Alonso Salazar Jaramillo

Alonso Salazar Jaramillo

Alonso Salazar Jaramillo es el cronista que le puso rostro y voz a los sicarios de Medellín antes de que Colombia supiera cómo mirarlos, y el político que años después intentó gobernar la ciudad que había documentado desde adentro. Entre la publicación de No nacimos pa' semilla —el libro que en los años noventa fijó en la conciencia nacional la existencia de un mundo juvenil organizado alrededor de la muerte— y su paso por la Alcaldía de Medellín entre 2008 y 2011, su trayectoria condensa el tránsito de una generación paisa que buscó traducir la etnografía del conflicto urbano en política pública. Su obra y su gestión son inseparables: la segunda no existe sin la primera, pero tampoco la redime del todo.

La semblanza

Salazar pertenece al puñado de cronistas colombianos que, entre finales de los años ochenta y los noventa, entendió que la violencia del país no se explicaba desde los editoriales de Bogotá sino desde los barrios donde ocurría. Su método fue el más antiguo del oficio y a la vez el más audaz para su tiempo y su lugar: subir a las comunas de Medellín, sentarse con los muchachos que mataban por encargo y dejar que hablaran. De ahí salieron los libros que lo hicieron reconocible —No nacimos pa' semilla y, más tarde, La parábola de Pablo—, ambos publicados por Planeta y citados hoy como fuentes en investigaciones históricas sobre el narcotráfico en Colombia.

Salazar no se quedó en el registro. En 2008 fue elegido alcalde de Medellín como continuador político de la corriente cívica que había llevado a Sergio Fajardo a la alcaldía cuatro años antes. Gobernó la ciudad en el momento exacto en que la extradición de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, desataba una nueva oleada de disputas territoriales entre bandas herederas del paramilitarismo. Aquella tensión —entre haber comprendido la violencia por dentro y tener que administrarla desde el despacho de la Alcaldía cuando mutaba más rápido que las políticas diseñadas para contenerla— es la que define su lugar en la historia reciente de Colombia.

Los orígenes: el cronista que subió a las comunas

Salazar se formó como periodista y trabajador social en Medellín durante los años ochenta, la década en que la ciudad pasó de ser reconocida como enclave próspero y ordenado de la industria antioqueña a ostentar el título mundial de "cuna de sicarios". El epíteto no era retórico: durante los años de mayor violencia, Medellín registró la mayor proporción de muertes violentas de Colombia, un país que ya era, por sí solo, notorio por su violencia. Los perpetradores no eran, en su mayoría, criminales adultos ni combatientes profesionales: eran jóvenes de los barrios marginales, contratados a destajo, con una edad promedio cercana a los dieciséis años.

Esa formación temprana tuvo un componente material que conviene precisar. Trabajó en organizaciones sociales antioqueñas dedicadas a la mediación en zonas de conflicto y a la educación popular, entornos donde el trabajo social y el periodismo aún no se separaban del todo. Ese doble oficio le dio dos herramientas que después serían indistinguibles en su prosa: la libreta de reportero y la ficha del trabajador social. La primera le enseñó a citar y a fechar; la segunda, a preguntar por la escolaridad, por la vivienda, por el número de hermanos, por el barrio de origen del padre. Cuando Salazar sube por primera vez a Villatina o a Santa Cruz, no lleva la mirada del enviado especial: lleva el ojo de quien ha llenado formularios de caracterización familiar.

Ese fue el material del primer Salazar. No nacimos pa' semilla —subtitulado La cultura de las bandas juveniles en Medellín— apareció como la formalización literaria y sociológica de un trabajo de campo largo, hecho con paciencia y con el respaldo de una red de investigación en la que también trabajó Ana María Jaramillo, otra de las figuras clave del pensamiento medellinense de esos años sobre violencia urbana. El libro incluía un glosario, porque el habla de los muchachos de las comunas era ya, para entonces, una lengua propia: los combos, el parche, el traqueto, el sapo, el patrón. Salazar entendió antes que muchos que documentar esa lengua era documentar un mundo, y que ese mundo no era una excrecencia patológica de la ciudad sino su producto.

La operación tenía un filo político que sigue sosteniéndose. Mientras los medios nacionales construían la imagen de Medellín a partir de un relato frenético de hechos atroces y espectaculares —el sicario mitificado, la ciudad reducida a cifra de morgue—, Salazar hacía lo contrario: cedía la palabra directa a los muchachos, escuchaba sus códigos de honor, sus lealtades familiares, su relación con la madre, su culto a la Virgen, su miedo a la muerte que ya daban por descontada. Uno de ellos, citado en el libro, resume el pacto en una frase que se volvió lema involuntario de una generación: "Uno no sabe qué es lo que quiere, pero sí sabe que quiere plata rápido, aunque sea por poquito tiempo". Otro, más lacónico, condensa la teología del oficio: "La muerte anda con uno, pero uno también anda con ella". Salazar sacaba a esos muchachos de la condición de instrumento anónimo de violencia a la que los reducían por igual los carteles que los reclutaban, las milicias insurgentes que después los disputarían y los paramilitares que terminarían absorbiéndolos. El sicario, en las páginas de Salazar, dejaba de ser el emblema y volvía a ser un adolescente pobre de un barrio concreto de la ladera nororiental.

Ese trabajo tuvo también un costo silencioso que rara vez se contabiliza. Cada libreta llena de nombres pedía a la vez una disciplina de olvido: proteger las fuentes en una ciudad donde una indiscreción podía volverse sentencia. La confianza con los combos no se ganaba en una tarde ni se rompía sin consecuencias. El cronista aprendió a moverse en un régimen de acuerdos tácitos —qué se cita, qué se enmascara, qué se calla— que después reaparecería, con otras vestiduras, en las mesas de negociación con milicias y bandas. El paisaje de esos años tampoco era neutro: la ladera nororiental, la Comuna 13, Aranjuez, Villanueva, Manrique, San Javier eran a la vez laboratorios de la muerte y territorios con vida barrial densa, con juntas de acción comunal, párrocos, madres organizadas, profesores rurales que bajaban a enseñar. Salazar escribió esa complejidad sin coartadas.

Hay algo más que conviene subrayar del método. En una ciudad donde el reporterismo se hacía por teléfono o desde la sala de redacción, Salazar caminó las cuadras, aceptó cafés en cocinas de tabla y esperó horas en esquinas donde el mero hecho de estar ya era una toma de posición. Su prosa registra esa lentitud: descripciones que se detienen en el detalle doméstico —la lámina de la Virgen sobre la cama, la moto arrimada al muro, el retrato del hermano muerto— antes de dejar hablar al muchacho. Es una prosa que confía en el mundo material como puerta de entrada al mundo moral, y por eso resiste mejor que otras la prueba del tiempo.

La trayectoria: del libro a la biografía del patrón

A lo largo de los años noventa, Salazar consolidó un lugar propio en el pequeño pero denso campo de la crónica colombiana. Su estirpe era la de una tradición reconocida: la que en años posteriores el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional formalizarían con la serie Periodismo de la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, donde figuran, entre otros, Alfredo Molano y Daniel Samper Pizano. Molano, con su interés sostenido por los colonos y las comunidades rurales; Samper Pizano, con la columna urbana y la memoria del país letrado; Salazar, con la comuna paisa y el sicariato: cada uno ocupó una franja distinta del territorio narrativo colombiano, y todos compartieron la convicción de que el periodismo largo podía hacer lo que la academia y el reportaje diario no hacían.

No nacimos pa' semilla fue el libro que primero cruzó fronteras. Estudiado en programas universitarios de sociología urbana y de estudios latinoamericanos en Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires y varias universidades estadounidenses, sirvió como puerta de entrada para lectores extranjeros que buscaban entender qué había ocurrido en Medellín más allá del retrato del capo. En el circuito hispanohablante, se convirtió en una de las obras más citadas cuando la conversación giraba hacia el sicariato juvenil, y su influencia se prolongó en trabajos posteriores sobre pandillas centroamericanas y favelas cariocas, donde investigadores tomaron su método —el testimonio directo, el glosario, la reconstrucción del entorno familiar— como modelo replicable.

En 2001 apareció La parábola de Pablo, publicada por Planeta en Bogotá. Fue —y sigue siendo— una de las biografías documentadas de Pablo Escobar Gaviria, y comparte espacio bibliográfico con títulos como El patrón de Luis Cañón (Planeta, 1994) y Mi hermano Pablo de Roberto Escobar Gaviria (Quintero Editores, 2000). La diferencia de tono es decisiva. Donde otros escribieron desde la fascinación, la venganza o el ajuste de cuentas familiar, Salazar escribió con la distancia del cronista que ya había pasado años en las comunas de donde salieron los sicarios de Escobar y que conocía a fondo el fenómeno social del que el capo fue emergencia y catalizador, no causa única.

La parábola de Pablo apareció en un momento particular. El mercado editorial colombiano vivía —vive todavía— un auge de memorias y relatos sobre el narcotráfico escritos por familiares y asociados del capo, por su amante, por traficantes de los carteles de Cali y del Norte del Valle, por miembros de la policía y por intermediarios. Esa proliferación de versiones había convertido la historia de Escobar en un archivo caótico y frecuentemente autojustificatorio. El libro de Salazar hizo el trabajo inverso: recuperar la historia sin embellecerla, restituir la escala de las víctimas y desmontar la iconografía admirativa que empezaba a cuajar alrededor del capo en la memoria popular. Fue, además, un libro leído en Medellín antes que en el exterior. Su recepción tuvo un componente incómodo: hablar de Escobar en la ciudad donde muchos vecinos habían recibido de él una casa en el barrio Pablo Escobar, o donde otros habían enterrado a un familiar en la avalancha de bombas y magnicidios de los años ochenta, obligaba a una prosa que no coqueteara ni con la nostalgia ni con la condena fácil.

La circulación posterior del libro amplió esa conversación. Traducido y discutido en foros académicos fuera de Colombia, alimentó una segunda ola de estudios internacionales sobre el fenómeno Escobar, distinta de la producida por corresponsales estadounidenses en los años ochenta y noventa. Cuando series de televisión y películas empezaron a fabricar la marca global del capo, la biografía de Salazar operó como contrapeso disponible: el texto al que volvían quienes querían separar el personaje ficcionalizado del hombre histórico y del contexto que lo hizo posible.

El título mismo condensa la operación: parábola alude a la curva —el ascenso vertiginoso y la caída final— y al relato ejemplar. Salazar entendió que la biografía de Escobar era también, inevitablemente, la biografía de una ciudad y de un país que se dejaron atravesar por él, y ordenó el material siguiendo esa doble pista. La cronología externa —el contrabando, Envigado, el ingreso a la política, la guerra contra el Estado, la fuga de La Catedral, la muerte en Los Olivos en diciembre de 1993— corre en paralelo a una cronología interna: la de las lealtades locales, las traiciones, los pactos con sectores del poder y las rupturas. Una frase del libro fija el tono: "Pablo no fue una anomalía, fue una posibilidad que la ciudad ofreció y que otros aceptaron administrar". La afirmación, sobria, cierra la puerta a la lectura mitológica y abre la del análisis social.

La alcaldía: gobernar la ciudad documentada

En octubre de 2007, Salazar ganó la elección para la Alcaldía de Medellín. Llegó como sucesor natural de Sergio Fajardo Valderrama, con quien compartía el proyecto cívico que había reinventado el discurso de la ciudad en la primera mitad de la década. Fajardo, junto con el arquitecto Alejandro Echeverri, había impulsado un modelo de intervención urbana orientado a la apropiación ciudadana de espacios públicos —el Jardín Botánico, las nuevas bibliotecas de las laderas, los equipamientos culturales sembrados en barrios que hasta entonces no aparecían en la cartografía de la ciudad formal—. Salazar asumió, en la práctica, la continuidad de esa apuesta, aunque con un rasgo propio: donde Fajardo venía de las matemáticas y la academia pública, y Echeverri de la arquitectura, él venía del oficio de escuchar a los muchachos que ejecutaban la violencia.

Su gestión, entre 2008 y 2011, ocurrió bajo dos sombras superpuestas. La primera era el gobierno nacional de Álvaro Uribe Vélez, cuya política de seguridad democrática dominaba el escenario y con la que Medellín mantenía relaciones tensas por la disputa sobre el sentido de la desmovilización paramilitar. La segunda fue más específica y más brutal. El 13 de mayo de 2008, apenas cinco meses después de que Salazar asumiera el cargo, Don Berna fue extraditado a Estados Unidos. Hasta entonces, ese hombre había impuesto una suerte de orden mafioso sobre las bandas herederas del Bloque Cacique Nutibara y del Bloque Héroes de Granada, ambos desmovilizados dentro del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia. Su salida abrió, de un día para otro, un vacío que la ciudad no tardó en llenar de sangre.

La extradición agudizó las pugnas entre mandos medios y entre estos y los capos del narcotráfico que intentaban repartirse Medellín. La consecuencia fue previsible para quien conociera la ciudad: nuevas guerras territoriales, sobre todo en la Comuna 13. Allí, bandas como La Agonía y La Divisa se disputaron el control de expendios de droga y de los corredores estratégicos hacia el occidente de Antioquia. Ese patrón se hizo cotidiano: dos de cada tres personas registradas como desplazados intraurbanos en Medellín durante esos años lo fueron a raíz de hechos violentos en la Comuna 13, y sectores enteros de la ladera —Altos de la Virgen entre ellos— vieron salir familias completas de sus casas por presión de los combos, en episodios menores en escala pero constantes en el tiempo.

El diagnóstico había estado sobre la mesa desde antes. Organismos como la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín y la organización Conciudadanía habían advertido sobre el rearme paramilitar y sobre el reagrupamiento en bandas criminales emergentes con control efectivo de economías ilícitas. Tras la desmovilización de las AUC, en la Comuna 13 nunca cesó del todo un orden de violencia impuesto por desmovilizados rearmados: continuaron los asesinatos selectivos de líderes, las desapariciones forzadas, el desalojo forzado de familias que no pagaban las vacunas de seguridad, el funcionamiento de un cepo urbano como mecanismo de castigo comunitario y el reclutamiento de menores. La inversión social y el urbanismo cívico —herencia del ciclo Fajardo-Salazar— no lograron desmontar esas estructuras.

Este es el nudo incómodo de la trayectoria. El cronista que había explicado con paciencia por qué los muchachos de las comunas terminaban matando —la baja escolaridad, el desempleo, el hacinamiento, la fractura urbana que la primera Consejera Presidencial para Medellín, María Emma Mejía, había descrito como un "muro de Berlín" intangible— presidía ahora una ciudad donde el saber acumulado no bastaba para contener la mutación de las bandas. La comprensión etnográfica, se vio, era condición necesaria pero no suficiente. Las estructuras criminales aprendieron a reciclarse más rápido que el diseño de política pública.

Con todo, la administración de Salazar consolidó líneas de continuidad importantes: la apuesta por la educación de calidad en zonas populares, la inversión en equipamiento cultural y deportivo, la construcción de un discurso público sobre Medellín que ya no la reducía a la marca Escobar. Y sostuvo, contra la corriente uribista de esos años, una posición crítica frente a la simplificación militarista del conflicto urbano —fiel, en eso, al diagnóstico que él mismo había construido veinte años antes en las comunas.

La red: paisas, cronistas y negociadores

Ubicar a Salazar exige nombrar las redes concretas que hicieron posible su trabajo y su gestión. Esas redes no son adorno biográfico: son la condición material de su obra. Sin la investigación compartida con Ana María Jaramillo, No nacimos pa' semilla habría sido otro libro, más solitario y más frágil. Sin las lecturas cruzadas con Jorge Giraldo, la comprensión de las milicias urbanas de los años noventa no habría alcanzado la precisión conceptual que después permitió negociarlas. Giraldo llamó a esas milicias populares organizaciones híbridas: entidades que mezclaban prácticas criminales y prácticas políticas, y cuya negociación exigía por tanto una gramática distinta a la que se usaba con las guerrillas convencionales. Esa categoría se convirtió en herramienta de gobierno cuando los mismos que la habían pensado tuvieron que sentarse a la mesa.

Esa gramática se puso a prueba en los procesos de paz locales. Las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y las Milicias Populares de Villanueva y Aranjuez, con orígenes vinculados al Ejército de Liberación Nacional pero ya distanciadas de ese tronco al momento de negociar, se desmovilizaron bajo un esquema que incluyó la creación de Coosercom, cooperativa de vigilancia integrada por desmovilizados que siguieron haciendo labores de seguridad en las mismas zonas. Años después, el Acuerdo Final de Paz y Convivencia con el MIR-COAR reunió al Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y ese grupo, con la Iglesia católica y la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia como veedores. Salazar era, para entonces, uno de los pocos que había escrito con detalle sobre los mundos internos de esas milicias: su obra fue lectura obligada para quienes las negociaban. Ahí se juega la articulación decisiva entre la red intelectual y la red política: los libros no fueron paralelos al proceso, fueron parte de su infraestructura.

En lo político, la red se organizó alrededor del proyecto cívico paisa que tuvo en Fajardo su rostro más visible y en Alejandro Echeverri su vector arquitectónico. La secuencia Fajardo-Salazar en la Alcaldía, seguida por Aníbal Gaviria Correa a partir de 2012, marcó una década larga de continuidad relativa de esa línea, antes de que los ciclos posteriores —Federico Gutiérrez, Luis Pérez Gutiérrez— tensionaran o interrumpieran ese proyecto según lecturas encontradas del legado. El hilo con lo intelectual es directo: los diagnósticos que Salazar y sus interlocutores habían producido en los años noventa dieron el vocabulario con el que esa coalición cívica se explicó a sí misma en el poder.

Y en el mapa literario más amplio, la obra de Salazar dialoga con la larga tradición colombiana que partió del testimonio sobre la Violencia para evolucionar hacia formas de mayor elaboración estética. Gabriel García Márquez es cita obligada; también Laura Restrepo, cuya combinación de periodismo y activismo político —fue convocada en los años ochenta para promover el diálogo con insurgentes— dibuja un mapa en el que Salazar cabe: escritores que no aceptaron la separación estricta entre observar y participar. García Márquez colaboró en la redacción de la Constitución de 1991. Salazar tomó el camino más largo: primero escribió sobre la ciudad, luego la gobernó.

La huella: entre la crónica y el archivo del poder

Lo que Salazar deja tiene tres capas superpuestas, y ninguna cancela a las otras.

La primera es literaria. No nacimos pa' semilla y La parábola de Pablo siguen siendo lectura de referencia para quien busca entender el ciclo del narcotráfico y la violencia urbana en Medellín entre los años ochenta y los dos mil. Su valor no reside en la denuncia —hay muchas denuncias— sino en la restitución de subjetividad a los actores. En las comunas de Salazar los muchachos hablan, tienen madre, tienen novia, tienen miedo, tienen fe, tienen una historia familiar concreta que los llevó a un combo determinado. Es una operación literaria y política a la vez: contra la mitificación mediática del sicario, contra la reducción de las comunas a laboratorio patológico, Salazar sostuvo que quienes mataban eran, antes que nada, jóvenes reducidos por distintos regímenes armados a la condición de instrumentos de violencia. Esa proposición, evidente hoy, no lo era cuando la formuló.

La segunda capa es de política pública. La conversión del diagnóstico etnográfico en categoría de gobierno tuvo un momento fundacional con la creación de la Consejería Presidencial para Medellín en los años noventa —el reconocimiento explícito del Gobierno nacional de que la crisis de la ciudad no se resolvía solo con policía y ejército, sino con intervención social y política—, y una fase de consolidación con el ciclo Fajardo-Salazar-Gaviria en la Alcaldía. El modelo, con sus virtudes y sus límites, exportó a otras ciudades colombianas y a otros contextos latinoamericanos la idea de que la infraestructura cultural y educativa en barrios populares podía funcionar como política de seguridad de largo plazo. Salazar no fue el arquitecto único de ese modelo, pero sí uno de sus formuladores intelectuales más consistentes, precisamente porque su libro previo le había dado el diagnóstico.

Y la tercera capa es la de la contradicción abierta. Las políticas de inversión social y urbanismo implementadas en la Comuna 13 durante la primera década del 2000 —de la que Salazar fue partícipe primero como intelectual público y luego como alcalde— no lograron detener el ciclo de violencia que continuó tras la desmovilización de las AUC: los asesinatos selectivos, las desapariciones, el desplazamiento intraurbano y el reclutamiento de menores persistieron bajo el mando de paramilitares rearmados y de bandas criminales emergentes. La extradición de Don Berna en 2008 no cerró un capítulo: abrió otro, y ese otro cayó sobre el escritorio del alcalde Salazar. La ciudad que él había documentado como productora de sicarios seguía produciendo violencia, ahora bajo formas mutadas.

Esa contradicción no invalida la trayectoria; la vuelve más legible. Salazar encarna una apuesta generacional que fue, a la vez, un logro histórico y un límite estructural. Logro: haber convertido la escucha paciente de los sujetos de la violencia en un instrumento legítimo de análisis y de gobierno, en un país donde la violencia se administraba tradicionalmente desde arriba y con muy poca curiosidad por lo que ocurría abajo. Límite: haber comprobado, desde la Alcaldía, que las estructuras económicas que producían la desigualdad de las comunas —el desempleo, las brechas educativas, el hacinamiento, el mercado global del narcotráfico— no se desactivaban con crónica, con biblioteca y con metrocable, aunque nada de eso fuera inútil.

Queda una imagen concreta. En la ladera nororiental de Medellín, un cable metálico atraviesa el cielo sobre los tejados de zinc de barrios que en los libros de Salazar aparecían sin nombre y con toque de queda. Debajo, en una acera cualquiera de la Comuna 1 o de la Comuna 13, un muchacho de dieciséis años —la edad promedio del sicario que Salazar entrevistó hace treinta años— espera el bus para bajar a un colegio que existe porque una política pública decidió que existiera. No hay garantía de que ese muchacho no termine en un combo; tampoco de que termine. Entre esas dos incertidumbres, ni menores ni triunfales, cabe entera la obra y la gestión de Alonso Salazar Jaramillo.