Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez (Bogotá, 1976) fue el presidente número 60 de Colombia entre agosto de 2018 y agosto de 2022. Llegó a la Casa de Nariño con 41 años, ungido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin haber ocupado antes cargo de gobierno alguno —ni ministerio, ni gobernación, ni alcaldía— y con un único mandato electoral previo: cuatro años como senador. Su gobierno quedó atravesado por tres fenómenos que desbordaron cualquier hoja de ruta: la implementación cuestionada del Acuerdo de Paz firmado por su antecesor, la pandemia de covid-19 y el estallido social de 2021, el más extendido de la historia reciente del país. Duque encarna, más que ningún otro presidente colombiano del siglo XXI, la figura del delfín: heredero de un movimiento —el uribismo— cuya hegemonía había estructurado la política nacional durante dos décadas, pero cuya autoridad propia siempre fue prestada. Su presidencia marca el momento en que ese movimiento pasó de proyecto hegemónico a proyecto en repliegue.

La semblanza

Duque llegó a la primera magistratura con un perfil inusual para la tradición presidencial colombiana. Sus predecesores inmediatos habían acumulado credenciales de gobierno antes de aspirar al cargo: Ernesto Samper y Juan Manuel Santos habían sido ministros; Andrés Pastrana, primer alcalde de Bogotá elegido por voto popular en 1988; Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia. Duque no. Su experiencia pública se concentraba en organismos multilaterales en Washington y en una senaduría estrenada en 2014. La distancia con esa tradición no es un detalle biográfico: define el tipo de liderazgo que ejerció y las dependencias que arrastró.

Su elección al Senado en 2014 y su triunfo presidencial en 2018 tuvieron un mismo motor: el respaldo decisivo de Uribe, jefe del Centro Democrático y figura tutelar del movimiento que Duque debía prolongar. Esa relación de mentor-discípulo explica por qué el gobierno de Duque adoptó posiciones específicas —asociar las causas de la violencia principalmente al narcotráfico, resistirse a mecanismos centrales del Acuerdo de Paz de 2016, oponerse durante buena parte del mandato a las curules especiales para víctimas del conflicto en el Congreso— y también por qué le costó tanto tomar distancia cuando las circunstancias lo exigían. El uribismo había representado a sectores que consideraban legítimo cualquier método estatal, incluso el más violento, para combatir a la subversión. Entre esos sectores figuraban militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, con compromisos concretos en la obstrucción de la justicia transicional y de la política de tierras del acuerdo firmado en 2016. Duque llegó al poder con esa herencia intacta y con la obligación tácita de administrarla.

Los orígenes

Iván Duque Márquez nació en Bogotá el 1 de agosto de 1976 en un hogar profundamente político. Su padre, Iván Duque Escobar, había sido ministro y gobernador de Antioquia durante los gobiernos del Frente Nacional y sus alrededores, funcionario de largo aliento en la burocracia liberal. El apellido, sin pertenecer a la aristocracia tradicional bogotana, tenía peso en los círculos institucionales del país. El joven Duque creció en ese ambiente de sobremesas políticas, formación jurídica y proximidad con el Estado. La política no le llegó como vocación tardía ni como conversión: fue el aire de la casa, el lenguaje familiar, la manera natural de entender lo público.

Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y completó su formación con estudios de posgrado en Estados Unidos, donde adquirió el bilingüismo pulido y el barniz tecnocrático que caracterizarían más tarde sus intervenciones públicas. La conexión paterna con el mundo institucional facilitó ese tránsito: en 2001, todavía muy joven, empezó a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, primero en asuntos de financiación de proyectos y luego en el área de industrias culturales y creativas, tema que años después convertiría en bandera bajo el eslogan de la "economía naranja". Buena parte de su vida adulta profesional transcurrió allí, en un ecosistema de organismos multilaterales, seminarios, publicaciones técnicas y redes de política pública regional.

Fueron años decisivos en la construcción de su perfil. Duque salió del país siendo hijo de un político colombiano y volvió, más de una década después, siendo un cuadro tecnocrático internacional: cosmopolita, angloparlante, cómodo en foros multilaterales, ajeno tanto a las lógicas del clientelismo territorial colombiano como a la política de plaza que había definido a generaciones anteriores de dirigentes. Esa formación explica sus fortalezas —capacidad de interlocución internacional, familiaridad con la agenda de organismos financieros, retórica ordenada— y también sus carencias más visibles: cuando regresó al país para lanzarse a la vida pública, lo hizo sin base electoral propia, sin territorio, sin red de intermediarios locales. Necesitaba a alguien que se la construyera. Uribe se la construyó.

La trayectoria

El ingreso de Duque al Congreso ocurrió en las elecciones legislativas de marzo de 2014, encabezando la lista al Senado del recién creado Centro Democrático, el partido fundado por Uribe tras su ruptura con Juan Manuel Santos. Fue una elección estratégica: Uribe necesitaba renovar cuadros, y Duque ofrecía un rostro joven, técnico, sin pasivos judiciales, presentable en foros donde los liderazgos más veteranos del uribismo resultaban abrasivos. Su paso por el Senado, entre 2014 y 2018, fue discreto en la producción legislativa y activo en la retórica opositora al gobierno Santos, en particular contra los diálogos de paz con las FARC-EP que culminaron en el acuerdo firmado en La Habana y refrendado —tras el traumático triunfo del No en el plebiscito de octubre de 2016— por el Congreso en noviembre de ese mismo año.

En 2017 se aprobó la personería jurídica del partido político surgido de las FARC y comenzó formalmente el proceso de desarme. Ese mismo año estalló el escándalo por el ingreso de dineros de la constructora brasileña Odebrecht a campañas presidenciales, un episodio que erosionó la credibilidad de las clases dirigentes justo cuando se preparaba el ciclo electoral de 2018. En ese ambiente enrarecido, Duque emergió como candidato del Centro Democrático tras una consulta interna del uribismo. La campaña presidencial de 2018 se libró como un plebiscito de segunda vuelta sobre el Acuerdo de Paz: Duque, respaldado por Uribe y por sectores del establecimiento económico que temían a la izquierda, contra Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y candidato de la Colombia Humana. En la segunda vuelta del 17 de junio de 2018, Duque venció con un margen amplio y se convirtió, con 41 años, en uno de los presidentes más jóvenes en la historia del país.

Ese mismo año, Colombia consolidó su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un objetivo largamente perseguido por el gobierno Santos, y renunció a su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), señal temprana del reacomodo geopolítico que caracterizaría los años siguientes. Duque asumió la presidencia el 7 de agosto de 2018 acompañado por Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta —la primera mujer en ocupar ese cargo por elección popular en Colombia— y con una coalición parlamentaria que, en el arranque, parecía inexpugnable: el 73,9 % del poder en el Senado y el 78 % en la Cámara de Representantes. La oposición, agrupada bajo el Estatuto de la Oposición sancionado como desarrollo del Acuerdo de Paz, sumaba apenas el 13 % en el Senado y el 10 % en la Cámara; los independientes, el 14 % y el 12 % respectivamente.

Sobre el papel, era un gobierno con mayorías robustas y horizonte despejado. En la práctica, esas mayorías se disolvieron con una velocidad reveladora. La coalición, tejida más alrededor del rechazo a Petro que de un programa común, se desmoronó ante las primeras reformas polémicas, y Duque terminó gobernando sin bancada estable, negociando cada votación importante en un Congreso fragmentado. Los diez escaños otorgados por el acuerdo de paz al partido Comunes —surgido de la desmovilización de las FARC-EP— para los periodos 2018-2022 y 2022-2026 constituían una minoría numérica, pero simbólica y jurídicamente central: eran la prueba de que el proceso de paz seguía en pie, incluso bajo un gobierno que había hecho campaña prometiendo "hacer trizas" ese acuerdo, en la célebre expresión del entonces senador Fernando Araújo.

La política de paz fue, desde el primer día, el terreno más disputado. El gobierno Duque no derogó el Acuerdo, como algunos temían, pero desarrolló una estrategia de implementación limitada que el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz —encargado del monitoreo del acuerdo— documentó con rigor en sus informes anuales, en particular en el balance de 2021. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas siguieron operando, pero bajo permanente hostigamiento discursivo desde sectores del propio oficialismo. El marco jurídico que reguló la aplicación de la JEP a miembros de la fuerza pública había sido construido entre el gobierno anterior, el Senado y la Corte Constitucional, y fijaba los límites dentro de los cuales Duque debía operar. Su gobierno intentó modificarlo, sin éxito en lo esencial.

La oposición a las curules especiales para víctimas del conflicto armado —una de las disposiciones del Acuerdo destinada a dar voz política a los territorios más golpeados por la guerra— fue una de las banderas más persistentes del gobierno, hasta que esa posición cambió en los tramos finales del mandato. Mientras tanto, en los territorios se aceleraba el fenómeno más grave del posconflicto: el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde 2016, Colombia encabeza el registro anual de Global Witness sobre asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo; el año 2020 llevó esa estadística a un extremo difícil de sostener en el discurso oficial, con 177 casos contabilizados en el país —más de la mitad del total global de ese año— y con un cierre particularmente sombrío: entre el 5 de marzo y el 31 de julio, en pleno confinamiento por covid-19, cayeron asesinados 73 líderes sociales y al menos 13 comuneros indígenas. La respuesta del gobierno oscilaba entre el reconocimiento formal del problema y la caracterización de los homicidios como asuntos primordialmente ligados al narcotráfico, una lectura consistente con la doctrina uribista sobre las causas de la violencia, pero insuficiente frente a la evidencia de patrones territoriales, disputas por tierras y vacíos de Estado en zonas donde las FARC-EP habían operado antes de la desmovilización.

En marzo de 2020, la pandemia irrumpió. Duque decretó un confinamiento nacional temprano, entre los más largos del continente, con un componente sanitario razonable en su inicio y un costo económico y social devastador a mediano plazo. Los liderazgos que durante la crisis priorizaron la protección de vidas, comunicaron con transparencia su inexperiencia frente a un fenómeno inédito y se adaptaron sobre la marcha tendieron a fortalecerse políticamente; los que intentaron manipular la información fracasaron en ambos frentes. La gestión de Duque quedó en un punto intermedio: nunca cayó en el negacionismo, pero tampoco construyó una narrativa cohesionadora que le permitiera salir fortalecido de la crisis. La incertidumbre económica, el desempleo juvenil, la pérdida de ingresos en la economía informal —que en Colombia representa una porción sustantiva del mercado laboral— y el cierre prolongado de la educación presencial fueron minando el capital político del gobierno mientras se acumulaban tensiones que estallarían meses después.

El detonante fue la reforma tributaria presentada en abril de 2021 por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, una propuesta que ampliaba la base del IVA sobre bienes de consumo popular en plena pandemia. El 28 de abril de 2021 comenzó el paro nacional. Lo que empezó como una protesta contra la reforma se transformó en el estallido social más extendido de la historia reciente colombiana: la movilización alcanzó 862 municipios en los 32 departamentos del país —una cobertura territorial sin precedentes—, con concentraciones, marchas, bloqueos de vías públicas y asambleas ciudadanas en plazas y parques. Carrasquilla renunció y la reforma fue retirada, pero la movilización continuó semanas y meses, alimentada por un pliego mucho más amplio: falta de oportunidades laborales para los jóvenes, ausencia de vivienda digna, estigmatización mediática de la juventud como responsable del deterioro del país, asesinatos de líderes sociales y un descrédito institucional profundo.

Cali fue reconocida como "la capital de la resistencia". En sectores como Siloé, Puerto Resistencia, la Loma de la Cruz y el Paso del Comercio se instalaron puntos de bloqueo que se convirtieron en escenarios cotidianos de confrontación con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la Policía y el Ejército. Fue en ese mapa de barrios movilizados donde, el 6 de mayo de 2021, ocurrió uno de los episodios que mejor condensó el carácter de la respuesta estatal frente a la protesta. Ese día, un grupo de policías vestidos de civil llegó en camión a un punto de bloqueo de la ciudad y comenzó a disparar contra los manifestantes. Un participante quedó herido de bala; su testimonio, junto al de otros presentes y a los registros audiovisuales del momento, quedó como pieza documental de un patrón más amplio: agentes del Estado actuando sin uniforme, sin identificación y sin proporcionalidad contra manifestantes desarmados en el marco de una protesta social. Organismos nacionales e internacionales —desde la Defensoría del Pueblo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país en junio— calificaron esa violencia como injustificada y desproporcionada. La represión, que dejó muertos, heridos, detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y exiliados, exacerbó una polarización que ya venía. Diego Molano, ministro de Defensa, se convirtió en el rostro más visible de una respuesta gubernamental que oscilaba entre el llamado al diálogo y el endurecimiento.

El estallido reveló algo más profundo que un rechazo a una reforma tributaria: la irrupción de una generación —jóvenes urbanos y rurales precarizados, sin horizonte de movilidad y hartos de ser señalados como problema— que desbordó tanto al gobierno como a los partidos de oposición institucional. Ese desborde marcaría el ciclo electoral siguiente. Cuando en 2022 Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron la presidencia, lo hicieron cabalgando en buena medida sobre la energía política que se había liberado en las calles el año anterior.

Su red

Ningún actor pesó tanto en la trayectoria política de Duque como Álvaro Uribe Vélez. Mentor, padrino electoral, jefe natural del partido y voz permanente —a través de sus mensajes públicos y sus intervenciones en el Senado hasta que renunció a su curul en 2020 en medio de un proceso judicial—, Uribe fue quien dio a Duque sus mayorías iniciales y también quien le impidió construir una autoridad propia. La influencia se ejercía tanto por presencia como por ausencia: cada decisión del gobierno era leída, dentro y fuera del uribismo, en clave de fidelidad o distancia frente al jefe del movimiento. Cuando Duque se apartó —al mantener la política de acogida a los migrantes venezolanos, al no destruir por completo el Acuerdo de Paz—, el ala más dura del uribismo se sintió traicionada. Cuando se acercó —al defender operaciones militares controvertidas, al bloquear reformas de la política antidrogas—, la sociedad civil reformista y la comunidad internacional protestaron. Nunca encontró un lugar cómodo.

En el gabinete y en la primera línea del gobierno, Marta Lucía Ramírez ocupó un lugar singular. Como vicepresidenta y luego canciller, aportó experiencia política acumulada en varios gobiernos y un perfil propio en asuntos internacionales, especialmente en materia de derechos humanos y política hacia Venezuela. Fuera del gobierno pero dentro del ecosistema del Acuerdo, Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz del gobierno Santos, siguió operando como figura de referencia moral y política en la defensa de lo firmado en 2016, con influencia diplomática y capacidad de interlocución con la comunidad internacional. En el Congreso, la fragmentación obligó a Duque a negociar con figuras cambiantes de partidos aliados y con oposiciones que se recomponían según cada votación; la coalición inicial se erosionó rápidamente y el presidente rara vez pudo contar con una mayoría estable más allá del núcleo duro de su propio partido.

La relación con Estados Unidos, prioridad estratégica del gobierno, se articuló primero con Donald Trump —con quien Duque coincidía en el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y en la política de máxima presión contra Nicolás Maduro— y luego, con menor sintonía, con Joe Biden. Washington fue tanto socio como límite: la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos, incluida la reactivación de la aspersión aérea con glifosato que el gobierno Duque impulsó, respondía en parte a demandas estadounidenses. La cooperación militar y antinarcóticos, ejes históricos de la relación bilateral desde el Plan Colombia, siguió funcionando como el andamiaje principal del vínculo, mientras la agenda de derechos humanos y paz territorial ocupaba un lugar más incómodo.

Con Venezuela, la relación fue de ruptura total. Colombia lideró en la región el reconocimiento de Guaidó y la política de aislamiento a Maduro, y cerró canales diplomáticos formales. Paradójicamente, el mismo gobierno que rompía con Caracas construyó una de las políticas migratorias más ambiciosas del continente: el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, anunciado en 2021, buscó regularizar a más de un millón y medio de personas y darles acceso al mercado laboral y a servicios básicos como salud y educación. La escala del fenómeno era ya inédita cuando Duque asumió: a mediados de 2018, unas 282.180 personas venezolanas habían solicitado formalmente el reconocimiento como refugiadas en la región, cifra que en los años siguientes se multiplicaría hasta convertirse en la mayor crisis migratoria del hemisferio. La política migratoria colombiana recibió elogios del sistema internacional de protección a refugiados y se convirtió, quizá, en el logro más consistente del gobierno.

Con Claudia López, alcaldesa de Bogotá desde 2020, la relación fue tensa: la capital, gobernada por una figura de centro-izquierda, se convirtió en escenario visible de las protestas y de la disputa política, con episodios de fricción abierta entre el palacio Liévano y la Casa de Nariño durante el estallido. Con Dilian Francisca Toro, cacica del Valle del Cauca, la relación fue de cooperación distante, propia de una interlocución territorial imprescindible pero ajena al núcleo ideológico del gobierno. Con Rodrigo Londoño "Timochenko", líder del partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz, apenas hubo relación: su sola figura funcionaba como recordatorio permanente de un proceso que el gobierno no lograba ni destruir ni implementar plenamente.

Detrás de esos nombres se movía una coalición social más amplia que dio cuerpo real al gobierno. En el vértice más activo estaban los militares en retiro que rechazaban la JEP, organizados en asociaciones de veteranos que se volvieron voz política visible en la disputa por la justicia transicional. Los acompañaban los grandes gremios agrarios —la Sociedad de Agricultores de Colombia y Fedegán, la federación de ganaderos—, que aportaban capacidad de presión sobre la política de tierras y sobre cualquier intento de reforma rural. En los territorios, los cacicazgos regionales del uribismo en Antioquia y en la Costa Caribe garantizaban el músculo electoral que Duque no había construido por sí mismo. Y en el terreno cultural y religioso, las iglesias evangélicas —que habían ganado peso decisivo tras el triunfo del No en el plebiscito de 2016— y una constelación de medios de comunicación afines completaban el mapa. Ese entramado, más que las lealtades personales, marcó los límites reales del margen presidencial en cada decisión importante del cuatrienio.

Su huella

El período 2018-2022 marcó, más que una etapa de transformación, un punto de inflexión en el ciclo largo del uribismo. Entre 2011 y 2018, la memoria histórica del conflicto armado había sido el nodo articulador de los grandes conflictos políticos y sociales en Colombia: la disputa por el reconocimiento de las víctimas, por la caracterización del paramilitarismo, por la responsabilidad estatal en violaciones de derechos humanos y por los términos del Acuerdo de Paz se libró en ese terreno. Bajo Duque, la memoria dejó de ocupar ese sitio central en el debate público. No porque se hubiera resuelto, sino porque el gobierno logró desplazarla, mientras las instituciones vinculadas al Acuerdo —JEP, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda— siguieron trabajando con menor visibilidad mediática pero con producciones que, en el caso del Informe Final de la Comisión de la Verdad entregado en junio de 2022, marcarían la agenda de largo plazo.

Ese desplazamiento tuvo costos. Al debilitar la memoria como nodo articulador y al no construir una narrativa alternativa cohesionadora —la "economía naranja", "el equipo por Colombia", "el gobierno de la legalidad, el emprendimiento y la equidad" nunca cuajaron como marcos de sentido comunes—, el gobierno se quedó sin lenguaje propio cuando la pandemia y el estallido exigían uno. El uribismo había ganado la batalla cultural por desplazar la memoria del centro del debate; pero pagó ese triunfo con una orfandad narrativa que lo dejó desarmado frente a las crisis del último tramo del mandato.

El balance del cuatrienio es desigual. Duque entregó el país con avances puntuales —la incorporación a la OCDE, la política migratoria hacia venezolanos, algunos indicadores macroeconómicos de recuperación pospandemia— y con pasivos considerables: la implementación limitada del Acuerdo de Paz, las cifras de asesinatos de líderes sociales, la crisis de derechos humanos evidenciada en la represión de las protestas, el descrédito institucional profundo.

En la elección presidencial de 2022, el candidato de la coalición gobiernista —el conservador Federico Gutiérrez— fue derrotado en primera vuelta, y en la segunda Gustavo Petro venció a Rodolfo Hernández. Por primera vez desde la Constitución de 1991, la izquierda llegó a la Casa de Nariño. El uribismo, que había gobernado dos veces con Uribe (2002-2010), había impuesto la lectura contra la que se libró la campaña de 2018 y había puesto a Duque en el poder, salía del gobierno sin sucesor natural y con su fundador enredado en procesos judiciales.

Tras dejar la presidencia el 7 de agosto de 2022, Duque optó por una salida internacionalista: se instaló en el circuito de conferencias, foros y centros de pensamiento en Estados Unidos y Europa. Se convirtió en profesor visitante en Georgetown y otras universidades, participó en foros sobre democracia y populismo, publicó columnas y libros. Esa opción —mantener perfil internacional, evitar la primera línea del debate político interno— contrasta con la trayectoria de Uribe, que nunca se retiró de la escena, y con la de expresidentes como Santos o César Gaviria, activos en el juego político local. Duque parece haber elegido, al menos en el corto plazo, ser expresidente joven de circulación global antes que jefe de oposición.

Su legado se seguirá disputando por décadas. Para sus críticos, encarnó la continuidad de una estrategia uribista de negacionismo e impunidad, modernizada con un rostro amable pero fiel a los mismos intereses estructurales de fondo: la protección de sectores militares y económicos ante los mecanismos de justicia transicional, el bloqueo de la reforma rural, la estigmatización de la protesta social. Para sus defensores, fue un presidente joven que sostuvo la institucionalidad en medio de tres crisis simultáneas —pandemia, estallido, migración masiva— y que evitó caer en las tentaciones autoritarias de otros líderes regionales, manteniendo el marco democrático y respetando los tiempos electorales que llevaron a un cambio de gobierno pacífico.

Ambas lecturas capturan algo cierto. Duque no destruyó el Acuerdo de Paz, pero lo implementó con lentitud calculada. No cerró la JEP, pero permitió que sectores de su coalición la hostigaran sin freno. No suspendió elecciones, pero respondió al estallido de 2021 con una violencia estatal que dejó cicatrices profundas. Fue un presidente de transición sin haber sido convocado como tal: un delfín que llegó a administrar la herencia de un movimiento en su cumbre y la entregó en franco declive, sin haber logrado ni renovarla ni superarla.

En la historia larga de Colombia, su mandato quedará como el momento en que el uribismo dejó de ser la fuerza estructurante del sistema político y pasó a ser una tendencia más —importante, pero ya no hegemónica— dentro de un panorama fragmentado. Y como el mandato en que una generación de jóvenes, en las calles de Cali, Bogotá, Popayán y de cientos de municipios más, tomó por asalto una escena política que las élites, incluida la que Duque encarnaba, habían intentado seguir gobernando desde arriba. Esa asimetría —un presidente joven pero atado a lealtades viejas frente a una juventud sin lealtades pero con urgencias nuevas— es quizá la imagen más nítida de lo que fueron esos cuatro años.