Miguel Santamaría

México en la historia de Colombia

Pocas relaciones bilaterales de América Latina se han sostenido tanto sobre la imaginación como la que une a Colombia con México. Dos siglos separan el primer tratado que ambos firmaron —negociado en 1823, jamás ratificado— del presente en que sus gobiernos comparten mesa en foros multilaterales y presión en materia de drogas. Entre uno y otro extremo se acumulan gestos, exilios, canciones y silencios que dibujan un vínculo peculiar: menos el de vecinos —no lo son geográficamente— y más el de dos naciones que se miran a través del continente como quien busca en el espejo un rasgo propio. Las afinidades imaginadas pesaron más que los intereses estratégicos, y los momentos de convergencia real dependieron casi siempre de individuos concretos —Bolívar, Santamaría, García Márquez— más que de arquitecturas de Estado.

El primer abrazo anfictiónico

México obtuvo su independencia en 1821, el mismo año en que Bolívar remató en Carabobo la libertad de Venezuela. La coincidencia no fue menor: por primera vez existían al norte y al sur del hemisferio dos repúblicas hispanoamericanas capaces de reconocerse mutuamente como pares. Bolívar, que venía cultivando desde la Carta de Jamaica de 1815 la idea de una unión continental —y que en esa misma carta había admitido que unirla toda bajo un solo gobierno era imposible por la distancia, la diversidad de situaciones y la diferencia de caracteres—, entendió pronto que México era pieza indispensable de cualquier confederación viable.

Para llevar esa intuición al terreno diplomático despachó a Miguel Santamaría como enviado ante el gobierno mexicano. La misión fue notablemente productiva, aunque su fruto quedó, casi todo, en el papel. Una vez organizado un gobierno representativo en México, Santamaría concertó un tratado de alianza colombo-mexicano; negoció con el secretario Arrillaga un tratado de comercio que nunca alcanzó ratificación en Colombia; abrió gestiones sobre cooperación naval, y —lo decisivo para el proyecto bolivariano— obtuvo el compromiso de que México asistiría a la reunión de Panamá para formar la Asamblea de los Estados Americanos.

El Congreso Anfictiónico de Panamá fue el instrumento por el cual Bolívar quiso traducir a instituciones lo que era, en el fondo, una convicción personal. Su correspondencia con Francisco de Paula Santander muestra a un hombre impaciente: se quejaba de las demoras, llegó a proponer trasladar la sede a Quito para garantizar mejor clima y comodidades a los delegados, dedicó al proyecto páginas y páginas. Entre sus grandes generales, solo él sentía verdaderamente el sueño confederal. Su ambición mínima era una unión que abarcara al menos al Perú, México, la Confederación Centroamericana, Bolivia y la Gran Colombia; los demás candidatos —Chile, Buenos Aires, los Estados Unidos— nunca despertaron en él el mismo entusiasmo.

La presencia mexicana en Panamá fue, entonces, una victoria diplomática colombiana en el sentido más literal: la Gran Colombia, proclamada en Angostura en diciembre de 1819 y todavía en 1826 un experimento de menos de una década, había logrado sentar en la misma mesa a las dos repúblicas más pobladas del mundo hispanoamericano recién emancipado. Que el tratado comercial paralelo no llegara a ratificarse en Bogotá anticipa, no obstante, lo que se repetiría después: cada vez que la afinidad bilateral quiso volverse arquitectura permanente, algo la interrumpía.

El derrumbe compartido

El año 1826, que marca el auge simbólico del proyecto anfictiónico, marca también el inicio de su derrumbe. Venezuela fue el primer gran obstáculo; la ruptura entre Bolívar y Santander ahondó las grietas; en pocos años los líderes de Ecuador y de Venezuela impulsaron por la fuerza la separación de la Nueva Granada, y Venezuela llegó a declarar a Bolívar fuera de la ley y a pedir su expulsión. La Gran Colombia se disolvió en 1830, el mismo año en que Bolívar, enfermo, se retiró a la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta y allí murió. La frase que se le atribuye —hemos arado en el mar— resume la constatación de que la lucha independentista no había alumbrado, al menos no todavía, el orden continental que él imaginaba.

Para México, esa desaparición tuvo consecuencias silenciosas pero duraderas: el interlocutor natural de la política sudamericana bolivariana se fragmentaba en tres repúblicas —Nueva Granada, Venezuela, Ecuador— con capitales distantes, prioridades divergentes y sin peso individual comparable al de la desaparecida Gran Colombia. La primera arquitectura formal del vínculo bilateral quedaba huérfana de una de sus dos columnas.

Lo que había reconocido Bolívar en Jamaica se cumplió al pie de la letra: la diversidad de regiones, situaciones y caracteres impidió una unión continental. México y Colombia quedaron ubicados en extremos que la geografía hacía distantes y que la política no tenía cómo acercar. Durante buena parte del siglo XIX, la relación se sostuvo en el registro de la cortesía republicana y de un vago sentimiento de fraternidad hispanoamericana, sin traducirse en tratados vivos ni en flujos económicos significativos. La afinidad quedó, por así decirlo, en reserva.

México como espejo y refugio

El siglo XX cambió el signo del vínculo. México, después de su revolución, se convirtió para muchos colombianos en una imagen de lo que su propio país no lograba ser: un Estado que —con contradicciones enormes— había producido una épica popular, una escuela artística de proyección internacional y una tradición de asilo político que atraía a los perseguidos del continente. Colombia, entretanto, entraba en el ciclo de violencias partidistas que definiría buena parte de su siglo. La asimetría de los imaginarios se instaló: México era el país donde parecían caber los sueños que Colombia no sostenía.

Ese desnivel se hizo carne en una figura recurrente: el escritor o el artista colombiano exiliado en México. Porfirio Barba Jacob murió allí en 1942, tras años de deambular entre redacciones y hoteles de la capital, gastado por el ajenjo y la deuda, escribiendo hasta el final poemas que en Colombia se leían con más devoción que la que su propio país le mostraba en vida. El fotógrafo Leo Matiz labró en Ciudad de México y sus alrededores buena parte de su obra —fue amigo y retratista de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Cantinflas—; el poeta Germán Pardo García pasó décadas enteras publicando desde el Distrito Federal, con una constancia editorial que en Bogotá habría sido inconcebible; Álvaro Mutis se instaló en México en 1956 y ya no volvió a residir permanentemente en Colombia, aunque siguió escribiendo sobre marinos y trópicos que sonaban más a Buenaventura que a la meseta del Anáhuac; Gabriel García Márquez llegó en 1961 y allí escribió Cien años de soledad; Fernando Vallejo tomó la nacionalidad mexicana y desde ahí ha construido su obra más reconocida, en abierta polémica con el país que dejó.

La lista no es anecdótica. Traduce una constatación amarga: buena parte de la literatura colombiana tuvo que escribirse en el exilio porque Colombia no ofrecía condiciones para sostener una vida literaria. El país era capaz de apreciar los libros —los compraba, los estudiaba— pero no de sostener a sus creadores. El abandono institucional llevó al suicidio al dibujante Ricardo Rendón, extinguió talentos como los del músico Luis A. Calvo y el fotógrafo Luis B. Ramos, y empujó al norte a quienes buscaron aire respirable. México ofreció ese aire.

La revista Mito, animada y dirigida por Jorge Gaitán Durán entre 1955 y 1962, fue uno de los pocos espacios internos que intentaron romper el aislamiento. Sus páginas dieron cabida a Octavio Paz, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Alejo Carpentier: nombres que hicieron de Mito una vitrina de proyección internacional para la literatura colombiana. Que en esa nómina figuraran dos mexicanos —Paz y Fuentes— confirma la centralidad del eje bilateral en la vida intelectual del continente, aun cuando los Estados apenas la percibieran.

El caso de García Márquez merece detenimiento porque condensa el vínculo entero. Su primer exilio, en 1955, no fue a México sino a París, después de que la publicación en El Espectador de su Relato de un náufrago lo convirtiera —según algunas versiones— en enemigo de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, mientras otras atribuyen su salida a la simple búsqueda de trabajo como reportero. Fue en México, sin embargo, donde asentó su vida adulta: allí escribió lo que la crítica china y árabe, entre muchas otras, reconoció como una de las obras de mayor influencia mundial del siglo XX. Cuando en 1981 un corresponsal de Time en Bogotá recibió el encargo de entrevistarlo para un reportaje sobre lo que pensaban los intelectuales famosos de la guerra en Centroamérica, el hecho mismo del encargo evidencia que su figura había trascendido lo literario: era ya un referente de opinión sobre asuntos latinoamericanos, un actor político por vía de la palabra.

El muralismo cruza el Caribe

Si la literatura colombiana emigró a México, las artes plásticas hicieron el viaje contrario en el orden de la influencia. En la década de 1940 la pintura colombiana experimentó una influencia clara del muralismo mexicano, aunque —conviene decirlo— más en la superficie que en la médula. Los muros mexicanos venían cargados de una violencia que los pintores colombianos no supieron replicar: Rivera había pintado a Zapata con el caballo blanco entre campesinos degollados, Orozco había incendiado paredes enteras con curas fanáticos y burócratas grotescos, Siqueiros pintaba con pistola de aire y con la ira intacta de quien había estado en la cárcel. Frente a esa carga, Pedro Nel Gómez pobló el Palacio Municipal de Medellín con mineros de espaldas anchas y mujeres antioqueñas que remitían más al mito regional que a la denuncia; Alipio Jaramillo tradujo el ideario a escenas de obreros y de penuria; Ignacio Gómez Jaramillo pintó lo humilde con dignidad melancólica; Luis Alberto Acuña se volcó a la exaltación de la historia colombiana en clave nacionalista más que revolucionaria.

El resultado fue ambiguo. Los pintores adoptaron formas y temas del muralismo, pero no su carga revolucionaria de fondo. La influencia no pasó del cambio de apariencias y la renovación temática, sin avanzar hacia una verdadera revolución estética. Los años cuarenta fueron, en las artes plásticas colombianas, un período de mediocridad que la crítica extiende, además, a casi toda América Latina. Es un episodio revelador: la afinidad con México produjo mimesis antes que originalidad. El espejo mexicano devolvía una imagen que los pintores copiaban sin entender del todo qué la sostenía en su origen —a saber, una revolución con muertos, con reparto agrario, con Estado dispuesto a poner paredes públicas a disposición de la pintura.

Esa asimetría —México como fuente, Colombia como receptora superficial— se invertiría décadas más tarde en otro campo cultural, con resultados más felices para ambos lados.

La cumbia mexicana

En 1982, en Monterrey, un músico local llamado Celso Piña inició lo que se convertiría en un fenómeno cultural de escala nacional: un nuevo período de preferencia por la música colombiana, interpretada por un grupo que reproducía las melodías con fidelidad a los originales, en instrumentos y voces. La música que había cruzado el Caribe no era exactamente la del interior andino colombiano ni la del Pacífico, sino la de la Costa Atlántica, y en versiones comerciales grabadas en los estudios de Medellín.

El fenómeno no arrancaba desde cero. Antes de Piña, grupos mexicanos como Perla del Mar y Tropical Caribe habían interpretado melodías colombianas en estilo cumbia, preparando el terreno para una recepción más amplia. Lo que Piña aportó fue el rigor del respeto al estilo original: una decisión estética que, sin proponérselo explícitamente, produjo un efecto cultural mayor. Al importar la cumbia y el vallenato tal como sonaban en sus lugares de origen, la música popular mexicana recuperó componentes amerindios y africanos que la industria propia había tendido a diluir. Colombia funcionó como reserva de una autenticidad afroamericana que México absorbió sin resistencia.

El intercambio, aquí sí, fue real y de fondo. La cumbia es hoy uno de los géneros populares mexicanos por antonomasia —el que se baila en las bodas del norte, el que suena en las cantinas de Monterrey y en los mercados de la Ciudad de México— y su origen colombiano se mantiene en la memoria del público sin que ello estorbe a su apropiación. Ningún tratado, ninguna comisión mixta, ninguna política de Estado organizó ese vínculo: lo produjo la gravitación espontánea de la música popular, que no necesita permisos.

El puente Betancur–García Márquez

En diciembre de 1982, mes en que García Márquez recibía el Premio Nobel de Literatura, tres premios Nobel —él mismo, el mexicano Alfonso García Robles y la sueca Alva Myrdal— y el primer ministro sueco Olof Palme dirigieron una carta a Belisario Betancur y a otros líderes centroamericanos expresando su esperanza en que se iniciaran negociaciones de paz en la región. El gesto era doblemente significativo: reunía a un colombiano y a un mexicano —los dos únicos Nobel latinoamericanos en esos años dedicados a las cuestiones de paz y letras respectivamente— en una intervención concertada sobre la guerra centroamericana.

La coincidencia no fue casual. Betancur, recién posesionado, había hecho de la pacificación de Centroamérica un eje de su política exterior, y buscaba construir una red de solidaridades internacionales que respaldara esa vocación. García Márquez, al conocer su designación para el Nobel, había mostrado disposición a participar en la política internacional colombiana y puso a disposición del presidente sus buenos oficios y su red de relaciones. Esa red incluía —además de sus vínculos con la Cuba revolucionaria, cultivados durante décadas junto con Julio Cortázar y Pablo Neruda— contactos densos con la intelectualidad y el poder mexicanos.

De esa conjunción nació, en parte, la participación colombiana en el Grupo de Contadora, iniciativa diplomática que reunió a México, Venezuela, Panamá y Colombia con el propósito de destrabar los conflictos centroamericanos por vía negociada, en contraste con la línea intervencionista de Washington. Contadora es, junto al Congreso de Panamá de 1826, el segundo gran momento de convergencia diplomática entre México y Colombia, y el que más lejos llegó en términos de institucionalización. Que se produjera bajo Betancur, con García Márquez de puente, confirma lo mismo de siempre: los momentos de acercamiento real dependieron de figuras individuales capaces de traducir la afinidad imaginada en gestión concreta.

Contadora no logró todos sus objetivos —los acuerdos definitivos centroamericanos vinieron después, por otras vías—, pero dejó instalada la idea de que México y Colombia podían coordinar posiciones latinoamericanas frente a Estados Unidos sin necesariamente enfrentarse a él. Esa idea reaparecería en formas nuevas décadas más tarde.

Cocaína, marihuana, presión

Mientras Contadora ensayaba una diplomacia latinoamericanista, otro proceso, más subterráneo y más consecuente, empezaba a redefinir la relación bilateral: el narcotráfico. Desde la administración de Misael Pastrana Borrero, entre 1970 y 1974, el asunto de las drogas se instaló como eje estructural de la política exterior colombiana, con una dinámica que se volvería crónica: Washington presionaba por más severidad y los gobiernos colombianos sucesivos intentaban satisfacer esas demandas.

Hacia finales de la década de 1970, Colombia era ya un proveedor muy significativo de marihuana para el mercado estadounidense. La portada de la revista Time de enero de 1979 lo reconocía en términos gráficos. La Operation Stopgap de la DEA —vuelos de vigilancia sobre la costa de La Guajira iniciados en diciembre de 1975— calculaba haber reducido en un tercio el flujo del cannabis colombiano hacia el norte. En ese contexto, el gobierno de Julio César Turbay Ayala desplegó en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta la campaña militar Dos Penínsulas, y negoció con Washington un tratado de extradición: gestos que muestran hasta qué punto la política antinarcóticos había pasado de tema policial a asunto de Estado.

En marzo de 1982 —el mismo año del inicio del fenómeno musical de Piña en Monterrey y de la carta de los Nobel a Betancur— agentes de aduana estadounidenses hallaron un cargamento de cocaína rastreable hasta traficantes de Medellín. Fue la primera sospecha oficial de que Colombia se había convertido en uno de los principales productores mundiales de cocaína. Los carteles de Medellín y Cali construyeron en los años siguientes una empresa sofisticada que enviaba anualmente miles de kilos hacia Estados Unidos, principalmente por vía aérea y prácticamente sin ser detectada, hasta que la operación Tranquilandia expuso la magnitud del negocio.

Aquí es donde México entra decisivamente en la ecuación. La geografía —Colombia productora, Estados Unidos consumidor, México corredor obligado— dispuso a las tres naciones en una relación triangular de la que ninguna podía sustraerse. Durante décadas, los carteles colombianos organizaron la producción y buena parte del transporte; los mexicanos —Sinaloa, Guerrero, luego el resto— aseguraron el paso final. Cuando en los años noventa y dos mil la presión estadounidense y los golpes al cartel de Medellín reconfiguraron el negocio, las organizaciones mexicanas ganaron autonomía y protagonismo, hasta el punto de que la atención mediática internacional se desplazó de Pablo Escobar a Joaquín El Chapo Guzmán. El dominio colombiano del mercado, sin embargo, no había desaparecido: la producción de coca en Colombia se mantuvo alta y en algunos ciclos alcanzó niveles récord.

La consecuencia bilateral de esta arquitectura ha sido paradójica. México y Colombia son hoy socios estructurales en la conversación mundial sobre drogas —los dos países latinoamericanos más señalados por Estados Unidos, los dos con mayor incidencia del narcotráfico en su vida institucional— y sin embargo esa convergencia no ha producido una alianza estratégica bilateral. Ha producido, más bien, una asociación incómoda definida desde Washington: ambos son piezas del problema tal como lo formulan los formuladores de la política antidrogas estadounidense. En mayo de 2015 Colombia solicitó autonomía en política de drogas, señal de un cansancio con el enfoque prohibicionista tradicional; en años recientes México ha expresado inclinaciones semejantes. La convergencia real, cuando se produce, sigue viniendo por la vía de la molestia compartida más que por la del proyecto compartido.

Que el geografismo simple no explica esta convergencia lo prueba el hecho de que varios países centroamericanos y caribeños comparten con Colombia y México una posición geográfica similar, y no por ello se han convertido en centros del narcotráfico continental. La posición fue factor accidental y complementario, no destino. Lo que decidió el desenlace fue la combinación de mercados, capacidades organizativas y decisiones políticas en cada uno de los tres vértices del triángulo.

Diplomacia multilateral y presente

En las últimas tres décadas, el vínculo bilateral se ha jugado sobre todo en el registro multilateral, y ahí es donde la asimetría entre ambos países se ha vuelto más visible. Colombia ha desplegado una política exterior de proyección global buscando compensar por vía diplomática lo que no tiene por vía de peso económico o poblacional: en junio de 2012 propuso en Río la adopción de Objetivos de Desarrollo Sostenible, una iniciativa que terminaría marcando la agenda global de la década, y en junio de 2013 firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la OTAN que la convirtió en el primer país latinoamericano con ese estatus, decisión leída por buena parte del continente —México incluido— como una inclinación demasiado explícita hacia Washington. Bajo Andrés Pastrana Arango, entre 1998 y 2002, la diplomacia por la paz buscó formar grupos de países amigos y organismos internacionales de acompañamiento a los diálogos con las guerrillas colombianas; México participó, con matices, en esos formatos, aunque prefirió mantener sus buenos oficios en clave más bien discreta, coherente con una tradición diplomática que rehúye el protagonismo.

Los desencuentros no han faltado, y suelen aparecer cuando Colombia se alinea sin matices con posiciones estadounidenses que México lee como injerencistas. La política exterior de Álvaro Uribe Vélez, muy alineada con Washington y con una postura beligerante frente a la Venezuela de Hugo Chávez, tensó las relaciones con los gobiernos mexicanos de línea más autonomista y erosionó los canales latinoamericanistas que Contadora había abierto. El costo económico de esa tensión bilateral con Caracas también se dejó sentir: un análisis crítico de enero de 2008 estimaba que las fricciones con Venezuela habían provocado una caída del 30% en la producción colombiana de automóviles destinada a ese mercado y una reducción de la participación de Colombia en la balanza comercial venezolana del 16% al 7%. Números aparentemente técnicos que, leídos de cerca, dibujan un país que sacrifica mercados regionales por fidelidades hemisféricas, y que en ese sacrificio pierde también margen para actuar como socio de las corrientes latinoamericanistas que México ha encarnado con mayor consistencia. México, mientras tanto, sostenía con Caracas una relación cambiante pero nunca completamente rota, en fidelidad a su vieja doctrina Estrada de no juzgar los gobiernos de otros Estados.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia mexicana en 2018 y de Gustavo Petro a la colombiana en 2022 abrió, en teoría, la posibilidad de una nueva sintonía política. Ambos gobiernos comparten críticas al modelo prohibicionista antidrogas —Petro llevó el argumento a la Asamblea General de la ONU con una vehemencia que en México le valió simpatías silenciosas—, ambos han buscado voz propia en foros multilaterales, ambos se declaran herederos de tradiciones progresistas que en el discurso remiten a un mismo panteón latinoamericano. Y sin embargo la afinidad de horizontes no se ha traducido todavía en una arquitectura bilateral robusta. El eje comercial entre ambos países es modesto en comparación con lo que cada uno mueve con Estados Unidos, y las coordinaciones concretas —en materia de drogas, de migración por el Darién, de seguridad frente a organizaciones transnacionales— siguen siendo puntuales, reactivas, dependientes del humor de cada cumbre. Doscientos años después de Santamaría, sigue siendo más fácil pronunciar discursos comunes que firmar tratados que sobrevivan al gobierno siguiente.

El vínculo, en balance

Dos siglos después del tratado que Santamaría negoció y que Colombia no ratificó, la relación México-Colombia funciona mejor en el registro de las afinidades imaginadas —el modelo revolucionario, el asilo cultural, la solidaridad diplomática— que en el de las instituciones sostenidas. Cuando ha intentado consolidarse en tratados o alianzas formales, algo la interrumpe: la disolución de la Gran Colombia en 1830, los límites del Congreso de Panamá, la modestia de los intercambios comerciales, la definición desde Washington del marco antidrogas.

Y sin embargo el vínculo es real, y es fecundo, precisamente en los planos donde ningún Estado lo organizó. La literatura colombiana del siglo XX habría sido otra sin México; la música popular mexicana sería otra sin Colombia; la diplomacia pacificadora de Betancur no habría alcanzado la resonancia que alcanzó sin el puente García Márquez–Palme–García Robles; la conversación mundial sobre drogas sería incomprensible sin la convergencia estructural, aunque incómoda, entre ambos productores-corredores.

Basta imaginar la escena: un lector en Guadalajara abriendo Cien años de soledad al mismo tiempo que un bailarín en Barranquilla enciende la radio y suena una cumbia grabada en Monterrey; un delegado colombiano y uno mexicano cruzándose en el pasillo de un foro de la ONU con el mismo discurso preparado sobre política de drogas, escrito por asesores que nunca se hablaron. Ese es el mapa: asimétrico, vivo, hecho de coincidencias que ningún ministerio programó.

Bolívar, en Jamaica, había previsto la fragmentación. Lo que no previó —y que la historia bilateral entre México y Colombia demuestra— es que la unión imposible de la que hablaba podía sobrevivir, transfigurada, en la forma menos institucional y más persistente: la de dos países que se leen mutuamente como espejos intermitentes, que se prestan escritores, canciones y frustraciones diplomáticas, y que construyen su vínculo por afinidad más que por interés. Es una manera modesta de arar el mar. Pero el surco, al fin, se sostiene sobre el agua.