arango y Viveros marcó el momento en que la especialidad dejó de ser una empresa personal de investigadoras aisladas para convertirse en un objeto institucional compartido por las universidades.

La producción académica de las mujeres investigadoras colombianas entre 1974 y 2000 se concentró en unos pocos frentes temáticos: la demografía, la política social y el desarrollo, y —de manera más incipiente— la economía de género. Ese reparto reflejaba tanto las prioridades del financiamiento internacional del período como la manera en que las ciencias sociales colombianas fueron abriendo espacio a la mujer como objeto de estudio. La obra de León —centrada en mujer rural, política estatal, propiedad y empoderamiento— se sitúa en la intersección de esas áreas: no una especialista de una sola línea, sino una investigadora que se movió entre ellas con más soltura que la mayoría. Esa transversalidad es probablemente lo que explica que su obra haya envejecido mejor que las de sus contemporáneas más monotemáticas.

El sitio en la historia

¿Qué lugar ocupa Magdalena León en la historia intelectual de Colombia? La respuesta pide mesura. No fue la fundadora solitaria de los estudios de mujer y género en el país —esa investigación tuvo múltiples orígenes, financiamiento externo estructural y una segunda generación que amplió sus fronteras—, pero fue la investigadora que más contribuyó a darle infraestructura publicable, vocabulario compartido y proyección latinoamericana durante el ciclo fundacional. No fue la autora de las políticas públicas que reconocieron a la mujer campesina —esas políticas fueron obra del aparato estatal y de la movilización de las propias mujeres rurales—, pero fue quien, con Deere, fijó su lectura académica canónica y las insertó en un marco regional comparativo que las volvió inteligibles más allá de Colombia.

Su obra encarna, además, una transición conceptual que trascendió su figura personal: el paso, en el pensamiento feminista latinoamericano, del paradigma de la mujer en el desarrollo al paradigma del género y el empoderamiento. Ese desplazamiento no fue puramente teórico: fue también un cambio en la manera de mirar el Estado, la propiedad, el mercado y los derechos. León acompañó ese cambio con obras específicas en cada momento, y esa continuidad —desde el capitalismo agrario de 1980 hasta la propiedad y el empoderamiento del año 2000— es lo que le da a su trayectoria una coherencia poco común en la sociología colombiana de las últimas décadas del siglo XX.

Lo distintivo, en última instancia, no es la biografía intelectual sino el trabajo silencioso de sostenimiento: convocar autoras, negociar con editoriales, articular financiamientos externos con agendas locales, escribir prólogos que orientan la lectura de los volúmenes, tejer la interlocución con colegas de otros países. Buena parte de ese trabajo no deja huella en los índices bibliográficos, pero es lo que convierte una serie de libros individuales en un espacio intelectual reconocible. Magdalena León hizo ese trabajo durante cerca de treinta años, con una constancia que la sociología colombiana rara vez ha visto en materia de estudios de género. Sin esa constancia paciente, los estudios de mujer y género en Colombia habrían tenido libros, quizás también leyes; pero no habrían tenido campo.